La absolución de los trece imputados en la causa por la desaparición de Marita Verón dejó en la sociedad una sensación de injusticia. Pero no es el único caso. minutouno.com hace un repaso sobre algunos de los más importantes.
La sentencia absolutoria de los imputados en la desaparición de Marita Verón dejó en la opinión pública una sensación de injusticia. La resolución (o no) del caso, emblemático de la lucha contra la trata de personas en la Argentina, contó con el repudio de todo el arco político (encabezado por la propia presidente Cristina Kirchner), además de la sociedad, que se expresó en contra del fallo de la Sala II de la Cámara Penal Tucumán, que dejó en libertad a los trece sospechoso.
Tanto la fiscalía como la querella habían requerido 25 años de prisión para los principales implicados, pero los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano resolvieron la absolución, en un polémico fallo.
Esta no es la primera vez que la sensación de injusticia queda a flor de piel. En la historia argentina son numerosos los casos que, por quedar impunes, sin sentencia, demorados o prescriptos, para la sociedad son sinónimo de falta de justicia.
minutono.com elaboró un listado con diez de esos casos que en el imaginario colectivo no tienen una justa resolución.
Atentado a la AMIA
El 18 de julio de 1994 un coche bomba voló la sede de la AMIA, dejando un saldo de 85 muertos y 300 heridos, en lo que fue uno de los atentados terroristas más importantes registrados en la Argentina.
La investigación fue encabezada por el juez federal Juan José Galeano, quien le imputó al reducidor de autos Carlos Telleldín el armado y venta de la Renault Traffic que explotó el edificio. Luego se comprobó que el magistrado le pidió a Telledín que implicara a policías bonaerenses, entre ellos el comisario Juan José Ribelli, como integrantes de la “conexión local” del atentado.
Tras de siete años de investigación, en septiembre de 2001 comenzó el juicio por el atentado. El Tribunal Oral Federal 3, finalmente, absolvió a los integrantes de la “conexión local”: Telleldín y los policías Ribelli, Anastasio Irineo Leal y Mario Bareiro. Los jueces determinaron que el Estado inventó pruebas para encontrar culpables.
Galeano fue apartado de la causa el 4 de diciembre de 2003, acusado de haber actuado parcialmente y ordenado el pago de 400 mil dólares a Telleldín para que abonara su teoría. En 2005 fue destituido de su cargo.
El 27 de mayo de 2009 la Corte Suprema exigió que se retome parte de la investigación del atentado realizada por Galeano.
El fiscal Alberto Nisman, a cargo de la unidad fiscal que investiga el ataque a la AMIA, determinó en su pesquisa el vínculo de funcionarios iraníes con el atentado. Sin embargo, la causa hoy se encuentra virtualmente paralizada, ante la imposibilidad de indagar a los sospechados, entre los cuales figuran Ahmad Vahidi, actual ministro de Defensa de Irán; Moshen Rabbani, ex agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, y Hadi Soleimanpour, entonces embajador y hoy viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Africanos.
A principios de mes, el canciller Héctor Timerman anunció que en «las próximas semanas» Argentina presentará un «plan de acción» para avanzar en las negociaciones con Irán en torno a la investigación por el atentado.
Caso Bulacio
Walter Bulacio fue arrestado el 19 de abril de 1991 en una razzia policial con otras 73 personas mientras esperaba ingresar al estadio de Obras Sanitarias, para presenciar el recital de «Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota».
El adolescente, que tenía 17 años, fue trasladado a la comisaría 35, donde fue torturado con golpes en distintas partes de su cuerpo, según reveló la autopsia, y murió el 26 de abril.
La causa recorrió un larguísimo espinel judicial de dos décadas y aún debe tramitarse en juicio oral. Por el caso sólo hay un imputado, el ex comisario Miguel Ángel Espósito. El ex policía no será condenado por la muerte del joven, sino por “apremios ilegales”.
La jueza de instrucción Alicia Iermini, asimismo, está acusada por presunto «mal desempeño en sus funciones» por las demoras en la causa por la detención ilegal y posterior muerte de Bulacio. El Consejo de la Magistratura tiene postergado el tratamiento de ese planteo.
La única sentencia por el caso la dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el 2003 condenó al Estado argentino a pagarle una indemnización a la familia Bulacio.
Causa armas
La llamada “causa armas” fue uno de los escándalos judiciales que dejaron los ‘90. El ex presidente Carlos Menem y otros 17 funcionarios y militares (entre ellos Emir Yoma y Oscar Camilión) fueron acusados por la venta de 6.500 toneladas de armas y municiones en 1991 y 1995 a Croacia (en guerra con la ex Yugoslavia) y Ecuador (en conflicto con Colombia), violando una resolución de Naciones Unidas. Según los decretos que habilitaron las transacciones, las armas estaban destinadas a otros países: Panamá y Venezuela.
En junio del 2001, ya sin fueros presidenciales, Menem fue procesado y detenido por el caso; seis meses después fue liberado por un polémico fallo de la Corte Suprema.
El 13 de septiembre del 2011 el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 porteño absolvió a los imputados, entre ellos el ex mandatario, al considerar que no incurrieron en el delito de contrabando agravado.
Leche adulterada
Otro de los casos que dejaron los ’90 fue el de la leche en polvo adulterada para embarazadas y menores desnutridos comprada por el Estado en 1991.
El empresario Carlos Spadone, quien fue asesor del ex presidente Carlos Menem, fue absuelto en el 2002 por el juez Jorge Ballestero del delito de defraudación a la administración pública, por la venta de la leche en polvo, a través de una de sus empresas. Según un examen realizado en la investigación, la leche estaba vencida, contaminada y algunas partidas presentaban una sustancia radiactiva.
La Cámara Federal revocó en el 2003 el fallo de Ballestero y entendió que Spadone alteró la fecha de vencimiento de la leche para engañar al Estado, por lo que lo condenó a dos años y medio de prisión en suspenso y el pago de una multa de 90 mil pesos.
Sin embargo, la reforma del Código Penal que cambió los parámetros de prescripción de delitos, derivó en septiembre de 2005 en la prescripción de la causa y el sobreseimiento de Spadone. El juez Ballestero afirmó en su resolución que entre la primera indagatoria (el 4 de junio de 1992) y la acusación del fiscal (6 de agosto de 1998), pasaron más de seis años, plazo máximo para la prescripción de una defraudación.
Caso Solange Grabenheimer
Solange Grabenheimer fue encontrada muerta el 10 de enero de 2007. La asesinaron de cuatro puñaladas en el cuello en su PH de la calle Güemes 2280, de Vicente López, que compartía con su amiga Lucila Frend.
En un principio, Frend declaró como testigo en la causa (aseguró que se retiró de la vivienda a las 7.30 del día del crimen y que encontró el cadáver a su regreso, junto a una prima y el novio de Solange), pero luego se convirtió en la principal imputada.
Entre los sospechosos que figuraron en la causa, aportados por el testimonio de Lucila, figuraron un albañil que trabajaba en una casa lindera al PH y la mucama del novio de Grabenheimer; además deslizó que el crimen podría haber sido motivado por una venganza contra el padre de la víctima.
El 12 de julio de 2011 el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Isidro absolvió Frend, única imputada por el crimen, por considerar que no había pruebas suficientes. Tampoco se comprobó el móvil del asesinato. En el juicio, los diferentes peritajes contradijeron el horario en el que se produjo la muerte.
Para la familia de Solange, los jueces “actuaron con cobardía” a la hora de definir su sentencia en el caso, que aún sigue impune.
Caso Nora Dalmasso
El crimen ocurrió en noviembre de 2006. El cuerpo de Nora Dalmasso fue hallado desnudo en la casa que tenía en el barrio privado Villa Golf de la ciudad cordobesa de Río Cuarto.
El cadáver presentaba golpes en el rostro y otras partes del cuerpo y tenía signos de haber sido violada.
Durante la investigación se apuntó a un crimen durante un juego erótico, a un estrangulamiento durante la consumación de una relación sexual y un homicidio cometido tras un abuso sexual.
El primer sospechoso fue «el perejil» Gastón Zárate, un albañil que trabajaba en la casa en ese momento y que luego fue sobreseído por falta de pruebas.
Desde el 2007, el hijo de la víctima, Facundo Macarrón, fue imputado por el delito de “homicidio calificado” en grado de “sospecha leve” y luego fue desvinculado de la causa al ser sobreseído por el juez de Río Cuarto Daniel Muñoz.
Luego, otros estudios encargados al FBI determinaron que las marcas genéticas correspondían al viudo de Nora, quien estaba de viaje al momento del crimen. Sin embargo, esas pruebas no llegaron a incriminarlo.
A 6 años de ocurrido el homicidio, la causa no tiene imputados.
Caso Candela
Candela Rodríguez, de 11 años, fue vista por última vez el 22 de agosto de 2011 cuando esperaba a unas amigas en la esquina de su casa de Villa Tessei. El 31 de agosto apareció asfixiada dentro de una bolsa, al costado de una autopista a unas 30 cuadras de su hogar.
Por el caso fueron detenidos Hugo Bermúdez, acusado de ser el autor material del crimen; Leonardo Jara, sospechado de ser quien convenció a la menor para que saliera de su casa el día que Candela Sol Rodríguez fue secuestrada.
También estuvieron detenidos Héctor “Topo” Moreyra, acusado de ser el autor intelectual del homicidio; Guillermo López, señalado junto Fabián Gómez como una de las personas que integraron la logística del secuestro de Candela; el albañil Alberto Espínola; el vecino de la nena, Néstor Altamirano y Gladys Cabrera, la dueña de la casa donde la mantuvieron cautiva.
Según la hipótesis de la fiscalía, el hecho se produjo como una “venganza poco convencional” contra el padre de Candela Rodríguez, preso por piratería del asfalto.
Sin embargo, en abril de este año, la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón decretó la nulidad parcial del proceso y ordenó liberar a todos los imputados y apartaron al juez de Garantías de Morón a cargo de la causa, Alfredo Meade.
En tanto, la Procuración dispuso separar al fiscal Marcelo Tavolaro y en su lugar designó a un reemplazante.
Inclusive, una comisión especial de senadores bonaerenses analizó la investigación y recomendó exonerar a varios jefes policiales, entre ellos al jefe de la Bonaerense, Hugo Matzkin, y pidió que se someta a un jury a los funcionarios judiciales que intervinieron en la causa.
La hipótesis de la comisión es que la policía desvió la investigación “para encubrir a los homicidas”, porque para ellos el caso está vinculado al narcotráfico.
En noviembre de este año volvió a ser detenido Bermúdez, quien se negó a declarar, y se espera tomar indagatoria a Jara, quien se encuentra detenido por otra causa.
Caso Marianela Rago
La estudiante de 19 años fue asesinada el 27 de junio de 2010 en su casa del barrio porteño de Balvanera. Fue hallada apuñalada y degollada en el living, donde se encontraron manchas de sangre que no eran de ella y que corresponderían al asesino.
Por el crimen fue investigado el ex novio de la joven, Francisco Amador López. La familia de Marianela ya lo había señalado “por su pasado violento” con la chica.
López estuvo 14 días preso, pero fue liberado por falta de pruebas, ya que su ADN no coincidía con el de la sangre encontrada en la escena del crimen.
Otro de los detenidos había sido Isidro Martínez Larrea, un empleado de limpieza de la línea 132 de colectivos, a quien se le encontró el chip del teléfono celular de la víctima.
Sin embargo, en el lugar tampoco fue hallado su ADN, aunque de todas formas fue imputado por encubrimiento.
Los investigadores tampoco descartan la hipótesis del “homicidio en ocasión de robo”, ya que “el asesino se llevó una laptop, un DVD y el celular de la víctima y de su hermano”.
A dos años del crimen todavía no hay un acusado ni un detenido y las evidencias son revisadas para ver si se obtienen nuevas pistas para dar con el homicida.
Tragedia de Ecos
La causa por el accidente del micro en el que murieron doce personas (entre estudiantes y docentes del colegio secundario Ecos) en Santa Fe, volvió a fojas cero luego de que la Cámara de Apelaciones anulara la condena a Oscar Atamañuk, el chofer del ómnibus.
La decisión de la Cámara se debió a que detectó severos errores formales en la investigación, por lo que apartó al juez de Reconquista Virgilio Palud y designó y ordenó designar a un nuevo magistrado.
El hecho ocurrió el 8 de octubre de 2006, cuando los alumnos de segundo y tercer año del polimodal de Villa Crespo volvían en colectivo hacia Buenos Aires, luego de haber cumplido tareas solidarias en una escuela chaqueña.
El micro chocó en forma violenta contra un camión que hacía zigzag sobre la ruta nacional 11, lo que provocó la muerte del conductor del camión y de los chicos y la docente.
Por el hecho, la Justicia condenó a tres años de prisión en suspenso al chofer del micro, por el delito de “homicidio culposo múltiple agravado y lesiones culposas múltiples agravadas”, por su negligencia en el manejo del colectivo en el accidente. También se le impuso una inhabilitación de 7 años para volver al manejo profesional de transporte de pasajeros.
Sin embargo, con la anulación de la pena, la causa no tiene responsables de lo ocurrido.
A raíz del impacto que generó la muerte de los estudiantes, el 8 de octubre fue incorporado al calendario escolar por el ministerio de Educación como el “Día del estudiante solidario”.
El polémico juez López
La joven Tatiana Kolodziey fue hallada asesinada, con signos de violación y estrangulamiento, en un descampado de Resistencia, Chaco. La mujer había sido vista por última vez tres días antes cuando se había tomado un remís, cuyo conductor fue detenido, acusado de ser el autor del crimen.
El remisero Juan Ernesto Cabeza había sido liberado por el juez Nacional de Ejecución Penal, Axel López, tras haber cumplido una condena de 16 años por varios casos de violación.
Además, Cabeza había conseguido una licencia de conducir, a pesar de que había sido inhabilitado para manejar.
Este no fue el único caso de liberaciones polémicas del juez López, ya que varios condenados por homicidios o violaciones fueron liberados y la mayoría reincidieron.
López fue el magistrado que liberó al asesino de Soledad Bargna en 2009 y al autor del crimen de Miguel “el Vasco” Lecuna, marido de la actriz Georgina Barbarossa, en 2001.
También fue responsable de la excarcelación que le dieron en España al autor de la Masacre de Flores, ocurrida en 2004, entre otros casos.
Por tal motivo, la ONG Madres del Dolor presentó un pedido de juicio político contra el magistrado.
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Chiara 
ONU ve creíble que Irán esté tratando de desarrollar armas atómicas.
Felipe 
