El kirchnerismo frenó un proyecto para apuntalar las economías regionales

Proponía un nuevo régimen de bioetanol. Adjudicaron la crisis productiva a la caída de los mercados.

El mal momento que atraviesan las economías regionales alteró la sesión del Senado, cuando el kirchnerismo frenó un proyecto para beneficiar la producción y uso del bioetanol, cuya pérdida de mercados complica al sector azucarero.

El proyecto fue presentado el 16 de julio por Gerardo Morales, no tiene dictamen de Comisión pero aún así fue incluido en el temario de la sesión de hoy, convocada para aprobar el ascenso del nuevo jefe del ejército, Ricardo Cundom.

Desganado, Miguel Pichetto ni siquiera peleó para sacarlo del temario, dejó correr el debate y sólo anunció que lo enviarían a comisión. “No hay dictamen y deberíamos convocar a técnicos de Energía y de YPF”, fue lo único que dijo.

Antes el clima se puso tenso, contrastando el letargo propio del Congreso en épocas electorales. Ocurre el Senado tiene representantes de todas las provincias, que viven el día a día de la crisis productiva.

El sanjuanino Roberto Basualdo, cercano a Adolfo Rodríguez Saá y candidato a gobernador por el peronismo díscolo, recordó que representantes de diferentes sectores productivos describieron su crisis en la Comisión de Economías Regionales.

“Tenemos a los productores en las rutas. Algo hay que hacer”, protestó el salteño Juan Carlos Romero. “El círculo rojo festeja que le alcanzará con una solución parcial”, interpretó Rodríguez Saá.

“No tenemos más tiempo. La naranja se tira. Hay 2500 productores arroceros en la calle”, agregó Alfredo De Angeli, del PRO.

La respuesta oficial la aportó Ruperto Godoy, también sanjuanino y cercano a la Casa Rosada. “Tenemos que entender que las economías a las que vendemos están en crisis”, justificó. La oposición se unió en un bullicio y obligó a Amado Boudou a pedir silencio.

A esa altura, los dramas de cada provincia habían opacado el proyecto que estaba en debate. “Deberíamos reunirnos por este tema”, sostuvo la radical mendocina Laura Montero.

Pichetto mandó el tema de bioetanol a la Comisión de Energía, pero su presidente, el neuquino Guillermo Pereyra, recordó que es casi imposible reunirla en un año electoral.

“Esta semana será más complicada por las primarias”, se animó a ironizar Amado Boudou, para cerrar el debate sobre uno de los principales problemas que heredará el próximo Gobierno.

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Diputados acordó un proyecto para obligar a los candidatos presidenciales a debatir

Contempla escraches en los medios a los que no participen. Pero nadie sabe si el Senado está en sintonía.

La comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados consensuó un proyecto para regular los debates presidenciales, pero sólo si tiene un trámite rápido en el Congreso sería sancionado antes de las generales.

Si eso ocurre, Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa se verán las caras en un debate antes de las generales de octubre. Pero será necesaria una celeridad del Senado que nadie se anima a garantizar.

Con apoyo de todos los bloques y presencia de miembros de varias ONG que promueven el debate presidencial, la Comisión, presidida por la kirchnerista Diana Conti, giró el dictamen a Legislación General y Presupuesto para que un plenario conjunto les de los últimos retoques.

Ese paso alejó la posibilidad de incluirlo en la sesión del miércoles próximo y difícilmente haya otra antes de las primarias.

En la Cámara baja nadie sabe a ciencia cierta si el Gobierno quiere mandar a Scioli a un debate o protegerlo de las críticas de los medios por no participar del que organizará TN.

El gobernador fue el único candidato que el año pasado no firmó un compromiso del programa “A Dos Voces” para comprometerse a debatir. Y por su cercanía a los gobernadores, tiene más capacidad de influir en el Senado, casi inactivo este año por las aventuras electorales de sus protagonistas.

Por lo pronto, el kirchnerismo avaló el proyecto con un marco regulatorio para los debates presidenciales, redactado por la diputada de la UCR Carla Carrizo, cercana a Marín Lousteau; y Juan Manuel Pedrini, del FpV.

Se basaron en proyectos presentados por los diputados Francisco de Narváez, la macrista Patricia Bullrich, los massistas Adrián Pérez y Alberto Assef, el radical oscar Aguad, y el socialista Omar Duclos.

De prosperar, los candidatos que pasen las primarias deberán hacer un debate presidencial, cuyo reglas generales serán definidas por la Cámara Nacional Electoral, tras recoger “opiniones y propuestas” del público en general y tras una audiencia con los protagonistas.

La misma obligación cabría sobre los dos que quedaran en un eventual ballotage. Quien incumpla tendrá una curiosa sanción: su publicidad en los espacios gratuitos será precedida por un anuncio que recuerde que el candidato en cuestión no quiso debatir.

La estructura del debate será la tradicional, con espacio para una presentación inicial y exposición de temas y el esperado cruce de opiniones.

Algunos diputados de la oposición plantearon objeciones que llevarán al plenario. A Patricia Bullrich no le gusta que la transmisión sólo pueda ser realizada por la televisión pública y el resto de los canales tenga la opción de colgarse.

“Ya hemos visto en las transmisiones de fútbol que las cámaras enfocan a un candidato e ignoran a otro”, recordó.

El massista Alberto Aseff pidió incorporar los debates a la categoría de legisladores y la correntina Araceli Ferreyra, del FpV, celebró que el proyecto contemple repetir el debate en ballotage, «no como sucede hoy con un candidato de la ciudad», en referente al macrista Horacio Rodríguez Larreta.

Luis Tonelli, del PRO, cuestionó la zona gris que queda respecto al financiamiento. El artículo 9 señala que habrá fondos para “suplir” los cotos del debate, peor no para costearlo.

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Manuel Fresco renunció a su banca de diputado

Se trata del puntero de La Matanza que tenía que asumir en lugar de «Wado» de Pedro. Había quedado envuelto en una polémica por sus lazos con un rapero colombiano que intentó ingresar 30 mil euros falsos por Ezeiza

 

El jueves por la noche estalló el escándalo. El rapero colombiano Mishelle Javier Quintero Landazuri intentó ingresar a Ezeiza con 30 mil euros falsos y un puntero político kirchnerista de La Matanza hizo gestiones para que le habilitaran el paso. El hombre en cuestión es Manuel Fresco, ligado en su momento a Fernando Espinoza y Alberto Balestrini, quien debía asumir una banca como diputado en lugar de «Wado» de Pedro, luego de su asunción como secretario general de la Presidencia.

Con el correr de las horas, cada vez más voces se sumaron al pedido para que Fresco no ocupe su lugar en el Congreso. Finalmente, Fresco cedió y elevó su renuncia «indeclinable» a su banca de diputado. «Por motivos que son de público conocimiento, a efectos de no afectar y preservar el partido político actual al cual pertenezco, esperando que la justicia esclarezca los acontecimientos», afirmó Fresco en la carta dirigida a Julián Domínguez.

Fresco ocupaba el lugar número 25 en la boleta de candidatos a diputados nacionales que el kirchnerismo presentó para las elecciones legislativas de 2011, cuando consiguió 22 bancas. Las renuncias de Cristina Álvarez Rodíguez y de Santiago Aragón permitieron los ingresos de Gastón Harispe (23) y Eugenia Zamareño (24) y facilitaron la llegada de Fresco.

El dirigente matancero manifestó en los últimos meses algunas diferencias con el intendente de su distrito, aunque aclaró en varias oportunidades que «a pesar de ello» seguirá «apoyando el proyecto de la presidente Cristina Kirchner».

Fuente: Notiexpress/Infobae

Quieren frenar un proyecto para subir las penas contra los violentos en el fútbol porque «estigmatiza» a los barrabravas

La diputada del Frente Para la Victoria, Diana Conti, dijo que no impulsará ninguna ley para aumentar las penas de los violentos.

Mientras el fútbol argentino continúa siendo marcado por la violencia, los diputados rechazan un proyecto presentado por Martín Insaurralde para aumentar las penas de los barrabravas y combatir a los dirigentes que les entregan entradas que terminan en la reventa.

Diana Conti, diputada por el Frente Para la Victoria, habló ayer en la Comisión de Legislación Penal que precise Patricia Bullrich, y fue muy enérgica en su rechazo al proyecto.

«El Frente para la Victoria no está de acuerdo con el proyecto de Insaurralde, que presentó en soledad, y sabiendo que no estábamos de acuerdo con su propuesta, de estigmatizar a los barrabravas», señaló.

El proyecto busca aumentar las penas de los violentos en las canchas, de dos a ocho años. «El Código Penal ya contempla todas las penas para aquellas personas que cometen delitos y son los jueces los que evalúan su aplicación, y además cada provincia tiene su propio sistema de excarcelaciones», agregó Conti.

El proyecto fue defendido ante la comisión por el secretario de Deportes de la Provincia, Alejandro Rodríguez, y un grupo de funcionarios del área. Contó que la intención de Daniel Scioli al momento de disolver el COPROSEDE y crear la APREVIDE (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) en 2012 «no fue la de perseguir a los barras, sino a los dirigentes».

«La conformación de los barras viene de décadas y en connivencia con la dirigencia deportiva, política y sindical», denunció el funcionario, quien advirtió que en ese sentido «hay un vacío legal por la falta de una figura jurídica dentro del Código Penal».

Por su parte, Margarita Stolbizer (GEN) cuestionó las «reacciones espasmódicas» del Congreso cada vez que se abre el debate cuando sucede un hecho de violencia en espectáculos deportivos. Además, la diputada y precandidata presidencial, coincidió con Conti al asegurar que «la salida por lo punitivo no resuelve el problema», y añadió que «los mismos que se llenan la boca hablando de los barras son los que después son sus financistas».

El radical Oscar Aguad se sumó: «no es un problema de aumento de penas, sino de complicidades», señaló. «La violencia en el fútbol no es la causa, es la consecuencia de un accionar delictivo. El tema central son las mafias», denunció.

Fuente: Cancha Llena

Proyecto: maestros tendrán que pasar examen piscofísico

La diputada del Frente Renovador, Mónica López, busca reglamentar que se soliciten antecedentes penales a todas las personas que trabajen con menores de edad, incluyendo al personal auxiliar y administrativo.
La diputada del Frente Renovador, Mónica López, confirmó que en los próximos días insistirá con su proyecto de Ley que busca establecer que se soliciten antecedentes penales a todas las personas que trabajen con menores de edad, incluyendo a los docentes, personal auxiliar y administrativos de establecimientos escolares . En ese sentido, la legisladora aseguró que «si bien la Ley de Contrato de Trabajo prohíbe cualquier discriminación, creemos que en esta colisión de derechos debe primar el de la tranquilidad y seguridad de los chicos».

Al proyecto original, que fue desestimado el año pasado por el oficialismo, se le agregará la instrumentación de exámenes psicofísicos regulares a docentes y personal de apoyo que se encuentren directamente vinculados al trato con niños en sus tareas cotidianas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, según adelantó Mónica López, en una visita que realizó a la ciudad de Morón, donde en las últimas horas autoridades de la Dirección General de Escuelas decidieron apartar a los directivos de la escuela en la que se registró una denuncia de abuso por parte de un auxiliar docente.

Además la iniciativa contempla que será necesario que las instituciones públicas o privadas, previo a contratar a una persona para algún empleo que involucre una relación directa y habitual con niños, niñas y adolescentes, soliciten al Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual, la información correspondiente del postulante.

«El caso reciente del no docente de Morón señalado como presunto autor de abuso a niños con los que trabajaba como cocinero y otros en los que con razón o injustamente se señalan a maestros como responsables, nos obliga a plantear una norma que genere tranquilidad sobre el estado mental de quienes interactúan con nuestros chicos y apartar de estos trabajos específicos a quienes hayan sido condenados en el pasado por delitos vinculados directamente a menores o por atentados al pudor», indicó.

En ese sentido, Mónica López agregó que «si bien la información sobre los antecedentes penales o en el caso específico de delitos de índole sexual es privada, en estos casos se constituye como imprescindible para la toma de la decisión de contratar a quienes pasarán varias horas al día con niños y adolescentes», finalizó.
diario26.com

Senado: críticas del bloque K al proyecto que beneficia a las telefónicas

Argentina Digital. Polémica en el Congreso.Pichetto, jefe de la bancada, reclamó cambios a la ley, que fue defendida ayer en comisión por Capitanich y De Vido. La oposición rechazó la iniciativa oficial.

“Yo tengo problemas con el reino de España, con un capitalismo colonial. La empresa Telefónica no invirtió un peso”, lanzó ayer al mediodía el senador Miguel Pichetto, en el arranque del tratamiento en comisión en el Senado del proyecto de Ley Argentina Digital. Por eso, Pichetto reclamó incorporar una “cláusula antimonopólica”, que defienda “al sector nacional de pequeñas y medianas empresas, no sea cosa que si no ponemos una cláusula sean barridos por un sistema tecnológico de concentración”.

La posición del jefe de bloque de senadores kirchneristas sorprendió a todos los que participaron de la reunión en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, incluso a los tres funcionarios del Gobierno que habían expuesto durante más de una hora sobre los beneficios del proyecto oficial.

Para que no quedaran dudas, Pichetto planteó que “esta es una de las preocupaciones que hemos analizado en el bloque de senadores (del Frente para la Victoria). Tiene que ver con la defensa del interés nacional y la presencia de numerosas empresas de cable y pymes, que preservamos con la ley de medios”.

El proyecto oficial cambia la ley de medios, que prohíbe a las telefónicas ser titulares de canales de TV y operadoras de cable por ser prestadoras de un servicio público. Con todo, Telefónica es propietaria del Grupo Telefe. El proyecto modifica eso y permite que ingresen. Si bien también habilita a los cables dar telefonía, esto ya rige, aunque el Gobierno se lo permite sólo a algunos operadores como Telecentro, negando a otros la numeración y condiciones de interconexión.

El proyecto “eliminará las asimetrías, para garantizar a las cooperativas y a las pymes el acceso a las redes a un precio conveniente”, dijo el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, quien destacó que se busca “modificar la Ley de Telecomunicaciones N° 19.798, de 1972, que en el año 2000 tuvo algunas modificaciones parciales”.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que “esta ley no favorece a nadie, ni pretende ir en contra de nadie”. Y el ministro de Planificación, Julio De Vido, agregó que se busca “garantizar el derecho a las comunicaciones, fijar un marco normativo compatible con las nuevas tecnologías, consolidar el rol del Estado como planificador del área e impulsar el desarrollo industrial nacional, con pautas claras y transparentes”.

El proyecto de ley establece que los licenciatarios de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) “fijarán libremente sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”. Pero, a la vez, señala que esas tarifas podrán ser reguladas por la autoridad de aplicación “por razones de interés público”.

Los senadores de la oposición criticaron muy fuerte el proyecto oficial. “La ley está hecha como anillo al dedo para Telefónica”, aseguró Pino Solanas (Proyecto Sur-UNEN). En el mismo sentido se expresó el socialista Rubén Giustiniani: “Acá se le abre un negocio importantísimo y se fortalece su posición dominante como grupo económico en televisión y cable”.

El jefe del bloque radical, Gerardo Morales, destacó que “las telefónicas se van a comer a los cables y a las pymes del interior, el grande se va a comer a los chicos y se les va a dar más poder a las monopólicas, que son las telefónicas”. Y agregó: “Cuando llegó el proyecto, lo primero que dijimos es ‘el Gobierno arregló con las telefónicas’, porque estaban excluidas de la ley de medios. ¿Qué provocó el giro con las telefónicas?”, preguntó Morales.

La senadora Norma Morandini, del juecismo cordobés, también cuestionó el proyecto que beneficia a las telefónicas, donde ni siquiera está diseñada “la autoridad de aplicación” de ésta ley, y pidió un amplio debate, para que no tenga un “tratamiento exprés.

Fuente: Clarín

Rechazan un proyecto de Argentina para proteger a las ballenas

La Comisión Ballenera descartó la creación de un santuario en el Atlántico Sur, que impulsaba nuestro país con Uruguay, Brasil y Sudáfrica.

El proyecto de creación de un santuario para ballenas en el Atlántico Sur, defendido por Argentina y otros países latinoamericanos, fue rechazado hoy por la Comisión Ballenera Internacional, que está realizando su reunión en Portoroz, Eslovenia.

En la votación, la propuesta de Argentina, Brasil, Uruguay y Sudáfrica, obtuvo dos tercios de los votos y no el 75% necesario para su aprobación. En concreto, 40 países votaron a favor, 18 en contra y dos se abstuvieron.

La representante brasileña dijo estar «decepcionada» por el resultado, pero al mismo tiempo «animada» a continuar su trabajo en favor de la creación de un santuario en el Atlántico Sur, ya que «el apoyo a este proyecto aumenta».

La Comisión Ballenera Internacional abordó en varias ocasiones este proyecto. Las ballenas ya cuentan con dos santuarios en el océano Austral y en el Indico. Los partidarios de los santuarios para los grandes cetáceos estiman que estos garantizan una protección reforzada, si un día la moratoria impuesta a la caza comercial de ballenas se flexibiliza.

La propuesta de Japón de poder cazar ballenas cerca de sus costas también se rechazó por 19 votos a favor, 39 en contra y dos abstenciones. Este proyecto también necesitaba un 75% de votos favorables para su aprobación.

Fuente: AFP/Clarín

Sanz confirmó que la UCR también votará en contra del nuevo canje de Cristina

«La mayoría de los legisladores no vamos a acompañar al Gobierno», confirmó el presidente del radicalismo.
El presidente de la UCR, Ernesto Sanz, confirmó que los legisladores radicales no acompañarán el proyecto del Gobierno nacional para cambiar la jurisdicción del pago de la deuda reestructurada.
«La mayoría de los legisladores opinamos que no vamos a acompañar al Gobierno en este proyecto», afirmó Sanz en la previa de un encuentro de los legisladores nacionales del partido en Córdoba, donde se tratará el tema. «Vamos a escuchar a González Fraga, Prat Gay y Lousteau, vamos a debatir, vamos a tomar una definición», agregó el senador en diálogo con radio Mitre.

LPO había anticipado ayer que la idea que primaba entre los diputados radicales era el rechazo al proyecto de ley anunciado el martes por Cristina Kirchner. «Hay mucha bronca porque hizo todo este proceso sin consultar al Congreso y ahora quiere socializar las pérdidas. Por eso la mayoría no quiere saber nada con votar a favor», dijo a este medio una autoridad del bloque.

El mismo ánimo circulaba entre los senadores. «Acá hay mala praxis judicial y eso hay que decirlo de alguna manera», adelantaron a LPO desde el bloque.

El diputado Julio Cobos también se había apurado a rechazar el proyecto. «La posición del partido se fijará en Córdoba, pero en lo personal creo que así como está es imposible de votar», le dijo a Clarín. Lo mismo hizo Oscar Aguad: «La cesación de pagos es una mala noticia para la Argentina, sencillamente porque todos los problemas que tenemos hoy se van a complicar más».

En tanto, los socios del Frente Amplio Unen también parecen enfilarse hacia el rechazo, pese a que ayer aparecieron algunas voces a favor, como la de Humberto Tumini. «Hay dos alternativas: la negativa y la abstención», afirmó Hermes Binner, quien dijo que la última opción la usarían para que no los «coloquen en la disyuntiva de ‘patria o buitres'»

«El proyecto no soluciona ninguno de los problemas, ni con los bonistas que entraron en los canjes ni con el 7% que quedó afuera, ni con el 1% que causó el fallo irresponsable de Griesa. El tema de la jurisdicción se tiene que resolver de otra forma yes dudosa la necesidad de que tenga que ser por ley», le dijo el santafesino a Clarín.

Elisa Carrió dijo por su parte que «la primera lectura (del proyecto) denota una mascarada irresponsable de los errores propios del Gobierno, pero no creemos serio apurar una decisión teniendo en cuenta el drama económico y social del país”.

Quien planteó una teoría más contemplativa con el proyecto oficial fue Ricardo Alfonsín. «Es bueno que intenten recuperar la jurisdicción que habían cedido. Hay que ser responsables y lograr consenso con los acreedores», tuiteó. La misma postura fue sostenida por su aliado Miguel Bazze, quien dijo que estarían dispuestos a aprobarlo si hay aceptación de los bonistas.
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El proyecto del nuevo canje de Cristina ya logró partir a Unen

Las primeras reacciones dentro del espacio revelan la diferencia de criterios respecto a un tema clave.
El proyecto de Cristina Kirchner para realizar un nuevo canje de deuda y cambiar la jurisdicción de pago, dejó otra vez expuestas las grandes diferencias entre los distintos sectores que integran el Frente Amplio Unen.
Las primeras reacciones de los integrantes de Unen revelan importantes diferencias de criterio sobre un tema clave para la economía argentina. Lo que llama la atención es que se trata de una cuestión que ya lleva varias semanas de discusión y no logró todavía una postura uniforme del espacio. Incluso, la alternativa del nuevo canje era una de las posibilidades que manejaban los economistas.

Uno de los primeros en reaccionar fue el ex diputado Alfonso Prat Gay, quien rechazó de plano la nueva medida. «Después del manifiesto fracaso de la negociación de la deuda ahora le piden al congreso que los felicite. Que la ley rescate al relato», escribió en Twitter.

El ex presidente del Banco Central amplió hoy su posición y dijo que el proyecto para pagarle a los bonistas en el país «no resuelve el problema». «El Gobierno está queriendo socializar con todo el arco opositor el fracaso que ha tenido en la negociación de este tema. Y embarrar la cancha involucrando a la oposición en esa falsa antinomia: ‘Buitres o Patria’», afirmó en radio Continental.
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Abre polémica el proyecto para regular protestas

El proyecto de ley presentado por diputado del Frente para la Victoria Carlos Kunkel para regular las protestas sociales despertó diversas reacciones en diputados de la oposición y algunas entidades especialistas en asuntos legales.

Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside Horacio Verbitsky, la medida «es un retroceso respecto de estándares sobre protesta social que se fueron construyendo durante todos estos años». En un comunicado de prensa, el organismo de derechos humanos criticó aspectos del proyecto como que se clasifique «ciertas protestas como ilegítimas», así como la necesidad de «exigir la notificación previa a la Policía» y el hecho de «establecer plazos exiguos para la mediación».

«El proyecto intenta ampliar los márgenes del control estatal sobre el derecho a la protesta mientras persisten casos de represión violenta de manifestaciones», consideró el CELS.

Además, recordó que «aún no se ha hecho justicia por asesinatos cometidos en protestas sociales como el 19 y 20 de diciembre de 2001, el Parque Indoamericano, la represión a la comunidad qom en Formosa o los asesinatos en Ledesma».

La iniciativa, denominada «Ley de Convivencia en Manifestaciones Públicas», busca que las protestas sean notificadas ante representación policial con al menos 48 horas de anticipación, especificando horario, lugar y motivo, además de designar un delegado para dialogar con la autoridad ante quien se realiza la petición.

El proyecto establece que si la manifestación es catalogada como «ilegítima», es decir, que no cumple los requisitos de no cortar calles, no afectar a servicios esenciales o dar previo aviso, las fuerzas de seguridad podrán «dispersar» la misma. En el caso de las manifestaciones «legítimas», el Estado deberá actuar para «garantizar su desarrollo en forma pacífica».

Desde el massismo, el diputado nacional del Frente Renovador Alberto Asseff sostuvo que la iniciativa llega a destiempo. «El proyecto del FpV llega diez años tarde, después de que millones de argentinos, sobre todo del área metropolitana sufrieron un sinfín de penurias para trasladarse y el país dio la imagen de un colosal desorden cotidiano», se quejó el legislador. En un comunicado, el legislador massista consideró que el kirchnerismo «ahora promete que los cortes durarán dos horas, pero habrá que ver cuánto tarda el mediador civil para liberar el tránsito».

«Creo que lo que hay que hacer es cumplir la ley sin más vueltas. El tránsito debe ser libre las 24 horas de los 365 días para todos», agregó Asseff.

En tanto, la diputada nacional del PRO Laura Alonso cuestionó el proyecto. «Para Kunkel, hay manifestaciones ´legítimas´ e ´ilegítimas´. De movida y sin mucha vuelta, ese proyecto es inconstitucional», sostuvo la legisladora macrista. En su cuenta de la red social Twitter, Alonso señaló que «lo de Kunkel es tan inconstitucional y retrogrado que le da al ´Ejecutivo´ la potestad de decidir si tu manifestación es ´legítima´ o no».

«Querido Kunkel: todos tenemos el mismo derecho a expresarnos y se trata de armonizar derechos. Ya se: el olmo no da peras», agregó la diputada.

El diputado nacional del Frente de Izquierda, el mndocino Nicolás del Caño, también expresó su repudio. «Vamos a rechazar con todas nuestras fuerzas este proyecto reaccionario, que intenta limitar y cercenar el derecho a la protesta de los trabajadores y sus métodos tradicionales de lucha», subrayó Del Caño.

En un comunicado, anticipó además que el Frente de Izquierda convocará a «distintas organizaciones obreras combativas para, con la movilización en las calles, evitar que se vote» en el Congreso de la Nación. «Resulta increíble que los progresistas del Gobierno ahora nos quieran decir qué movilización es legítima y cuál no. Ni (el jefe de Gobierno, Mauricio) Macri lo haría mejor», ironizó el legislador nacional.

Por su parte, el diputado bonaerense Christian Castillo planteó que «pareciera haber un concurso entre el kirchnerismo y la oposición de derecha de Sergio Massa, que anunció un proyecto similar, para ver quién es más reaccionario».

El diputado chaqueño del FpV, Juan Manuel Pedrini, autor de la iniciativa, aseguró que la iniciativa «no criminaliza, no aplica penas ni sanciona pero sí regula» la demostraciones callejeras.
ambito.com

El kirchnerismo presentó un proyecto en Diputados para regular los piquetes

Plantea que se debe informar dos días antes de la medida y que una convocatoria “ilegítima puede ser dispersada” por las fuerzas de seguridad.

Diputados del kirchnerismo presentaron un proyecto de ley para regular las manifestaciones públicas con el fin de «garantizar el ejercicio de los derechos de libre expresión, de reunión, de peticionar ante las autoridades, de uso del espacio público, así como la libre circulación e integridad física durante el desarrollo» de las protestas.

El proyecto, presentado ayer con las firmas de Carlos Kunkel, José María Díaz Bancalari, María Teresa García, Sandra Mendoza, Diana Conti, Juan Manuel Pedrini y Gustavo Martínez Campos, indica que «toda manifestación pública debe ser notificada ante representación policial con una antelación no menor a las 48 horas».

A su vez, establece que «una manifestación ilegítima y que afecta derechos de terceros puede ser dispersada por las fuerzas de seguridad con el objeto de garantizar esos derechos pero siempre sometiéndose la actuación de éstas a los procedimientos y límites» previstos en la normativa.

La presidenta Cristina Kirchner remarcó ante la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo pasado cuando pronunció el mensaje inaugural del período de sesiones ordinarias del Congreso, la necesidad de ser “creativos” y buscar la forma de organizar y reglamentar las manifestaciones callejeras.

El proyecto firmado por los legisladores kirchneristas entiende como manifestación legítima aquella que “no impide el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente a la educación, la seguridad y la salud pública”; no bloquea “totalmente” la circulación de personas y vehículos; permite el paso de grupos especialmente vulnerables; que los manifestantes no cometan delitos previstos en el Código Penal y sea notificada previamente.

El proyecto establece sobre la notificación de la manifestación con una antelación no menor a las 48 horas que prescribe que debe hacer ante representación policial y se debe indicar lugar, tiempo estimado, objeto de la manifestación y designar un “manifestante delegado”.

En el artículo sexto dispone que para las manifestaciones legítimas el Estado pondrá a disposición “todas las medidas necesaria para garantizar su desarrollo pacífico” y, más adelante, precisa que en el caso de piquetes que impidan totalmente la circulación de vehículos o personas por rutas o caminos, al comenzar la mediación se los manifestantes deberán liberarlos parcialmente.

Sobre el reclamo en sí, marca que los manifestantes deben indicar por escrito en la notificación “en términos claros en qué consiste” la protesta y la autoridad policial deberá otorgar una constancia de recepción de la nota y cursar aviso inmediato al personal civil designado del Ministerio de Seguridad.

En la iniciativa, que tiene en total 34 artículos, en el 21 se determina que las fuerzas de seguridad deben seguir en las manifestaciones respecto del uso de la fuerza pública los principios de “legalidad, gradualidad, oportunidad y último recurso”.

Destaca también que la intervención de la fuerza pública deberá ser “progresiva” el uso de la fuerza será limitada “a su mínima expresión”.

A su vez, el proyecto prohíbe en el artículo 27 el uso de armas de fuego a los miembros de las fuerzas de seguridad que estén en contacto con los manifestantes y en el 29 dice que “ningún arma, letal o no, puede ser disparada directamente hacia los manifestantes”.

En lo que se refiere a la difusión de las manifestaciones caracterizadas como “legítimas”, la iniciativa precisa que “el Estado garantizará” la “adecuada difusión” de la convocatoria en medios públicos radiales, televisivos, gráficos y digitales.
tn.com.ar

Ingresó al Senado el proyecto del Ejecutivo para promover el empleo registrado

El proyecto de “Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral” fue girado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social que preside María Higonet.
Aproximadamente a las 12 de este martes, ingresó al Senado de la Nación el proyecto de ley anunciado por la presidencia Cristina Fernández de Kirchner para “promover el trabajo registrado y profundizar la lucha contra el fraude laboral”.

La iniciativa, titulada “Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, consta de 46 artículos y lleva las firmas de la primera mandataria, del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y del ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que preside la pampeña María Higonet (aliada K), será cabecera en el tratamiento que se estima comenzará en las próximas semanas.

Según explicó este lunes la presidenta, la propuesta establece un régimen escalonado de contribuciones patronales para las microempresas, a raíz de su “altísimo grado de informalidad”.

En el marco de la inauguración del Salón de los Pueblos Originarios en la Casa Rosada, Cristina explicó que, según el proyecto, las microempresas que empleen hasta cinco trabajadores no pagarán más contribuciones patronales, “sin que esto signifique ningún menoscabo para los derechos de los trabajadores”.

En el caso de las microempresas de hasta 15 trabajadores, gozarán de un descuento del 100 por ciento en contribuciones patronales por cada empleo nuevo que tomen, durante el primer año. El descuento será del 50 por ciento para las microempresas de 16 a 80 integrantes, y del 25 por ciento para las que empleen más de 80 personas, durante los primeros dos años.

La presidenta indicó que las pymes que violen este régimen “van a perder todos los beneficios del Estado” y que esto constará en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales.

A su vez, dijo que el proyecto contempla la extensión de los convenios de coresponsabilidad gremial, hasta ahora exclusivos para las actividades rurales, a otras ramas de la producción.

En tanto, recordó que “casi un tercio de la población estaba desocupada en 2003”, antes de que asumiera Néstor Kirchner, y recalcó que a partir de allí se crearon “más de seis millones de puestos de trabajo”.

Agregó que el último trimestre del año pasado se alcanzó el índice de desocupación “más bajo” del período, que fue del 6,4 por ciento.

No obstante, alertó que “la precarización laboral es un enemigo de todos los trabajadores” y apuntó que en dos años, el Gobierno espera formalizar “650 mil trabajadores”.
parlamentario.com

El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de “promoción del autopartismo”

Por la falta de dólares, el Poder Ejecutivo anunció la presentación de una iniciativa para disminuir la importación de autopartes.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, anunció que en los próximos meses el Poder Ejecutivo enviará al Congreso «una ley de promoción del autopartismo» para disminuir la importación de autopartes.

A la vez, Capitanich destacó que antes de fin de mes se promoverá «la apertura de nuevos mercados como México» y una nueva reunión antes del 30 de junio con representantes del Gobierno de Brasil para potenciar el desarrollo» de la industria automotriz.

«Se importan unidades por 20.000 millones de dólares y se exportan por más de 11.000 millones de dólares y ese déficit tiene que ver con la falta de integración de autopartes», explicó Capitanich en su habitual encuentro con la prensa desde Casa de Gobierno.

La medida apunta a resolver la escasez de dólares que se manifiesta en la tendencia decreciente del superávit comercial y la caída de reservas del Banco Central.
parlamentario.com

De Vido: “El proyecto minero Lama Pascua continúa en marcha y no vamos a permitir que se detenga”

Pascua Lama
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, afirmó hoy que “el proyecto minero Lama Pascua continúa en marcha” y que en el gobierno nacional “no vamos a permitir que se detenga” ese emprendimiento que se lleva adelante en frontera entre Argentina y Chile, a la altura de la provincia de San Juan.

El ministro respaldó las declaraciones del vicegobernador de San Juan, Sergio Uñác, quien le exigió a Barrick que “trabaje como corresponde para mantener las fuentes de trabajo”.

De Vido, en un comunidado de prensa, consideró que “el problema en Chile complicó el curso normal del proyecto” minero binacional, debido a que la justicia del vecino país suspendió el avance de las obras del trasandino hasta que la empresa cumpla con determinadas cuestiones medioambientales.

De Vido consideró que el problema en Chile complicó el curso del proyecto binacional, debido a que la justicia del vecino país suspendió el avance de obras Hoy, el diario La Nación publicó un artículo en el que se informa que la minera canadiense “Barrick demorará aún más la construcción del mayor proyecto minero del país”, en relación al proyecto minero binacional entre Argentina y Chile, Lama Pascua, ubicado en nuestro país –precisamente, en la provincia de San Juan-, además de señalar -en otro artículo- que “se estancaron los proyectos de exploración minera en la Argentina”.

En línea con Uñac, De Vido afirmó que “las demoras que sufre el proyecto son producto de conflictos judiciales que Barrick mantiene en Chile, y que motivaron la intervención de la Corte Suprema de ese país, a partir de las denuncias presentadas por pueblos originarios, la cual exigió a la empresa la realización de una serie de obras antes de retomar su construcción”».

A lo que agregó que “esta situación no tiene nada que ver con las condiciones del proyecto Lama en nuestro país”.

Asimismo, De Vido sostuvo que “el oro es un commodity cuyo valor ha experimentado en los últimos diez años un crecimiento muy importante, en promedio triplicando su precio con picos de 4 veces y media, al que había en 2003”.

Y agregó que “más allá de alguna oscilación circunstancial nadie proyecta que baje en el futuro” e instó a “pensar los emprendimientos mineros con una visión de largo plazo porque se trata de concesiones que tienen un horizonte productivo de al menos 50 o 60 años”.

En tal sentido, el ministro enfatizó que “los yacimientos mineros son activos de las empresas, en tanto realicen las inversiones para producir” y destacó que “no vamos a permitir que se especule con determinadas condiciones de mercado para poner en valor los recursos que son de los sanjuaninos y, en definitiva, de todos los argentinos, por lo que vamos a proteger su seguridad jurídica, exigiendo que las empresas cumplan sus compromisos de inversiones”.

De la misma manera, el ministro rechazó que la minería se encuentre “estancada”, como informa el diario La Nación, y recordó que “desde 2003 se pasó de 18 a 614 proyectos en actividad, permitiendo el desarrollo de 2000 nuevas PYMES en todo el país y la creación de 300.000 nuevos empleos en provincias y regiones cuyos niveles de pobreza superaban ampliamente la media nacional” y destacó que “las exportaciones del sector era prácticamente cero y alcanzan los 5.500 millones de dólares, es decir un 8% del total”.

“El crecimiento exponencial de la actividad es producto de políticas claras de promoción y beneficios para el sector que hizo posible que nuestro país sea el tercer productor de oro de América, luego de Estados Unidos y Perú, y el segundo de litio”, detalló el ministro.

Y remarcó que “el Gobierno Nacional va a seguir acompañando el crecimiento del sector y va a trabajar junto con la provincia para garantizar los puestos de trabajo y la concreción del proyecto Lama”, sostuvo el ministro.

Por último, De Vido adelantó que la semana que viene va a mantener una reunión con el vicegobernador Uñac y el ministro de Infraestructura de San Juan, José Estrada, para analizar la actualidad del sector minero y repasar plan de obras en ejecución en la provincia, que incluye obras como la represa Punta Negra, el túnel Agua Negra (cuya ingeniería está en proceso de licitación) y el Teatro del Bicentenario, entre otras.
Telam.com

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de Presupuesto 2014

DIPUTADOS

La Cámara baja aprobó esta madrugada por 134 a 113 votos el proyecto que estima una pauta de crecimiento del 6,2%, un aumento del consumo del 5,7% y un incremento del 27,7% en el monto de los recursos, que tienen como prioridad el denominado gasto social, que abarca un 61,4% de lo pautado.

La iniciativa, que será debatida el próximo martes a nivel de comisión en el Senado, cosechó 134 votos aportados por el oficialismo y los tradicionales aliados del oficialismo, mientras que el conglomerado de partidos oposición donde militan los massistas del Frente Renovador, UCR, socialistas, Coalición Cívica peronismo opositor y PRO consiguió reunir 113 sufragios.

Por espacio de 17 horas los diputados oficialistas y opositores protagonizaron un arduo debate sobre la política económica de los últimos diez años, donde la campaña electoral y las elecciones del 27 de octubre estuvieron presentes a lo largo de la sesión especial.

Durante los discursos, que contemplaron a los tres proyectos en forma conjunta -aunque luego las votaciones se realizaron por separado-, la oposición centró sus discursos en el rechazo de las variables macroeconómicas diseñadas desde el Palacio de Hacienda; en tanto que desde el oficialismo se realizó una encendida defensa de las políticas del Gobierno de esta década.

La sesión especial se inició ayer al mediodía cuando el kirchnerismo logró reunir 134 diputados -5 más que los necesarios para cumplir con el quórum reglamentario- y con la sorpresa de la presencia del radical correntino Rodolfo Fernández, quien estuvo desde temprano sentado en su banca y ayudó a superar el piso de 129 diputados -quórum mínimo- para comenzar la deliberación.

El oficialismo aportó 109 diputados; 7 el Frente Cívico de Santiago del Estero; 5 Nuevo Encuentro; 2 pampeanos, 3 salteños, 3 del Movimiento Popular Neuquino, a los que sumaron el sanjuanino Eduardo Ibarra (del peronismo disidente) y el puntano Sergio Panza (se Compromiso Federal).

En el cierre del debate, la presidenta del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, manifestó hoy el «orgullo» de su bancada por aprobar el proyecto de Presupuesto 2014, al remarcar que «no hay nada más fácil que votar un presupuesto que no tiene ajuste».

«No hay nada más fácil que acompañar al pueblo argentino para que siga teniendo un proyecto que pueda seguir cambiándole la vida, y nuestro bloque está orgulloso de su presupuesto nacional porque lo que hace es ofrecer un plan, un presupuesto de lo que vamos a seguir transitando para seguir creciendo», enfatizó.

Desde el radicalismo, el presidente de la bancada, Ricardo Gil Lavedra, expresó “no tener la sensación de que este cambio de ideas y opiniones, este análisis, haya sido fructífero”.

“Todos sabemos que esta es una mera representación, nos invade una situación de irrelevancia por un lado, porque la Jefatura de Gabinete lo puede reestructurar mañana mismo, y de irrealidad porque el Presupuesto este es un dibujo, una fantasía”, lamentó.

El debate fue abierto por el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Roberto Feletti (Frente para la Victoria), quien señaló que el proyecto mantiene las características de los anteriores: «autofinanciamiento con equilibrio presupuestario, sin ajuste ni crisis fiscal”.

Tras solicitar el apoyo del proyecto a la oposición, el diputado kirchnerista señaló que el mismo convalida la continuidad de lo que definió como “un largo período de equilibrio y solvencia fiscal”.

En tanto, el massista Felipe Solá señaló que “no vamos a votar el presupuesto por el destrato, porque no existieron los tiempos necesarios para analizar el proyecto; porque no vinieron los funcionarios que tenían que venir a defender la iniciativa”.

En la misma línea, el diputado del Frente Amplio Progresista (FAP) Juan Carlos Zabalza justificó la negativa de su interbloque a aprobar el proyecto al señalar que “reducir el rol del Parlamento a un diálogo simbólico, en una maratónica sesión especial, con tres temas juntos, donde se enfrentan posiciones cristalizadas, significa debilitar el Parlamento. Hago un esfuerzo para entender el triunfalismo de ganar una votación, pero creo que no es un avance para la Nación”.

A su turno, el presidente del bloque PRO, Federico Pinedo, dijo que “estamos haciendo como que estamos por tratar el Presupuesto, porque esto no es un análisis del Presupuesto, es un simulacro, porque nos hacemos los que vamos a tratar el tema y desde que se presentó el proyecto hasta el dictamen en comisión transcurrieron sólo dos días hábiles”.

Por la Coalición Cívica, la titular de la bancada, Elisa Carrió, consideró que se trataba de “un presupuesto mentiroso” y respaldó la postura de la oposición de que la prórroga de impuesto se votara con una mayoría especial “porque al establecer asignaciones afecta la coparticipación federal”.

El proyecto de Presupuesto estima proyecciones de inversión que dan cuenta de un incremento de 8,5 por ciento interanual y una balanza comercial favorable con un avance de 9,2 por ciento en las exportaciones y del 8,6 por ciento en las importaciones.

Según los datos indicados en la `ley de leyes´, se contempla un PBI de 3,2 billones de pesos, en tanto que el consumo mejorará 5,7 por ciento, a 2,3 billones de pesos.

La inversión aumentará 8,5 por ciento, a 587.681 millones de pesos, mientras que las exportaciones mejorarán 9,2 por ciento (94.034 millones de dólares) y las importaciones subirán 8,6 por ciento (83.910 millones de dólares).

El texto también prevé un crecimiento del gasto público del 18,9 por ciento, mientras que la recaudación lo hará en un 27,1 por ciento, para sumar $930.874 millones.

Así, el saldo comercial será positivo en más de 10.000 millones de dólares, según estimaron los funcionarios del Ministerio de Economía.

El texto prevé un crecimiento del gasto público del 18,9 por ciento, mientras que la recaudación lo hará en un 27,1 por ciento, para sumar 930.874 millones de pesos.

Los gastos totales del Estado argentino sumarán 927.585 millones de pesos en 2014, de los cuales 847.275 millones de pesos serán gasto primario y el resto, financiero.
Telam.com

Macri juntó a su tropa y ratificó su proyecto

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, se reunió ayer en la localidad de Tandil con dirigentes de 50 municipios bonaerenses y ratificó que el PRO continúa con su «construcción nacional junto a dirigentes justicialistas, radicales y de otros sectores».El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, se reunió ayer en la localidad de Tandil con dirigentes de 50 municipios bonaerenses y ratificó que el PRO continúa con su «construcción nacional junto a dirigentes justicialistas, radicales y de otros sectores».

«Somos una alternativa de paz, de diálogo y de respeto. Tenemos que salir del modelo de la división y del enfrentamiento que nos propone el kirchnerismo, y para eso necesitamos de la unidad de todos los argentinos», sostuvo Macri.

Por su parte, el ministro de Gobierno porteño y principal armador del PRO, Emilio Monzó, afirmó que el partido «tiene en Macri al mejor candidato para las presidenciales de 2015».

Además, buscó despejar los fantasmas de ruptura con el PJ disidente al señalar que existen «conversaciones avanzadas con sectores del peronismo, el radicalismo e independientes para conforman un frente electoral que le dé a los argentinos una alternativa al kirchnerismo».

Del encuentro participaron los intendentes de San Isidro, Gustavo Posse, y de Vicente López, Jorge Macri, junto a las diputadas nacionales Gladys González y Soledad Martínez, y los diputados provinciales Marcelo Di Pascuale, Orlando Yans, Nancy Monzón y Jorge Srodek.

Además, asistieron representantes de todas las secciones electorales de la provincia, entre ellos, Roberto Donnola (Arrecifes), Estela Lennon (Carmen de Areco), Pablo Maroli (Baradero) y José Luis Miano (San Andrés de Giles).

Fuente: http://www.lacapital.com.ar/politica/

El Gobierno admitió que no aceptará cambios en el proyecto sobre la Justicia

Aníbal Fernández dijo que el proyecto enviado al Congreso no será modificado “porque no necesita cambios” y ya fue discutido previamente. Miguel Pichetto indicó que las leyes saldrán sin inconvenientes. Para evitar complicaciones, el kirchnerismo podría apartar a Yoma de la comisión de Justicia en Diputados.

El senador nacional Aníbal Fernández descartó un gran debate en torno al proyecto de democratización de la justicia que presentó ayer la presidenta Cristina Kirchner en un acto en la Casa Rosada.

Consultado sobre si el oficialismo aceptará discutir cambios en el proyecto oficial, Aníbal dijo que “no” porque “ya viene preparado”. El senador dijo que “tampoco uno puede ser un negado para habiendo un error subsanable no llevarlo a la práctica, pero todo indica que no debiera ser así”.

En este caso, señaló Fernández, el proyecto “viene analizado y lo hemos chequeado”. “Ha pasado por varios estamentos que uno puede estar tranquilo que no debiera haber complicaciones”, agregó dejando en claro la postura oficial sobre cómo será la “discusión” en el Congreso nacional.

Por su parte, el jefe del bloque K en la Cámara alta, Miguel Ángel Pichetto, dijo que el tratamiento comenzará el miércoles por la mañana y aseguró que “habrá temas que avanzarán con mayor rapidez que otros, serán evaluados con más detenimiento”.

En el mismo sentido que Aníbal, el rionegrino indicó que “contamos con una mayoría parlamentaria que nos permitió sacar todas las leyes enviadas por la presidenta, en este caso será igual”. No obstante, Pichetto dijo que el “será un debate abierto, de cara a la sociedad, público, para que la gente pueda sacar conclusiones de los proyectos que se presentan y analizan”.

Para llevar adelante esa estrategia, el oficialismo tiene un problema en la Cámara de Diputados (Cristina afirmó que la mitad de los proyectos ingresarán a esa cámara). Es que el díscolo Jorge Yoma preside la Comisión de Justicia, por lo que será clave para imprimirle la celeridad que, se descuenta, la Casa Rosada le exigirá a su bloque.

Según el diario Clarín, en los últimos días el kirchnerismo cambió la postura que venía manteniendo y comenzó a manejar la posibilidad de desplazar a Yoma de la presidencia, ya que el riojano avisó que no le impondrán los tiempos e incluirá otros proyectos al debate.

El kirchnerismo cuenta a su favor con 17 de los 31 integrantes de la Comisión de Justicia por lo que podrían desplazar sin problemas a Yoma, algo que por ahora sólo es una posibilidad. Por lo pronto, algunos proyectos tendrán como comisión de cabecera -la que decide los tiempos- a Asuntos Constitucionales, que es presidida por la ultrakirchnerista Diana Conti. “Cuando decidamos sacar el dictamen, se vota y se firma”, reconoció a ese diario un dirigente oficiliasta.
lapoliticaonline.com

Vale define hoy si pone fin al «proyecto minero más grande del mundo»

Otro «megaanuncio» de los Kirchner, quizás el más próximo a concretarse, está a punto de terminar hoy. Se trata del proyecto minero que Cristina Fernández catalogó como «el más grande del mundo», al cual se le escaparon los costos hasta tornar «inviable» el proyecto. Los brasileros estaban dispuestos a que el proyecto continúe, pero entendieron que «la posición argentina lo está volviendo inviable”.

La brasileña Vale SA podría suspender el proyecto de extracción de potasio en Mendoza que suponía unos US$6.000 millones de inversión, y que Cristina Fernández había catalogado como el «proyecto minero más grande del mundo».

Según informó el diario ‘Folha de S. Paulo’, la minera cancelaría un proyecto de potasio en Argentina tras no poder lograr ventajas fiscales en ese país,

Sin las exenciones del Gobierno argentino el costo de la mina de potasa Río Colorado, y su sistema ferroviario y portuario, se elevaría en un 86% a US$11.000 millones, lo que lo hace inviable, dijo ‘Folha’ citando a funcionarios no identificados de Vale.

Vale no está buscando cambios en la legislación fiscal o laboral argentina sino que las maneras de hacer viable el proyecto financieramente, dijo la compañía en una respuesta enviada por correo electrónico a las preguntas sobre el informe de Folha.

La firma -que se encuentra buscando un socio financiero para el proyecto Río Colorado, ubicado en la provincia de Mendoza- detuvo en diciembre las obras y puso a los 4.000 trabajadores bajo una licencia remunerada.

La junta de Vale se reunirá hoy para discutir el proyecto, dijo ‘Folha’. El periódico también aseguró que el Gobierno argentino negó las solicitudes de Vale en materia de impuestos y aumentó su propias demandas a la minera.

La brasileña Vale es una empresa con fuerte participación estatal y de fondos vinculados a compañías públicas.

Este tema, uno de los más ambiciosos emprendimientos mineros en el país, localizado en Mendoza, era un punto clave de la agenda del encuentro bilateral cancelado, entre las presidentas Cristina Fernández y Dilma Rousseff.

La muerte del venezolano Hugo Chávez, el martes último, indujo a las jefas de Estado a postergar la cita que debía realizarse en Calafate. Pero a priori se sabía que eran escasas las chances de resolverse un conflicto entre la minera y el gobierno argentino.

En efecto, ya inicios de la semana pasada, cuando desembarcó en Buenos Aires, el ministro de Desarrollo e Industria de Brasil Fernando Pimentel supo que eran escasas las probabilidades de avanzar en la dirección que pretendía la compañía minera brasileña.

En las negociaciones del 4 de marzo, Pimentel abordó con sus colegas de Buenos Aires múltiples temas bilaterales, sobre los que se explayó sin problemas. Pero al ser interrogado por la prensa específicamente sobre la Vale en Argentina, el funcionario (un íntimo de la presidenta Rousseff) declaró: «Ahora la negociación será directamente entre la empresa y el gobierno argentino», con lo cual dio a entender que la intermediación oficial brasileña se había agotado.

Por lo que se supo luego, fue en esa cita que los funcionarios argentinos le transmitieron la negativa de Cristina a aceptar las demandas de la empresa.

Según la edición de ayer del diario ‘Folha’, «al gobierno (de Dilma) le gustaría por cuestiones políticas que el proyecto continúe. Pero entiende que la posición argentina lo está volviendo inviable».

En los cálculos de Vale, por los que la obra minera podría demandar ahora casi el doble, se debe al costo salarial y tributario, que se ha visto incrementado en los últimos tiempos sin que hubiera una disposición oficial a mejorar el tipo de cambio que rige para el ingreso de los dólares al país.

Los directivos se reunieron con el gobernador de Mendoza Francisco Pérez y le plantearon los problemas. Esa cita terminó en un punto muerto y con la empresa que puso como plazo máximo para detener los trabajos de montaje de la mina el 28 de febrero último.

Pero en febrero, una reunión entre los cancilleres Héctor Timerman y Antonio Patriota, en Río de Janeiro, renovó las esperanzas de reactivación del proyecto.

«Nuestros embajadores y equipos designados por las presidentas Dilma Rousseff y Cristina Kirchner, están trabajando denodadamente para que Vale continúe en Argentina y siga con las inversiones», dijo el ministro argentino en una rueda de prensa. Y agregó: «El proyecto todavía va dar grandes satisfacciones a ambas partes: al inversor y a la República Argentina». Sin embargo las obras siguen paralizadas y los proveedores aún no han recibido ninguna comunicación.

Por cierto, la suspensión de la cita presidencial en Calafate abrió un paréntesis. Aún no hay información acerca de la fecha exacta en que habrá de programarse la bilateral.
urgente24.com

Avanza en Entre Ríos el proyecto para expropiar tierras de la Sociedad Rural

La iniciativa, impulsado por el legislador provincial kirchnerista Enrique Cresto, ya se discute en el Senado entrerriano. Propone declarar de utilidad pública los terrenos que esa entidad tiene en la localidad de Concordia

Mientras la Justicia Federal rechazó la reestatización del predio ferial de Palermo, y aseguró que es la Sociedad Rural la propietaria del mismo, en Entre Ríos el oficialismo avanza en su camino para expropiar tierras de esa entidad.

Ayer, el legislador oficialista Enrique Cresto, volvió a impulsar su proyecto, y aseguró que «muchos opinaron del tema sin conocerlo en profundidad».

Según el senador, la idea de esa expropiación sería para expandir el parque industrial de Concordia, ciudad de la que Cresto fue intendente.

«Parte de los terrenos que están ubicados frente al Parque Industrial pertenecen a la Sociedad Rural, pero también a particulares. Planteamos la posibilidad de declarar de utilidad pública esos terrenos para que el Estado pueda darles un mejor uso y transformarlos en un ámbito propicio para radicar industrias y generar fuentes de trabajo», sostuvo.

Si bien Cresto aclaró que su iniciativa es anterior a la decisión presidencial de expropiar el predio de Palermo, aseguró que el proyecto tiene un fuerte impulso «a partir de la actualización de la Ley de Promoción Industrial y del interés del intendente Gustavo Bordet y del gobernador Sergio Urribarri».

Desde que se conoció la iniciativa, desde la Sociedad Rural lo relacionaron con una «jugada política» de Cresto, y cuestionaron que no haya habido una instancia de diálogo previo.

Fuente: Infobae

El proyecto para el traspaso de subtes entrará a la Legislatura la próxima semana

El jefe de la bancada del PRO, Fernando de Andreis, confirmó que «el martes o miércoles» el texto será presentado ante el Legislativo. Advirtió que continuarán con el reclamo para que la Nación realice la transferencia con fondos

El titular del bloque del PRO en la Legislatura porteña, Fernando de Andreis, confirmó que el «martes o miércoles» próximo ingresará el proyecto de ley para avanzar con el traspaso de Nación a Ciudad de la red de subterráneos y afirmó que «hay chances de todo» para financiar el servicio.

Sobre las tarifas, indicó que no tienen «mayores apreciaciones sobre ese punto» y agregó que «la semana que viene entraría la ley en la Legislatura». «Ahí vamos a tener idea más clara», señaló.

Además, De Andreis ratificó que el gobierno porteño insistirá con su reclamo a la Nación por las inversiones y fondos, al afirmar: «No vamos a abandonar ni en sede administrativa ni en sede judicial el reclamo».

Consultado por radio El Mundo sobre las posibilidades de reasignar las partidas presupuestarias para invertir en los subtes, el dirigente del PRO respondió que «hay chances de todo».

«Lo primero que tiene que suceder es una ley donde la Ciudad acepte la transferencia y a partir de eso se abren distintas alternativas para el financiamiento del servicio», señaló y confirmó que «el martes o miércoles de la semana próxima» ingresaría a la Legislatura el proyecto de ley para avanzar con el traspaso.

En tanto, reiteró que «la situación lamentable de todo el sistema de transporte público del área metropolitana» y añadió que «lo que quedaba claro a este ritmo es que la gente viajaba cada vez peor». «Si no nos hacíamos cargo de esto no sabe en lo que podía terminar. Hay formaciones que tienen casi 100 años en la línea A, no se puede seguir así», remarcó.

Respecto al acuerdo para aprobar dicha iniciativa, De Andreis afirmó: «Más allá de las enormes diferencias políticas, conceptuales, de forma, ideológicas con el gobierno nacional, la responsabilidad como dirigentes es dejar de lado esas diferencias y ver en qué lugar nos podemos poner de acuerdo».

Fuente: Infobae

El proyecto de Presupuesto 2013 tiene dictamen

El oficialismo consiguió su cometido de suscribirlo, con el objeto de convertirlo en ley la próxima semana.

El kirchnerismo consiguió en el Senado firmar el dictamen mayoritario del proyecto de Presupuesto Nacional 2013, con lo cual el mismo podrá ser tratado en el recinto en la sesión del miércoles 31 de octubre.

El dictamen consiguió las firmas de nueve legisladores del Frente para la Victoria sobre un total de 17 que tiene la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Aníbal Fernández, al cabo de una deliberación de poco más de dos horas.

El dictamen se logró con apenas dos reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En esta oportunidad, expusieron el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, el exsecretario de Energía radical Daniel Montamat e integrantes de organizaciones profesionales de estudio de políticas públicas.

Estuvieron también la licenciada de CIPPEC, Luciana Díaz Frers y la licenciada Milagros Gismondi.

Montamat le apuntó al déficit energético y su impacto sobre el crecimiento, advirtiendo que “la partida oficial en el tema energía del 2012 fue de 47.300 millones de dólares, mientras la previsión para el 2013 se sitúa en un nivel más bajo, en 43.269 millones. Pero no se sabe de qué manera se instrumentará y si habrá aumentos de tarifas”.

Despouy, por su parte, resaltó las anormalidades presupuestarias encontradas en el pasado en la empresa Aerolíneas Argentinas y las negativas consecuencias para el país por la subejecución de préstamos internacionales por los que Argentina debió pagar punitorios.

Estuvo también el exdiputado radical y actual auditor Horacio Pernasetti, quien criticó el proyecto porque allí se modifican de hecho aspectos de las ley de marcas y se realizan condiciones de deudas a la firma aeronáutica y que el gobierno incumple con la ley al no informar sobre la ejecución de programas.

La economista del Centro de Estudios Económicos Milagros Gismondi sostuvo que “la zona del Euro seguirá en crisis en 2013, pero el resto de los países va a haber un crecimiento, aunque magro”. A su vez, Luciana Díaz Frers, de CIPPEC, destacó que haya “una prioridad en el gasto social, sobre todo en cuanto a jubilaciones y Asignación Universal por Hijo”.

En cuestión de números, la “ley de leyes” prevé para el próximo año una inflación del 10,8 por ciento, un crecimiento del 4,4 por ciento y un dólar a $ 5,10. Cabe señalar que la iniciativa del PEN fue aprobada en la Cámara baja con 142 votos a favor y 87 en contra.
parlamentario.com

Se postergó el dictamen del proyecto para el voto desde los 16 años

Tras las exposiciones que se escucharon en los últimos días, el oficialismo iba a aprobar el texto para que sea tratado por el Senado. Sin embargo, por discusiones sobre su redacción se aplazó hasta mañana

La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado estaba lista para dar dictamente al proyecto de ley que prevé habilitar el voto optativo para jóvenes de entre 16 y 18 años.

Sin embargo, discusiones de último momento en torno a la redacción del articulado se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 11. La iniciativa, según se anunció, podrá ser discutida en el recinto el miércoles 17 de octubre.

Además, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, y el senador Aníbal Fernández, precisaron que la definición del proyecto para habilitar el voto de extranjeros con dos años de residencia permanente en el país será pospuesto para la semana que viene.

«Trataremos de que la semana próxima se emita dictamen sobre el tema de los extranjeros», explicó Pichetto durante la audiencia de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

A su vez, Fernández, co-autor junto a la senadora Elena Corregido del proyecto para habilitar «el voto joven», indicó que presentará otra iniciativa para que los jóvenes de entre 16 y 18 años puedan afiliarse a los partidos políticos y votar autoridades partidarias, lo cual también fue sugerido por la senadora del peronismo no kirchnerista, Sonia Escudero.

Fuente: Infobae

El hermano de Daniel Scioli pidió a los gobernadores del PJ seguir el ejemplo de De la Sota

En Twitter: @rayosycenteyas

José Scioli es el hermano del gobernador de Buenos Aires, gestión de la que fue funcionario hasta hace tres años hasta que decidió tomar otro camino. Y ese camino lo llevó a reunirse hoy con referentes del peronismo no kirchnerista en esta Capital. Y bajo el signo de la tensión entre el sciolismo y el kirchnerismo, Pepe Scioli pareciera traducir lo que su hermano el gobernador tiene apretado entre los dientes y no puede soltar con todas las letras: el ahogo financiero que ejerce el Gobierno nacional sobre las provincias no alineadas con el proyecto nacional.

En un hotel céntrico de esta ciudad -junto al Frente Peronista que encabeza Enrique Thomas-, Scioli destacó «el coraje» del gobernador José Manuel de la Sota, que recurrió a la Corte Suprema de Justicia por una deuda millonaria que la Nación mantiene con Córdoba. La iniciativa del cordóbés le sirve al ex funcionario para cuestionar la relación Nación-provincias y el sistema de coparticipación federal.

«De la Sota es un ejemplo a imitar por el resto de los gobernadores», destacó y a continuación sostuvo que «los gobernadores que más han acompañado este proyecto, caso Uribarri en Entre Ríos, no sólo no pudo pagar sino que tuvo que desdoblar los salarios».

Tras el conflicto entre La Nación y Buenos Aires por la ayuda que la provincia requirió para pagar los aguinaldos -y que incluyó un capítulo aparte con la pelea entre Daniel Scioli y su vice, Gabriel Mariotto-, la cuestión central es la crítica al modo en que se distribuyen los recursos de la coparticipación. Y mientras la relación entre Cristina y Scioli parece volver a marcos normales, Pepe Scioli no deja de recordar que cuando hay un conflicto entre la provincia y la Nación, «Argentina tiembla, pone en riesgo todo el sistema político».

«En Argentina, en los últimos 10 años, se ha bajado la cantidad de recursos que les giran a las provincias y se han generado nuevos impuestos que no son coparticipables», explicó. En este esquema, la Nación aporta a las provincias un porcentaje menor a lo que estipula la Constitución nacional -según Scioli, un 17 sobre un 24 por ciento-. «Y eso genera inconvenientes en la atención de la salud, en la seguridad, en la educación, porque se ha transferido los gastos y se ha concentrado los recursos en la caja del Gobierno nacional», añadió.

Para el hermano del ex motonauta, el actual sistema sólo le está dando resultado al Gobierno nacional «para tener sometido a los gobernadores que no están alineados con el proyecto».

Scioli pone a colación, también, el déficit de Mendoza y de inmediato surge la interrogante: ¿Le servirá a Francisco Pérez mantenerse encolumnado a riesgo de perder los recursos que le pertenecen por derecho a la provincia? Para el bonaerense, no hay mucho margen de acción y las últimas internas del peronismo lo permiten comprobar.

«No veo que los gobernadores puedan hacer maravillas», concluyó.

Fuente: http://www.mdzol.com/mdz/nota/

Uruguay: el proyecto para legalizar la marihuana llegó al Congreso

Prevé que el Estado controle la venta y lleve un registro de consumidores para combatir el narcotráfico y la delincuencia.

El proyecto de ley para despenalizar el consumo de marihuana y controlar la producción, distribución y comercialización de la droga legalizar la marihuana ya llegó al Parlamento uruguayo. El gobierno de José Mujica lo envió ayer a última hora a la Cámara de Diputados. Con esta medida se busca combatir el narcotráfico y la delincuencia en ese país.

La iniciativa tiene un solo artículo de tres párrafos. Señala que «el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de marihuana y sus derivados».El Estado uruguayo será el encargado del cultivo mediante un sistema aún no definido, se encargará de controlar la venta y creará un registro de consumidores, incluyendo a los adictos crónicos, quienes serán incorporados a un sistema especial de tratamiento médico.

Mujica había anunciado que el gobierno impulsará una discusión nacional del tema y que hará campaña para difundir los fundamentos de su propuesta. Dijo que si aún después de esa discusión a nivel nacional la mayoría de los uruguayos se opone, el gobierno renunciará a su iniciativa. Sondeos recientes realizados por consultoras privadas indican que el 60% de los uruguayos es contrario a despenalizar la producción y venta de marihuana.

El modelo que intenta implementar Uruguay podría replicarse en otros países. Los senadores chilenos Fulvio Rossi, y Ricardo Lagos Weber, hijo del ex presidente Ricardo Lagos, presentaron ayer un proyecto de ley en el Congreso para legalizar el cultivo y el consumo personal y terapéutico de la marihuana en Chile.

Fuente: Clarín

LA LEGISLATURA APROBÓ UN PROYECTO PARA INCLUIR GIMNASIOS EN LAS PLAZAS Y PARQUES

La Legislatura Porteña aprobó el proyecto del diputado PRO,
Roberto Quattromano, que solicita instalar gimnasios en las plazas y
parques de la Ciudad bajo la supervisión de un profesional de la
educación física.

“La idea de implementar gimnasios al aire libre surgió de la excelente
experiencia que obtuvimos con los equipos que se encuentran
emplazados en la plaza Ricchieri de Villa Devoto (foto)” afirmó
Quattromano.

“La presencia de un profesor de educación física ordenará y mejorará
el entrenamiento» agregó el legislador y sostuvo » En las ciudades que
están instalados estos equipos las consultas por estrés y los
problemas cardiovasculares han disminuido considerablemente»

Los gimnasios al aire libre están presentes en diferentes ciudades del
mundo como Santiago (Chile), San Pablo (Brasil), Madrid (España),
Shangai y Beijín (China). Este último país hace más de diez años
instauró estos equipos en las plazas como una política de estado

«Con esta iniciativa a la recuperación de los espacios verdes en la
Ciudad de Buenos Aires le sumamos otro beneficio para los habitantes.
Los gimnasios al aire libre, para que las personas además de pasear y
disfrutar de las plazas públicas puedan fortalecer sus músculos como
en un gimnasio tradicional pero a cielo abierto» finalizó Quattromano

PROYECTO DROGAS LIBERADAS‏

Esta legislación, en general, formó parte del fracaso de la política criminal en materia de persecución, represión y sanción de los delitos vinculados al tráfico ilícito de estupefacientes, al direccionar la operatividad a los eslabones más débiles, por lo que trajo por consecuencia:  un sistema judicial colapsado por causas referidas al consumo y comercio en menor escala  provocando un hacinamiento carcelario sin precedentes en el país …

Lectura completa del proyecto del diputado provincial Mauricio D’Alessandro :

 

http://dalessamauricio.visibli.com/share/5YXVNG

Construirán una nueva terminal en la zona sur para sustituir a Retiro

Empezaría a funcionar antes de 2015 y será la primera de un total de tres. Estará conectada a la red de subtes. Cuál será el destino de la actual terminal de ómnibus.El sur porteño tendrá una nueva terminal de micros de larga distancia que absorberá cerca de la mitad del tráfico de Retiro. A menos de diez cuadras del Parque Indoamericano, el nuevo centro de transporte contará con una superficie de 25 mil metros cuadrados y capacidad para cerca de 700 micros por día. Se trata de una iniciativa privada, pero los terrenos pertenecen a la Ciudad, por lo que se llamará a licitación dentro de los próximos seis meses. Según confirman desde el Gobierno, la nueva Terminal Dellepiane podrá ser inaugurada en menos de dos años, poco antes de las elecciones.

El proyecto fue ideado por la empresa Terminales Terrestres Argentinas, el holding al que pertenece Teba SA, la concesionaria de Retiro, por lo que se descuenta que ganará el concurso.

El edificio será construido sobre un predio lindero al campo de deportes del Club Huracán, sobre la autopista Dellepiane. Según los planos que la empresa ya presentó en el Ministerio de Desarrollo Urbano (que gestiona el proyecto), tendrá 32 dársenas, 57 boleterías y 400 cocheras para autos particulares. Además, contará con 22 estacionamientos para micros y varias decenas de locales gastronómicos y comerciales. “Tendrá más movimiento que cualquier shopping”, se entusiasman los directivos de la empresa.

Fuente: Perfil

Proyecto para expropiar Ciccone

El bloque de diputados de la UCR presentó ayer en la Cámara baja un proyecto de ley para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el total del paquete accionario de la empresa Compañía de Valores Sudamericana, ex Ciccone.
El bloque de diputados de la UCR presentó ayer en la Cámara baja un proyecto de ley que promete provocar polémica: propone declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el total del paquete accionario de la empresa Compañía de Valores Sudamericana (CVS), ex Ciccone, según publicó el diario La Nación.

La propuesta, que lleva las firmas de los diputados Fabián Rogel y de Ricardo Gil Lavedra, propone declarar «de interés público nacional y objetivo prioritario» del país «el aseguramiento de la capacidad industrial nacional de cuño frente a las necesidades de emisión de moneda nacional».

«En sus informes, la Casa de la Moneda admite que no cuenta con la capacidad operativa para imprimir billetes y que la única que lo tiene es la ex Ciccone. Por esa razón aconseja que los nuevos billetes se impriman allí. Pero si la empresa es deudora del Estado, deberíamos expropiarla. ¿O no es interés para el Estado fabricar su propia moneda?», acicateó Gil Lavedra.

La empresa avanza con la impresión de billetes, mientras la Justicia investiga la operación de compra de la imprenta, en 2010, por un grupo de personas vinculadas con el vicepresidente Amado Boudou. Además, esta semana se conoció que la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) le reclama a la familia Ciccone una deuda impositiva multimillonaria.

«La intención es que la deuda se cancele lo antes posible. Ojalá nos paguen, para la provincia sería un dinero importante», indicó ayer el titular de (ARBA), Martín Di Bella, al confirmar los datos del juicio anticipado por La Nacion en su edición de ayer.

El funcionario descartó que hubiera algún tinte político en la medida y aclaró que para el gobierno de Daniel Scioli es «indistinto» cuál sea el nombre del deudor a la hora de perseguir la evasión.

ARBA pretende cobrar de los Ciccone una deuda acumulada por la firma Ciccone Calcográfica SA entre los años 1994 y 2001 y que, incluyendo los intereses, asciende hoy a $ 35,1 millones, según estimó el Tribunal Fiscal de Apelaciones en su dictamen, emitido el 7 de marzo pasado.
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Con un proyecto buscan proteger 330 inmuebles anteriores al año 1941

La Ciudad lo presentó en la Legislatura, donde paralelamente hay otro que incluye la protección de 140 mil edificios.

El Gobierno porteño presentó un proyecto de ley para proteger 330 edificios anteriores a 1941, bajo la denominación de «Inmuebles Singulares». Mientras, en la Legislatura avanza otro proyecto para proteger 140 mil edificios antiguos de la Ciudad, después de que en diciembre venciera la protección que tenían todos las construcciones anteriores al 41.

Entre las más de 300 obras que propone proteger el Minis- terio de Desarrollo Urbano por- teño, a través de la Secretaría de Planeamiento, se encuentra el Palacio de Aguas Corrientes, ubicado sobre Córdoba 1950, en Balvanera que data del año 1887.

Uno de sus mayores atractivos es su revestimiento, a cargo de Juan Médici, que cuenta con 130 mil ladrillos esmaltados y 170 mil piezas de cerámica.

Todos los edificios propues- tos se destacan por su diseño singular y valor tanto histórico como representativo. Entre otros emblemáticos, están la «Escuela Normal N° 1 Presidente Roque Sáenz Peña», que se encuentra frente al Palacio de Aguas Corrientes. Su construcción fue proyectada por el arquitecto Ernesto Bunge en 1880 y fue fi- nalizada en 1893. En 1975, fue declarado Monumento Histórico Nacional.

El Café Margot y el Bar Mi- ramar, dos esquinas emblemáti- cas del barrio de Boedo, también han sido incluidas en la lista por su valor histórico. En el caso de Margot, ubicado en las intersecciones de San Juan y Boedo, es una de las construcciones más antiguas de la zona, edificada en 1903. En Retiro, se destaca el Edificio Bencich, sobre Córdoba 801/15/23. Esta construcción, realizada en 1927, resalta por sus cúpulas rojizas y balcones con rejas artísticas. En su esquina posee un pináculo que eleva aún más su estructura de 13 pisos.

Fuente: La Razón

El Gobierno manda al Congreso un proyecto para tomar el control de YPF

El texto declara de interés público hasta el 50,01 por ciento de las acciones clase D de la petrolera, según informa el diario Clarín. Se lo habría informado el ministro De Vido al titular de Repsol, Antonio Brufau. Son 100 millones de títulos del Grupo Eskenazy y casi 96,6 millones de acciones de Repsol.
Para tomar el control de la petrolera YPF, el Gobierno decidió enviar al Congreso un proyecto que declara «de utilidad pública y sujeto a expropiación» al 50,01 por ciento de las acciones clase D de la compañía, hoy en manos de la española Repsol y, en menor medida, de sus socios argentinos del Grupo Petersen, perteneciente a la familia Eskenazy.

La decisión de enviar el proyecto de ley se conoció poco después de que el presidente de Repsol, Antonio Brufau, finalmente consiguiera ser recibido por el ministro de Planificación, Julio de Vido, según informó el diario Clarín. Hasta este mediodía, de todos modos, el texto todavía no había llegado a la Mesa de Entradas del Congreso. De la reunión en Planificación, Brufau, que venía reclamando el encuentro desde hace días, se retiró sin hacer declaraciones.

Las acciones sujetas a expropiación son 100 millones del Grupo Petersen –todas las que tienen los Eskenazy- y 96.558.000 título de los que tiene Repsol. En total, YPF tiene actualmente 393 millones de acciones clase D, que hoy pertenecen en un 57,43 por ciento a Repsol y en un 25,46% al Grupo Petersen, mientras que un 17,09 por ciento flota en bolsa y un 0,02 por ciento ya está en poder del estado argentino.

El proyecto establece que si es necesario expropiar más acciones para que el Estado argentino llegue al 50,01 por ciento, esos títulos se expropiarán de modo tal que se respeten las proporciones en poder de los otros accionistas.

En cuanto al precio que se pagará por las acciones a expropiar, el texto postula que “la valuación será efectuada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación con la colaboración de la Secretaría de Energía”. También apunta que “el Poder ejecutivo procurará acordar con los titulares de las acciones sujetas a expropiación el valor y la forma” de pago y que, eventualmente, esos acuerdos deberán ser refrendados por el Congreso de la Nación. Además establece que si no se alcanza acuerdo por la totalidad de las acciones a expropiar, “la Procuración (general de la Nación) promoverá el juicio de expropiación respectivo”.

El texto, que tiene en total 62 artículos, indica que la expropiación estará regida por la Ley 21.499, que el Poder Ejecutivo “actuará como expropiante, quedando facultado para transferir la titularidad de las acciones una vez expropiadas a cualquier organismo o empresa pública del estado nacional” y que ni esa transmisión de acciones ni ninguna otra que realice el Estado “estarán sujetas al artículo 7 del estatuto social de YPF”.
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