La Secretaría de Transporte anunció posibles sanciones para las empresas encargadas del soporte logístico de las comunicaciones aéreas. La dependencia, a cargo de Juan Pablo Schiavi, estudia los informes sobre la falla en el sistema de enlace radial entre los aviones y los controladores aéreos, circunstancia que provocó la semana pasada la paralización de los vuelos en todo el país durante doce horas.
Schiavi se reunió ayer con el director de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Alejandro Granados, y con los técnicos enviados por la compañía austríaca Frecuentis, que instaló el equipo de comunicaciones que se utiliza desde 2002. En ese primer encuentro habrían quedado expuestos inconvenientes que pusieron al borde de la sanción a las prestadoras del servicio.
En un comunicado, la Secretaría de Transporte informó: «Se inició un profundo análisis del cumplimiento de las tareas de mantenimiento por parte de la empresa Precisión Electrónica, representante legal en el país de Frecuentis y responsable del mantenimiento de los sistemas de comunicaciones del Centro de Control Area Ezeiza».
Se agregó: «Las penalidades que se podrían aplicar serán desde la máxima sanción económica contemplada hasta la rescisión del contrato, en caso de que se compruebe que hubo impericia por parte de las empresas involucradas, y dependerá de la comprobación fehaciente de los causales del evento».
Doscientos vuelos fueron postergados o cancelados por las intermitencias detectadas en el sistema de comunicaciones. Más de 20.000 pasajeros fueron afectados por esa situación, que podría haber sido evitada, según el relato que diversas fuentes aeronáuticas dieron a LA NACION. Es que las comunicaciones aéreas eran efectuadas desde mediados del año pasado con el sistema de respaldo, ya que el equipo primario había quedado fuera de servicio al menos desde junio, según afirmaron dirigentes involucrados en el ambiente aeronáutico.
Según el comunicado oficial, «los ingenieros austríacos presentaron un primer informe sobre el minucioso estudio de los sistemas por ellos provistos, garantizaron la confiabilidad del sistema y se comprometieron a presentar un informe final sobre lo sucedido en los primeros días de abril».
Las autoridades locales estarían en situación de apuntar a la empresa subsidiaria local por la falta de mantenimiento del equipo.
En el mensaje enviado por la Secretaría de Transporte y por la ANAC no se hizo referencia alguna a la sospecha de sabotajes que habían dejado trascender varios gremios aeronáuticos. Es más, el comunicado es concreto al apuntar a fallas provocadas por las falencias del soporte técnico contratado. Fuentes aeronáuticas indicaron que, en principio, hubo una mayor demora en solucionar el error porque los técnicos que trabajaron en el sistema tenían un software desactualizado.
Más allá de la búsqueda de responsabilidades encarada por las autoridades, el foco puesto en el área de mantenimiento externo alejaría la posibilidad de que se hubiera tratado de un sabotaje realizado por suboficiales de la Fuerza Aérea, tal como denunciaron los gremios encabezados por Jorge Pérez Tamayo, de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). Junto con otros sindicatos del sector, ese sindicato había señalado a los militares como parte de un supuesto complot para favorecer el reingreso de capitales privados en Aerolíneas Argentinas. Frente a esa denuncia, el juez federal de Lomas de Zamora Alberto Santamarina inició una investigación de oficio.
Una posición opuesta a la de APLA expuso Ricardo Cirielli, secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), que apuntó a la falta de mantenimiento como causa central de la parálisis sufrida en los aeropuertos.
La investigación interna llevada adelante por las autoridades de la Secretaría de Transporte y ANAC avanza en ese sentido y los funcionarios prometen sanciones.
Fuente: La Nación