La medida permite al gobierno argentino evitar caer en «default técnico» y afrontar el próximo 15 de diciembre, sin riesgo de embargo, el pago de bonos por u$s 3.300 millones.
El Tribunal le otorgó, además, a la Argentina un plazo de tres meses para efectuar una propuesta de pago, realizar la defensa técnica respectiva y que las partes concreten en una audiencia las presentaciones orales.
Este fallo era esperado con ansiedad por el gobierno de Cristina de Kirchner ya que, si la resolución judicial de Griesa finalmente se concretaba, la Argentina corría el riesgo de que los fondos destinados al pago de la deuda fueran embargados para cubrir los u$s 1.330 millones reclamados por los fondos buitre.
Además, si se llegaba a esa instancia, la Argentina caería en lo que se denomina «default técnico», lo que ya había sido advertido por calificadoras internacionales como Fitch, que le bajó la nota a los títulos locales.
Según el escueto fallo de dos párrafos, firmado por los jueces Rosemary Pooler, Barrington Parker y Reena Raggi, la respuesta al fallo de Griesa por parte del gobierno argentino será recibida por la Corte el 28 de diciembre próximo, mientras que los holdouts deberán presentar sus papeles de «oposición» el 25 de enero, y el contraalegato argentino tendrá lugar el primero de febrero.
Las partes que intervengan como «amicus curiae» deberán entregar sus respectivos informes el 4 de enero, mientras que la instancia oral de argumentación para ambas partes ante la Corte de Apelaciones será el 27 de febrero a las 14 (hora de NY).
Pocos minutos antes de que la Cámara de Apelaciones informara esta tarde sobre su decisión, el grupo «Tenedores de Bonos» (The Exchange Bon Holders, en inglés) había recibido la notificación de que ese tribunal les concedía la moción para intervenir en el caso a los efectos de sus pedidos.
De esta manera, la decisión del alto tribunal revirtió la negativa del juez Griesa que rechazó la presentación formulada por los bonistas por no considerarlos como «partes directas que tuvieran un interés legítimo en el caso».
A partir de ahora, el grupo de «Tenedores de bonos» podrá entonces intervenir en la causa a los efectos de «buscar una suspensión temporal» y «apelar» las órdenes presentadas por Griesa.
La sentencia de la Cámara de Apelaciones de Nueva York de Segundo Distrito se firmó el mismo día en que Cristina de Kirchner prometió que la Argentina «cumplirá» con los pagos de deuda y cuestionó a su vez a los fondos buitre.
Aseguró que estas organizaciones «ni siquiera tienen domicilio fiscal en los Estados Unidos, sino en paraísos fiscales» y llegó a calificar la medida de Griesa como «colonialismo judicial».
En el marco de la Conferencia Industrial organizada por la UIA, la jefa de Estado dijo que cumplir con el fallo de Griesa era una «absoluta inequidad» con el 93 por ciento de los acreedores que entraron al canje.
Este miércoles, el Gobierno había anticipado que iba a esperar la decisión de la Cámara para evaluar la reapertura del canje para que los fondos buitre tengan la opción de ingresar
Más temprano, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, aseguró que la decisión de reabrir el canje de deuda o no está atada a la decisión que tome la Cámara de Apelaciones de Nueva York, sobre la demanda que los fondos buitre realizaron contra el país.
«Estamos esperando la decisión de la Cámara de Apelaciones. Hasta tanto no haya decisión al respecto, no tendremos nada que agregar a lo que hemos dicho en estos últimos días», indicó el ministro, en conferencia de prensa.
Como adelantó el lunes Ámbito Financiero, Lorenzino admitió que el canje de deuda podría reabrirse, si logra el visto bueno del Congreso. «Una propuesta que traslade a los bonistas que no entraron al canje las condiciones del canje de 2010 iría en línea con los antecedentes de nuestro país y sería pasible de ser debatida en el Congreso», comentó el titular del Palacio de Hacienda
El fallo de Griesa fue dictado la semana pasada y este lunes el grupo de abogados que defiende a la Argentina y el equipo económico presentaron una apelación pidiendo una medida de no innovar para suspender los efectos de la sentencia, a la que calificaron de «injusta e ilegal».
«Una propuesta que traslade a los bonistas que no entraron al canje las condiciones del canje de 2010 iría en línea con los antecedentes de nuestro país y sería pasible de ser debatida en el Congreso», señaló Lorenzino.
La primera información sobre el fallo de la Cámara que benefició a la Argentina fue difundida en su cuenta de twitter por el embajador en los Estados Unidos, Jorge Argüello.
«Fondos buitre: en Nueva York, la Cámara hizo lugar al pedido de suspensión del fallo de Griesa, realizado por Argentina», indicó Argüello.
Con esta sentencia, que da tiempo a la Argentina para defenderse hasta el 27 de febrero, todo indica que se reabrirá finalmente el canje.
ambito.com
Chiara 
