Ocurrió luego de una denuncia por el extravío de legajos sobre tres sociedades claves en la investigación que complica a Amado Boudou. Advierten que la maniobra de la Inspección General de Justicia se realizó para “emprolijar” y porque faltaba documentación.
El diario La Nación reveló que, tras la misteriosa desaparición de tres expedientes importantes para la investigación del caso Ciccone, la Inspección General de Justicia (IGJ) adulteró sus registros informáticos y modificó los trámites de reconstrucción y los sumarios derivados de ese extravío.
La adulteración de los registros informáticos ocurrió a partir del viernes 21 de diciembre pasado y se concentró en los legajos de The Old Fund, Ciccone Calcográfica y London Supply, las tres sociedades clave en la investigación que busca determinar cómo ocurrió el desembarco en la imprenta de Alejandro Vandenbroele, el presunto testaferro de Boudou.
Hasta mediados de diciembre, el sistema informático interno de la IGJ, conocido como «ARGA», mostraba que la Oficina Judicial había completado la reconstrucción de los tres legajos robados o extraviados. En el caso de The Old Fund, el expediente había sido enviado al Archivo, donde se encontraba desde el 21 de mayo.
Sin embargo, tras la denuncia del robo o extravío de esos legajos, el registro informático comenzó a mostrar cambios notorios. En los casos de la Compañía de Valores Sudamericana (el nuevo nombre que se le dio a la ex Ciccone Calcográfica) y de London Supply, apareció un sorpresivo paso el 26 de diciembre por la secretaría privada del titular del organismo, Norberto Berner.
«Fue para emprolijar, porque faltaba documentación y hasta habían mezclado documentos de un expediente de reconstrucción en el de otro», indicó una fuente al tanto de lo ocurrido dentro del organismo.
En el caso de The Old Fund, la adulteración fue más drástica aún. Alguien borró su estancia desde mayo en el Archivo de la IGJ y rearmó el legajo como que pasó, sin escala alguna por el Archivo, de la Dirección de Sociedades Comerciales, donde ahora figura como que estuvo desde el 18 de mayo, a la Oficina Judicial, adonde arribó también el 28 de diciembre.
La adulteración de las informaciones sumariales -es decir, la teórica investigación interna sobre cómo y quiénes pudieron extraviar o robarse los tres expedientes- resulta todavía más ostensible, según surge de esos registros informáticos del último mes.
De acuerdo con las pantallas del «ARGA» de mediados de diciembre, los tres sumarios habían pasado por distintas áreas de la IGJ, hasta que recalaron en la Oficina Judicial. De allí pasaron a la secretaría privada de Berner el 4 de diciembre y, apenas minutos después, se enviaron a la División Despacho General y Personal. Es decir, el área que registra las resoluciones emitidas por el inspector general de Justicia, como si Berner hubiera firmado resoluciones en los tres sumarios, según los procedimientos habituales y los precedentes verificados en otros expedientes en procesos de reconstrucción en el organismo.
Tras la primera denuncia sobre este tema, sin embargo, en las hojas de ruta informáticas de esos tres sumarios desapareció el paso por la División Despacho. Ahora, el sistema «ARGA» expone que los tres llegaron el 4 a la secretaría privada de Berner, pero que el 17 de diciembre retornaron a la Oficina Judicial, donde se asignaron el 21 a la sumariante Beatriz Grassi. Es decir, sin un paso por la División Despacho ni margen alguno para supuestas resoluciones firmadas por Berner en los tres casos.
La designación de Grassi -que figura como la funcionaria «30» en el sistema «ARGA»- a cargo de esos sumarios levantó mucha polémica y comentarios dentro de la Inspección General de Justicia. En particular, porque la cadena de responsabilidades por el extravío o robo de esos legajos llega hasta el entonces titular del organismo, Marcelo Mamberti, y su secretaria privada.
El «ruido» dentro de la IGJ se debe a los antecedentes laborales de ambos. Tanto Mamberti como su secretaria privada llegaron provenientes de Migraciones, al igual que el hoy titular de la Oficina Judicial, Carlos Flores, y de la propia Grassi. Todos ellos trabajaron juntos y enfilaron, también juntos, hacia el organismo de contralor de las sociedades, según lo evidencian sus currículums, disponibles en Internet.
La relación laboral y de amistad que existe entre Mamberti, Flores y Grassi debió forzar la inmediata excusación de estos últimos en los sumarios, según lo establece el artículo 22 del decreto 467/99 que fija el Reglamento de Investigaciones Administrativas, en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional. Pero no ocurrió de esta manera. Grassi sigue firme.
Así, aunque sin avances reales en las informaciones sumarias, de todos modos las hojas de ruta originales de los tres expedientes de reconstrucción y las tres informaciones sumarias pueden aún ser recuperadas por la Justicia si ordena una auditoría integral de su sistema informático, como también puede determinar qué usuario adulteró esos registros mediante una computadora,.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal federal Carlos Stornelli ya investigan el extravío o robo de los legajos de las empresas The Old Fund, Ciccone y London Supply desde fines de diciembre, cuando se radicó una denuncia penal, poco antes del inicio de la feria judicial.
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