Fueron convocados por la Fundación Lapis para actuar como intermediarios entre las víctimas y los centros de ayuda; la iniciativa comenzará a funcionar en las próximas semanas en Belgrano y Palermo; según cifras oficiales, las denuncias subieron un 75% en sólo dos años
Un programa diferente, basado en la idea de que los profesionales de belleza también pueden colaborar a la hora de acercar a las víctimas de violencia doméstica a los centros de ayuda y alentarlas a denunciar, comenzará a implementarse en las próximas semanas en la ciudad.
«Cortala», una iniciativa de la Fundación Lapis (Laboratorio de Prácticas e Investigaciones Sociales) -cuya idea original se importó desde Nueva York y algunas ciudades de España-, empezará a funcionar como una experiencia piloto en peluquerías y salones de estética de los barrios porteños de Belgrano y Palermo.
En diálogo con lanacion.com, Sabrina Landoni, titular de Lapis, explicó los alcances del original proyecto, que busca precisamente aprovechar un espacio al que la mujer concurre sola (o en compañía de amigas) e invita a distenderse con mayor facilidad.
«Apuntamos a explotar ese vínculo de confianza que se genera con las clientas y, eventualmente, animarlas a hablar de lo que les pasa», indicó. Y añadió: «El rol del profesional va a ser el de un mero intermediario entre la víctima y el acceso a los centros de apoyo ya existentes».
Estamos alarmados con lo que está pasando y preocupados por las cifras que se están difundiendo. Hoy la víctima sigue desprotegida. No podemos permitir que sigan matando más mujeres.
Virginia Linares, diputada nacional
Desde que arrancó el verano, voluntarios de esta ONG trabajan a diario con personal de distintas peluquerías y centros de belleza a fin de poner a punto la iniciativa. La mayoría de los profesionales ya recibió guías impresas con recomendaciones para saber con antelación cómo orientar a las mujeres en conflicto, además de pequeñas tarjetas con teléfonos de contacto para entregarles.
Por estos días, participan de la última ronda de capacitaciones para saldar pendientes y lanzar de lleno el programa, que toma como disparador estadísticas que reflejan la gravedad del problema: se calcula que en el país una de cada diez mujeres requiere asistencia para salir de esta situación y realizar, posteriormente, la denuncia.
Según informaron a este medio, «Cortala» tendrá un continuo seguimiento y colaborará con el 0800-66-MUJER (68537) del gobierno porteño y la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), dependiente de la Corte Suprema de Justicia. Más adelante, en función de sus resultados, se irá extendiendo a otras zonas de la Capital Federal.
Cifras alarmantes. En la Argentina, las denuncias vinculadas con las agresiones cometidas contra las mujeres por sus parejas o ex parejas treparon un 75% en sólo dos años, según cifras recogidas por la OVD.
En tanto, los femicidios aumentaron un 19% respecto de 2009. A lo largo de todo el año pasado, de acuerdo con los números difundidos por el Observatorio de Femicidios en la Argentina, se contabilizaron 260 casos, incluidas menores de edad.
Por otra parte, desde el deceso de Wanda Taddei, la esposa del ex músico de Callejeros Eduardo Vázquez, trascendieron al menos 11 situaciones similares durante 2010 y otras 13 en lo que va de este año en el país.
No obstante, lejos de lo que pueda pensarse, los ejemplos de mujeres incineradas por celos o producto de discusiones todavía no lideran el ranking de las formas que asume en la actualidad la violencia de género.
Así lo aseguraron a lanacion.com las organizaciones consultadas al indicar que, pese a la visibilidad que presentan estos casos, aún no constituyen la causa mayoritaria por los cuales las víctimas acuden en busca de ayuda. Por encima, detalló Fabiana Túñez, titular de la asociación civil La Casa del Encuentro, persisten aquellas que fueron baleadas, apuñaladas y golpeadas.
Proteger a la víctima, la prioridad. La pelea por erradicar la violencia doméstica y desechar la idea de la mujer como propiedad del hombre se intensificó en los últimos años, mientras los casos se multiplicaron en el país y se incrementaron nuevas modalidades, como las de mujeres incineradas por sus parejas, que parecen haberse vuelto casi cotidianos desde que se difundió la muerte de Taddei.
En ese contexto, distintos sectores comprometidos con el tema marcaron la urgencia de agilizar la aplicación de sanciones contra el agresor y de contar con programas inmediatos de protección a la víctima y su familia.
Asimismo, señalaron la necesidad de que este tema se convierta en una prioridad dentro de la agenda legislativa y del Gobierno Nacional.
«Estamos alarmados con lo que está pasando y preocupados con las cifras que se están difundiendo. Hoy la víctima sigue desprotegida. Necesitamos abordar el problema desde la contención y la aplicación de un programa concreto. No podemos permitir que sigan matando más mujeres», sostuvo en diálogo con lanacion.com la diputada nacional del GEN Virginia Linares.
Con esa premisa, en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer -que tuvo lugar el 8 de marzo último-, la funcionaria presentó dos iniciativas en la Cámara Baja.
Por un lado, un proyecto que prevé la creación de un régimen de sanciones para los distintos tipos de violencia, con el objetivo de «sistematizar el conjunto de normas y acotar los márgenes de interpretación» de los organismos encargados de combatir este flagelo, contemplados por la legislación.
Por el otro, la idea de promover la inauguración de «casas refugio» como instancias de tránsito en las que se pueda contener, asesorar, asistir y apartar a las mujeres del foco de conflicto, además de brindarles casa y comida para sus familias hasta tanto puedan reinsertarse en la sociedad.
Entre políticas públicas y sanciones. Para Linares, que valoró la reglamentación de la Ley Nacional contra la Violencia de Género (26.485) -destinada a la protección integral de la mujer en todos los ámbitos-, es necesaria «una fuerte voluntad política para que los mecanismos creados recientemente realmente se efectivicen».
Es urgente e imprescindible profundizar en políticas públicas que tiendan a ofrecer mayor prevención y asistencia a la mujer.
Fabiana Túñez, titular de La Casa del Encuentro
Entre éstos últimos figuran la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género, que fue inaugurada el mes pasado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que tiene por fin fortalecer la intervención pública en la materia.
Dicha dependencia está integrada por representantes de distintas áreas involucradas a nivel nacional, provincial y municipal, ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil con competencia en el tema. Se orienta, principalmente, a implementar tareas vinculadas con la elaboración y asesoramiento de normas referidas a la sanción de este flagelo.
«Es urgente e imprescindible profundizar en políticas públicas que tiendan a ofrecer mayor prevención y asistencia a la mujer, y generar normas jurídicas complementarias que acompañen a la actual legislación», coincidió Túñez al reflexionar sobre el contexto actual.
Desde su lugar, recordó que hace tres años La Casa el Encuentro está pidiendo incorporar la figura del femicidio al Código Penal, además de la pérdida automática de la patria potestad del hombre que lo comete.
Más allá de los anhelos particulares, ambas especialistas coincidieron en resaltar que todavía hace falta generar mayor conciencia de la gravedad que encierra este problema e impulsar a las mujeres a denunciar al agresor sin miedo o vergüenza, motivos que, por lo general, son los que terminan por desalentar a las propias víctimas.
Para ello, sostuvieron, es fundamental poder garantizar un rápido acceso a la Justicia, ya que, según evidencian los registros, la mayoría de las denuncias no llegan siquiera a la última instancia.
Fuente: La Nación