Amnistía reclama un embargo internacional de armas a Israel y Hamás

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) – Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este martes que tanto Israel como los grupos armados palestinos están violando el Derecho Internacional Humanitario y ha reclamado que se imponga un embargo de armas a las dos partes y el envío inmediato de observadores internacionales a la Franja de Gaza y al sur de Israel.

«Debe haber cuanto antes observadores internacionales sobre el terreno con capacidad para investigar las violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario cometidas tanto en Gaza como en Israel, para que evalúen con independencia e imparcialidad los abusos cometidos por ambas partes», ha afirmado la directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y Norte de África, Ann Harrison.

Asimismo, según Harrison, «el Consejo de Seguridad de la ONU debe reunirse con carácter urgente para imponer un embargo internacional de armas sobre Israel, Hamás y los grupos armados palestinos en Gaza». En tanto se impone el embargo, ha advertido Amnistía, «todos los Estados» deben suspender «de inmediato» las transferencias de armas, municiones y material conexo a Israel, al Gobierno ‘de facto de’ Hamás y a los grupos armados palestinos en Gaza.

Según Amnistía, las Fuerzas Armadas israelíes «han disparado proyectiles de artillería contra zonas residenciales densamente pobladas, han atacado edificios gubernamentales y de medios de comunicación y han bombardeado las viviendas familiares de miembros de grupos armados palestinos, causando muertos y heridos entre la población civil palestina».

«El número de civiles muertos en Gaza suscita graves dudas en cuanto a la medida en que las fuerzas israelíes están cumpliendo con su obligación de proteger la vida de los civiles», ha afirmado Ann Harrison. «Nos preocupa profundamente que algunos civiles hayan resultado muertos o heridos en Gaza como consecuencia de ataques indiscriminados o desproporcionados por parte de las fuerzas israelíes», ha añadido.

En cuanto a los ataques de los grupos armados palestinos, ha advertido AI, «la mayoría de los cohetes no son dirigibles, y algunos se han disparado desde zonas civiles».

Según Magen David Adom, la sección israelí del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, «estos ataques ilegítimos han causado la muerte a tres civiles israelíes y lesiones al menos a 51, graves en dos de los casos», ha denunciado la organización.

«Los grupos armados palestinos están disparando cohetes que no se pueden dirigir contra objetivos militares. Su mismo uso pone en peligro la vida de civiles y vulnera el Derecho Internacional Humanitario», ha manifestado Ann Harrison.

«Todos los miembros de la comunidad internacional deben pedir a ambas partes que consideren prioritaria la protección de la población civil y cumplan estrictamente el Derecho Internacional Humanitario», ha advertido la responsable. «El silencio de algunos Estados muy influyentes resulta ensordecedor», ha manifestado.

Amnistía Internacional ve asimismo con «suma preocupación» los informes según los cuales el brazo militar de Hamás ejecutó sumariamente a un presunto colaborador el 16 de noviembre en Gaza.

Asimismo, la organización ha advertido de que los hospitales de Gaza tienen dificultades para hacer frente a la situación de emergencia, agravada por la escasez preexistente a causa del bloqueo israelí impuesto desde junio de 2007. Antes de los enfrentamientos actuales ya carecían del 40 por ciento de la lista de medicamentos esenciales, según la Organización Mundial de la Salud.

«Amnistía Internacional ha condenado reiteradamente el bloqueo impuesto a la Franja de Gaza por considerar que se trata de un castigo colectivo para sus 1,6 millones de habitantes, y ha pedido que se levante por completo», se lee en el comunicado.

Según AI, hasta la fecha «no se han rendido cuentas por los crímenes de guerra que cometieron todas las partes enfrentadas en el conflicto de Gaza e Israel en 2008-2009, documentados por Amnistía Internacional y la misión de investigación de la ONU dirigida por el juez Richard Goldstone».