El fiscal distrital acusa a nueve oficiales y suboficiales de integrar una asociación ilícita que cobraba a comerciantes y a delincuentes
La valentía de un sargento primero de la Policía Federal para denunciar y acusar de corrupción a sus compañeros y superiores de la comisaría 49a., con jurisdicción en los barrios de Saavedra y Villa Urquiza, permitió que nueve uniformados fueran juzgados, acusados de integrar una asociación ilícita.
El juez Roberto Ponce firmó la elevación a juicio del caso, investigado por el fiscal José María Campagnoli. Los policías están acusados de exigir dinero a comerciantes a cambio de protección, de no detener a personas con pedido de captura, permitir que funcionaran negocios no habilitados y liberar la zona para que se cometieran delitos.
El comisario José Antonio Carranza; el subcomisario Fernando Echagüe; el subcomisario Horacio Ponce; el subinspector Cristián Pavón; el subinspector Gabriel Bellusci; el suboficial escribiente Carlos Alberto Marcos; el sargento Luis González; el sargento (R) Jorge Altuna y el cabo primero Cristián Ochoa son los acusados que deberán enfrentar el juicio oral y público. Todos están presos en el penal de Marcos Paz, como consecuencia de la investigación judicial que fue revelada por LA NACION el 11 de febrero de 2010.
Según el requerimiento de elevación a juicio firmado por Campagnoli, entre el 14 de enero de 2008 -día en que asumió como jefe de la seccional 49a.- y el 3 de febrero de 2009, momento en que se inició la investigación, el comisario Carranza se erigió como el mandamás de la organización delictiva. La cúpula de la asociación ilícita, según la acusación del fiscal de Saavedra, la completaban los subcomisarios Echagüe y Ponce, el sargento González y el sargento retirado Altuna.
La presentación que hizo ante Campagnoli no le salió gratis al sargento primero que se animó a denunciar a sus superiores: inesperadamente, fue trasladado a la seccional 46a., con jurisdicción en la villa 31, de Retiro.
Lo extraño del caso es que, si bien en octubre de 2009 el fiscal Campagnoli había pedido la detención y la indagatoria de los sospechosos, todos siguieron en funciones hasta enero de 2010, cuando fueron puestos en disponibilidad preventiva.
«En el marco de esta asociación ilícita, por sí o por intermedio de terceras personas, en su condición de funcionarios policiales, los acusados exigían y, consecuentemente, recibían de los responsables de los comercios situados en la jurisdicción de la comisaría 49a. una suma de dinero (de entre 1500 y 3000 pesos mensuales) o dádivas que entregaban para no tener problemas, dado que, en caso contrario, serían víctimas de robos sucesivos», afirmó el fiscal en su dictamen.
En julio pasado, el juez Carlos Bruniard -que intervenía en el caso como subrogante- procesó a los sospechosos, pero denegó el pedido de detención de Campagnoli. El fiscal apeló y, en septiembre pasado, la Sala IV de la Cámara del Crimen ordenó la detención de los acusados.
Tres formas de recaudar
«Las maniobras delictivas acometidas por los imputados han dejado a la vista los roles claramente diferenciados que desempeñaban cada uno de ellos dentro de la organización, articulados jerárquicamente entre sí en un accionar mancomunado que, a su vez, demuestra su voluntad indiscriminada para la comisión indeterminada de delitos», afirmó el fiscal Campagnoli en su pedido de elevación a juicio, al que ahora se dio curso. Según el fiscal y sus colaboradores, la forma que esta presunta asociación ilícita tenía de recaudar ilegalmente dinero estaba dividida en tres capítulos: las «quintas», las «habilitaciones» y la «máquina de cortar boletos».
«Se consideran «quintas» todos aquellos negocios legales o ilegales que tienen lugar en el ámbito territorial de la comisaría y de los que la organización deriva ingresos en forma ilegítima. En un sentido más estricto, las «quintas» son los establecimientos [generalmente, comercios cuyos encargados entregan dinero a la jefatura de la seccional para contar con una vigilancia exclusiva]», había afirmado Campagnoli en el pedido de detención e indagatoria de los policías sospechosos.
«El cobro de dinero en las denominadas «habilitaciones» no corresponde a una vigilancia exclusiva, sino a la permisividad para con las irregularidades de una actividad o establecimiento», había agregado. Entre las habilitaciones figuraban puestos callejeros de venta de CD y DVD, paradas de «trapitos» o cuidacoches y frigoríficos ilegales.
El «corte de boleto» significaba cobrar dinero a cambio de permitir la circulación de aquel o aquello que debería ser detenido.
Si en el juicio oral son condenados por los citados delitos, los acusados podrían recibir penas de tres a diez años de prisión.
Fuente: Online-911