Jornada clave en la situación judicial de Boudou

La causa Ciccone puede tener hoy un giro determinante si la Cámara Federal de Casación Penal resuelve un pedido del vicepresidente Amado Boudou para ser sobreseído del expediente tras interponer una “excepción por falta de acción”, que ya fue rechazado en primera instancia y también en la Cámara de Apelaciones porteña.

Los abogados del vicepresidente entienden que no está clara la acusación que pesa en su contra, intervenir en 2010 ante la AFIP para evitar la quiebra de la imprenta ex Ciccone, que posteriormente se rebautizó como Compañía de Valores Sudamericana y que en agosto de 2012 fue expropiada por el Estado nacional. Por eso presentaron el recurso, que rechazó el juez Lijo y posteriormente la Cámara Federal. Sin embargo, el pedido de los abogados tuvo un guiño de parte del fiscal de Casación, Javier De Luca.

Ese antecedente genera expectativas en el entorno de Boudou de cara al fallo que hoy, se presume, dictarán los camaristas de la sala IV, Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky. El vicepresidente recusó sin éxito a Gemignani, por entender que por su actuación en otra denuncia podía llevarlo a prejuzgar en este caso. Gemignani fue el juez más enfático en el dictamen que validó en octubre pasado el testimonio de Laura Muñoz, la ex mujer de Alejandro Vandenbroele, a quien señaló como testaferro de Boudou. El camarista pidió al juez Lijo que le brinde máxima protección a Muñoz y esa solicitud generó el rechazo de los abogados del Vice.

De lograr ser separado de la causa, Boudou seguirá siendo investigado penalmente por Lijo, ya que sobre él también recae una sospecha por enriquecimiento ilícito. En el caso Ciccone, además, Lijo realizó entre finales de 2013 y principios de este año una serie de indagatorias que incluyeron a los principales miembros de la familia Ciccone, que reconocieron encuentros con el entonces ministro de Economía, que habría motorizado ante la AFIP el pedido de un plan de facilidades de pago para la imprenta.
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Ciccone: se empieza a definir la suerte de Boudou en Casación

El caso de Ciccone comienza a definirse judicialmente y el futuro del vicepresidente Amado Boudou, podría comprometerse más. Es que la sala IV de la Cámara de Casación Penal empezará a analizar a partir de hoy las pruebas que presentaron sus abogados para evitar que el Tribunal confirme la imputación hacia él de dos delitos de corrupción.

Los defensores de Boudou presentaron un recurso que se conoce como «excepción por falta de acción», con el que buscan que la causa por la que se lo investiga al vicepresidente se cierre ya que para ellos «no está claro por lo qué se investiga».

De acuerdo a la información del diario Clarín la audiencia se dará a partir de las 11 y los jueces podrían definir el tema hoy, aunque tienen plazo final para emitir un veredicto el miércoles.

El juez Ariel Lijo, el magistrado que lleva la instrucción, ya rechazó el pedido de los letrados de Boudou, por el que los abogados pretenden que no se investigue más al funcionario.

Si Casación acepta el recurso extraordinario, la causa podría desactivarse por completo, aunque sí podría seguir avanzando la causa por enriquecimiento ilícito que existe contra el Vice.
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Báez y Greppi: Los hombres claves para impedir la impunidad de la sociedad entre los Kirchner, Zannini y De Vido

No se sabe todavía si Lázaro Báez y Guillermo Greppi -dueño de Propyme- se conocen. En realidad, el financista del ex empleado del Banco Santa Cruz es Ernesto Clarens, a su vez íntimo amigo de Jorge Brito, presidente del Banco Macro, hoy llamado a indagatoria por el fiscal Jorge di Lello en la causa Ciccone, que involucra al vicepresidente de la Nación Amado Boudou.

Los policías que allanaron la cueva de Greppi descubrieron mochilas con varios millones de dólares en efectivo con la banda elástica de sellado que decía Banco Macro. Esto indicaría que Brito sería el personaje que uniría a Báez con Greppi y a su vez con Cristina, Máximo, Florencia, Zannini y de Vido que, como informamos en una nota anterior, manejaría un fondo de estímulo de la justicia federal de 100 millones de dólares, que debería ser repuesto con frecuencia dada por la voracidad de los abogados defensores, que dicen que es para los integrantes del fuero penal federal, aunque esto no pudo ser comprobado.

Con final abierto

Greppi inventó que la brigada policial le pidió una coima de 300.000 dólares, hecho que fue desmentido por las imágenes de la abogada Valeria Carballo, defensora del subcomisario Ascona, en las que se muestra a un empleado de Propyme intentando huir con carpetas. Pero el hecho sobresaliente es que, cuando los policías estaban por realizar el inventario, Greppi llamó a Zannini, éste a Liuzzi y este último al juez federal Norberto Oyarbide, quien, a su vez, le ordenó al subcomisario Ascona que detuviera el allanamiento. Y ahora Greppi cambió el abogado con el cual había denunciado la coima por otro penalista, para presentarse como querellante en la causa derivada del allanamiento, que está a cargo del juez federal Luis Rodríguez, que ya recibió las imágenes de su empleado intentando huir, lo que podría demostrar que el allanamiento estaba fundado en sospechas ciertas de la brigada de investigaciones de la Policía Federal. Pero el artero argumento de Greppi para salvarse fue inventar un pedido de coima, por lo cual el subcomisario Ascona y cuatro o cinco de sus subordinados fueron puestos en disponibilidad por cumplir con su deber, es decir, buscar pruebas que comprueben el supuesto lavado de dinero. El argumento fundamental que esgrimen los policías es que, ante un hombre como Greppi, que le mostró un celular en cuyo visor decía Zannini, habría que ser muy imbécil para pedirle 300.000 dólares de coima. Se trata de un financista que dijo ser amigo de Zannini, de Liuzzi y de varios comisarios generales de la Federal y la Metropolitana, por lo cual está claro que el pedido de la supuesta coima fue un ardid del financista que ahora, incendiado, ha perdido a gran parte de su clientela.

La situación de Oyarbide es distinta. Será citado al Consejo de la Magistratura para que aclare por qué suspendió un allanamiento que él mismo había ordenado, aunque en realidad fueron más de una decena de allanamientos. De éstos, Greppi dijo que en dos le habían pedido una coima. El caso es que, hasta ahora, los dueños de las “cuevas” que supuestamente pagaron no se presentaron a declarar. De todos, Oyarbide debió concurrir al allanamiento y si había sospechas ciertas no lo tendría que haber detenido aunque le mostraran el celular con el visor que decía Zannini, por lo puede ser pasible de destitución. Aunque se supone que La Cámpora y el cristinismo lo seguirán sosteniendo.
Guillermo Cherashny/informadorpublico.com

Los Ciccone acusan a Boudou de actuar de manera «brutal y deleznable»

Los ex dueños de la imprenta ratificaron que fueron forzados a vender la firma y también apuntaron a Hernán Lorenzino.
La familia Ciccone acusó al vicepresidente Amado Boudou de tener un trato «bestial, deleznable y cruel» hacia la figura del fallecido fundador de la empresa, Héctor Ciccone. Al mismo tiempo, ratificaron la denunciar contra el funcionario por la venta de la imprenta.
A través de una solicitada firmada por las dos hijas de Héctor, Silvia y Graciela Ciccone, y por su hermano, Nicolás Ciccone, la familia indicó que «de esa empresa que con tanta dedicación llevamos adelante, nos forzaron a vender nuestras acciones primero y la expropiaron después sin pagar un solo peso, pretendiendo ilegítimamente compensar el precio expropiatorio con una supuesta deuda con la AFIP».

«En ese proceso actuó en representación de la empresa el interventor Hernán Lorenzino, quien como ministro de Economía integra el Estado expropiante y representa como interventor a la sociedad expropiada. Mayor conflicto de intereses parece inimaginable», se quejaron.

Boudou es investigado por la Justicia por haber participado, cuando era ministro de Economía, del salvataje de la imprenta Ciccone Calcográfica y su venta a «The Old Fund», un fondo de inversión supuestamente perteneciente a amigos suyos.

A fines de febrero pasado, Graciela Ciccone presentó ante la Justicia un acta firmada por su padre que da cuenta de una reunión en un restaurante de Puerto Madero con el vicepresidente Boudou para negociar la continuidad de la imprenta.

El funcionario salió al cruce de esta presentación afirmando que «el acta que presentaron es trucha a todas luces» y señaló que la familia Ciccone estaba «jorobando con un muerto».

En la solicitada de hoy, la familia respondió que esa declaración de Boudou «es realmente ofensiva y vergonzosa».

«Ni el oprobio de enfrentar, siendo vicepresidente de la Nación, una grave causa penal, ni la más desesperada estrategia de defensa para intentar escapar de las consecuencias de la misma, puede justificar semejante bestial, deleznable y cruel manifestación de su parte, empañando la memoria de un hermano, padre y abuelo fallecido», se remarcó.

La familia Ciccone advirtió: «Que el acta tenga un contenido que a usted pueda no favorecerlo no puede llevarlo afirmar ligeramente ‘que nuestra familia pretende quedarse con el dinero de los argentinos'».

«Usted manifestó que ‘lo han querido corromper’. Si así hubiera sido, su obligación como funcionario público era denunciar ese delito al momento en que supuestamente hubiera ocurrido, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar», se añadió en el texto.
La familia Ciccone explicó que publicó la solicitada «frente a las falsas e injuriosas declaraciones que efectuara» Boudou.

«Nos vemos en la obligación de responderle brevemente, en forma extrajudicial, para evitar la confusión en la opinión pública que usted pretende provocar, sin perder de vista que hay un proceso judicial, donde usted está siendo investigado por supuestos delitos y que es el ámbito adecuado en el que debe debatirse su responsabilidad», se explicó.

La semana pasada, el juez interviniente, Ariel Lijo, rechazó un pedido de anulación de las declaraciones como testigos de Nicolás Ciccone y de su yerno, quienes comprometieron a Boudou y a su socio en maniobras sospechosas llevadas adelante para salvar a la empresa de la quiebra.

Lijo rechazó el reclamo de la defensa de Boudou, de su socio y amigo José María Núñez Carmona y del directivo de The Old Fund Alejandro Vandenbroele para que se anularan las declaraciones como testigos de Nicolás Ciccone y Guillermo Reinwick.

Para el juez, no se deben aceptar esos planteos pues «deviene esencial atender al interés público que reclama la determinación de la verdad en el juicio» y añadió: «Esto es especialmente urgente en los casos de corrupción, donde resulta imperioso darle una respuesta oportuna a la ciudadanía».
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Ciccone: inminente decisión de Casación que desvincularía a Boudou

Fuentes seguras de tribunales afirman que la Sala de la Cámara de Casación que integran Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Germiniani decidiría por dos votos contra uno aceptar la excepción por falta de acción que interpuso Diego Pirota, el abogado de Amado Boudou y que fue aceptada por el fiscal de casación Javier de Luca. Los dos votos a favor serían de Borinsky, quien tiene jurisprudencia en el sentido de aceptar el desistimiento del ministerio público para excluir de una causa a un imputado al cual todavía no se sabe qué delito se le achaca. Y a Borinsky se le sumaría Hornos votando en contra Germiniani, quien fue recusado sin éxito por la defensa del vicepresidente. Sin abundar en argumentos, el fallo favorable se basará en esa circunstancia, es decir que, si el fiscal desistió, no hay acción contra el imputado. Obviamente una sentencia de ese tipo sería un escándalo político y mediático y jurídicamente es materia opinable. Las mismas fuentes de tribunales sostienen que los abogados de Boudou -Richarte y Pirota- habrían aumentado su pedido anterior de 8 millones de dólares a 20 millones de la misma moneda. Los abogados habrían planteado que habría que poner esa suma de dólares de modo que con ese pago podría conseguirse la resolución tan soñada.

El rol de Brito

Como dijimos en notas anteriores, el vicepresidente dijo que no tenía ese dinero pero le habría exigido al banquero Jorge Brito (implicado también en la compra de la ex Ciccone) que se la suministre, lo cual finalmente habría ocurrido y los fondos ya estarían en manos de los abogados. También señalamos que el juez federal Ariel Lijo estaba por llamarlo a declaración indagatoria a Boudou y a Brito pero esperaría hasta mayo para tomar esa resolución de modo de darle tiempo a la Casación, que está estudiando el asunto después que fuera confirmado el juez Germiniani. Lo que no se sabe es si el pedido de la gigantesca suma por los abogados de la defensa sería una venta de humo o bien están en conocimiento de que el tribunal está por fallar de acuerdo a la citada interpretación del derecho.

Es sabido que el banquero Brito, presidente del banco Macro y de ADEBA, tiene excelentes relaciones con el Ministro de Planificación Julio de Vido, quien también mantiene un estrecho vínculo personal con Lijo, porque ambos son colombófilos y participan en varios concursos de pájaros. Si esta resolución que beneficia a Boudou se toma rápidamente, se demostraría que la presidente no le soltó la mano al vicepresidente de la Nación, como sostienen algunos analistas, medios de comunicación y políticos. Al mismo tiempo, en los tribunales se afirma que las declaraciones de la familia Ciccone carecen de valor, porque sus miembros aceptaron voluntariamente la exigencia de entregar el 70% de las acciones. Además, esa empresa ya venía a los tumbos a fines de los ’90, cuando se asociaron con Alfredo Yabrán y con pésimos antecedentes, por ejemplo, imprimir moneda en un cuestionado país africano. El mismo fiscal Jorge di Lello citó a los Ciccone también a indagatoria, como a Boudou y Brito, pero las pruebas que tiene el juez Lijo son importantes, como la carta del vicepresidente a Ricardo Echegaray pidiendo que le acepte el levantamiento de la quiebra y también el contrato presentado por la defensa de aquél con el inquilino Fabio Donatello. En el mismo está sólo la firma del vice y falta la del ausente inquilino, por lo cual este contrato de alquiler del departamento donde vivía Alejandro Vandenbroele demostraría que el piso era prestado a éste, el supuesto testaferro. Otro argumento a favor de la resolución que desvincularía a Boudou sería que el período de tranquilidad cambiaria que atraviesa el país crea mejores condiciones para que se acepte la excepción por falta de acción, que de todos modos será un verdadero escándalo.
Guillermo Cherashny/informadorpublico.com

Boudou fue al acto de Mariotto

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En pleno escándalo por el caso Ciccone, el vicepresidente Amado Boudou se mostró junto con el vicegobernador en el Plenario de Políticas Publicas que Gabriel Mariotto realizó en Banfield.

En medio de las acusaciones de los Ciccone sobre Amado Boudou, el vicepresidente fue al acto de Gabriel Mariotto en Esteban Echeverría al participar del Tercer Plenario de Políticas Públicas y llamó a «todos» a “acompañar a quien sea el futuro candidato” del kirchnerismo.

Boudou apareció en el acto del que también participaron los gobernadores de Buenos Aires, Daniel Scioli, y de Entre Ríos, Sergio Urribarri, principales candidatos a competir por la presidencia en 2015.

Con elogios mutuos, Scioli y Urribarri pidieron la “unidad” del kirchnerismo de cara a las elecciones presidenciales de 2015 y coincidieron en repudiar los “intentos destituyentes” hacia el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner.
lapoliticaonline.com

Boudou: ”El acta que presentaron es trucha a todas luces”

Boudou
El vicepresidente se refirió al documento que presentó la hija de Ciccone sobre una supuesta reunión para negociar la entrega de la imprenta. «No hay ninguna prueba de lo que dicen», aseguró y retieró que no conoce a Vandenbroele.

El vicepresidente Amado Boudou reiteró que se presentará a declarar si llegara a ser citado a indagatoria por la Justicia y cuestionó con dureza a la familia Ciccone, que este martes presentó ante la Justicia un acta del fallecido Héctor Ciccone -uno de los fundadores de la imprenta que fabrica billetes- que revela encuentros con Boudou, entonces ministro de Economía, para, supuestamente, negociar la entrega de esa compañía.

«El acta que presentaron es trucha a todas luces», dijo Boudou y agregó que «no hay ninguna prueba de lo que dicen».

En diálogo con radio Continental, el titular del Senado insistió en que «nunca» se reunió con los Ciccone y en referencia a Héctor Ciccone sostuvo que «están jorobando con un muerto». «No sé de qué me acusan, no sé de qué estoy imputado», lanzó.

Graciela Ciccone entregó a la Justicia un texto que escribió su padre, Héctor Ciccone, un mes antes de morir, con detalles sobre la reunión que habría mantenido con el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, para negociar la entrega de su imprenta.

Vandenbroele

El vicepresidente de la Nación también negó tener algún vínculo con el abogado de la empresa, Alejandro Vandenbroele, a quien se lo señala como su supuesto tertaferro. «No lo conozco», aseguró en diálogo con el periodista Víctor Hugo Morales.

De acuerdo a las pruebas que están en el expediente judicial, Vandenbroele vivió en un departamento de Boudou y pagó el servicio de televisión por cable. Además, la esposa del empresario fue la que señaló los contactos entre su marido y el funcionario.

«Yo le alquilé mi departamento a una persona llamada Caroso Donatiello, que era de conocimiento de Vandenbroele, pero eso ya está en una presentación que hice en el expediente. Yo he repetido ante el hartazgo que no hay ninguna prueba en mi contra», resaltó.

Y remarcó que “la familia Ciccone es capaz de hacer cualquier cosa por plata y poder» e «insólitamente se presentan como testigo, en una causa que ellos son el centro”.

Contra los medios

En este marco, Boudou defendió la expropiación de la imprensa exCiccone y apuntó contra el Grupo Clarín y otros medios de comunicación: «Pretenden llevarse al sistema por delante. El Gobierno decidió que los billetes los tiene que hacer el Estado. Está todo armado por la familia Ciccone para quedarse con la plata de los argentinos», afirmó Boudou.

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Boudou: “Los Ciccone no tienen límites”

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El vicepresidente minimizó las pruebas en su contra. Dijo que la familia ex dueña de la imprenta “es capaz de embarrar un muerto”.
El vicepresidente Amado Boudou aseguró hoy que «los Ciccone no tienen límite, son capaces de embarrar al muerto, al hermano», al desacreditar la validez de una acta presentada por la familia del fallecido empresario Héctor Ciccone que certifica un encuentro entre el ex ministro de Economía y el dueño de la imprenta.

«La familia (Ciccone) es capaz de truchar algo de una persona que falleció y ya no se puede corroborar. (El escrito) Es trucho y esto tremendo desde el punto de vista de lo que puede hacer la gente por plata. Por plata y por poder», enfatizó Boudou.

Al respecto, sentenció, en diálogo con radio Continental, que «los Ciccone no tiene límite: son capaces de embarrar al muerto, al hermano, eso es lo dramático».

Graciela Ciccone presentó ante el juez federal Ariel Lijo un escrito de Héctor Ciccone, un mes antes de morir, que supuestamente tienen detalles de una reunión con Boudou.

Según el escrito, Héctor Ciccone, se reunió con Boudou y su socio José María Núñez Carmona a las 9 de la mañana del 1° de septiembre de 2010 en el café I Fresh Market de Puerto Madero para «temas vinculados con el devenir de la negociación» de la imprenta.
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Los abogados de Boudou le pidieron 8 millones de dólares para “arreglar” su situación judicial

Boudou-y-Vandenbroele
Se confirmó nuestro anticipo: la sala de la Cámara de Casación integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borisnky y con la intervención de Horacio Righi, vocal de otra sala, decidieron rechazar la recusación contra su colega Juan Carlos Germiniani, quien había sido recusado por el abogado Diego Pirota, socio del ex subsecretario de la SIDE Darío Richarte, quienes defienden a Amado Boudou. Antes de esa situación, los abogados defensores interpusieron una excepción por falta de acción, que apuntaba a sobreseer al vicepresidente, ya que consideraban que no se sabía bien qué delito se le imputa. Dicha solicitud fue aceptada por el fiscal de casación Javier de Luca, perteneciente a Justicia Legítima y que podía contar con el voto de Borinsky, vocal de esa sala y presidente por un año de la Cámara de Casación, que tiene fallos anteriores donde convalida lo que piden los fiscales de casación. Pero Hornos, el otro vocal, seguramente se opondría. De ahí que recusaran a Germiniani, pero adelantamos que ellos dos, más Righi, rechazarían la recusación para no enemistarse de por vida con él.

Un laberinto procesal

Ahora los tres tienen que decidir si aceptan la excepción de falta de acción y lo más probable es que la rechacen, porque el juez federal Ariel Lijo avanzó bastante en las pruebas que recolectó contra el vicepresidente. Sin embargo, estamos en condiciones de afirmar que Pirota y Richarte le pidieron a Boudou 8 millones de dólares para salvarlo de su eventual procesamiento. Algunas fuentes señalan la hipótesis de que en semejante suma estarían involucrados los tres vocales de casación, lo cual parece imposible. Otra alternativa es que Lijo finalmente y pese a las pruebas le dicte falta de mérito, lo que hoy en día parece también imposible, pero si esto ocurriera, el fiscal Jorge di Lello no debería apelar. Es sabido que Di Lello pidió la indagatoria del vice pero también de la familia Ciccone, que con sus declaraciones involucraron a Boudou a través de reuniones encaminadas a que la empresa familiar zafara de la quiebra pedida por la AFIP a cambio de entregar el 70% de sus acciones a Alejandro Vandenbroele. El vicepresidente Boudou podría verse favorecido si a la indagatoria concurren además de él los miembros de la familia Ciccone. Es que la declaración de estos últimos sería nula, ya que se trataría de imputados y no testigos, como los califica Lijo. Pero si éste dicta la falta de mérito, habría que ver si Di Lello no apela y si lo hace tendrían que decidir los tres vocales de la Sala I de la Cámara Federal, integrada por Jorge Ballesteros, Eduardo Freiler y Luis Farah, lo cual parecería bastante raro, por decirlo de alguna manera. Por su parte, el fiscal de cámara Germán Moldes seguramente apelaría y la última decisión la tendrían los tres vocales de casación. Todas estas tramas probables por ahora están congeladas, porque Boudou les habría dicho a sus abogados defensores que no tiene semejante suma y que nadie del gobierno le quiere dar ese dinero. También surge una hipótesis más razonable que las anteriores y es que Pirota y Richarte le pidan 8 millones de dólares a Boudou para desprocesarlo y, luego de cobrar, los letrados dejarían pasar el tiempo y después le confesarían que sus contactos fallaron pero que la suma es irrecuperable. Ahora Boudou tendría que decidir si les consigue los 8 millones de dólares a sus letrados o bien no lo hace y queda supuestamente expuesto a un mal final.
Guillermo Cherashny/informadorpublico.com

Boudou: «No tengo nada que ver y ya expliqué que son todas mentiras»

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A la salida de los Tribunales, se desvinculó de la causa de la ex Ciccone. Presentó dos escritos ante la Justicia.

El vicepresidente Amado Boudou acudió en forma espontánea a los tribunales de Comodoro Py, presentó dos escritos en el marco de la causa Ciccone, mantuvo un diálogo de 15 minutos con el juez Ariel Lijo, improvisó una conferencia en el hall de Tribunales – en la que negó tener responsabilidades- y se retiró por una puerta del subsuelo.

«No tengo nada que ver. Ya expliqué que son mentiras y estoy a plena disposición de la Justicia», dijo el vicepresidente a la salida de los tribunales, luego de ayudar a una mujer que se había tropezado con el agua que caía por las escalinatas de Py.

En total estuvo 15 minutos en tribunales, un trámite muy breve, en el que dejó dos escritos al juez. En uno de ellos, cuestiona duramente el dictamen del fiscal Jorge Di Lello y en otro reiteró explicaciones que ya había realizado en la causa: negó haber cometido maniobras delictivas y mostró su «sorpresa» por el llamado.

A raíz del pedido de indagatoria que realizara el fiscal federal Jorge Di Lello, el Vicepresidente se presentó este viernes en forma espontánea para someterse a las preguntas que requiera la Justicia en el caso de la ex Ciccone Calcográfica.

Para la fiscalía, el juez debe resolver la situación de Boudou, quien está imputado por haber supuestamente incurrido en negociaciones incompatibles con la función pública, en un plazo razonable y por ello debe darle la posibilidad de que ejerza su acto de defensa en la indagatoria.
Los abogados defensores del Vicepresidente adelantaron que las acusaciones carecían de sustento y llamaron ilógico y desopilante al pedido del fiscal. Este viernes, por otra parte, el defensor Diego Pirota señaló que «Boudou tomó la decisión de presentarse y decirle al juez que está dispuesto a declarar y despejar dudas, porque no tiene nada que esconder».

«El vicepresidente Amado Boudou no se va a amparar en ningún fuero y tomó la decisión de presentarse ante el juez y decirle que está dispuesto a declarar», dijo el abogado Diego Pirota al confirmar que Boudou se pondrá a disposición del juez Ariel Lijo en el caso de la ex Ciccone.

Asi lo manifestó el letrado a minutouno.com al confirmar que Boudou quiere entrevistarse con el juez en los tribunales de Comodoro Py. Además confirmó que el Vicepresidente dirá al juez que está dispuesto a contestar las preguntas pertinentes.Más temprano, en declaraciones radiales, el mismo letrado había asegurado: «No sé que más se necesita que expliquemos porque ya lo explicamos pero igual vamos a responder todo. Hay que investigar el origen del dinero. Si es lícito se terminó. El juez se equivocó, hace una valoración equivocada».

En el juzgado le hicieron saber los cargos que hay en su contra, y sus abogados se retiraron con un acta judicial en la que consta lo que ocurrió durante la entrevista.
El juez Lijo ahora debe decidir si lo convoca o no formalmente a indagatoria como lo solicitó el fiscal, pero en tribunales sostienen que el magistrado no tiene apuro. Que por lo pronto se dedicará en los próximos días a tomar una serie de declaraciones testimoniales que tiene previstas hasta mayo.
Por Vanesa Petrillo/minutouno.com

Di Lello pedirá hoy la indagatoria para Boudou

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El fiscal también le pedirá al juez Ariel Lijo que cite como acusados a Ricardo Echegaray y la familia Ciccone.
El año judicial empezó con una muy mala noticia para Amado Boudou: después de dos años de una investigación que tiene en vilo al vicepresidente, el fiscal del caso Ciccone preparó un pedido de indagatoria en su contra y planea presentarlo hoy.

El borrador que terminó de redactar Jorge Di Lello no sólo alcanza al vicepresidente. También le solicita al juez Ariel Lijo que cite como acusado al jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),Ricardo Echegaray. En ambos casos, como presuntos autores del delito de «negociaciones incompatibles» con sus cargos de funcionarios, según señala el diario La Nación.

El argumento del fiscal es que Boudou, cuando era ministro de Economía, «se interesó» indebidamente en el trámite del levantamiento de la quiebra de la ex imprenta Ciccone Calcográfica. No lo acusará de haber sido su dueño en las sombras, pero sí de haber intervenido en el plan ideado para salvar a la empresa y para contratar después desde el Estado la fabricación de billetes.

En cuanto a Echegaray, la acusación en su contra consiste en haberle dado un trato impositivo preferencial a la nueva Ciccone.

Boudou ya sabe que hoy pedirán su citación. Lo llamaron sus abogados ayer. Eduardo Durañona, uno de ellos, había estado por la mañana en la fiscalía. Más de media hora, en una reunión a puertas cerradas.

Una vez que el escrito esté presentado, el juez decidirá si hace lugar a las citaciones. La lista de los candidatos a ser indagados que preparó la fiscalía incluye también a otras nueve personas; entre ellas, Nicolás Ciccone, el fundador de la imprenta, y dos yernos suyos; el socio de Boudou José María Núñez Carmona, y el supuesto testaferro del vicepresidente, Alejando Vandenbroele.

Lijo no tiene plazo para contestarle al fiscal; ni siquiera tiene la obligación de hacerlo. «Vamos a leer el escrito que presente y después estudiaremos la situación», dijo, sin ningún ánimo revelador, una fuente del juzgado.

Este escrito no responde al plan que había diseñado el juez para la causa. Lijo tiene ordenada una serie de declaraciones de testigos que termina en mayo. No planeaba llamar a los acusados todavía. Es posible que su cronograma se vea alterado por esta presentación, pero nadie imagina una indagatoria del vicepresidente de urgencia. Mucho menos de Echegaray, que para el juez tiene carácter de testigo, no de acusado; lo mismo que los Ciccone.

El pedido de indagatoria golpea al vicepresidente en su costado más débil. Esta causa, que lo tiene amenazado desde hace dos años, no sólo limitó su proyección política y frustró sus aspiraciones de suceder a la Presidenta; fue determinante para que lo relegaran de la toma de decisiones y quedara limitado a una función poco más que protocolar.

Quien es el fiscal Di Lello

La existencia de un borrador que pedía la indagatoria del vicepresidente era, ayer temprano, un secreto; al mediodía, un rumor, y por la tarde, un dato dado por cierto en los pasillos de Comodoro Py por todos los interesados en el caso. Hasta antes de la feria, era algo insospechado. Di Lello está lejos de ser considerado un fiscal opositor. Es un peronista que estuvo preso en los 70 por participar de la lucha armada, que siempre tuvo buen diálogo con el Gobierno y que históricamente llevó todas sus causas sensibles con perfil bajo, con la abierta intensión de no levantar el tono político de los expedientes judiciales.

«No tengo alternativa», le dijo ayer a un colega. Di Lello no tenía previsto complicarle la vida ahora a Boudou, pero entendió que no le quedaba otra opción cuando Lijo decidió citar a los Ciccone en condición de testigos, la defensa de Boudou cuestionó esta medida y él tuvo que opinar. No compartía la visión del juez. Tampoco quería avalar las pretensiones de la defensa del vicepresidente. Consideró que eso lo forzaba a dejar por escrito qué rol le daba él a cada uno de los involucrados.

Entre los argumentos que Di Lello planea esgrimir para que se cite a Boudou está también la necesidad de que pueda defenderse y se defina su situación, máxime dado su cargo y toda la información que ha circulado sobre él, relató una fuente que conoce los planes de la fiscalía.

Di Lello no tiene previsto hacer propia la versión de los Ciccone, que señalaron a Boudou como el hombre que les robó su imprenta. Para el delito de «negociaciones incompatibles» basta con que el funcionario se haya interesado «en miras de un beneficio propio o de un tercero», en cualquier contrato u operación» en la que hubiera intervenido por su cargo. Alcanza con una acusación más suave.

La defensa de Boudou no esperaba enfrentar un pedido de indagatoria; al menos, no todavía. Su abogado Diego Pirota dijo ayer: «Considero innecesaria la convocatoria cuando Boudou ya ha dado las explicaciones en la causa voluntariamente». Pero parecía más enojado con Lijo. «El fiscal está actuando en respuesta a la serias irregularidades procesales cometidas por el juzgado, particularmente la decisión de citar como testigos a quienes resultan imputados por el fiscal», declaró Pirota a La Nación en referencia a los Ciccone, que declararon en diciembre y complicaron mucho la suerte de Boudou.
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Ciccone: Echegaray declaró y complicó aún más a Boudou

ECHEGARAY
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, declaró ayer por escrito y como testigo en la causa penal por la imprenta Ciccone y, en cierta manera, complicó al vicepresidente Amado Boudou.

Echegaray explicó que si aceptaba el plan de pagos de la ex Ciccone -ya con la intervención de la firma The Old Fund, ligada al abogado Alejandro Vandenbroele- y al que ya le había dado el OK Boudou, incurriría en un delito.

Esto es porque, según explicó el funcionario en su escrito, el plan implicaba una quita de deuda y esta no es facultad de la AFIP sino del Congreso, dijo. Por ello sí aceptó el organismo a su cargo otro plan que descartaba la idea original, pero incluía quita de intereses, una prerrogativa que tiene el organismo recaudador.

Las explicaciones de Echegaray fueron en línea con lo que ya había dicho públicamente sobre el asunto pero dejan mal parado al vicepresidente. Boudou niega conocer a Vandenbroele pese a las múltiples evidencias reunidas por la Justicia.

Los dichos de Echegaray incorporados ayer a la causa también ponen en duda el papel de su ex jefe de asesores, Rafael Resnick Brenner, quien también había dado su visto bueno al plan de pagos original.

El juez del concurso de acreedores, Javier Cosentino , había calificado de “llamativo” el cambio de opinión de la AFIP, por cuanto había pedido la declaración de quiebra de Ciccone -una postura inhabitual por parte del ente recaudador- y luego avino a su levantamiento con la aprobación del plan de pagos finalmente acordado.

Por ello es que al estallar el escándalo, el titular de la AFIP también había quedado en el medio de las sospechas. De hecho, su declaración como testigo generó la reacción de la defensa de Boudou, porque ella consideraba que estaba técnicamente imputado por el fiscal Jorge Di Lello. Esto generó además una disputa entre el fiscal y el juez Ariel Lijo.declaró ayer por escrito y como testigo en la causa penal por la imprenta Ciccone y, en cierta manera, complicó al vicepresidente Amado Boudou.

Echegaray explicó que si aceptaba el plan de pagos de la ex Ciccone -ya con la intervención de la firma The Old Fund, ligada al abogado Alejandro Vandenbroele- y al que ya le había dado el OK Boudou, incurriría en un delito.

Esto es porque, según explicó el funcionario en su escrito, el plan implicaba una quita de deuda y esta no es facultad de la AFIP sino del Congreso, dijo. Por ello sí aceptó el organismo a su cargo otro plan que descartaba la idea original, pero incluía quita de intereses, una prerrogativa que tiene el organismo recaudador.

Las explicaciones de Echegaray fueron en línea con lo que ya había dicho públicamente sobre el asunto pero dejan mal parado al vicepresidente. Boudou niega conocer a Vandenbroele pese a las múltiples evidencias reunidas por la Justicia.

Los dichos de Echegaray incorporados ayer a la causa también ponen en duda el papel de su ex jefe de asesores, Rafael Resnick Brenner, quien también había dado su visto bueno al plan de pagos original.

El juez del concurso de acreedores, Javier Cosentino , había calificado de “llamativo” el cambio de opinión de la AFIP, por cuanto había pedido la declaración de quiebra de Ciccone -una postura inhabitual por parte del ente recaudador- y luego avino a su levantamiento con la aprobación del plan de pagos finalmente acordado.

Por ello es que al estallar el escándalo, el titular de la AFIP también había quedado en el medio de las sospechas. De hecho, su declaración como testigo generó la reacción de la defensa de Boudou, porque ella consideraba que estaba técnicamente imputado por el fiscal Jorge Di Lello. Esto generó además una disputa entre el fiscal y el juez Ariel Lijo.
Diariohoy.net

Cartas documentos entre ex socios de Ciccone nombran a Boudou y complican su situación

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El empresario Guillermo Reinwick envió el año pasado tres cartas documentos a Alejandro Vanderbroele en las cuales durante la última pidió que se la reenvíe a “sus mandantes”: Amado Boudou y Jose María Núñez Carmona. Esta aparición complica aún más al vicepresidente al ser vinculado directamente con el caso Ciccone.

La tercer y última carta presentada por Reinwick está fechada el 19 de junio en la cual además de mencionar a Boudou, se niega a reunirse con Vanderbroele (tal como el mismo presidente de The Old Fund y de la ex Ciccone se lo pedía).

En Diciembre este yerno de Nicolás Ciconne se presentó ante el Juez Federal Ariel Lijo y ratificó sus dichos: principalmente que “Boudou y Nuñez Carmona se robaron la empresa”. Además dijo allí que Vanderbroele “era un muñeco”.

Las cartas documentos fueron tres, de las cuales dos fueron respondidas por Vanderbroele. En las mismas discuten entre los ex socios sobre los dichos de este último de que la decisión de objetar la expropiación de la imprenta se había realizado por “expresas directivas” de Reinwick. Luego Vanderbroele le pidió una reunión mediante la misma via judicial, a lo cual su ex socio se negó y se desvinculó totalmente tanto de él como de Boudou y Nuñez Carmona.
diariohoy.net

Un juez rechazó la recusación de Amado Boudou para apartarlo del caso Ciccone

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Juan Carlos Gemignani es uno de los integrantes de la Cámara de Casación que habían considerado válida la investigación abierta contra el ex ministro de Economía.

Amado Boudou sufrió hoy un nuevo revés en la Justicia: Juan Carlos Gemignani, integrante de la Cámara Nacional de Casación Penal, rechazó la recusación presentada por el vicepresidente para apartarlo del Caso Ciccone.

Gemignani es uno de los tres camaristas de la Sala IV de la Casación que habían confirmado días atrás la validez de la investigación abierta por el caso Ciccone contra Boudou; su socio José María Núñez Carmona, y su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele.

En su voto, el magistrado solicitó al juez federal Ariel Lijo, que lleva adelante la causa, que le otorgue la máxima protección posible a Laura Muñoz, la ex esposa de Vandenbroele.

Según explicó Gemignani, Muñoz puede encontrarse en serio riesgo tras declarar sobre «un grupo que, en consideración del cargo público ostentado por uno de sus integrantes [en alusión a Boudou], podía razonablemente asignársele una capacidad operativa de significativa trascendencia» para lastimarla.

Boudou era ministro de Economía cuando ocurrieron los hechos que se investigan, entre 2010 y 2011. Como tal, habría cometido supuestas negociaciones incompatibles con su cargo para favorecer la resurrección de la ex Ciccone Calcográfica cuando el misterioso fondo The Old Fund ya había tomado el control de la imprenta con Vandenbroele como presidente.
lanacion.com

Ratifican la reunión de Boudou y Ciccone en un canal de TV

Gabriel BiancoUn ex gerente de Telefé confirmó que hizo de nexo para que ambos se vieran en el 2010 cuando se negociaba la venta de la imprenta. Dio pocos detalles pero dijo que facilitó el ingreso del empresario.

“No lo recuerdo”. Gabriel Bianco, ex gerente de Telefé, repitió al menos diez veces ante el juez federal Ariel Lijo al declarar como testigo en la causa que complica al vicepresidente Amado Boudou por la venta de la ex Ciccone. Ni siquiera se acordaba su número de celular de memoria.

Con todo, Bianco confirmó ayer que el vice, su socio José María Núñez Carmona, y Nicolás Ciccone se cruzaron en los estudios de Telefé el 29 de julio de 2010, durante el programa AM, donde el Boudou asistió como invitado, tal como habían declarado el ex dueño de la imprenta y su yerno, Guillermo Reinwick.

Aquel encuentro comenzó a gestarse meses antes, casi de casualidad.

“Te dejo que viene «Budín» a casa”, habría dicho Bianco delante de su vecino del country Pacheco Golf Club, Reinwick, con quien además compartía una “actividad deportiva”.

Bianco se desempeñó de 1998 a 2010 como director comercial de marketing y negocios en la emisora. Reconoció que en 2010 “pude haber tenido algún llamado telefónico” a Núñez Carmona, pero aclaró que con el actual vice “no tengo la confianza suficiente ni estoy en su círculo íntimo”.

El yerno de Ciccone vio la chance para llegar al Gobierno y le pidió un encuentro en medio de la crisis de la imprenta. “En una oportunidad Guillermo me pide la posibilidad de un contacto para acceder en ese momento al Ministro de Economía“, recordó Bianco, quien conocía a Núñez Carmona y al vice de Mar de Plata. Con “Naringa” también había hechos negocios.

El encuentro se dio finalmente en los estudios de Telefé. Según Reinwick, Bianco lo llamó bien temprano aquella mañana para que vayan al canal.

Ante el juez, el ex gerente intentó suavizar su rol de nexo: “Surgió la instancia de Amado Boudou en une entrevista en el programa AM, y Guillermo me pide la posibilidad de ir con su suegro”, recordó. Pero cuando el juez le preguntó si autorizó el ingreso de Ciccone y su yerno al canal, respondió: “No lo recuerdo, pero sí posiblemente yo di aviso.

No lo recuerdo puntualmente pero en la práctica es posible que haya sido así”.

Nicolas Ciccone declaró el jueves pasado que hubo un breve contacto con el vice detrás de cámaras, donde Boudou le dijo que Núñez Carmona era su “hombre de confianza”, y que luego se entrevistaron en una oficina de Telefé, ya sin la presencia del vice.

Por la cantidad de testigos, Bianco no pudo desconocer el encuentro, aunque no confirmó la conversación entre Ciccone y Boudou. “Cuando termina la nota, recuerdo que Boudou se para, viene hacia la parte detrás de cámara y se retira del estudio. Recuerdo vagamente que saluda a toda la gente que está ahí”, relató Bianco, que estuvo acompañado por tres abogados de renombre.

Tampoco pudo precisar detalles de la reunión posterior en las instalaciones del canal. “No recuerdo ninguna reunión posterior. En realidad no solamente no recuerdo eso sino que tampoco recuerdo las reuniones que tuve durante ese día”, dijo. Y agregó: “La reconstrucción de ese día laboral es imposible realizarla”.

Lijo siguió indagando al testigo porque si hubo un encuentro, Bianco debería haber facilitado las oficinas.

“Puede ser, me pueden haber pedido un lugar. Lo que sí estoy seguro que en el momento del estudio es imposible (una reunión) por la dinámica”, admitió.

Según los otros dos testigos, en esa reunión, Núñez Carmona les dijo que solamente accedería a una sociedad si cedían el 70 por ciento del paquete accionario. El resto de la historia ya se conoce: los Ciccone tuvieron que acceder a la propuesta y se quedaron sin la máquina de hacer billetes.

Fuente: Clarín

Un testigo confirmó reunión entre Boudou y Ciccone

CicconeGabriel Bianco, ex directivo de Telefé, dijo que el vice y uno de los ex dueños de la imprenta estuvieron en el canal.

La situación judicial del vicepresidente en la causa Ciccone cada vez es más complicada. El ex gerente de Telefé, Gabriel Bianco, confirmó ayer ante la Justicia que hizo de nexo para que la familia Ciccone llegara en 2010 a contactarse con el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, y su amigo y socio José María Núñez Carmona.

“No lo recuerdo puntualmente pero posiblemente yo di aviso para que (los Ciccone) ingresaran al estudio” de Telefé justo cuando “Boudou estaba ahí dando una entrevista en vivo”, declaró Bianco, quien se desempeñó de 1998 a 2010 como director comercial de marketing y negocios en la emisora de TV. Y recordó: “Cuando Boudou terminó la nota se paró y vino hacia la parte de atrás de las cámaras y saludó a toda la gente que estaba ahí, entiendo que hubo un saludo general”. Ese día, según precisó Bianco, allí estaban Nicolás Ciccone, su yerno Guillermo Reinwick y Núñez Carmona.

Aquel encuentro ocurrido el 29 de julio de 2010 comenzó a gestarse meses antes. “Te dejo que viene ‘Budín’ a casa”, habría dicho Bianco delante de su vecino del country Pacheco Golf Club, Reinwick. El yerno de Ciccone vio la oportunidad para llegar al Gobierno y le pidió una reunión con Boudou.

“No recuerdo ninguna reunión posterior. La reconstrucción de ese día es imposible realizarla”, concluyó Bianco ante el juez Ariel Lijo. Así, Boudou quedó más complicado.

Fuente: La Razón

Complicó seriamente a Boudou un testigo clave del caso Ciccone

ReinwickEl yerno de uno de los fundadores de la imprenta detalló en la Justicia dos reuniones con el vicepresidente en las que se negoció el futuro de la empresa

Por primera vez, un actor central del caso Ciccone comprometió directamente a Amado Boudou ante la Justicia al detallar cómo el vicepresidente se reunió al menos dos veces con uno de los fundadores de la imprenta, Nicolás Ciccone, para dar inicio a las negociaciones que buscaban resucitar la empresa.

El testimonio llegó desde el corazón mismo de la familia que administraba la imprenta: Guillermo Reinwick, yerno de Nicolás Ciccone, contó cómo actuó de facilitador del primero de los encuentros con Boudou, el 29 de julio de 2010, en los estudios de Telefé. Ese día, según relató el testigo, el vicepresidente le dijo a Ciccone que para resolver la situación de la imprenta hablara con José María Núñez Carmona, su amigo y socio. Fue un encuentro de unos segundos detrás de las cámaras del programa AM, donde Boudou estaba como invitado.

Reinwick le dijo al juez que después, mientras el vicepresidente seguía al aire, Ciccone, Núñez Carmona y él fueron a una sala de reuniones del canal y que ahí, sobre una pizarra, el socio del vicepresidente describió su plan para salvar la imprenta.

Reinwick, que después se convirtió en dueño -al menos en los papeles- del misterioso fondo The Old Fund, controlante de la imprenta, declaró ayer durante siete horas en el juzgado federal de Ariel Lijo, quien investiga al vicepresidente, acusado de haberse involucrado ilegalmente en la suerte de la empresa. Además de las revelaciones que comprometieron a Boudou, Reinwick contó que fue amenazado, motivo por el cual tras declarar se lo incluyó en el programa de protección de testigos.

«No le saques el culo a la jeringa»; «Estás abriendo mucho la boca», son frases que ayer Reinwick le adjudicó a Núñez Carmona. Declaró incluso que en una reunión, mientras tomaba Fanta del pico, lo amenazó con que si declaraba ante la Justicia y «tocaba» al vicepresidente, le iba a «meter un tiro» a uno de sus hijos.

Reinwick declaró que fue por miedo que calló y que accedió a firmar una serie de documentos de The Old Fund como controlante de la ex Ciccone, que ahora lo complican.

Eran las 17.20 y en el tercer piso de Comodoro Py la audiencia llevaba más de cinco horas cuando llegó apurado un hombre del programa de protección de testigos del Ministerio de Justicia. Lo habían llamado de urgencia para garantizar la seguridad de Reinwick, que a partir de ahora, tendrá un teléfono con un botón antipánico. «No puedo decir nada. Sólo que lo que tenía que declarar lo declaré todo, de «pe’ a pa»», dijo el testigo cuando dejó el juzgado. Ya no lloraba, pero todavía temblaba.

En su declaración, explicó cómo logró llegar al vicepresidente, relató dos encuentros de Boudou con los Ciccone (el de Telefé y otro en el bar I Fresh Market, de Puerto Madero, a pedido del otro fundador de la imprenta, Héctor Ciccone) y contó cómo pretendieron resolver la crisis que se generó cuando el caso salió a la luz. Según dijo ayer, la solicitada que firmó negando las acusaciones públicas, no fue redactada por él. Más aún, declaró que jamás la firmó, y que se enteró de su existencia cuando la vio publicada en los diarios.

Como consecuencia de las amenazas que dice haber sufrido, el juez le permitió que Reinwick declarar sin la presencia de los abogados de Boudou, Diego Pirota y Eduardo Durañona, que estuvieron toda la tarde esperando en el pasillo. «Este acto es nulo», se quejaba Pirota, que planea pedir hoy que el testimonio quede sin efecto y analiza denunciar a Reinwick por falso testimonio.

No sólo cuestiona que lo hayan dejado fuera de la audiencia; también, que Reinwick haya pasado de imputado (tal era su condición en la causa) a testigo. Eso lo saca de la lista de los acusados.

Lijo había dispuesto que una vez terminada la declaración de Reinwick, las defensas pudieran interrogar al testigo. Debían presentar un pliego con preguntas, que el juzgado le leería a Reinwick. Pirota se negó. No estaba dispuesto a hacer nada que convalidara la declaración. El abogado cuestionó además la actuación del fiscal Jorge Di Lello. Se quejó de que él -que sí estaba autorizado a presenciar la audiencia- se hubiera ido dejando en su lugar a personal de la fiscalía y que no se hubiera opuesto a que el imputado se convirtiera en testigo.

Pirota no sabía que horas antes Di Lello había presentado un escrito en la causa en el que le advirtió al juez que algunas de las personas que había citado como testigos habían sido imputadas. No lo cuestionó; se lo advirtió, sostuvo, «a los fines que el juzgado estime corresponder».

En ese mismo escrito, Di Lello le pidió que citara a declarar, también como testigo y no como acusado, al banquero Jorge Brito para que explique cuál fue el rol del Banco Macro, entidad sospechada de haber financiado la resurrección de la imprenta. Según declaró Reinwick, la historia que «marcó un antes y un después» en su vida empezó cuando, desesperada por salvar la compañía, la familia Ciccone buscó conseguir los favores del Gobierno.

Reinwick dijo que el primer intento fue con el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a través del dueño del Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt. No prosperó. Cuenta que después, por casualidad, corriendo por el Pacheco Golf Club se encontró con Gabriel Bianco, que era director comercial de Telefé, quien le contó que tenía llegada a «budín». Según los dichos de Reinwick, que LA NACION reconstruyó sobre la base de fuentes que accedieron a la declaración, «budín» era Boudou.

Para preparar el encuentro con el vicepresidente, Bianco, Núñez Carmona y Reinwick mantuvieron antes una reunión en el Hotel Hilton. Según declaró el testigo, Nicolás Ciccone estaba desesperado, pero le pareció «poco serio» que el encuentro con Boudou fuera en un set de televisión. No obstante, accedió.

Reinwick habló también de Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro de Boudou y titular de The Old Fund, que levantó la quiebra de Ciccone. Dijo que Núñez Carmona se lo había presentado como su «empleado», como alguien de su confianza.

La ronda de declaraciones seguirá mañana, con Nicolás Ciccone. Si confirma la versión de su yerno, complicará aún más la situación de Boudou.

DE SALVADOR A PERSEGUIDO

El yerno de Ciccone fue quien acercó a Boudou

Guillermo Reinwick
Titular de The Old Fund
Tiene 46 años y es uno de los yernos de Nicolás Ciccone, uno de los hermanos fundadores de la imprenta.

Reinwick le comunicó a su suegro, desesperado por resucitar la empresa en quiebra, que tenía un amigo para llegar al entones ministro de Economía Amado Boudou.
Dueño del bar Francesca del Patio Bullrich, entre otros restaurantes, Reinwick conocía al director de Telefé, Gabriel Bianco, que conocía a Boudou.
A través de Bianco, se sucedieron las reuniones: en el hotel Hilton, en Telefé, en el I Fresh Market de Puerto Madero y en la propia casa de Reinwick.
Casado con Lorena Ciccone y padre de seis chicos, Reinwick pidió a la Justicia que le garantice la seguridad a su familia..

Fuente: La Nación

Ciccone: Lijo ordenó que el Gobierno proteja a la ex esposa de Vandenbroele

Laura Munoz

El juez federal Ariel Lijo ordenó ayer al Ministerio de Justicia de la Nación que disponga todos los medios posibles para brindarle protección a Laura Muñoz, ex esposa de Alejandro Vandenbroele, el presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou.

El juez federal Ariel Lijo ordenó ayer al Ministerio de Justicia de la Nación que disponga todos los medios posibles para brindarle protección a la ex esposa del presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, según dijeron fuentes judiciales al diario Clarín.

Se trata de Laura Muñoz, quien el año pasado dijo sentirse amenazada por su esposo, en proceso de divorcio, el abogado Alejandro Vandenbroele, y lo reiteró el fin de semana pasado a diversos medios de prensa.

El magistrado adoptó esa medida luego de recibir el expediente del llamado “caso Ciccone” de la Cámara Federal de Casación Penal, que el viernes pasado validó el testimonio de Muñoz en la causa y el allanamiento a su vivienda en Mendoza. Ambas pruebas habían sido objetadas por la defensa de Vandenbroele. Muñoz había dicho que su marido tenía “negocios” con Boudou.

Uno de los camaristas de Casación, Juan Carlos Gemignani, incluso pidió en el fallo de la semana pasada que el juez instructor de la causa, Lijo, “arbitre los medios necesarios para brindar a la testigo y sus hijos máxima seguridad”.

Gemignani además, citó textual lo que había dicho Muñoz el año pasado, al inicio de la causa, ante el fiscal Carlos Rívolo en su declaración testimonial: “Yo quiero decir que estoy amenazada, yo tuve que salir a decir públicamente lo que sé para salvar mi vida y la de mis hijos porque si yo no me hacía pública a mí me iban a matar. El me amenazó reiteradamente y ocurrieron hechos que estoy convencida que fueron encargados por él”, había declarado Muñoz en referencia a Vandenbroele.

La Secretaría de Justicia, a cargo de Julián Alvarez, es la dependencia que tiene a su cargo el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, creado hace una década originalmente para casos de secuestros extorsivos y terrorismo. Dos de las condiciones para la incorporación de protegidos al programa son que lo pida el juez de la causa en la que declaró ese testigo y que éste acepte la protección.

Ahora, según dijeron en Tribunales, el Ministerio de Justicia deberá contactarse con Muñoz para ver si acepta la protección y de qué manera se implementa ésta. Por caso, este año una ex secretaria del fallecido presidente Néstor Kirchner, Myriam Quiroga, rechazó la protección luego de declarar sobre las valijas con dinero que dijo haber visto en poder del ex secretario privado del primer mandatario, Daniel Muñoz.

“En 2012 sólo tuve un patrullero en la puerta de casa por unos meses, después me quitaron la custodia. Pero, curiosamente, varios domingos durante el programa de Jorge Lanata PPT apareció un móvil policial frente a mi casa. Nunca entendí por qué”, le dijo el viernes pasado Muñoz a Clarín, luego de conocerse el fallo que validaba su testimonio.

Lijo investiga si Boudou se enriqueció ilícitamente y si cometió el delito de tráfico de influencia para sacar de la quiebra a la empresa Ciccone, comprada por una firma presidida por el abogado, a quien niega conocer.
lapoliticaonline.com

Benefician a Jaime en una causa por corrupción y anulan un juicio en su contra

Ricardo Jaime

 

La Cámara de Casación Penal decidió que no se lleve adelante la convocatoria a un juicio oral por «dádivas» del ex secretario de Transporte kirchnerista. El ex funcionario, otra vez beneficiado por la Justicia.

 

jaime

 

La Justicia volvió a beneficiar al ex funcionario kirchnerista Ricardo Jaime en una causa por corrupción por los mismos camaristas que abrieron el camino para cerrar el caso Ciccone donde está imputado el vicepresidente Amado Boudou.

La Cámara Federal de Casación Penal anuló hoy el juicio oral por «dádivas» del ex secretario de Transporte K y del empresario Claudio Cirigliano.

La sala IV del Máximo Tribunal penal del país anuló el llamado hecho por el magistrado Ercolini en octubre pasado, ya que los camaristas entendieron que dicho juez convocó a las partes al debate cuando estaba en pleno trámite un planteo para apartarlo del juzgamiento del caso.

Los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky atendieron el pedido de Jaime y declararon nulo el llamado a juicio oral y público que hizo el juez Julián Ercolini en un caso de dádivas, según informó el portal de noticias Infobae.

Lo más grave es que, con esta resolución de Casación quedaría prescripto el caso en el que se iba a juzgar a Jaime y a los empresarios de TBA por viajes en taxis aéreos por parte del funcionario que debía controlar la explotación del ferrocarril Sarmiento y Mitre.
clarin.com

Por primera vez desde que estalló, el escándalo Ciccone llega a la Corte

BoudouSi ya no tenía suficiente, ahora la Corte Suprema de Justicia sumará un nuevo desafío. Deberá lidiar, por primera vez, con el «caso Ciccone». Decidirá si es constitucional que el Gobierno esté de ambos lados del mostrador a la hora de negociar si la familia fundadora de la imprenta debe cobrar una indemnización por un contrato multimillonario que rescindió la Policía Federal.

El arribo del «caso Ciccone» a la Corte se definió el martes pasado , cuando la sala D de la Cámara Comercial admitió un recurso extraordinario de la familia fundadora, que considera que, en pleno proceso de expropiación de la imprenta, el Gobierno viola sus derechos de defensa y de propiedad, según consta en la copia de la resolución judicial que obtuvo LA NACION.

El reclamo de los Ciccone se centra en un tramo menor de toda la madeja judicial que los rodea junto al abogado Alejandro Vandenbroele y el vicepresidente Amado Boudou, pero que se convirtió en la senda para la discusión de fondo. La familia, que aún retiene el 30% de las acciones de la compañía, ya anticipó que reclamará la restitución del 70% restante al misterioso The Old Fund, del que ahora además exige conocer quiénes son los verdaderos dueños.

La disputa que ahora llegará a la Corte abarca una fortuna. Los Ciccone le reclaman a la Policía Federal una indemnización de $ 86,2 millones por los bienes y equipos de la compañía que la fuerza utilizó durante varios años para confeccionar los pasaportes y cédulas de identidad, para luego, de improviso, prescindir del servicio.

Al caerse el contrato, los Ciccone reclamaron por la vía administrativa, que incluyó una firma de la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré. Hasta que tras casi dos años de idas y venidas, la Policía concluyó el 16 de agosto pasado que correspondía indemnizarlos con sólo 13.203 pesos.

El bajísimo monto otorgado podría responder al contexto temporal. Para entonces, el escándalo por el «caso Ciccone» ya superaba los seis meses y había provocado la apertura de una investigación penal en la que Boudou se encuentra imputado por la presunta comisión de múltiples delitos. Y nueve días antes de la decisión de la Policía, el Gobierno había anunciado la intervención oficial de la imprenta, que por entonces imprimía decenas de millones de billetes de 100 pesos.

Con el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, ya como interventor de la empresa, los Ciccone comenzaron a objetar la situación alrededor del contrato con la Policía. En particular, que la discusión por el monto del resarcimiento quedara en manos del Palacio de Hacienda, por un lado, y el Ministerio de Seguridad, por el otro. Es decir, que lo definieran funcionarios políticos del mismo Gobierno.

CHEQUERA EN JUEGO

La discusión entre los Ciccone y la Policía podría parecer menor para la Casa Rosada, pero no lo es. El Gobierno prometió que la expropiación no les costará un centavo a las arcas públicas. Hasta ahora, eso sería posible si prospera la compensación que decidió la AFIP, por $ 275 millones, con las deudas impositivas de la propia compañía.

Sin embargo, si la Justicia termina por convalidar el reclamo de los Ciccone y los habilita a defenderse -o que lo haga el síndico del concurso por ellos y en nombre de todos los acreedores de la empresa- la cuenta para el Estado podría complicarse. Y sumarle al Tesoro un pasivo de decenas de millones de pesos.

Ya planteado ese reclamo en el expediente del concurso, el síndico Martín Stolkiner impulsó la idea de que no debía quedar Lorenzino a cargo de esa negociación y así lo dispuso el juez en lo Comercial, Javier Cosentino. Calificó la situación del ministro de Economía de una «evidente incompatibilidad».

Sin embargo, el Gobierno apeló y logró revertir la situación en la Cámara, con los votos de Pablo Heredia y Juan José Dieuzeide, en tanto que Gerardo Vasallo convalidó la posición de Cosentino y del síndico.

Con el fallo adverso, Stolkiner decidió no apelar, por lo que quedó en manos de la familia intentar llegar a la Corte a través de un recurso extraordinario. El martes 25, con el voto de esos mismos tres camaristas, Nicolás Ciccone y las hijas de su fallecido hermano Héctor, Silvia y Graciela, lo lograron.

Así, ahora será el turno de la Corte de abordar un tramo del «caso Ciccone», en un clima enrarecido con el Gobierno tras el fallo en contra de la reforma del Consejo de la Magistratura. La relación vive semanas de tensión creciente mientras el tribunal debe evaluar la validez de la ley de medios. Esa tensión incluye varios episodios recientes. Entre otros, el proyecto kirchnerista para sacarle al tribunal sus facultades presupuestarias y de administración del Poder Judicial, y el contrapunto con la AFIP por la presunta investigación de su presidente, Ricardo Lorenzetti, y sus hijos.

La decisión que adopte la Corte también podría impactar en el desembarco oficial en la imprenta.

Si declara inconstitucional que funcionarios del Gobierno se ubiquen de ambos lados del mostrador por un contrato con la Policía, la Corte fijaría al mismo tiempo un precedente sobre la cuestión de fondo. Es decir, que los funcionarios también negocien de ambos lados del mostrador cuál será la indemnización a los Ciccone por la expropiación.

UN JUICIO POR VARIOS MILLONES

Podría caerse la promesa de una expropiación gratuita

El contrato
Durante años, Ciccone Calcográfica aportó los equipos indispensables para que la Policía Federal confeccionara los pasaportes
Lo inesperado
Tras comunicarle que invocaría la «opción de compra» sobre los equipos, la Policía volvió sobre sus pasos y cortó los lazos con la firma
Los montos
Desde diciembre de 2010, los Ciccone reclaman una indemnización por $ 86,2 millones; en agosto de 2012, nueve días después de intervenida la imprenta, llegó la respuesta: 13.203 pesos
El reclamo
Los Ciccone sostienen que no pueden defender su patrimonio, ya que el área del Gobierno a cargo de la intervención debería reclamarle a otra del mismo Gobierno que mejore ese paupérrimo monto
La Justicia
Tras reclamar en el concurso de la imprenta, la Cámara en lo Comercial habilitó a los Ciccone a llegar a la Corte Suprema

Fuente: La Nación

Causa Ciccone: aseguran que protegen a Boudou

boudou
Un ex inspector de la Inspección General de Justicia (IGJ), Fernando Scanavino, aseveró que hay datos que comprometen al vicepresidente.

«La orden era ‘proteger a Boudou'». Según denunció un ex inspector del departamento de Inspección General de Justicia (IJG), Fernando Scanavino, autoridades del organismo de control daban esa orden al tiempo que impedían revelar información clave del caso Ciccone que pudiese comprometer al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.

Según reveló un artículo del periodista Hugo Alconada Mon -Protegieron a Boudou por un cepo informativo por el caso Ciccone-, publicado en la edición impresa del matutino La Nación, cuando se destapó la olla del caso Ciccone, los altos mandos de la Inspección General de Justicia (IGJ) hicieron todo lo posible para no develar documentos y bases de datos que pudiesen comprometer a la mano derecha de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Casi sin importar bajo qué mecanismo y medio, la orden expresa, según reveló Alconada Mon en su artículo, era «proteger a Boudou» a como diese lugar. Así, la instrucción era impedir que información societaria clave -sobre la ex Calcográfica Ciccone- llegase a mano de magistrados que estuvieran investigando el caso.

«Hacia mediados del año pasado, cuando estaba al frente del organismo, Norberto Berner conformó un grupo de funcionarios que aportaron propuestas y fundamentos para negar el ‘acceso a la información contenida en las bases de datos de la IGJ’ y evitar que los reclamos posteriores por la denegatoria llegaran a la Justicia, según esos documentos», según publicó esta mañana el periodista de La Nación Alconada Mon.

En tal sentido, el periodista del matutino porteño presentó a Fernando Scanavino un ex inspector legal del organismo quien constató y confirmó tales dudosos procedimientos.

«La orden era proteger a Boudou y no dar nada sobre él ni sobre el caso Ciccone», afirmó Scanavino, que se desempeñó como inspector legal de sociedades comerciales en la IGJ hasta fines del año pasado, cuando se convirtió en el primer abogado despedido sin causa del organismo desde los años ’90, de acuerdo con la nota que publicó Alconada Mon.

Según Scanavino desde que llegó La Cámpora, agrupación política kirchnerista, a la IGJ todo se volvió mucho más complejo y él se convirtió en un denunciante de las irregularidades que fue notando.

De acuerdo con lo que publicó Alconada Mon, la discusión se centraba en ver «cómo se podía limitar el acceso a la información a la Justicia. Porque las respuestas a los oficios tampoco quedaban para el común de los abogados. Se encargaba la jefa de nuestra área», aludiendo a Graciela Susana Junqueira, titular del Departamento de Denuncias y Fiscalización de Sociedades Comerciales, a cargo de dar respuesta a los oficios enviados por los jueces.

Scanavino afirmó, además, que el control de la información se plasmó incluso a «los expedientes calificados como sensibles, que se movían por las oficinas de manera informal». Así, en el sistema informático de la IGJ, por ejemplo, «aparecía que el legajo de The Old Fund [por la misteriosa sociedad controlante de la ex Ciccone] lo tenía un inspector, pero estaba sobre el escritorio de nuestra jefa».

Antes de su enfrentamiento final, sin embargo, a Scanavino lo creyeron «tropa propia». Por eso primero le preguntaron si no quería sumarse a La Cámpora. Y luego lo invitaron al «ateneo» que creó Berner para que lo proveyeran de ideas, propuestas y fundamentos. Por ejemplo, para «buscar la manera de que el solicitante [de datos] acredite legitimación, cuyo grado de complejidad varía según la información que requiere», según consta en las copias de algunos de los mails que cruzó el grupo.

El debate entre los colaboradores de Berner pasó por cuáles datos debían ser «de acceso directo», cómo lidiar con «quienes son terceros completamente ajenos a la entidad» sobre la cual pedían datos, fijar un umbral algo más «general» para quienes figuren como «socios minoritarios, mayoritarios, vinculadas, etc.» de la empresa sobre la que piden datos, y «algo especial para profesionales, especialmente abogados, escribanos y contadores».

Enfrentado ya con sus superiores por varias de esas prácticas, sin embargo, Scanavino terminó por recibir una carta documento, el 20 de noviembre pasado, por la que se le comunicaba su salida de la IGJ, aunque aun así lo mantuvieron dentro del listado que recibía los mails del grupo de «expertos» de Berner.

«Fui el primer abogado despedido sin causa de la IGJ desde los años 90, con Carlos Menem, sin sumario ni sanción previa», relató. Y, también en línea con lo que afrontó Martínez, cuando volvió al organismo para pedir explicaciones y retirar sus cosas se encontró con que ya no tenía clave de acceso ni usuario informático.

La notificación formal de su despido, sin embargo, no la firmó él, sino su jefa, Junqueira, que obligó a los demás inspectores de su área que firmaran la hoja y estamparan sus sellos. «Fue una forma de enviarles un mensaje, de amedrentarlos», sostuvo Scanavino, que aun así recibió una nota de apoyo firmada por todos sus compañeros de oficina, con la excepción de su jefa y del inspector de La Cámpora.

Al igual que Martínez, también, Scanavino intentó recurrir al ministro de Justicia, Julio Alak, y a distintas dependencias, como la Secretaría de Derechos Humanos, el Inadi -donde se negaron al principio a recibirle su presentación- y hasta la Presidencia de la Nación. No obtuvo respuestas formales. Sólo recibió una llamada telefónica, para informarle que se había concluido que no se le había afectado un derecho humano.
mdzol.com

Boudou seguirá bajo proceso por Ciccone

Lijo desestimó el pedido de los abogados del vice por no ser “idóneo”. La investigación es por enriquecimiento ilícito.

La Justicia rechazó un pedido de sobreseimiento del vicepresidente Amado Boudou, quien seguirá siendo investigado por el caso de la empresa Ciccone, hoy estatizada y a cargo de la impresión de billetes. El juez federal Ariel Lijo decidió rechazar una excepción de falta de acción interpuesta el viernes pasado por la defensa de Boudou, que sostenía que se debía dictar un “sobreseimiento” por “atipicidad legal” de su conducta, según indicó el Centro de Información Judicial (CIJ).

Lijo sostuvo que la vía intentada por los abogados de Boudou para cerrar la causa en la que está investigado no era la idónea para pedir el sobreseimiento, por entender que esta solución legal es excepcional y sólo está reservada para aquellos casos en los que la investigación versa sobre hechos claramente atípicos.

Boudou está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles

Fuente: LA Razón

AFIP rechazó el reclamo de una indemnización por la imprenta Ciccone

El Gobierno, a través de la la AFIP, dio por concluido el proceso de expropiación de la ex Ciccone Calcográfica y determinó que no abonará indemnización a los acreedores de la imprenta que el kirchnerismo estatizó el año pasado, en medio del escándalo por tráfico de influencias que involucra al vicepresidente Amado Boudou.

Según el Boletín Oficial de ayer, la AFIP aprobó la gestión de la Autoridad de Ejecución del Organismo Expropiante de la Compañía de Valores Sudamericana, que determinó que la estatización se pagará con las deudas que la imprenta mantenía con el organismo.

De este modo, los bienes de calcográfico fueron transferidos en su totalidad a la Casa de Moneda mediante la firma de un Convenio de Avenimiento de Expropiación.

De todos modos, más allá de la resolución de la AFIP, la cuestión se resolverá en Tribunales, ya que días atrás, el escribano y empresario de medios K Raúl Moneta aseguró haber sido el dueño de Ciccone Calcográfica y pidió a la Justicia que el Estado le pague una indemnización por la expropiación de la imprenta.

En esa presentación, Moneta afirmó por primera vez públicamente que fue accionista de la imprenta y explicó que, a través de la firma panameña Mayer Business Corporation, habría financiado a la compañía. Asimismo, detalló que a cambio de esa asistencia financiera, unos 35 millones dólares, habría recibido acciones como prenda, por lo que si no recobra esa cifra en agosto, se quedará con el manejo de la empresa.

Este convenio, Moneta lo habría realizado con The Old Fund, dirigida por Alejandro Vandenbroele, a quien su ex esposa acusó de ser “testaferro” de Boudou. La firma, además, estuvo integrada también por amigos del vice y de su socio, el millonario José María Núñez Carmona.

En agosto pasado, el kirchnerismo logró aprobar en el Congreso la expropiación, pese a que desde la oposición se opuso, alegando que el objetivo del Gobierno era encubrir el presunto vínculo ilegal de Amado Boudou con la compañía. El vicepresidente está imputado en la causa por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.

Fuente: Clarìn

Ciccone: el Gobierno busca evitar la quiebra

La firma no pagará impuestos a la AFIP, que compensará $ 240 millones

La presidenta Cristina Kirchner dispuso ayer una serie de medidas que permitirán evitar que la Justicia ordene la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica, intervenida desde agosto pasado.

Las medidas quedaron plasmadas en el decreto 252/2013, por el que se suspendieron las obligaciones impositivas, previsionales y aduaneras que la ex Ciccone había comenzado a incumplir en los últimos meses.

Esos incumplimientos, sumados al rojo operativo registrado desde el año pasado, habían llevado a la Justicia a convocar a una audiencia para el martes próximo entre el interventor (el ministro de Economía, Hernán Lorenzino) y el síndico del concurso, Martín Stolkiner, como paso previo a evaluar si correspondía disponer la quiebra.

La Presidenta también autorizó a compensar el costo que insumirá expropiar la ex Ciccone -rebautizada Compañía de Valores Sudamericana- con las deudas tributarias y previsionales que la imprenta arrastraba desde hace años con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

De este modo, la expropiación le costará al Estado, al menos, $ 240 millones que la AFIP dejará de percibir en impuestos, intereses, multas, honorarios y cargas sociales impagos, a pesar de los planes excepcionales de pago que gestionó y obtuvo el entonces presidente de la imprenta, Alejandro Vandenbroele, investigado por la justicia penal como presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou.

El costo para las arcas fiscales, sin embargo, podría elevarse aún más. Dependerá del valor de expropiación de la empresa, que deberá estimar el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que depende del Ministerio de Planificación y al que la Presidenta ordenó ayer que fije el «justiprecio de los bienes» de la compañía..

Fuente: La Naciòn

Cómo Boudou llegó a hacerse cargo de la gestión por Ciccone

Por Nicolás Wiñazki

El primer contacto con los dueños de la imprenta lo concretaron dos amigos del ex presidente Néstor Kirchner. Al fracasar, el vice se involucró en el operativo de “rescate” de la compañía.Con la ayuda que da el poder del Estado, el ex presidente Néstor Kirchner coordinó desde su inicio el rescate financiero de la imprenta Ciccone Calcográfica.

Tras la muerte del santacruceño, la operación quedó bajo control de Amado Boudou, quien se entrevistó personalmente con integrantes de la familia Ciccone en dos ocasiones (ver pag. 6). El rol que tuvo el vice en esta operatoria es investigado por la Justicia Federal. Tras el escándalo político y judicial que provocó el avance del expediente Ciccone, Cristina Kirchner defendió a Boudou y decidió estatizar la imprenta de la polémica.

Esa última parte de la historia es más conocida. Pero recién ahora se revela que, a principios del 2010, los hermanos Nicolás y Héctor Ciccone, fundadores de la empresa, buscaron la ayuda de Kirchner. Se sentían acorralados por el fisco. Mientras el Gobierno no les abonaba lo que les debía por haber confeccionado los pasaportes, la AFIP les reclamaba por sus impuestos impagos. Kirchner aceptó dialogar con ellos pero mediante la gestión de interlocutores de confianza.

Dos de los mejores amigos del ex presidente se reunieron con los Ciccone: el ex chofer de los Kirchner, Rudy Ulloa Igor, y el actual embajador en Uruguay, Dante Dovena, escucharon a los empresarios en un encuentro que se desarrolló en el restaurante La Stampa, del barrio porteño de Belgrano.

Dirigentes que tienen relación con Ulloa Igor recordaron que se había ocupado de este tem a, pero él no respondió los llamados de Clarín. El embajador Dovena tampoco atendió. Y los Ciccone no quisieron hacer comentarios al respecto.

En un principio, en Ciccone creyeron que la gestión ante Kirchner iba a dar un buen resultado. Si la empresa conseguía el financiamiento que podría acercar algún empresario K, sería beneficiada con un contrato de confección de papel moneda, fue el mensaje que les habría llegado desde la Quinta de Olivos. Pero eso nunca pasó. Y en cambio, en la compañía notaron la hostilidad del Gobierno.

En julio del 2010, la AFIP, de Ricardo Echegaray, pidió la quiebra de la imprenta. El funcionario actuó por orden de Kirchner, aseguraron fuentes oficiales que conocen la trastienda del caso.

Los hermanos Ciccone quedaron en una posición de total debilidad para negociar con algún potencial comprador de su empresa. Poco después, el juez de la quiebra de la compañía, Javier Cosentino, recibió dos ofertas por Ciccone Calcográfica. Una era del Estado, que quería utilizarla para imprimir dinero. La otra fue de la firma Boldt. El magistrado aceptó esta última.

En medio, y acosados por las deudas, los Ciccone volvieron a contactarse con el entorno de Kirchner. Su interlocutor, esta vez, fue José María Núñez Carmona, el socio del entonces ministro Boudou.

Según pudo reconstruir Clarín, Núñez Carmona le transmitió a Boudou que los Ciccone aceptarían vender parte de su empresa si el Estado volvía a contratarla para imprimir documentos de alta seguridad o papel moneda.

Boudou le contó estas novedades a Néstor Kirchner un viernes a la noche en la Quinta de Olivos, después de jugar un partido de fútbol en el que el santacruceño se desempeñó como defensor, describieron a Clarín fuentes al tanto de esa escena. A partir de entonces, la actitud de la Casa Rosada respecto a Ciccone cambió por completo.

El expediente comercial del caso se empezó a mover por acción de varios funcionarios que respondían al ex presidente.

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, presentó en los tribunales un escrito contra Boldt, la empresa que alquilaba la sede de Ciccone Calcográfica: ese texto se basó en una resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La AFIP levantó el pedido de quiebra que había presentado dos meses antes.

La familia Ciccone ya había aceptado que la mayoría de las acciones de su empresa pasen a ser controladas por The Old Fund S.A. El director de esa sociedad era Alejandro Vandenbroele, ex pariente político del socio de Boudou; uno de sus accionistas minoritarios era Sergio Gustavo Martínez, viejo amigo de la juventud del actual vice.

Néstor Kirchner se murió el 27 de octubre del 2010.

Dos días después, The Old Fund cambió su directorio y recibió un aporte millonario de otra sociedad anónima.

The Old Fund logró quedarse con el control de Ciccone Calcográfica en julio del 2011.

Fuente: Clarín

Ciccone: la IGJ adulteró datos claves de sus registros oficiales

Ocurrió luego de una denuncia por el extravío de legajos sobre tres sociedades claves en la investigación que complica a Amado Boudou. Advierten que la maniobra de la Inspección General de Justicia se realizó para “emprolijar” y porque faltaba documentación.
El diario La Nación reveló que, tras la misteriosa desaparición de tres expedientes importantes para la investigación del caso Ciccone, la Inspección General de Justicia (IGJ) adulteró sus registros informáticos y modificó los trámites de reconstrucción y los sumarios derivados de ese extravío.

La adulteración de los registros informáticos ocurrió a partir del viernes 21 de diciembre pasado y se concentró en los legajos de The Old Fund, Ciccone Calcográfica y London Supply, las tres sociedades clave en la investigación que busca determinar cómo ocurrió el desembarco en la imprenta de Alejandro Vandenbroele, el presunto testaferro de Boudou.

Hasta mediados de diciembre, el sistema informático interno de la IGJ, conocido como «ARGA», mostraba que la Oficina Judicial había completado la reconstrucción de los tres legajos robados o extraviados. En el caso de The Old Fund, el expediente había sido enviado al Archivo, donde se encontraba desde el 21 de mayo.

Sin embargo, tras la denuncia del robo o extravío de esos legajos, el registro informático comenzó a mostrar cambios notorios. En los casos de la Compañía de Valores Sudamericana (el nuevo nombre que se le dio a la ex Ciccone Calcográfica) y de London Supply, apareció un sorpresivo paso el 26 de diciembre por la secretaría privada del titular del organismo, Norberto Berner.

«Fue para emprolijar, porque faltaba documentación y hasta habían mezclado documentos de un expediente de reconstrucción en el de otro», indicó una fuente al tanto de lo ocurrido dentro del organismo.

En el caso de The Old Fund, la adulteración fue más drástica aún. Alguien borró su estancia desde mayo en el Archivo de la IGJ y rearmó el legajo como que pasó, sin escala alguna por el Archivo, de la Dirección de Sociedades Comerciales, donde ahora figura como que estuvo desde el 18 de mayo, a la Oficina Judicial, adonde arribó también el 28 de diciembre.

La adulteración de las informaciones sumariales -es decir, la teórica investigación interna sobre cómo y quiénes pudieron extraviar o robarse los tres expedientes- resulta todavía más ostensible, según surge de esos registros informáticos del último mes.

De acuerdo con las pantallas del «ARGA» de mediados de diciembre, los tres sumarios habían pasado por distintas áreas de la IGJ, hasta que recalaron en la Oficina Judicial. De allí pasaron a la secretaría privada de Berner el 4 de diciembre y, apenas minutos después, se enviaron a la División Despacho General y Personal. Es decir, el área que registra las resoluciones emitidas por el inspector general de Justicia, como si Berner hubiera firmado resoluciones en los tres sumarios, según los procedimientos habituales y los precedentes verificados en otros expedientes en procesos de reconstrucción en el organismo.

Tras la primera denuncia sobre este tema, sin embargo, en las hojas de ruta informáticas de esos tres sumarios desapareció el paso por la División Despacho. Ahora, el sistema «ARGA» expone que los tres llegaron el 4 a la secretaría privada de Berner, pero que el 17 de diciembre retornaron a la Oficina Judicial, donde se asignaron el 21 a la sumariante Beatriz Grassi. Es decir, sin un paso por la División Despacho ni margen alguno para supuestas resoluciones firmadas por Berner en los tres casos.

La designación de Grassi -que figura como la funcionaria «30» en el sistema «ARGA»- a cargo de esos sumarios levantó mucha polémica y comentarios dentro de la Inspección General de Justicia. En particular, porque la cadena de responsabilidades por el extravío o robo de esos legajos llega hasta el entonces titular del organismo, Marcelo Mamberti, y su secretaria privada.

El «ruido» dentro de la IGJ se debe a los antecedentes laborales de ambos. Tanto Mamberti como su secretaria privada llegaron provenientes de Migraciones, al igual que el hoy titular de la Oficina Judicial, Carlos Flores, y de la propia Grassi. Todos ellos trabajaron juntos y enfilaron, también juntos, hacia el organismo de contralor de las sociedades, según lo evidencian sus currículums, disponibles en Internet.

La relación laboral y de amistad que existe entre Mamberti, Flores y Grassi debió forzar la inmediata excusación de estos últimos en los sumarios, según lo establece el artículo 22 del decreto 467/99 que fija el Reglamento de Investigaciones Administrativas, en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional. Pero no ocurrió de esta manera. Grassi sigue firme.

Así, aunque sin avances reales en las informaciones sumarias, de todos modos las hojas de ruta originales de los tres expedientes de reconstrucción y las tres informaciones sumarias pueden aún ser recuperadas por la Justicia si ordena una auditoría integral de su sistema informático, como también puede determinar qué usuario adulteró esos registros mediante una computadora,.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal federal Carlos Stornelli ya investigan el extravío o robo de los legajos de las empresas The Old Fund, Ciccone y London Supply desde fines de diciembre, cuando se radicó una denuncia penal, poco antes del inicio de la feria judicial.
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Afirman que Zaffaroni deberá excusarse si la causa Ciccone llega a la Corte

El diputado Oscar Aguad aseguró que el Juez Eugenio Zaffaroni “deberá excusarse si la causa Ciccone llega a la Corte”. Es que el Magistrado festejó su cumpleaños junto a Amado Boudou investigado por la venta de la ex empresa Ciccone. Una foto publicada en Facebook da cuenta de la primicia de LPO publicada el martes.
Luego que el Eugenio Zaffaroni participara del cumpleaños del vicepresidente Amado Boudou, la oposición salió a cuestionar al Magistrado. El diputado radical Oscar Aguad aseguró que el Juez »se va a tener que excusar si la causa Ciccone llega a la Corte»

“Yo sigo sosteniendo que Zaffaroni es un juez sano y si hizo estas manifestaciones con Boudou, él mismo se va a excusar”, sostuvo Aguad.

Como adelantó LPO, el juez de la Corte Suprema festejó su cumpleaños en su casa del barrio porteño de Flores y el invitado estrella fue el vicepresidente Amado Boudou, involucrado en la causa por la venta de la ex empresa Ciccone.

La prueba de la presencia de Boudou es una foto subida a una red social por una de las protagonistas de la fiesta, Fabiana Segovia, la productora de Víctor Hugo Morales.

En la imagen puede verse a Boudou y Zaffaroni, tentados de risa, en un festejo íntimo en la terraza de la casa que el juez posee en la calle Boyacá, donde el champán fue la bebida predilecta, en la noche del sábado pasado.

En la imagen, el vicepresidente, de campera de cuero negra y remera al tono, y sin su novia, Agustina Kampfer, posa junto a Romina Zárate, una de las secretarias letradas de Zaffaroni. En el medio está Segovia, y en una punta, de una impecable camisa blanca, el juez de la Corte, riéndose.

Según trascendió, en la fiesta hubo cerca de 60 personas, entre ellos varios miembros del poder judicial, (fiscales y jueces, aunque ninguno de sus compañeros de la Corte), pero Boudou se llevó todas las miradas.

La amistad entre ambos no es un secreto. Zaffaroni ha reconocido públicamente esa relación, por eso no sorprendió su presencia. “Yo soy amigo de Boudou y listo, ¿qué problema hay?”, dijo el ministro de la Corte en una entrevista publicada el 2 de abril de 2011 por el diario Perfil . “A mi casa viene todo el mundo, hablo con todo el mundo y, bueno, me gusta hablar con el ministro de Economía”, agregó, en referencia al cargo que en ese momento tenía Boudou en el Gobierno nacional.
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Boudougate recargado: La familia Ciccone amenaza con juicio

En los últimos días del 2012, Boudou intentó frenar la investigación por el caso de la ex Ciccone, pero la Cámara Federal rechazó todos sus pedidos de nulidad y la causa se mantiene. Con ese antecedente ahora la familia Ciccone le pidió explicaciones al interventor de la imprenta sobre el manejo de la misma en un claro signo de distanciamiento del Gobierno que podría derivar en un juicio complicando aún más al vicepresidente.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- El propósito de fin de año de Amado Boudou era liquidar la causa por la adquisición de la imprenta Ciccone, expropiada por el Gobierno en agosto de 2012, pero chocó contra la Cámara Federal que el 20 de diciembre convalidó la investigación que había realizado el desplazado –junto con el Procurador Esteban Righi y el juez Daniel Rafecas- fiscal Carlos Rívolo. El revés tuvo doble significación, porque la Cámara supo ser benévola con varias causas contra el Gobierno nacional que supieron pasar por sus manos, pero no lo fue en este caso.

Mientras el vicepresidente prepara su regreso al país tras pasar fin de año en Haiti, donde visitó a las tropas argentinas en paz apostadas en la Bahía de Gonaïves, a unos 100 kilómetros de Puerto Príncipe, la familia fundadora de la empresa se despega del Gobierno nacional y del grupo adquirente, al que califica como «los usurpadores». Además de pedirle explicaciones al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, sobre qué hizo la intervención de la imprenta expropiad, amenaza con un juicio que complicará más vicepresidente.

Antes de pasar al artículo de Hugo Alconada Mon en La Nación, sigue la incógnita sobre los beneficios obtendrá Raúl Moneta por intentar rescatar de las tinieblas a Boudou/The Old Fund.

Y tampoco se sabe de los avances de la expropiación votada por el Congreso para “salvar” A Boudou, propósito que a las claras no se está cumpliendo a juzgar por los rechazos a los planteos de nulidad que hizo el ex ministro de economía y la reacción reciente de la familia.

Y es interesante el devenir judicial porque se trata de otra Cámara que falla en contra el Gobierno, aunque con menos impacto que en el caso de la Ley de Medios.

Así lo explica la reacción de la familia Ciccone Hugo Alconada Mon este 02/01 en La Nación:

La inesperada presentación (de la familia Ciccone) lleva las firmas de Nicolás Ciccone y de Silvia, una de las hijas del otro fundador de la empresa, Héctor, quienes retienen el 30% de las acciones que no quedaron bajo el control de The Old Fund. También pidieron que se convoque a una asamblea societaria en menos de 40 días.

Aníbal Fernández: la desaparición de expedientes de Ciccone “pasó y tomó estado público en febrero”

Investigan la pérdida de expedientes en el caso Ciccone, por el que está imputado el vicepresidente Amado Boudou. Se trata de tres registros oficiales de sociedades relacionadas con la recuperación de la calcográfica, que servirían para determinar si están relacionadas con el ex ministro de Economía. Por este hecho, el dirigente peronista Ricardo Mussa denunció al vicepresidente Amado Boudou; al ministro de Justicia, Julio Alak; al responsable de la Inspección General de Justicia, Norberto Carlos Berner, y a su antecesor, Marcelo Mamberti. La causa recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello.
Por radio Continental, el senador kirchnerista Aníbal Fernández recordó que este hecho “pasó y tomó estado público en febrero. Lo publican ahora porque no deben tener otra cosa que poner”. En La Mañana, enfatizó que “hay muchas formas de reconstruir lo que eventualmente haya desaparecido».
En La Mañana, enfatizó que “hay muchas formas de reconstruir lo que eventualmente haya desaparecido. Mamberti trabaja conmigo desde el 85, así que lo conozco como a pocos. Una de las primeras instrucciones que le di fue que se digitalizaran las partes más importantes de los expedientes, con lo cual eso se está haciendo. Será el expediente central, más la que se digitaliza, más la parte de la propia Inspección General de Justicia del Registro Público de Comercio; más que todos los instrumentos más importantes están protocolizados por escribanos; y la quinta son los propios libros de la sociedad, porque lo que se presenta a la IGJ son copias, los originales están en cabeza de la sociedad, con lo cual no hay forma de que faltando esos elementos se tape alguna cosa. Se dará por concluida (la instrucción) cuando se disponga de todos los elementos”.
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Ciccone: revés judicial para Boudou

La Sala I de la Cámara Federal confirmó la continuidad de la investigación sobre el Vicepresidente.
La Sala I de la Cámara Federal confirmó la continuidad de la investigación sobre el vicepresidente Amado Boudou en el marco de la llamada causa Ciccone, al rechazar, por mayoría, los pedidos de nulidad planteados por el vicepresidente y su socio José Núñez Carmona.

Los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero sostuvieron esa postura, mientras Eduardo Farah aceptaba las nulidades.

El abogado de Boudou, Diego Pirota, había pedido anular la declaración de Laura Muñoz, la ex mujer de Alejandro Vandenbroele, denunciado como «testaferro» del vicepresidente, con la intención de hacer caer los elementos de prueba.

También pidió que fuera anulado el allanamiento del departamento de Puerto Madero del vicepresidente, donde fueron secuestradas las factura pagadas por Vandenbroele.

Al declarar frente a la Justicia, Vandenbroele, presidente de la empresa que controla a la imprenta Ciccone Calcográfica, admitió ante la Justicia que utilizó en varias oportunidades el departamento que Boudou posee en Puerto Madero.
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