La diputada del Frente Renovador, Mónica López, busca reglamentar que se soliciten antecedentes penales a todas las personas que trabajen con menores de edad, incluyendo al personal auxiliar y administrativo.
La diputada del Frente Renovador, Mónica López, confirmó que en los próximos días insistirá con su proyecto de Ley que busca establecer que se soliciten antecedentes penales a todas las personas que trabajen con menores de edad, incluyendo a los docentes, personal auxiliar y administrativos de establecimientos escolares . En ese sentido, la legisladora aseguró que «si bien la Ley de Contrato de Trabajo prohíbe cualquier discriminación, creemos que en esta colisión de derechos debe primar el de la tranquilidad y seguridad de los chicos».
Al proyecto original, que fue desestimado el año pasado por el oficialismo, se le agregará la instrumentación de exámenes psicofísicos regulares a docentes y personal de apoyo que se encuentren directamente vinculados al trato con niños en sus tareas cotidianas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, según adelantó Mónica López, en una visita que realizó a la ciudad de Morón, donde en las últimas horas autoridades de la Dirección General de Escuelas decidieron apartar a los directivos de la escuela en la que se registró una denuncia de abuso por parte de un auxiliar docente.
Además la iniciativa contempla que será necesario que las instituciones públicas o privadas, previo a contratar a una persona para algún empleo que involucre una relación directa y habitual con niños, niñas y adolescentes, soliciten al Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual, la información correspondiente del postulante.
«El caso reciente del no docente de Morón señalado como presunto autor de abuso a niños con los que trabajaba como cocinero y otros en los que con razón o injustamente se señalan a maestros como responsables, nos obliga a plantear una norma que genere tranquilidad sobre el estado mental de quienes interactúan con nuestros chicos y apartar de estos trabajos específicos a quienes hayan sido condenados en el pasado por delitos vinculados directamente a menores o por atentados al pudor», indicó.
En ese sentido, Mónica López agregó que «si bien la información sobre los antecedentes penales o en el caso específico de delitos de índole sexual es privada, en estos casos se constituye como imprescindible para la toma de la decisión de contratar a quienes pasarán varias horas al día con niños y adolescentes», finalizó.
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