Alfredo Luis Vila era empleado de Kolton (jefe de compras) y en el año 1968, asociándose con militares vinculados a la dictadura de Onganía crearon Comensa SA, a la que después le cambiaron de nombre por Dalvian SA, una empresa inmobiliaria y constructora que creció apropiándose de importantes terrenos aledaños al Parque General San Martín por medio de irregulares títulos supletorios.
Con el tiempo y por distintos medios Vila fue comprando las partes de sus socios en Dalvian pasando a ser propiedad íntegramente de la familia Vila. En 1976, Vila se transformó en el accionista mayoritario del Banco de Los Andes, entidad que luego vendió a Héctor Greco.
Gracias a las buenas relaciones de Vila con los militares, gestadas durante su paso por la Escuela Militar de la Nación, cuyos estudios no concluyó, en el año 1979 Dalvian consiguió un crédito de u$s 2.000.000 del Banco de Mendoza que nunca devolvieron, que les permitió realizar la urbanización de esos terrenos, transformándolo en el mejor barrio privado de Mendoza.
Tiempo después, dada la falta de pago, el crédito fue ejecutado por el Banco de Mendoza, deuda que después pasó a la provincia como consecuencia del traspaso de deudores que hicieron al Ente de Fondos Residuales (EFOR) cuando el gobernador Rodolfo Gabrielli privatizó los bancos oficiales de la provincia.
Roberto Uliarte en el cumpleaños de Alfredo Vila
Cuando el banco inició la demanda, los Vila ofrecieron pagar el 10% de lo que debían en 100 cuotas, propuesta de pago que fue rechazada. Entonces, aprovechando la información que les brindaba el Dr. Roberto Uliarte, abogado del banco y empleado de los Vila, fue que iniciaron furiosas campañas de prensa a través de su radio Nihuil, denunciando los negociados en el banco durante la presidencia de Eduardo del Amor. Uliarte fue descubierto y echado del banco.
Según consta en las actas de directorio del banco, Daniel Vila llamó por teléfono a un asesor del directorio, instándolo compulsivamente a que el sumario contra Uliarte no se realizara, para que «no se viera sometido al bochorno de una investigación». Años después, las influencias de Daniel Vila con Gabrielli, consiguieron que Uliarte fuera promovido a Camarista del Crimen y hoy es uno de los jueces adictos al grupo Ver pedido de Jury.
Finalmente, después de 25 años de litigio fueron condenados a pagar u$s 2.500.000, calculados a mayo de 1995. Dalvian también asumió una deuda con el EFOR de u$s 3.700.000, calculada a noviembre de 1996, que tenía la firma Jorge Estornell SA, de cuando eran propietarios del Canal 7 de Mendoza. O sea que el total de la deuda de Dalvian con la provincia ascendía a u$s 6.200.000 al año 1996.
Mediante un escandaloso convenio suscripto con el EFOR en mayo de 2005, o sea durante la gobernación de Julio Cobos, dicha deuda quedó reducida a solo u$s 1.500.000 a pagar mediante la entrega de terrenos, provenientes de unas expropiaciones iniciadas por la provincia contra Dalvian. En el convenio se estableció que si los montos en los juicios de las expropiaciones superaban la deuda de Dalvian, esta se los donaba a la provincia. En los juicios de expropiación, en noviembre de 2007, se dictaron sentencias por las cuales el monto de las expropiaciones quedó establecido en $ 3.700.000 a favor de Dalvian. El 19 de diciembre de 2007, o sea nueve días después que asumiera Celso Jaque la gobernación, suscribieron un convenio de compensación, resultando un saldo de $ 1.900.000 a favor de Dalvian, pese a que en el convenio de pago se había establecido la donación a favor de la provincia en este caso.
O sea que mediante estas maniobras Dalvian redujo su deuda de u$s 6.200.000 (unos $ 24.000.000) a tan solo u$s 1.500.000 (alrededor de $ 6.000.000) que compensaron con créditos por expropiaciones sobrevaluadas (los terrenos eran incultos, sin mejoras y el Tribunal de Tasaciones los había valuado en $ 3.300) que ascendían a $ 3.700.000 y como por arte de magia terminaron cobrando $ 1.900.000.
Joaquín de Rosas, Fiscal de Estado
Todos estos convenios fueron suscriptos por quién era Fiscal Adjunto (Joaquín de Rosas), porque el ex Fiscal de Estado, Pedro Sin, se excusó de actuar.
Estos antecedentes constan en la denuncia que realizó el Dr. Alberto Ortubia, abogado de Dalvian en estos y otros juicios por más de 29 años Ver denuncia, cuando se opuso a la designación de Joaquín de Rosas como Fiscal de Estado, pero que no fue tenida en cuenta por los legisladores de nuestra provincia que dieron el visto bueno a su designación, no obstante a que en la época de la dictadura de Rosas fue destituido como juez por las irregularidades en la tramitación de la quiebra de «Bodegas y Viñedos Filippini». Durante la sustanciación de estos acuerdos de Rosas, de íntima relación con Alfredo Vila, en el año 2006 «adquirió» un terreno en el barrio Dalvian, valuado en más de $ 500.000, que puso a nombre de su esposa y de su suegra.
El barrio Dalvian fue expandiendo sus terrenos, apropiándose ilícitamente de los predios aledaños y fraguando juicios de usucapión (títulos supletorios), como fue en el caso con su vecina Universidad Nacional de Cuyo (UNC) a la cual le usurparon 32 hectáreas. Terrenos en los que Vila construyó un campo de deportes y en el año 1986 inició un juicio contra la UNC por usucapión, aduciendo que durante ese tiempo la universidad no hizo uso de los mismos y que ellos le habían introducido mejoras.
Dichos terrenos habían sido del Ejército Argentino, teniendo radicado allí un Polígono de Tiro, que en el año 1980 fueron traspasados a la UNC. O sea que los bienes objeto del litigio no eran de tipo privado sino una propiedad pública, destinada al uso educativo, y de acuerdo con el Código Civil no pueden ser adquiridos por título supletorio por ser bienes del dominio público.
No obstante eso, el juez Alfredo Manuel Rodríguez Ver pedido de Jury, de estrechas relaciones con los Vila, les dio la razón. A continuación el juez Rodríguez también «adquirió» una valiosa vivienda en el barrio Dalvian. Dicha sentencia fue confirmada por la Cámara de Apelaciones del Juzgado Federal de Mendoza, en un aberrante fallo fundado por Julio Petra, que también tiene su casa en el barrio Dalvian. Este caso se encuentra en apelación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dictó una medida de no innovar, no obstante eso los Vila están construyendo un acueducto sobre los terrenos en litigio, sin contar con autorización de ninguno de los organismos públicos competentes.
Aldo Giordano funcional al grupo Vila
En ese conflicto también actuaron el Fiscal de Estado, Aldo Giordano, y el Fiscal adjunto, Joaquín de Rosas, dándole la razón a los Vila. Previamente la Dirección de Catastro de la provincia había dictaminado a favor de la UNC. Inmediatamente su director, Mario Valencia fue objeto de denuncias por parte del Fiscal de Estado.
Giordano ha sido siempre funcional a los intereses del grupo Vila, como ser cuando no apeló el aberrante fallo del juez Orlando Vargas Ver pedido de Jury, que le entregó ilícitamente los bancos oficiales privatizados a Raúl Moneta, pese que había resultado perdedor en las licitaciones. En el Jury a Vargas, Giordano adujo que no apeló para no perjudicar a la provincia con prolongadas demoras, siendo que el juez tenía un plazo perentorio de 5 días para resolver la apelación, en un proceso que duró mas de un año.
Jardines del barrio Dalvian sobre terrenos fiscales. Rodolfo Gabrielli construyó el Corredor del Oeste y expropió los terrenos al este de la ruta, cuando correspondía usar los terrenos prestados a Dalvian.
Además de eso hay otra apropiación indebida de Dalvian de terrenos públicos que ha quedado impune. En efecto, cuando se hizo la avenida Champagnat se le expropió a Comensa (empresa antecesora de Dalvian) los terrenos colindantes con la calle para construir una avenida de dos manos, pero finalmente se construyó una sola vía por falta de presupuesto.
Luego Dalvian pidió autorización a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) para hacer unos jardines sobre dichos terrenos hasta tanto se construyera la ruta, y esos son los jardines que actualmente tiene el barrio Dalvian sobre la Avenida Champagnat, que son del estado provincial.
Pero resulta que, cuando Gabrielli llamó a licitación para construir el primer tramo del Corredor del Oeste, que va sobre la avenida Champagnat, que se ampliaba a 7,5 mts. y producía una segunda vía del mismo ancho con mas sus correspondientes banquinas, en los pliegos de la licitación se dejó perfectamente establecido que la segunda vía se localizaba al este de la actual avenida, con lo cual Gabrielli le «obsequió» a la familia Vila los terrenos que antes la provincia les habían expropiado y pagado para hacer el segundo carril de la referida avenida.
Daniel Vila en el lago de su estancia San Isidro
El hecho es que todas las obras realizadas en dicha estancia son clandestinas. “La estancia no tiene ninguna aprobación, no está siquiera empadronada en Las Heras”, dijo Adrián Palma, secretario de Obras Privadas del municipio.
A su vez, el Departamento General de Irrigación tiene dormido desde hace siete años un expediente iniciado por una denuncia de usurpación de agua de la cascada San Isidro, realizado mediante un entubamiento clandestino de las aguas públicas.
Recientemente el diario El Sol publicó que la estancia San Isidro estaba valuada por el Estado provincial en escasos $ 317 y que además estaba eximida del pago del Impuesto Inmobiliario.
También daba cuenta el referido matutino que en los registros de la Dirección Provincial de Catastro la estancia figuraba como “propiedad rural cultivada” desde enero de 1988, sin que se haya efectuado hasta la fecha ninguna actualización de sus datos respecto de sus construcciones ni constan inspecciones o relevamientos catastrales.
Como también que no existíann informes de sus propietarios declarando las mejoras realizadas.
Luego de la denuncia de El Sol, la Dirección de Catastro procedió a revaluar la mansión de Daniel Vila, asignándole un ridículo avalúo de $ 300.000, teniendo en cuenta que dicha propiedad tiene 1.700 m2 cubiertos y pisa sobre un terreno de 7,5 hectáreas, cuyo valor es de varios millones de dólares. Avalúo que debieron hacer con imágenes satelitales porque Vila no les permitió el acceso a la propiedad.
El jefe del Departamento Jurídico de Irrigación, Mauricio Pinto, afirmó, sobre la propiedad de las aguas de la estancia San Isidro: “Conforme estatuye el artículo 2.637 del Código Civil, las aguas que surgen en los terrenos particulares resultan públicas cuando constituyen un cauce natural. Bajo este encuadre normativo no existen dudas de que el escurrimiento objeto de estas actuaciones resulta público y sólo pueden ser utilizadas mediando permiso o concesión estatal”. En este caso, no hubo permiso ni concesión, sino que, por el contrario, Daniel Vila construyó una toma clandestina del agua.
Diario Crónica
Conforme a lo denunciado, la Fiscalía de Estado abrió una investigación para determinar por qué durante siete años Irrigación no movió el expediente de la denuncia por la toma de agua clandestina de la cascada San Isidro. Por su parte la Dirección Provincial de Catastro está procediendo a la recategorización y modificación del avalúo de la mansión clandestina, y la Municipalidad de Las Heras intimó a Daniel Vila a presentar los planos de construcción de la mansión que domina el casco de su estancia, pero habiendo vencido el plazo no ha dado cumplimiento.
La estancia San Isidro también es la sede donde Daniel Vila organiza lo que ha dado en llamar «Vendimia Solidaria», que se realiza desde el año 2008, un evento del que se sirve para recaudar fondos entre los personajes más ricos del país y que luego hace distribuir por la reina de la Vendimia.
Toda una recreación de los eventos de «Argentina en Mendoza» que organizaba Raúl Moneta y que difundían ampliamente los medios de Vila-Manzano, mientras juntos saqueaban al Banco Mendoza, como se verá mas adelante.
Sandra Scifo (actual pareja de Vila), Daniel Vila y Mirtha Legrand en un almuerzo post Vendimia en San Isidro
En el 2008 recaudó $ 240.000, en el 2009 $ 1.051.000 y en el 2010 $ 4.000.000, que distribuye entre entidades de bien público. Para ello invita a empresarios, políticos y personajes de la farándula de primera línea a nivel nacional.
Ya son habitués de dicha fiesta: Eduardo Constantini (dueño de Nordelta y del Malba), Alejandro Bulgheroni (titular de Bridas), Carlos Ávila y su hijo Juan Cruz Ávila, el empresario y político Francisco De Narváez, Samuel y Guillermo Liberman (dueños del Hotel Hyatt), Pepe Scioli (hermano del gobernador de la provincia de Buenos Aires), los periodistas, Daniel Tognetti, Román Lejtman, Luis Majul, Luis Rosales y Rolando Graña.
De los locales nunca faltan los empresarios: Mario Groisman, José Cartellone, Emilio Magnaghi, Jorge Pérez Cuesta, Adrián Yacopini; los polìticos: Rodolfo Gabrielli, Julio Cobos, Roberto Iglesias, Aldo Ostropolsky (ex ministro de Julio Cobos), Daniel Pereyra (titular de Juegos y Casinos), Omar de Marchi y Omar Félix (diputados nacionales), Omar Parisi (intendente de Luján), Víctor Fayad (intendente de la Capital), Ricardo Puga y Miguel Serralta (legisladores provinciales), el oftalmólogo Roberto Zaldívar y el cirujano Claudio Burgos.
Vila designó a Mirtha Legrand y a Jorge Rial «embajadores nacionales de la Vendimia Solidaria». En el 2010, dada la pelea suscitada con el grupo, el gobernador Jaque para no asistir hizo organizar en esa misma fecha un agasajo del cuerpo diplomático en la bodega de Eduardo Pulenta, en Vistalba.
Expediente del Departamento General de Irrigación sobre las obras
clandestinas en la estancia San Isidro de Daniel Vila
Cascada en San Isidro, desde donde Daniel Vila intercepta el agua pública
Vista panorámica de la mansión de Daniel Vila en San Isidro
Agasajo a Raúl Moneta en la estancia San Isidro de Daniel Vila. Entre otros invitados están: Rodolfo Gabrielli, Nicolás Becerra y Omar Alvarez
Fuente: luisbalaguer.com.ar
Chiara 
Felipe 
