El Gobierno, a través de la la AFIP, dio por concluido el proceso de expropiación de la ex Ciccone Calcográfica y determinó que no abonará indemnización a los acreedores de la imprenta que el kirchnerismo estatizó el año pasado, en medio del escándalo por tráfico de influencias que involucra al vicepresidente Amado Boudou.
Según el Boletín Oficial de ayer, la AFIP aprobó la gestión de la Autoridad de Ejecución del Organismo Expropiante de la Compañía de Valores Sudamericana, que determinó que la estatización se pagará con las deudas que la imprenta mantenía con el organismo.
De este modo, los bienes de calcográfico fueron transferidos en su totalidad a la Casa de Moneda mediante la firma de un Convenio de Avenimiento de Expropiación.
De todos modos, más allá de la resolución de la AFIP, la cuestión se resolverá en Tribunales, ya que días atrás, el escribano y empresario de medios K Raúl Moneta aseguró haber sido el dueño de Ciccone Calcográfica y pidió a la Justicia que el Estado le pague una indemnización por la expropiación de la imprenta.
En esa presentación, Moneta afirmó por primera vez públicamente que fue accionista de la imprenta y explicó que, a través de la firma panameña Mayer Business Corporation, habría financiado a la compañía. Asimismo, detalló que a cambio de esa asistencia financiera, unos 35 millones dólares, habría recibido acciones como prenda, por lo que si no recobra esa cifra en agosto, se quedará con el manejo de la empresa.
Este convenio, Moneta lo habría realizado con The Old Fund, dirigida por Alejandro Vandenbroele, a quien su ex esposa acusó de ser “testaferro” de Boudou. La firma, además, estuvo integrada también por amigos del vice y de su socio, el millonario José María Núñez Carmona.
En agosto pasado, el kirchnerismo logró aprobar en el Congreso la expropiación, pese a que desde la oposición se opuso, alegando que el objetivo del Gobierno era encubrir el presunto vínculo ilegal de Amado Boudou con la compañía. El vicepresidente está imputado en la causa por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.
Fuente: Clarìn