Según la Justicia, el director y tres oficiales del penal de Eldorado revendían la comida de los presos, les cobraban por las visitas íntimas y traficaban drogas y armas
Acusados de varias maniobras de corrupción, cuatro alcaldes de la prisión de Eldorado, situada en esa ciudad de la provincia de Misiones, fueron procesados por la Justicia.
Reventa de alimentos para los presos, cobro de dinero por traslados, salidas sin autorización, tráfico de drogas, armas y celulares hacia el interior del penal e incluso la tala y venta de árboles de montes cercanos al predio y la instalación de carpas «vip» -con costo para los presos- para visitas íntimas de los reos y sus parejas son algunos de los delitos de los que se los imputan.
Según consta en el expediente, el alcalde inspector César Florentín Barberán, el alcalde inspector Edelmiro Javier Núñez (ex director del penal), el alcalde principal Carlos Rubén Cabrera y el alcalde auxiliar Raúl Marcelo Meza fueron «hallados penalmente responsables de los delitos de abuso de autoridad y violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado [malversación de fondos]», por el juez Juan Pablo Rizzi, a cargo de forma subrogante del Juzgado de Instrucción N° 2 de Eldorado.
A uno de ellos la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía Federal lo investiga desde el año pasado precisamente por el tráfico de estupefacientes dentro de ese penal.
Cuando comenzó la investigación, en abril de este año, los cuatro procesados fueron apartados de sus respectivos cargos. No obstante, se los reasignó al Instituto de Formación Superior Penitenciaria (Infosip), donde aún prestan servicio. Como se trata de delitos excarcelables, afrontan el proceso en libertad.
Según fuentes judiciales, las pruebas de la causa fueron aportadas mediante unas denuncias anónimas en las cuales se detallaron con lujo de detalle todas las irregularidades. Luego se supo que la primera fue hecha por la esposa de un convicto y la restante, por efectivos del propio servicio penitenciario provincial.
Varios de ellos, en diálogo con LA NACION, explicaron que en más de una oportunidad los ahora procesados los tildaron de «traidores».
«Yo fui uno de los que denunciaron ante la Justicia lo que habían hecho en el penal estos delincuentes. Luego no sólo me maltrataron, sino que también me apartaron de mi cargo y me reasignaron a un puesto para que no los molestara mientras cometían estos delitos», explicó uno de los denunciantes, que prefirió mantener su identidad públicamente en reserva para su protección.
Todos los imputados cuentan con denuncias previas, casi todas relacionadas con apremios ilegales dentro del penal de Eldorado.
El presidio, situado a 220 kilómetros de Posadas, alberga dentro de sus diez hectáreas de extensión a 291 convictos. Muchos de ellos fueron víctimas directas de estos hechos de corrupción denunciados.
MOTINES Y ACUSACIONES
Los reclusos realizaron varios motines por ese motivo. Uno fue consecuencia de la venta de los alimentos destinados a los presos a supermercados de la zona. Según fuentes con acceso a la causa, gran parte de la ración mensual era vendida utilizando como intermediario a uno de los internos, que cobraba una comisión por «contactar» a los ahora imputados con los dueños de los comercios cercanos.
En el material fotográfico aportado a la causa se puede ver cómo oficiales cargan camionetas tipo furgón con los alimentos, ante la vista de los internos.
Por la suma de entre 300 y 400 pesos, un preso podía acceder cuando quisiera a visitas conyugales, que se realizaban en carpas «vip» (en realidad, casi unas taperas) ubicadas a lo largo del patio central del edificio. Varios son los audios presentados a la Justicia en los que las parejas de los presos admitían esos pagos.
Otra denuncia enfoca el tráfico de celulares, drogas y armas blancas que ingresaban sin control alguno los imputados, como también los familiares de los presos.
En dos cámaras ocultas a las que tuvo acceso LA NACION se puede observar cómo entran visitas fuera del horario habitual y sin ser sometidas a ningún tipo de cacheo.
A los ahora imputados se los acusa de haber cobrado «peajes» a los efectivos que pedían su traslado a Posadas. Por una suma cercana a los $ 4000 un oficial tenía asegurado su pase. Los que se negaban, como el caso de un agente que pidió el traslado por la delicada condición de salud de su padre, debían seguir prestando servicio en Eldorado.
CLAVES DE UNA RED DELICTIVA
Cómo era la operatoria ilegal dentro del presidio
Cuatro integrantes
Los principales miembros de la red, según la Justicia, eran el director del penal y tres oficiales de alto rango
Carátula de la causa
Núñez, Barberán, Cabrera y Meza están imputados por abuso de autoridad, violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado
Venta de alimentos
Con la ayuda de un intermediario, los procesados vendían gran parte de la ración mensual de alimentos de los reclusos a supermercados de la zona
Cobro de peajes
Para aceptar traslados pedidos por el personal exigían el pago de $ 4000 en concepto de «peaje»
Carpas vip
En el patio del penal instalaron carpas para visitas conyugales, a las que se accedía pagando $ 400
Antecedentes
Uno de los imputados es investigado por la Policía Federal desde el año pasador por tráfico de drogas hacia la penitenciaría
Fuente: La Nación
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