La causa Ciccone puede tener hoy un giro determinante si la Cámara Federal de Casación Penal resuelve un pedido del vicepresidente Amado Boudou para ser sobreseído del expediente tras interponer una “excepción por falta de acción”, que ya fue rechazado en primera instancia y también en la Cámara de Apelaciones porteña.
Los abogados del vicepresidente entienden que no está clara la acusación que pesa en su contra, intervenir en 2010 ante la AFIP para evitar la quiebra de la imprenta ex Ciccone, que posteriormente se rebautizó como Compañía de Valores Sudamericana y que en agosto de 2012 fue expropiada por el Estado nacional. Por eso presentaron el recurso, que rechazó el juez Lijo y posteriormente la Cámara Federal. Sin embargo, el pedido de los abogados tuvo un guiño de parte del fiscal de Casación, Javier De Luca.
Ese antecedente genera expectativas en el entorno de Boudou de cara al fallo que hoy, se presume, dictarán los camaristas de la sala IV, Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky. El vicepresidente recusó sin éxito a Gemignani, por entender que por su actuación en otra denuncia podía llevarlo a prejuzgar en este caso. Gemignani fue el juez más enfático en el dictamen que validó en octubre pasado el testimonio de Laura Muñoz, la ex mujer de Alejandro Vandenbroele, a quien señaló como testaferro de Boudou. El camarista pidió al juez Lijo que le brinde máxima protección a Muñoz y esa solicitud generó el rechazo de los abogados del Vice.
De lograr ser separado de la causa, Boudou seguirá siendo investigado penalmente por Lijo, ya que sobre él también recae una sospecha por enriquecimiento ilícito. En el caso Ciccone, además, Lijo realizó entre finales de 2013 y principios de este año una serie de indagatorias que incluyeron a los principales miembros de la familia Ciccone, que reconocieron encuentros con el entonces ministro de Economía, que habría motorizado ante la AFIP el pedido de un plan de facilidades de pago para la imprenta.
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