Un ex inspector de la Inspección General de Justicia (IGJ), Fernando Scanavino, aseveró que hay datos que comprometen al vicepresidente.
«La orden era ‘proteger a Boudou'». Según denunció un ex inspector del departamento de Inspección General de Justicia (IJG), Fernando Scanavino, autoridades del organismo de control daban esa orden al tiempo que impedían revelar información clave del caso Ciccone que pudiese comprometer al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.
Según reveló un artículo del periodista Hugo Alconada Mon -Protegieron a Boudou por un cepo informativo por el caso Ciccone-, publicado en la edición impresa del matutino La Nación, cuando se destapó la olla del caso Ciccone, los altos mandos de la Inspección General de Justicia (IGJ) hicieron todo lo posible para no develar documentos y bases de datos que pudiesen comprometer a la mano derecha de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Casi sin importar bajo qué mecanismo y medio, la orden expresa, según reveló Alconada Mon en su artículo, era «proteger a Boudou» a como diese lugar. Así, la instrucción era impedir que información societaria clave -sobre la ex Calcográfica Ciccone- llegase a mano de magistrados que estuvieran investigando el caso.
«Hacia mediados del año pasado, cuando estaba al frente del organismo, Norberto Berner conformó un grupo de funcionarios que aportaron propuestas y fundamentos para negar el ‘acceso a la información contenida en las bases de datos de la IGJ’ y evitar que los reclamos posteriores por la denegatoria llegaran a la Justicia, según esos documentos», según publicó esta mañana el periodista de La Nación Alconada Mon.
En tal sentido, el periodista del matutino porteño presentó a Fernando Scanavino un ex inspector legal del organismo quien constató y confirmó tales dudosos procedimientos.
«La orden era proteger a Boudou y no dar nada sobre él ni sobre el caso Ciccone», afirmó Scanavino, que se desempeñó como inspector legal de sociedades comerciales en la IGJ hasta fines del año pasado, cuando se convirtió en el primer abogado despedido sin causa del organismo desde los años ’90, de acuerdo con la nota que publicó Alconada Mon.
Según Scanavino desde que llegó La Cámpora, agrupación política kirchnerista, a la IGJ todo se volvió mucho más complejo y él se convirtió en un denunciante de las irregularidades que fue notando.
De acuerdo con lo que publicó Alconada Mon, la discusión se centraba en ver «cómo se podía limitar el acceso a la información a la Justicia. Porque las respuestas a los oficios tampoco quedaban para el común de los abogados. Se encargaba la jefa de nuestra área», aludiendo a Graciela Susana Junqueira, titular del Departamento de Denuncias y Fiscalización de Sociedades Comerciales, a cargo de dar respuesta a los oficios enviados por los jueces.
Scanavino afirmó, además, que el control de la información se plasmó incluso a «los expedientes calificados como sensibles, que se movían por las oficinas de manera informal». Así, en el sistema informático de la IGJ, por ejemplo, «aparecía que el legajo de The Old Fund [por la misteriosa sociedad controlante de la ex Ciccone] lo tenía un inspector, pero estaba sobre el escritorio de nuestra jefa».
Antes de su enfrentamiento final, sin embargo, a Scanavino lo creyeron «tropa propia». Por eso primero le preguntaron si no quería sumarse a La Cámpora. Y luego lo invitaron al «ateneo» que creó Berner para que lo proveyeran de ideas, propuestas y fundamentos. Por ejemplo, para «buscar la manera de que el solicitante [de datos] acredite legitimación, cuyo grado de complejidad varía según la información que requiere», según consta en las copias de algunos de los mails que cruzó el grupo.
El debate entre los colaboradores de Berner pasó por cuáles datos debían ser «de acceso directo», cómo lidiar con «quienes son terceros completamente ajenos a la entidad» sobre la cual pedían datos, fijar un umbral algo más «general» para quienes figuren como «socios minoritarios, mayoritarios, vinculadas, etc.» de la empresa sobre la que piden datos, y «algo especial para profesionales, especialmente abogados, escribanos y contadores».
Enfrentado ya con sus superiores por varias de esas prácticas, sin embargo, Scanavino terminó por recibir una carta documento, el 20 de noviembre pasado, por la que se le comunicaba su salida de la IGJ, aunque aun así lo mantuvieron dentro del listado que recibía los mails del grupo de «expertos» de Berner.
«Fui el primer abogado despedido sin causa de la IGJ desde los años 90, con Carlos Menem, sin sumario ni sanción previa», relató. Y, también en línea con lo que afrontó Martínez, cuando volvió al organismo para pedir explicaciones y retirar sus cosas se encontró con que ya no tenía clave de acceso ni usuario informático.
La notificación formal de su despido, sin embargo, no la firmó él, sino su jefa, Junqueira, que obligó a los demás inspectores de su área que firmaran la hoja y estamparan sus sellos. «Fue una forma de enviarles un mensaje, de amedrentarlos», sostuvo Scanavino, que aun así recibió una nota de apoyo firmada por todos sus compañeros de oficina, con la excepción de su jefa y del inspector de La Cámpora.
Al igual que Martínez, también, Scanavino intentó recurrir al ministro de Justicia, Julio Alak, y a distintas dependencias, como la Secretaría de Derechos Humanos, el Inadi -donde se negaron al principio a recibirle su presentación- y hasta la Presidencia de la Nación. No obtuvo respuestas formales. Sólo recibió una llamada telefónica, para informarle que se había concluido que no se le había afectado un derecho humano.
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