El proyecto de ley presentado por diputado del Frente para la Victoria Carlos Kunkel para regular las protestas sociales despertó diversas reacciones en diputados de la oposición y algunas entidades especialistas en asuntos legales.
Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside Horacio Verbitsky, la medida «es un retroceso respecto de estándares sobre protesta social que se fueron construyendo durante todos estos años». En un comunicado de prensa, el organismo de derechos humanos criticó aspectos del proyecto como que se clasifique «ciertas protestas como ilegítimas», así como la necesidad de «exigir la notificación previa a la Policía» y el hecho de «establecer plazos exiguos para la mediación».
«El proyecto intenta ampliar los márgenes del control estatal sobre el derecho a la protesta mientras persisten casos de represión violenta de manifestaciones», consideró el CELS.
Además, recordó que «aún no se ha hecho justicia por asesinatos cometidos en protestas sociales como el 19 y 20 de diciembre de 2001, el Parque Indoamericano, la represión a la comunidad qom en Formosa o los asesinatos en Ledesma».
La iniciativa, denominada «Ley de Convivencia en Manifestaciones Públicas», busca que las protestas sean notificadas ante representación policial con al menos 48 horas de anticipación, especificando horario, lugar y motivo, además de designar un delegado para dialogar con la autoridad ante quien se realiza la petición.
El proyecto establece que si la manifestación es catalogada como «ilegítima», es decir, que no cumple los requisitos de no cortar calles, no afectar a servicios esenciales o dar previo aviso, las fuerzas de seguridad podrán «dispersar» la misma. En el caso de las manifestaciones «legítimas», el Estado deberá actuar para «garantizar su desarrollo en forma pacífica».
Desde el massismo, el diputado nacional del Frente Renovador Alberto Asseff sostuvo que la iniciativa llega a destiempo. «El proyecto del FpV llega diez años tarde, después de que millones de argentinos, sobre todo del área metropolitana sufrieron un sinfín de penurias para trasladarse y el país dio la imagen de un colosal desorden cotidiano», se quejó el legislador. En un comunicado, el legislador massista consideró que el kirchnerismo «ahora promete que los cortes durarán dos horas, pero habrá que ver cuánto tarda el mediador civil para liberar el tránsito».
«Creo que lo que hay que hacer es cumplir la ley sin más vueltas. El tránsito debe ser libre las 24 horas de los 365 días para todos», agregó Asseff.
En tanto, la diputada nacional del PRO Laura Alonso cuestionó el proyecto. «Para Kunkel, hay manifestaciones ´legítimas´ e ´ilegítimas´. De movida y sin mucha vuelta, ese proyecto es inconstitucional», sostuvo la legisladora macrista. En su cuenta de la red social Twitter, Alonso señaló que «lo de Kunkel es tan inconstitucional y retrogrado que le da al ´Ejecutivo´ la potestad de decidir si tu manifestación es ´legítima´ o no».
«Querido Kunkel: todos tenemos el mismo derecho a expresarnos y se trata de armonizar derechos. Ya se: el olmo no da peras», agregó la diputada.
El diputado nacional del Frente de Izquierda, el mndocino Nicolás del Caño, también expresó su repudio. «Vamos a rechazar con todas nuestras fuerzas este proyecto reaccionario, que intenta limitar y cercenar el derecho a la protesta de los trabajadores y sus métodos tradicionales de lucha», subrayó Del Caño.
En un comunicado, anticipó además que el Frente de Izquierda convocará a «distintas organizaciones obreras combativas para, con la movilización en las calles, evitar que se vote» en el Congreso de la Nación. «Resulta increíble que los progresistas del Gobierno ahora nos quieran decir qué movilización es legítima y cuál no. Ni (el jefe de Gobierno, Mauricio) Macri lo haría mejor», ironizó el legislador nacional.
Por su parte, el diputado bonaerense Christian Castillo planteó que «pareciera haber un concurso entre el kirchnerismo y la oposición de derecha de Sergio Massa, que anunció un proyecto similar, para ver quién es más reaccionario».
El diputado chaqueño del FpV, Juan Manuel Pedrini, autor de la iniciativa, aseguró que la iniciativa «no criminaliza, no aplica penas ni sanciona pero sí regula» la demostraciones callejeras.
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