Elecciones en la Ciudad: dos millones y medio de porteños votan el próximo domingo


Serán electos el nuevo jefe y vicejefe de Gobierno, la mitad de los representantes en la Legislatura y los miembros de las 15 juntas comunales.
Los comicios para comuneros se realizan por primera vez en la historia, desde que fue declarada la autonomía porteña, y llegan con casi 10 años de retraso respecto a lo que establece la Constitución local.

Unos 2.471.087 porteños concurrirán a las urnas el próximo domingo para elegir al nuevo jefe y vicejefe de gobierno -entre un total de 15 fórmulas-, la mitad de la Legislatura y, por primera vez en la historia de la ciudad, a los miembros de cada una de las 15 juntas comunales en las que fue dividida la ciudad.

En total, se pondrán en juego 147 cargos: jefe y vicejefe de gobierno, 30 legisladores y 10 suplentes, y 105 comuneros (7 miembros por cada una de las 15 comunas).

Según datos del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, están en condiciones de votar 2.471.087 ciudadanos nacionales y 11.781 extranjeros, lo que contabiliza un total de 2.482.868.

Habrá un total de 621 lugares de votación en todo el territorio de la capital, en los que se distribuirán 5.574 mesas para votantes nacionales y 34 para extranjeros.

La elección de comuneros se realiza por primera vez en la historia de la ciudad, desde que fue declarada la autonomía porteña, y llega con casi 10 años de retraso respecto a lo que establece la Constitución local.

El objetivo de la creación de las comunas es la descentralización del poder político y administrativo que promete una mayor participación y representación ciudadana y una atención de las necesidades y problemáticas de los barrios.

En total, se presentan 15 candidatos a jefe y vicejefe de gobierno porteño, con sus respectivas nóminas de postulantes a legisladores.

El actual titular del Poder Ejecutivo porteño y líder del PRO, Mauricio Macri, buscará un nuevo mandato de gobierno, acompañado por su ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, y llevará como primer candidato en la lista de legisladores al rabino Sergio Bergman.

El Frente para la Victoria (FpV) postula al ex ministro de Educación y actual senador Daniel Filmus, junto al titular de la cartera de Trabajo, Carlos Tomada; y al nieto recuperado y actual legislador Juan Cabandié, como cabeza de lista.

La fórmula kirchnerista llevará dos listas de adhesión: una encabezada por la legisladora de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerrutti; y otra del Frente Progresista y Popular, que lidera el ex jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra.

La alianza Proyecto Sur nomina al cineasta y actual diputado nacional, Fernando «Pino» Solanas, y al médico Jaime Selser para la jefatura de gobierno, con Pablo Bergel encabezando la nómina de legisladores porteños.

La Unión Cívica Radical (UCR) propone la fórmula integrada por la diputada nacional Silvana Giúdici-Claudio Augugliaro y como legislador a Víctor Salazar.

Este binomio lleva una lista de adhesión del Frente Juntos por la Ciudad, encabezada por Jorge Giorno. La Coalición Cívica propone a María Eugenia Estenssoro y Fernando Sánchez para la jefatura de gobierno porteña, y a Maximiliano Ferraro para la Legislatura; mientras que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores postula el binomio Myriam Bregman-José Castillo, y a Marcelo Ramal como legislador.

Otras fórmulas que compiten son Jorge Telerman-Diego Kravetz (Frente Progresista por Bs As), Ricardo López Murphy-Ana Paulesu (Partido Autonomista); Javier Castrilli-Leda Iruzun Di Si (Partido Acción Ciudadana); Luis Zamora-Cecilia Paul (Autoderminación y Libertad) y Alejandro Biondini-Mario Puértolas (Partido Alternativa Social).

También Enrique Piragini-José Luis Ferrari (Alianza Frente de los Ciudadanos); Carlos Campolongo-Marcela De Leonardis (Movimiento Federal de los Trabajadores); César Rojas y Rubén Saboulard (Movimiento Avanzada Socialista) y Jorge Todesca y Lisandro Yofré (Movimiento de Integración y Desarrollo).

En tanto, el partido Valores para mi País presenta solamente una nómina de legisladores encabezada por la actual diputada nacional Cynthia Hotton, al igual que el Partido para la Cultura y el Desarrollo Social que nomina legisladores, encabezados por Dina Fasoli.
Fuente: 26noticias.com

Nuevo capítulo entre Siderar y el Gobierno

La disputa por la integración del directorio de la siderúrgica Siderar, del Grupo Techint, tendrá un nuevo capítulo el jueves próximo durante una audiencia en Tribunales.

Es que la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial llamó a una audiencia de conciliación para el 7 de julio.

Se trata de una medida de la Justicia antes de emitir un fallo definitivo sobre el decreto que rehabilitó los derechos societarios del Estado sobre las acciones heredadas de la AFJP.

La Casa Rosada intenta colocar directores en la empresa gracias al 25,97 por ciento de las acciones de Siderar que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) heredó de la estatización de las AFJP.

El Gobierno nacional insiste con nombrar al economista Axel Kicillof, ante la resistencia de Paolo Rocca, CEO de Techint.

La incorporación del economista Kicillof fue propuesta infructuosamente por el Estado en la asamblea de accionistas del 15 de abril último.

En la audiencia judicial habrá un careo y se especula que por el Gobierno concurrirán el director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio o el ministro de Economía, Amado Boudou.

Fuentes oficiales especularon con que en el actual clima preelectoral, al Ministerio de Economía y a la Anses les conviene más el enfrentamiento con una corporación como es Techint y no hace mella la polémica, al contrario.

“Yo ya no tengo más que hacer, está en manos de la Justicia”, dijo recientemente Kicillof, quien además es el subgerente general de Aerolíneas Argentinas.

En la asamblea del 15 de abril, los representantes legales de la Anses intentaron hacer valer los derechos que había reinstalado dos días antes el decreto 441 que autoriza a la Administración a nombrar directores en empresas de acuerdo con la cantidad de acciones que heredó de las AFJP. Hasta ese momento regía el tope del cinco por ciento que se aplicaba a las AFJP y el Estado solo podía designar un director en cada una de las compañías donde posee participación accionaria.

La mayoría de los accionistas, incluidos los controlantes, rechazaron en abril la propuesta de los letrados oficiales. Dispusieron un reparto de dividendos muy inferior al que reclama la Anses.

Fuente: http://www.eltribuno.info

El Gobierno obligó a contratar a las Madres para hacer obras

El gobierno nacional obligaba a provincias y municipios a contratar en forma directa, sin licitación alguna, a la Fundación Madres de Plaza de Mayo si querían recibir fondos especiales para construir viviendas sociales, según quedó establecido por escrito en convenios y contratos de obra que obtuvo La Nacion.
Los documentos contradicen abiertamente lo que afirmaron el miércoles pasado, en el Congreso, los subsecretarios Abel Fatala (Obras Públicas) y Luis Bontempo (Vivienda) para despegarse del escándalo que desató el desmanejo de fondos por parte de Sergio Schoklender, ex apoderado de la fundación: «Nosotros no tratamos directamente con las Madres, sino con las jurisdicciones, con los municipios».
Esos dichos provocaron comentarios de gobernadores, que se apuraron a aclarar que el plan «venía enlatado» desde el Ministerio de Planificación y que ellos sólo pagaban cuando recibían los fondos y se certificaban las obras.
Los documentos en poder de La Nacion reflejan lo que gobernadores e intendentes admitían sin el grabador prendido: la orden expresa del Gobierno era contratar a las Madres. Si así ocurría, ellos cobrarían sin demoras y las casas iban a estar hechas a tiempo. En algunos de esos convenios, además, se pagaron, según lo presupuestado hace 13 meses, 463.000 pesos, por ejemplo, por cada vivienda en Villa Lugano de 70 metros cuadrados, amueblada y equipada con heladera.
Un convenio en el que expresamente se refleja que las obras debían hacerse mediante una contratación directa con la Fundación Madres de Plaza de Mayo es el suscripto el 13 de abril de 2010 entre Fatala y la Corporación del Sur, un organismo de la ciudad de Buenos Aires, presidido por Humberto Schiavoni.
En ese Convenio Unico de Colaboración y Transferencia se acordó la financiación de la construcción de obras en el Elefante Blanco, de la villa 15, Ciudad Oculta, en Villa Lugano. Esas obras se habían iniciado dos años antes, pero quedaron por la mitad. Se habían levantado sólo 72 viviendas y restaba hacer otras 96. En la cláusula octava del convenio se recuerda que ya en 2008 cuando se acordó la realización de las obras entre la ciudad y la Nación, la Fundación Madres de Plaza de Mayo era la «responsable exclusiva» de la «administración y ejecución de la obra».
Y en el contrato de obra firmado el mismo 13 de abril de 2010 por Sergio Schoklender como apoderado de las Madres de Plaza de Mayo y Schiavoni, por la Corporación del Sur, se menciona expresamente que mediante el Convenio de Colaboración y Transferencia «se impone la obligación por parte de esa Subsecretaría [de Obras Públicas de la Nación] de contratar en forma directa a la fundación para acceder al financiamiento de la obra». Claramente: para recibir dinero había que firmar con las Madres.
En esos acuerdos se establece que la ciudad de Buenos Aires iba a recibir de Planificación Federal 57.784.632 pesos, que iban a ser entregados a la fundación. Unos 44.546.632 pesos iban a estar destinados a construir 96 casas, infraestructura y equipamiento social. Si se divide ese dinero por la cantidad de viviendas, la cuenta da 464.027 pesos, unos 113.000 dólares.
Esta plata se giraría de acuerdo con los avances de la obra y contra la presentación de los certificados, pero un 15 por ciento le sería adelantada a la fundación como anticipo financiero. El resto del dinero, unos 13.238.000 pesos, iba a ser entregado en un solo pago y según el convenio están destinados a mejorar 72 casas terminadas y equipadas. La cuenta da $ 18.583 para comprar muebles, heladeras y cocinas para cada casa.
Fuentes del gobierno porteño dijeron que estos costos mayores pudieron haber estado destinados a reunir dinero para terminar el barrio Los Piletones, una obra que estaba pagada en un 70% y construida en un 30%. Aún está inconclusa.
En otras jurisdicciones se dan situaciones parecidas. Por ejemplo, en el municipio de Tigre, en el expediente 4112-13983/09, el asesor letrado reconoce en un dictamen que las obras de las Madres en esa comuna no se podían hacer mediante contratación directa sin violar la ley orgánica de las municipalidades, que establece la necesidad de hacer una licitación pública.
Analiza que este caso no entra en las excepciones que marca la ley, pero entiende que resulta conveniente la firma de estos contratos por dos razones: porque van a beneficiar a los vecinos de carenciados del barrio Cina Cina y porque, según convenios por la comuna, los fondos destinados a la obra provienen de la Nación para levantar 305 casas.
Contratación directa
Añade el dictamen que en esos convenios, suscriptos entre la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación y el municipio, «está establecido no sólo el plazo y monto de la obra, sino también la modalidad de contratación, a saber, contratación directa». Otra vez, para recibir casas había que firmar con las Madres.
Los convenios con la fundación fueron convalidados, en este caso y en el de otros municipios (como el de Ezeiza, donde se hacen otras obras de las Madres), por el Consejo Deliberante local.
En el caso de los convenios específicos de Villa Garrote, donde se alzan 288 viviendas, firmados en diciembre de 2008 por el entonces intendente de Tigre, Julio César Zamora; la Nación; Schoklender, y la provincia, surge un detalle que llama la atención: el acuerdo sostiene que se firma con la fundación porque los vecinos se reunieron en una asociación civil y manifestaron su intención de que se adjudicaran las obras a las Madres.
La actitud del Gobierno de despegarse de la responsabilidad de controlar el manejo de los fondos de las viviendas que hacía Schoklender provocó el rechazó del gobierno de Misiones, que negó ante la Justicia tener injerencia en el programa y apuntó al Ministerio de Planificación nacional. Además, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, se mostró dispuesto a presentar toda la documentación de las obras y sugirió también que era un plan nacional.
El papel del Estado en el escándalo
$ 765%
Millones
Es lo que les giró el gobierno nacional a provincias y municipios para financiar proyectos de viviendas de las Madres de Plaza de Mayo, que manejó Sergio Schoklender
3100
Viviendas
Se construyeron desde 2008
Operativo despegue
Enero de 2008
Con impulso kirchnerista
El gobierno nacional empieza a financiar las obras de las Madres. Funcionarios de Planificación y Economía recorren las obras y las presentan como un modelo fomentado por la Casa Rosada.
Abril de 2010
Contratación directa
En un convenio firmado entre la Nación y la Corporación Sur se establece la obligación de contratar a las Madres para hacer obras en la Capital.
Mayo de 2011
Estalla el escándalo
Se empiezan a conocer los desmanejos financieros de Schoklender y la Justicia empieza a investigar su cuantioso patrimonio.
Junio de 2011
El Gobierno toma distancia
Ante el Congreso, los funcionarios de Planificación Abel Fatala y Luis Bontempo (foto) se desligan del escándalo
y dicen que la responsabilidad de controlar era de los gobiernos distritales. «Nosotros no teníamos trato directo con las Madres», dicen.
Fuente: La Nación

El Gobierno readecuó partidas presupuestarias

El Gobierno Nacional readecuó partidas presupuestarias por 175 millones de pesos, que en gran parte fueron destinadas al Ministerio de Defensa y en menor medida a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Los recursos fueron autorizados por la Jefatura de Gabinete, a través de una modificación del Presupuesto Nacional.

Destinó 8,5 millones de pesos adicionales a la Secretaría de Comunicación Pública para atender gastos de propaganda oficial, a través de una Decisión Administrativa publicada en el Boletín Oficial.

Del monto total de partidas presupuestarias, poco más 162 millones de pesos fueron transferidos al Ministerio de Defensa, para ser destinados al mantenimiento y reparación de edificios, maquinaria y vehículos (62,1 millones), construcciones en la provincia de Buenos Aires (30,7 millones), material de guerra (24 millones), equipos militares y de seguridad (19,3 millones), servicios sociales (13,4 millones) y alimentos (12,7 millones).

En Jefatura de Gabinete se quitaron 8,5 millones de pesos de activos financieros para destinarlos a prensa y difusión de actos oficiales.

Por último, en Ciencia y Tecnología se destinó 1,8 millón pesos a promoción y financiamiento de actividades.

En relación a la publicidad, el Poder Ejecutivo puntualizó que la reasignación de recursos tiene por objetivo «atender el gasto referente a pautas oficiales de publicidad de diversos organismos».

Además, aclaró que el aumento del presupuesto de la Secretaría que conduce Juan Abal Medina se financia «mediante compensación crediticia», incrementando el rubro «Servicios no Personales».

La medida lleva la firma del Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y del ministro de Economía, Amado Boudou.
Fuente: www.agenciacna.com

¿ALGUIEN PUDE TENER ALGUNA DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO

Como ya es habitual en este gobierno, periódicamente se destapa algún gravísimo hecho de corrupción gubernamental. Los argentinos ya estamos casi acostumbrados. El problema es que ese período al cual hacemos referencia, se va acortando cada vez más. Ahora el período ya se puede medir en semanas e inclusive en días.
El último, hasta ahora, 2 de junio de 2011 a las 1035 hs., es el mega escándalo de la Fundación “Madres de Plaza de Mayo”.

No es necesario repetir los detalles del mismo ya que es ampliamente tratado por los medios y analizado por analistas y opinólogos en internet. Cada vez aparecen más implicancias y delitos conexos. Casi se podría afirmar que es un verdadero agujero negro, cada vez más grande, que se traga el dinero de todos los argentinos.

Cuando se tuvo la primera evidencia del hecho lo primero que hizo el gobierno fue minimizar el escándalo. El Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, con su particular mirada sobre los hechos más polémicos, buscando tratar de quedar bien con la presidente, no hesitó en decir cualquier cosa para salvar su responsabilidad.

Manifestó que la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, «no tiene nada que ver» con las denuncias sobre supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos para construcción de viviendas a través de la Fundación que ella lidera” y «…no es el gobierno el que tiene que preocuparse en este tema»
Posteriormente cuando ya era imposible ocultar este nuevo e inocultable delito con los fondos públicos el gobierno buscó despegarse del mismo….pero como siempre, mal, torpemente.

Buscó preservar la imagen de la gran amiga de Cristina, la desquiciada e impresentable presidente de la Fundación.

Tanto Fernández, como prestigiosos periodistas, Castro, Lanata y otros, no se animaron decir con todas las letras que Bonfini es igualmente responsable: “… es honesta y está a salvo de toda sospecha», “…miró para otro lado…” expresaron tímidamente.

¡Que bajo hemos caído que hasta los últimos pilares de la verdad se están cayendo!

Obviamente, el doble parricida Sergio Schoklender, que no dejó estudio de TV o radioemisora sin recorrer, mintiendo descaradamente para salvar su posición y justificando su elevado standard de vida, es el instrumento y principal responsable ejecutivo de estos cada vez más numerosos delitos.

Pero también lo es, en la misma medida y tal vez aún más, Hebe de Bonafini, quien bajo ningún punto de vista puede afirmar ignoraba los hechos y en la remota y lejana posibilidad que así fuera, también es responsable por ser la titular de la Fundación.

Y finalmente, pero en primera instancia, y sin duda alguna, la principal responsable, es la presidente Cristina Kirchner.
Es conocido el viejo adagio popular que dice: “nunca la culpa es del chacho sino del que le da de comer”. Nunca más cierto que en este caso y por dos motivos: Cristina y Bonafini demostraron a lo largo del tiempo que entre ellas había una sólida amistad. No había acto público, evento o reunión de la Casa Rosada en la cual Bonafini no estuviera invitada ocupando lugares de honor, muy cercanos a la presidente.

Es sabido que Bonafini se desenvolvía con total impunidad para atropellar a cualquiera o hacer lo que se le antojase o quisiera.

Cuando se veían se saludaban muy efusivamente. En casi todos los discursos de la presidente se nombraba, casi como una repetida y cansadora muletilla, a las “Madres de Plaza de Mayo”.

Había una relación muy especial entre ellas. Tal vez ¿una asociación delictiva ilícita? Es una posibilidad, pero no es lo suficientemente plausible.

Pero en cambio, la presidente es la principal responsable, porque gusta en muchos de sus actos y decisiones, repartir el dinero de los contribuyentes, para ser mas claro el dinero de los argentinos, a diestra y siniestra en actos de un nivel demagógico, pocas veces visto en el país. Un verdadero despilfarro del dinero de las arcas del Estado.

Pero inclusive así, la más grande responsabilidad que le cabe como gobernante es la ausencia casi total de los mecanismos de seguimiento, concretamente de los controles reglamentarios y las auditorias correspondientes, para verificar y supervisar si los dineros públicos se le dan el uso para lo cual fueron asignados.

Nada de esto ha hecho esta presidente, ni su verborrágico, inepto y acomodaticio Jefe de Gabinete.

Por eso el país anda al garrete y cada vez peor.

Dr. ALFREDO RAÚL WEINSTABL

Fuente: Por Alfredo R. Weinstabl
alfredo@weinstabl.com.ar

Chubut: ya arrancaron las especulaciones sobre el vínculo de Buzzi con la Rosada

El gobernador electo tuvo un fluido vínculo con el kirchnerismo hasta 2009. Y aunque ganó la elección enfrentando al Frente Para la Victoria, en sus filas abren el paraguas y advierten que sería difícil seguir gobernando sin ayuda de la Nación.
Como el cuento de Osvaldo Soriano “el penal más largo del mundo”, las elecciones en Chubut seguramente serán recordadas como las más extensas de 2011: comenzaron el 20 de marzo y el resultado definitivo recién se conoció ayer cerca de la medianoche.

Los últimos dos meses fueron una larga agonía para el kirchnerismo y para el partido que dirige Mario Das Neves, “Modelo Chubut”. Después del festejo inicial porque el dasnevismo consiguió mantener la gobernación y ganar la intendencia de Madryn, comenzaron las especulaciones acerca de qué vínculo mantendrá la provincia con la Nación.

El gobernador Mario Das Neves recibió ayer por la noche a los candidatos y distintos referentes del partido para festejar la victoria. El objetivo era celebrar que el kirchnerismo no había logrado quebrar la tendencia en las elecciones generales y que Martín Buzzi había ganado la gobernación.

Buzzi fue de los más buscados por todos los referentes durante la jornada. Lo felicitaban porque asumirá la gobernación el 10 de diciembre, pero también le preguntaban cuál sería el vínculo con la Casa Rosada. “Hace dos años militábamos juntos, nos conocemos” respondía el actual intendente de Comodoro Rivadavia. Hasta 2009, cuando Das Neves estaba aliado con el Frente Para la Victoria, Buzzi y los kirchneristas Carlos Eliceche y Néstor Di Pierro tenían un vínculo fluido con el ex presidente Néstor Kirchner.

Buzzi participó hoy por la mañana del primer acto como gobernador electo y ante una consulta sobre el futuro de la provincia respondió: “Este proyecto (el de Das Neves) tendrá continuidad en el tiempo. El voto de la gente está puesto en la urna y hay que reafirmar el compromiso”.

“Es una discusión que deberá darse, pero tendremos que compatibilizar las aspiraciones individuales con el conjunto”, explicó un dirigente que ayer salió victorioso de los comicios. “Pero está claro que es difícil gobernar sin una buena relación con la Nación porque a la larga los que pierden son los ciudadanos”, añadió.

“Las relaciones de la Nación con Das Neves están absolutamente rotas y por eso hasta tuvimos que salir a armar un fideicomiso. Pero una provincia no puede funcionar sin trato con la Nación”, coincidió un dirigente cercano al gobernador. “No es una traición, la idea es que gobiernen ellos (Buzzi y otros dirigentes más jóvenes), nosotros les dimos la posta, pero seguiremos haciendo política”, agregó.

Por lo pronto, las cartas están sobre la mesa y el partido ya empezó. En este caso, Martín Buzzi será como Constante Gauna, el delantero que en el cuento de Soriano tuvo que hacerse cargo del penal más largo y decidir adonde iba a patear.

Fuente: clarín.com

AUTORIZAN SUBA EN LAS TARIFAS AEREAS DE CABOTAJE

Buenos Aires, 27 de mayo (Télam).- El Gobierno autorizó un ajuste a partir de mañana, del 8 por ciento promedio, para los vuelos de cabotaje de todo el país en la clase «económica», dentro de las bandas tarifarias fijadas. Este es el segundo ajuste autorizado en lo que va del año, y debe ser considerado a cuenta de la tarifa que se establezca, en razón de ajustar la misma a las previsiones del Artículo 42 de la Ley Nacional de Política Aérea 19.030. Los ajustes se harán dentro de las bandas tarifarias que establecen una tarifa de referencia y una de máxima para los diferentes destinos, y que forman parte del Anexo de la resolución 112/11 publicada hoy en el Boletín Oficial. Para los tramos o rutas no indicados en ese Anexo, la tarifa de referencia será calculada en proporción al kilometraje, comparándola con la tarifa de referencia correspondiente a una ruta de distancia similar que atienda un mercado de la misma región geográfica. Estas tarifas habían sido ajustadas en marzo pasado, también de 8 por ciento promedio, con la entrada en vigencia de la resolución 64 de la Secretaria de Transporte. Ahora, en la Resolución 112 publicada hoy, se señala que «corresponde continuar la aplicación mediante la presente resolución del proceso de articulación de las diversas estructuras tarifarias de los sectores de transporte aerocomercial y terrestre». También destaca que «que por ello resulta necesario autorizar un nuevo cuadro tarifario, a fin de garantizar la prestación del servicio público de transporte aerocomercial que prestan las empresas autorizadas». La resolución 112 de la Secretaría de Transporte publica en su Anexo el listado con las tarifas que regirán a partir de la cero hora de mañana, para todos los destinos dentro del territorio nacional. Así se incrementará la tarifa de referencia para el tramo Buenos Aires-Córdoba de los actuales 287 a 310 pesos, con un máximo de 589 pesos; en el caso Buenos Aires-Mendoza se pasará de los actuales 370 a 400 pesos, con un máximo de 758 pesos, mientras que un vuelo entre Buenos Aires y Santa Fe pasará a costar de 169 pesos a 183 pesos, con un máximo de 348 pesos. Para destinos como Puerto Iguazú (Cataratas) los valores de los pasajes oscilarán entre una tarifa de referencia de 396 pesos y una tarifa máxima de 753 pesos; para Río Gallegos, de entre 400 y 757 pesos, y para Río Grande de entre 434 y 823 pesos.

Gobierno de Chávez y el terrorismo

El congresista Engel definió como “perturbadora relación entre el régimen del presidente Hugo Chávez en Venezuela, y el gobierno de Irán”.
La posibilidad de incluir a Venezuela en la lista de los países que promueven el terrorismo “es algo de lo que ahora se está hablando en el Congreso como nunca se habló antes”, dijo el representante demócrata por Nueva York, Eliot Engel a la Voz de América.

Engel, el integrante de mayor rango del mismo subcomité sobre el Hemisferio Occidental del Congreso, explicó que la iniciativa viene siendo promovida por el propio presidente del subcomité, el legislador republicano Connie Mack, a la vez que “hay muchos congresistas que están hablando del tema”.

El representante Engel dijo que la medida responde una realidad, que es lo que tiene que ver con lo que definió como “la perturbadora relación entre el régimen del presidente Hugo Chávez en Venezuela, y el gobierno de Irán”.

Al participar del debate en el marco de una jornada sobre «Cómo el socialismo el siglo XXI subvierte la democracia en las Américas», titulada «Legitimación perdida», Engel defendió las sanciones aplicadas por el gobierno del presidente Barack Obama contra la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA), y dijo que “si pudiera las haría más fuertes”.

El legislador Engel djio que las sanciones tienen la finalidad de “dejar claro que nos disgusta la relación del gobierno de Venezuela con el gobierno de Irán”. El legislador estadounidense no dudó en calificar al gobierno de Teherán como “el peor gobierno de todo el mundo”.

Recordó además que en Estados Unidos “estamos empeñados en una larga lucha contra el terorrismo” y recordó que “Irán promueve a organizaciones terroristas como Hezbollah y Hamas”.

Incluso recordó que Irán “es responsable por dos atraques terroristas en la región, en Buenos Aires, varios años atrás contra dos instituciones judías” que se saldaron con decenas de muertos.

Promover la democracia

Para el congresista Engel, las “sanciones no son sorpresivas para nada”, por más que destacó que su posición “siempre ha sido de alentar una relación amistosa entre Estados Unidos y la región”.

Pero dejó claro que “estas sanciones dejan claro que somos muy serios sobre el apoyo de Irán al terrorismo”.

También señaló que “seguiremos considerando nuevas medidas”, porque “hay muchos congresistas que están dispuestos a considerarlas”.

Si bien reconoció que genera cierto “descontento el hecho de que Venezuela le siga vendiendo petróleo a Estados Unidos y que Estados Unidos le tenga que seguir comprando a Venezuela, es por esa misma razón que estamos promoviendo la búsqueda de otras alternativas”, afirmó.

Fuente: voanews.com

El Gobierno intervino un área clave para frenar el exhorto por el caso Covelia


La Dirección de Asuntos Jurídicos (DIAJU) del ministerio de Relaciones Exteriores, área que tramita el exhorto que llegó de Suiza en marzo pidiendo información judicial sobre Hugo Moyano, se encuentra políticamente intervenida por la Casa Rosada que ya puso un hombre propio para controlar los expedientes que ingresas.
Según el diario Clarín, se trata del abogado Manuel Borges. Ese ignoto funcionario, que según fuentes diplomáticas “trabaja aislado y en solitario para la Presidencia, no tiene facultades ni el canciller Héctor Timerman”, a quien le llovieron duras críticas internas en aquellos días de marzo del terremoto entre el Gobierno y el líder de los camioneros. Anoche este diario consultó a Timerman sobre esta información pero, hasta el cierre de esta edición, aún no había contestado.

Este “AG”, como se conoce en la jerga de la administración pública a estos empleados estatales, despertó la desconfianza interna en el Palacio San Martín, donde hay cierta incomodidad porque nadie explica su “informal” presencia. Utiliza las instalaciones de la DIAJU, dependiente de la subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa del Ministerio, que conduce el embajador Eduardo Andrés Villalba. El jefe natural de ambos sería a su vez es el secretario de Coordinación y Cooperación Internacional, embajador Hernán Darío Orduna, quien a su vez responde directamente a Timerman.

Justamente, fueron Timerman y Orduna quienes “cobraron” por lo que ocurrió con el exhorto suizo: llegó a DIAJU, donde estuvo diez días, como cualquier “otro documento” sobre figuras “menos relevantes” que el líder de la CGT, Hugo Moyano, y fue derivado a la justicia como se debe hacer con todos estos papeles.

Según las fuentes, “nadie informó a Timerman” sobre su contenido. Finalmente, el exhorto llegó a la Corte Suprema de Justicia, que lo divulgó en su sitio online, de donde se convirtió en noticia rápidamente. Moyano montó en cólera. Habló de conspiración local y suiza en su contra. Amenazó hasta con un paro general, y sus seguidores criticaron duramente a Timerman porque consideraron insólitamente que no debería haber recibido el exhorto.

Para los días en que el exhorto entró a Cancillería, el área estaba sin jefe. En Personal del ministerio aún figura como titular de DIAJU, la agente pública Paula Sidoti, quien según supo este diario no estaba cuando llegó el pedido de la justicia suiza. El envío del exhorto a la Justicia, sin más trámite, es lo que correspondía hacer desde el punto de vista legal.

Lo cierto es que desde que la Rosada intervino políticamente esta dirección de la Cancillería la respuesta que Oyarbide debe darle a Suiza sobre las causas en que es investigado Moyano y sus hijos está paralizada. No se pudo confirmar si, por ejemplo, la Cancillería envió el pedido del juez a Suiza para que traduzca el delito que se le imputa al titular de Covelia.

El Gobierno le pegó a Brasil por las trabas y puso al vino como ejemplo

En una carta de seis páginas de extensión, la ministra de Industria, Debora Giorgi, elevó una queja formal por la decisión del vecino país de cerrar la entrada de autos argentinos a su mercado. En la misiva, Giorgi recordó que Brasil tiene restricciones históricas para que ingresen al país productos argentinos como medicamentos, cítricos, vinos y aceite de oliva entre otros.

Para ingresar a Brasil, para ingresar a Brasil no puede superar un precio piso de U$S8 dólares por caja de 9 litros que sirve como protección a la producción vitivinícola local.

En una carta de seis páginas de extensión, la ministra de Industria, Debora Giorgi, elevó una queja formal por la decisión del vecino país de cerrar la entrada de autos argentinos a su mercado. En la misiva, Giorgi recordó que Brasil tiene restricciones históricas para que ingresen al país productos argentinos como medicamentos, cítricos, vinos y aceite de oliva entre otros.
por MDZ – Dinero

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En una carta de seis carillas, la Ministra de Industria, presentó una queja formal por las sorpresivas trabas que el Gobierno de Dilma Rouseff impuso a los autos argentinos y que generó una escalada de tensión comercial entre ambos países. En la misiva, recuerda que Brasil tiene restricciones históricas para que ingresen al país productos argentinos como medicamentos, cítricos, vinos y aceite de oliva entre otros.

En el caso del vino, la Ministra recordó que para ingresar a Brasil los productos argentinos no puede superar un precio piso de U$S8 por caja de 9 litros. Una medida que sirve como protección a la producción vitivinícola local y que es aceptada por la Argentina pese a la vigencia de los tratados comerciales del Mercosur.

La carta oficial fue en respuesta a la enviada su par del Brasil, Fernando Pimentel, quien mostraba preocupación por las trabas que impuso argentina a una serie de productos brasileños a principio de año y que pedía que se solucionen antes del fin de semana. En la misiva Giorgi descartó que esas medidas perjudiquen el ingreso de productos brasileños, y en contraposición aseguró que son los productos argentinos los que sufren «variados problemas» para acceder al mercado brasileño.

«No sólo que no hay impactos negativos sobre las exportaciones brasileñas, sino que las medidas adoptadas son el reflejo de un problema estructural que debemos resolver rápidamente», sostuvo Giorgi en el texto.
Para la ministra, «sólo una relación bilateral que genere una dinámica industrial equilibrada podrá ser sustentable. Y en esto, no se obtuvieron los resultados que Argentina esperaba».

Respuesta
Hace dos días Pimentel había expresado su preocupación por las medidas aplicadas por la Casa Rosada a las importaciones de productos del Brasil y su impacto negativo sobre las exportaciones de ese país a la Argentina.

Según Giorgi, «las medidas que ha tomado y pudiera tomar el Gobierno argentino, ya sea de defensa comercial, de monitoreo del comercio o de investigaciones aduaneras, se enmarcan en un todo en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y no tienen como destino a ningún país en particular y menos aún a Brasil, a quien consideramos un socio estratégico».

Además, aseguró que «los datos del comercio bilateral desmienten que se verifique un impacto negativo en las exportaciones de Brasil a la Argentina».

De acuerdo con estadísticas elaboradas por Industria, en el primer trimestre de 2011 las compras argentinas de productos brasileños han crecido un 33 % en términos anualizados, alcanzando los u$s 4.700 millones en este período, con saldo positivo a favor de Brasil de u$s 730 millones, que resultó mayor al registrado en el mismo período de 2010.

Por este motivo, Giorgi fue más allá y le recomendó a Pimentel que «corrobore si los problemas (que argumenta el sector privado del Brasil para exportar a la Argentina) son justificados: por citar sólo un ejemplo, la empresa Abicalçados nos informó hoy que el supuesto atraso de 800 mil pares de calzado no existe».

En este marco, la ministra recordó que desde 2003 «la Argentina ha venido planteando su preocupación por el persistente y creciente déficit que registra el intercambio comercial bilateral y la necesidad de adoptar medidas orientadas a atender los desequilibrios estructurales», sobre todo en las manufacturas industriales.

La funcionaria puntualizó que Argentina «es el primer comprador de productos industriales brasileños, y -a valores 2010- esto significó adquisiciones por 16.200 millones de dólares, muy lejos del segundo cliente de Brasil que es los Estados Unidos, con compras por 11.200 millones de dólares».

«Estos datos refuerzan no sólo que no hay impactos negativos sobre las exportaciones brasileñas, sino que las medidas adoptadas son el reflejo de un problema estructural que debemos resolver rápidamente», enfatizó Giorgi.

Y destacó que «los beneficios de las políticas implementadas por el Gobierno argentino son apreciados por los empresarios brasileños a la hora de invertir en la Argentina en sectores tales como autopartes, textil, calzado, material de construcción, maquinaria agrícola y automotriz, entre otros».

Por último, un gran tramo de la carta lo dedicó Giorgi para exponerle crudamente la cantidad de productos argentinos que históricamente tienen restricciones para ingresar a Brasil como los vinos, medicamentos, cítricos, leche en polvo y aceite de oliva.

Fuente: Ambito.com

El aumento de la inseguridad que el gobierno oculta


El 33 por ciento de los hogares argentinos fue víctima de al menos un delito en el último año. De cada 100 hogares, 22 sufrieron al menos un robo con violencia. Los números de un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella que no son escuchados desde el gobierno nacional a la hora de detener la ola de inseguridad que sacude al país.
Muy lejos parece quedar en la memoria de la gente los tiempos en que la Argentina era un país seguro, donde caminar tranquilos por las calles de noche era normal y corriente, en el cual el policía de la esquina era visto más como un compañero o un miembro de la familia y no con cara rara como sucede hoy día.

Ya nadie parece quedar afuera de la ola de inseguridad que sacude a la Argentina en todos los sectores de la sociedad, donde un tercio de los ciudadanos ha sido víctima de algún delito en los últimos doce meses y el andar sereno por las calles está destinado a unos pocos privilegiados que viven imbuidos en su limbo de barrios cerrados y cercados por seguridad privada.

Ante el creciente avance de la inseguridad en nuestro país, y luego de los hechos delictivos que vienen siendo portada de los principales medios de la Argentina, las políticas de seguridad encarnada por el gobierno nacional y los provinciales, han vuelto a ser puestas en tela de juicio, reclamándose cambios urgentes que brinden una solución rápida a tan dramático problema que vive la sociedad.

El Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella, efectuó un trabajo en el mide el Índice de Victimización (IVI), que es cuantificar la cantidad de hogares que sufrieron al menos un delito en los últimos 12 meses, sean estos eventos denunciados o no a una autoridad competente.

El informe de la alta casa de estudios condensa los principales hallazgos de las 1206 encuestas de victimización realizadas entre los días 1 y el 12 de abril de 2011. La medición de abril de 2011 estima que el 33.2% de los hogares de Argentina fueron víctimas de al menos un delito en los últimos 12 meses, porcentaje que coincide con el valor observado en abril de 2010. Es decir, que el IVI no tuvo variación anual. Respecto a la medición de marzo de 2011, el IVI subió 3.6 puntos porcentuales.

Las encuestas de victimización se llevan adelante en tres regiones de Argentina, Ciudad de Buenos Aires (CABA), Gran Buenos Aires e Interior, compuesto por: Cuyo (Mendoza, San Luis y San Juan), Noroeste-NOA (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán), Noreste-NEA (Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones), Pampeana (Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Provincia de Buenos Aires) y Patagonia (Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz).

El relevamiento de abril de 2011 muestra que la victimización en la Ciudad de Buenos Aires y en el Interior, fue menor a la media nacional en 2.6 y 3.4 respectivamente. En las ciudades grandes la victimización fue mayor a la media nacional en 1.8 puntos porcentuales. En ciudades medianas y pequeñas el IVI se posicionó por debajo la media nacional en 4.8 y 7.9 puntos porcentuales.

El IVI muestra que de cada 100 hogares, 12 sufrieron al menos un delito contra la propiedad sin violencia. Este valor se encuentra 1 punto por sobre la medición de abril de 2010 y marzo de 2011. Además, el informe reveló que de cada 100 hogares, 25 sufrieron al menos un delito contra las personas en los últimos 12 meses; lo que implica un incremento de 1 punto, respecto del registro de abril de 2010 y 4 en relación al valor obtenido en marzo de 2011.

Del total de los delitos sufridos por los ciudadanos en los últimos 12 meses, el 59.5% corresponde a robo con violencia y el 18.9% a hurto de objetos personales. El 8.1% y el 5.4% de los delitos sufridos corresponden a robo en viviendas y automotores, respectivamente.

Un problema complejo el de la inseguridad, que requiere de soluciones concretas y rápidas, para poder acabar de esa manera con uno de los flagelos que socavan a la sociedad argentina. La inseguridad no es un tema que pueda resolverse en el corto plazo o mediano plazo, sino que llevará varios años, pero el gobierno sí puede llevar adelante políticas que sirvan para prevenir los delitos. Si se escuchan a todas voces especializadas en el tema y no sólo la de los amigos, la inseguridad que se vive en el país se puede llegar a contrarrestar con políticas públicas que tiendan a la disminución de los delitos en las calles.

Una cuestión complicada que divide las aguas en la sociedad argentina, y el gobierno no se ha mantenido al margen de este tema, por lo cual lo que se implemente de cara al futuro, tendrá injerencia en la seguridad y la vida de millones de argentinos, que esperan vivir en paz y sin problemas su vida en nuestro país.
Fuente: www.agenciacna.com.ar

El clientelismo como forma de gobierno


“Las formas denigrantes de usufructo de la pobreza llegan por otros medios, se sostienen por andamiajes mucho más poderosos que el de un puntero político o un dirigente de barrio. El manejo oscuro y ladino de la política social está montado en un aparato estatal mayor que se ha moldeado en los últimos treinta años, deliberada y siniestramente. Las formas más variadas de la trampa, la estructura de poderes provinciales y nacionales, la ausencia de mecanismos de control eficaces y prácticos, el oscuro manejo de la información y la atroz maquinaria de la burocracia resultan ser armas mucho más poderosas para extender y mantener los niveles de pobreza, para perpetuar lo que denominamos el “festival de la pobreza” (Dinatale, 2005 :14).
Buscando un concepto de CLIENTELISMO, se me ocurrió indagar en el ENCARTA y me dio este resultado Clientelismo: m. sistema de protección y amparo con que los poderosos patrocinan a quienes se acogen a ellos a cambio de su sumisión y de sus servicios.

Clientelismo, populismo, son conceptos que para una sociedad, están cargados de una connotación negativa. Se trataría, en todos los casos, de condicionar, a cambio de algún tipo de dádivas materiales, la voluntad de posibles votantes. En tal caso, se usarían fondos públicos para aplicarlos a estas prácticas, hacia sectores materialmente carenciados.

Se trataría de actitudes demagógicas por parte de gobiernos con mucho arraigo popular, destinada al sometimiento de las masas.

Existe una gran diferencia entre lo que es POLÍTICAS SOCIALES y CLIENTELISMO.

Tanto a nivel de la información periodística como de la ciencia social, suponen que la implementación de los programas sociales no puede escapar a esta forma de politización de la gestión pública el CLIENTELISMO. La cuestión del clientelismo atañe directamente al sistema político.

Los partidos suelen distribuir bienes, promesas o beneficios para ganar votos. Por ello, es necesario una clara distinción entre lo que llaman la distribución programática y la distribución clientelar. La diferencia clave entre ambas formas de distribución no radica en que los partidos no den bienes o beneficios para obtener votos, los partidos pueden hacer campaña prometiendo incrementos en las jubilaciones o en los salarios, por ejemplo, e incluso cumplir con las promesas una vez en el gobierno. La diferencia fundamental radica en que los beneficios otorgados o a otorgar están dirigidos a categorías abstractas y colectivas. La distribución programada y seria sería a “los jubilados”, a “los desempleados”, etc. La DISTRIBUCÓN CLIENTELAR, en cambio, no tiene en cuenta a categorías abstractas y generales, sino que sólo busca la captar de aquellos votantes que probablemente responderán con apoyo político a estos favores o bienes.

Esta distinción es de gran utilidad para precisar, por un lado, qué entendemos específicamente por clientelismo. Por otro, para establecer la magnitud de la “administración” clientelista del sistema de políticas sociales en Argentina. El CLIENTELISMO consiste básicamente en una relación de intercambio entre individuos –no entre grupos sociales organizados- en un contexto. Estos intercambios vinculan a un patrón y a un cliente, articulados a través de una mediación (puntero) política personalizada, y establecen un circuito de reciprocidad probable entre “favores” y votos. Además de fundarse en la desigualdad de recursos, las relaciones clientelistas son personalizadas y particularistas porque no se establecen sobre bases universales sino en vínculos personales, y son informales porque ninguna instancia investida de poder formal aparece como garante del cumplimiento.

La POLÍTICA SOCIAL es, por ejemplo, la seguridad social o de seguros sociales, compuesto principalmente por el sistema de jubilaciones y pensiones y los esquemas de seguro social de salud (obras sociales). Aquí, los beneficiarios de las prestaciones –el trabajador formal (activo o pasivo) y su núcleo familiar directo- se identifican con categorías abstractas.

El diseño e implementación de políticas no universales, con criterios de elegibilidad como requisito fundamental de acceso, definen la incapacidad de gestión habitualmente supuestas en el Estado argentino, sobre todo en el área social. Este factor junto con el trasfondo de grave crisis socioeconómica y el fuerte arraigo de intermediarios tradicionales entre estado y los trabajadores, los sindicatos, son caldo de cultivo para el CLIENTELISMO.

La idea es que los programas asistenciales se focalicen en la población pobre, en sectores populares, socialmente más vulnerables y desplazados del mercado de trabajo formal, y para la cual los recursos públicos de los programas sociales representan la base material de las relaciones clientelares que median un lejano vínculo con el Estado.

La RELACIÓN CLIENTELAR como forma de dominación política remite necesariamente a clientes como actores pasivos, carentes de autonomía y capacidad de acción. En clave de la teoría democrática clásica, el CLIENTELISMO es un emergente de la gran desigualdad social, la cual obliga a entrar en una relación de dependencia con un patrón político que utiliza recursos públicos para “comprar” apoyos mediante la distribución personalizada de bienes, y constituir, así, un séquito estable de seguidores.

Por Gabriel Tolosa, para El Ojo Digital Política

Techint y el Gobierno redoblan su apuesta


El Gobierno y Techint subieron ayer la apuesta en el conflicto que mantienen por el directorio de Siderar. Trascendió también que tanto el Gobierno como la empresa ya sondearon a candidatos para el directorio por parte de la Anses, pero guardan sus nombres bajo siete llaves para que «no se quemen en el fuego cruzado».

En Houston, EEUU, la capital mundial de petróleo, Tenaris, una de las empresas del grupo, Pablo Rocca, CEO de Techint, conversó con la prensa por primera vez en tres años y realizó declaraciones fuertes: «Techint no se casa con ningún Gobierno», sostuvo. También reafirmó que quiere comprar las acciones de la Anses en Siderar, reclamó reglas de juego claras y advirtió sobre la alta inflación y el deterioro fiscal.

El kirchnerismo, por su parte, tampoco afloja en la pulseada. Altas fuentes del oficialismo vinculadas a la negociación con Techint indicaron que tiene confianza en que la Justicia finalmente les dé la razón para así poder colocar en Siderar a dos directores de su preferencia en representación de la Anses, posición cuestionada por la empresa.

Trascendió también que tanto el Gobierno como la empresa ya sondearon a candidatos para el directorio por parte de la la Anses, pero guardan sus nombres bajo siete llaves para que «no se quemen en el fuego cruzado».

Consultado al respecto, Rocca dijo ayer que podrían discutir el nombramiento que postule el Gobierno -en el caso de que la Justicia no le dé la razón a la empresa- «si hubiera un conflicto de intereses muy visible».

El lunes, Techint se anotó una victoria al conseguir que el juez que interviene en la causa, Hernán Papa, autorizara el reparto de dividendos que había sido impedido por los representantes estatales en la reunión de directorio de la semana pasada. Son 1.511 millones de pesos que se repartirán el viernes, de los cuales 26% le corresponde a la Anses.

En el medio de la disputa, el lunes también la Comisión nacional de Valores (CNV) dispuso la prohibición para Siderar de cotizar en la Bolsa porteña, por segunda vez, y ayer se mantuvo la medida. La acción de la compañía registró una leve baja, a pesar de que se anunció un aumento de las ganancias del 82 por ciento (interanual) en el último trimestre.

Así como el Gobierno, en Techint apuestan a tener un fallo favorable en la Justicia. «Me parece que es un tema que inevitablemente tendrá que ser dirimido en la Justicia», dijo ayer Rocca.

El empresario volvió a reclamar «estabilidad jurídica y reglas de juego» para que «las empresas se comprometan en inversión en capital, en investigación y desarrollo y en inserción global.»

El conflicto del Gobierno con el Grupo Techint no tiene una fecha fija de inicio. Desde la famosa foto de Rocca con Hugo Chávez, Cristina y Néstor Kirchner en 2007 al cuadro de hoy, hubo roces en su momento por la nacionalización de Sidor en Venezuela, y diferencias por los aumentos en el precio de la chapa y por licitaciones públicas en las que el grupo privado se sintió perjudicado.

Autor de Nota: Los Andes

Carmona se va del Gobierno herido por la interna peronista

Luego de haber quedado afuera de las negociaciones del oficialismo en la interna del PJ, el secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, anunció ayer que deja su cargo.

Inmediatamente, el gobernador, Celso Jaque, decidió su reemplazo. Será Pablo Gudiño, quien es hasta ahora secretario de Obras Públicas de uno de los intendentes más afines al Ejecutivo, Alejandro Abraham, de Guaymallén.

La decisión la tomó Carmona durante la semana, pero esperó para hacerla pública hasta ayer por la mañana, cuando anunció el envío a la Legislatura del Plan Estratégico (un proyecto que Jaque nombrará como un logro en el discurso de la apertura de sesiones ordinarias que será mañana).

«No estoy de acuerdo con las decisiones políticas que se han tomado respecto a las definiciones de las listas de candidatos para la interna, en la que nuestro espacio se ha visto ninguneado», dijo claramente el ex secretario a Los Andes.

El justicialismo cerró el listado de candidatos la semana pasada, después de muchos tironeos, y excluyó del reparto de casilleros al espacio que comparte Carmona con los diputados nacionales Jorge «Pampa» Alvaro y Guillermo Pereyra.

Esa situación enardeció al grupo, que mantiene la amenaza de ir como una colectora de Cristina Fernández de Kirchner con Carmona como candidato a gobernador, lo que especulan le restaría votos a la fórmula del oficialismo.

El lunes pasado, el ahora ex funcionario estuvo en la Casa Rosada y arregló con el coordinador de Asuntos Técnicos de la Unidad Presidencia, Rafael Follonier, sumarse a su equipo de trabajo. «Con Follonier me une una relación de amistad y de coincidencias políticas, por eso voy a colaborar con él desde aquí», sostuvo Carmona.

Antes de decir públicamente que renunciaba, el ex secretario intentó hablar con el Gobernador primero y luego, con el ministro de Gobierno, Félix González, pero no lo consiguió (lo habría llamado a un número de celular que usa con menos frecuencia que el oficial).

Entonces, llamó al candidato a gobernador del oficialismo, Francisco Pérez, y le hizo saber a alguien de su entorno la determinación que revelaría. Pero, cuando Carmona estaba haciendo el anuncio de su dimisión, Jaque se estaba enterando de lo que estaba sucediendo.

Rápido de reflejos, el Gobernador se comunicó con Abraham (un intendente que se autodenomina «jaquista» y que se mantuvo en la interna partidaria del lado de la Casa de Gobierno) y le ofreció el espacio que quedaba vacante para alguno de sus dirigentes. A las 14, el ministro González anunció que Pablo Gudiño dejará de ser el secretario de Obras del Guaymallén para ser secretario de Medio Ambiente de la provincia.

«El Gobernador tomó hoy (por ayer) esa decisión porque la gestión no se puede parar», sostuvo el ministro a este diario. El lunes, Carmona presentará formalmente su dimisión (quiere esperar a que mañana Jaque pronuncie su discurso ante la Legislatura) y la de su equipo (posiblemente algunos miembros continuarían con el nuevo secretario) y ese día se decidirá cuándo será la asunción de Gudiño.

Carmona contó a este diario que «otras veces» había pensado en abandonar el Gobierno, pero que tomó la decisión esta semana tras haber terminado la iniciativa de Plan Estratégico. En el último tiempo tuvo varias desavenencias con otros integrantes del Ejecutivo, especialmente cuando se estaba discutiendo el proyecto de declaración de impacto ambiental de la minera San Jorge que pretende explotar oro y cobre en Uspallata.

«Mi decisión no es en contra de nadie. Yo le agradezco a Jaque por haberme abierto las puertas de su gobierno. Pero también recuerdo que yo estuve a su lado en los momentos más críticos», apuntó el renunciante secretario.

Sobre su futuro político, sólo agregó que hará «lo que sea mejor para el proyecto nacional» y no descartó aceptar ser candidato a diputado nacional por el oficialismo. En el Ejecutivo creen que con este paso, Carmona se verá desfavorecido políticamente.

Fuente: Los Andes

La razones de la presión del gobierno sobre Siderar

El Grupo Techint le ofreció a la ANSeS comprarle todas las acciones que el Estado tiene en Siderar y la propuesta fue rechazada por el gobierno de Cristina Fernández Kirchner.

La oferta se reiteró a lo largo de los últimos dos años, desde la estatización de las AFJP. Pero se reafirmó ahora durante las duras negociaciones sobre la conformación del nuevo directorio de Siderar. Amado Boudou le trasmitió a Luis Betnaza, el número dos de Techint, que el Gobierno quería aumentar la injerencia en las decisiones de la firma. Y en ese marco Techint volvió a ofrecer comprar el paquete de acciones. La oferta involucra una cifra millonaria, de un total aproximado de 2.871 millones de pesos. Se trata del 26% del paquete accionario, alrededor de 90 millones de acciones de Siderar.

La propuesta del Grupo Rocca apuntó a solucionar el conflicto y la negativa del Gobierno llevó a una conclusión en la conducción de Techint: que los funcionarios sólo quieren presionar políticamente a la compañía .

La cuestión se analizó en una teleconferencia de la que participó Paolo Rocca con todo el directorio. Varios directivos especulan que dentro del kirchnerismo hay duros que pretenden generar el clima para estatizar Siderar.

Un paper interno señala que el Gobierno ya adoptó dos de los cuatro pasos que llevó adelante Hugo Chávez antes de estatizar Sidor, de Techint. La gravedad del problema llevó al Gobierno a aclarar la situación. Boudou habló con urgencia, para trasmitir que la intención oficial no es estatizar la siderúrgica. El director propuesto por el Estado, también aclaró la cuestión.

Axel Kicillof dijo: “Nadie habla de estatización.” La doble aclaración, estaría reflejando una cuestión: el Gobierno admite que en Argentina tendría un alto costo político tamaña decisión y por eso se conforma con presionar e interferir políticamente a Techint.

La ofensiva se hace al considerar que Techint integra una suerte de “eje del mal”, sólo porque no comparte medidas del Gobierno.

Para eso, la Casa Rosada no dudó en modificar por decreto las reglas de juego establecidas en la ley de estatización de las AFJP. En esa crucial legislación se estableció taxativamente que la participación accionaría que iba a tener el Estado era para control, pero no otorgaba derecho político en las decisiones futuras.

El ministro Boudou confirmó esta semana la intencionalidad contra Techint. Así lo dijo: “ Quédense tranquilos, que esto es sólo contra Techint”. Fue cuando respondió la inquietud de muchos empresarios, preocupados por la ofensiva kirchnerista. La ANSeS tiene acciones de 42 firmas.

Entre ellos estuvo Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio.

La complicidad de la Bolsa de Comercio con el ataque del Gobierno a Techint se manifestó en su sonoro silencio , teniendo en cuenta que Siderar es una de las principales empresas que animan el mercado bursátil.

Gabbi representa un grupo de financistas que propicia hacer negocios conviviendo con el Gobierno, a pesar de que los funcionarios cuestionen reglas de juego establecidas para las empresas y el mercado de capitales.

Hasta ahora esa posición se impuso en el Grupo de los 6, que tampoco se manifestó en el conflicto. El banquero Jorge Brito se quejó por las duras respuestas de Techint, porque argumenta que dejaba muy expuestas a todas las empresas con participación del ANSeS.

Distinta es la posición en la Unión Industrial Argentina. La decisión de Miguel Acevedo de bajarle el tono a la disputa, apunta a tratar de abrir una negociación amparados en el conflicto judicial.

Ignacio de Mendiguren asume la jefatura de la UIA el martes próximo. Hablará del futuro, pero pedirá terminar con la confrontación permanente y sostendrá que hay que buscar consensos con la intención de que el actual crecimiento se transforme en inversión y desarrollo. En la Unión Industrial hay una clara posición en relación a Techint: se respeta la potestad de control estatal, pero se rechaza que se cambien las reglas de juego preestablecidas por el propio ANSeS. Su cúpula conoce el detalle de la negociación que terminó con el decreto de necesidad y urgencia. El economista y ahora embajador Aldo Ferrer había intervenido en la negociación para la designación de su reemplazante en Siderar.

Fue Ferrer quien propuso como formula de acuerdo nombrar en su lugar a Bernardo Kosacoff .

El tema lo habló Boudou, con Betnaza. El ministro aceptó la propuesta y dijo: “Me parece bien. Fue profesor mío. Tengo la mejor opinión sobre Kosacoff.” Pero Boudou nunca confirmó la aceptación de Kosacoff.

El ministro llevó la idea y fue desautorizado en la Quinta de Olivos . La Presidenta no aceptó la sugerencia del ministro y rompió la negociación con la inmediata aprobación del decreto 441. En la Casa Rosada argumentan que Cristina considera inadmisible la decisión de Techint de ampliar la inversión en Brasil, en detrimento de Argentina.

Estos hechos ocurrieron en medio del viaje de Boudou a Washington, donde se confirmó el anticipo de Clarín : existe un pacto secreto con el Fondo Monetario y el Palacio de Hacienda. Boudou lo había hablado con Nicolás Eyzaguirre y ahora cerró el pacto secreto con el numero dos del FMI. Un acuerdo que no tiene el aval del staff del FMI. Estuvo reunido en secreto con John Lipsky, subdirector del Fondo, y acordaron un impasse en las presiones hasta las elecciones de octubre. El acuerdo secreto, quiere decir también otra cosa: que no habrá ningún avance y normalización con el FMI y el Club de París hasta el final del mandado de Cristina.

Fuente: http://www.clarin.com

Gobierno interviene en el conflicto del rugby

La UAR y la URBA fueron citadas por Claudio Morresi, Secretario de Deportes de la Nación, para destrabar el conflicto por los deportistas rentados que son impedidos de jugar en el campeonato de Buenos Aires

Dirigentes de la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) fueron citados para hoy por el Secretario de Deportes de la Nación, Claudio Morresi, quien intentará destrabar el conflicto por los jugadores becados a quienes no se les permite jugar el campeonato de la URBA.

La UAR manifiesta que el PLADAR es un proyecto que se lleva adelante con la intención de potenciar a los mejores rugbiers del país para alimentar a la selección nacional. A través de ese plan, los jugadores seleccionados reciben becas económicas y estudiantiles, y cobertura médica entre otros beneficios.

La URBA, por su parte, mantiene su firme postura de no aceptar «jugadores rentados» en los torneos que organiza porque, dicen, el espíritu del rugby es amateur.

En este marco, el viernes pasado, dirigentes de este último organismo decidieron en asamblea que aquellos jugadores afectados al PLADAR (33 en total), que no renuncien a la beca de $2300 pagada por la UAR en convenio con el Estado, no podrán jugar el campeonato de rugby de Buenos Aires.

La medida provocó el rechazo de la mayoría de los clubes y jugadores, quienes el domingo pasado, en el inicio del torneo, fijaron su postura con banderas y hasta quedándose quietos durante algunos minutos en el comienzo del partido como medida de protesta.

Por eso fue que Claudio Morresi decidió intervenir en el conflicto. Las posturas, en ambos lados, son terminantes. La solución, por lo tanto, no parece fácil.

Fuente: Infobae

Sigue la pelea Techint – Gobierno y la empresa iría a la Justicia

Buscará impedir que el Estado incremente su intervención en el directorio, como intentó hacerlo el viernes. Según las compañías, el decreto 441 que se publicó la pasada semana en el Boletín Oficial viola la ley de estatización de las AFJP.
Por considerar que el decreto 441 que se publicó la semana pasada en el Boletín Oficial viola la ley de estatización de las AFJP, las compañías que tienen entre sus accionistas al Estado reclamarían a la justicia que deje sin efecto el DNU. Por ese decreto, el Gobierno exige que el Estado tenga la cantidad de directores que corresponde según el porcentaje de acciones que posee y no que esa representación se limite al 5%.

Las cámaras y asociaciones empresariales e industriales se distancian del Gobierno y advierten sobre una caída en los planes de inversión. Alertan, además, que la modificación que instaura el decreto 441 ya repercute en el mercado financiero con mayores compras de dólares.

Uno de los más afectados por la apuesta del Gobierno a elevar su intervención en empresas privadas es Techint. La compañía celebró la asamblea de accionistas de Siderar el viernes, y pasó a cuarto intermedio hasta el 11 de mayo. Pero a la noche la Comisión Nacional de Valores la declaró nula por no concretar la incorporación de tres nuevos directores, hombres de La Cámpora, y violar supuestamente lo dispuesto en el DNU. Un dato llamativo de esa asamblea fue el apoyo a los dueños de Siderar de Francisco Cudof, delegado de la UOM y representante sindical en el directorio.

El sábado, la empresa indicó: “La CNV no tiene ninguna atribución para declarar nula la asamblea. El antecedente más cercano es cuando intentó hacer los mismo con una Asamblea de Papel Prensa y la justicia revocó su resolución”.

Techint puede volver a celebrar la Asamblea o acudir a la Justicia para que revoque la resolución de la CNV. Este último sería el camino elegido por el grupo Rocca.

Ayer, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández acusó a Techint de haber “motivado y creado una confusión”. También el ministro de Economía, Amado Boudou, se descargó: “Lo que hizo Techint ha sido un fuerte ataque a la ley, al derecho de propiedad y a la Ley de Sociedades”.
Fuente: larazon.com.ar

Para el Gobierno, el uso de las colectoras «consolida el modelo»

El Gobierno volvió a defender sin cortapisas las listas colectoras. Ya reglamentada la ley de reforma política, la Casa Rosada ayer justificó la habilitación del mecanismo con el cual el oficialismo intentará blindar en octubre la eventual reelección de la Presidenta.

«A las listas de adhesión no las inventamos nosotros, las inventó Perón», planteó Aníbal Fernández, en declaraciones radiales. El jefe de Gabinete ayer fue el principal encargado de insistir en la estrategia discursiva que desplegaron en los despachos de Balcarce 50 desde que se anunció que las listas colectoras serían habilitadas.

El ministro agregó: «El peronismo es un movimiento nacional conducido por la Presidenta. La oferta que hace a la ciudadanía es nacional. No somos una federación de partidos provinciales y municipales. Esa oferta nacional puede tener adhesiones. Juan Perón las ha tenido con Jorge Abelardo Ramos, que sacó más de 900.000 votos. No hay mucho por discutir».

Fernández añadió consideraciones políticas y recalcó que las ahora denominadas «listas de adhesión» permitirán «consolidar el modelo» y las propuestas que el oficialismo lleva adelante.

El ministro del Interior, Florencio Randazzo, uno de los redactores de la reforma, también defendió el uso del mecanismo. «Son listas de adhesión para categorías en las que determinado partido no lleve candidato, por ejemplo, a presidente de la Nación. No desvirtúa para nada la naturaleza de las primarias», recalcó.

En rigor, la Casa Rosada encontró en la nueva ley un vacío normativo que le permitió crear una fórmula inédita para habilitar una estrategia conocida que parecía vedada. Por estas horas, los intendentes del conurbano temen que el Gobierno multiplique competidores distritales otorgándoles «adhesiones» a otras fuerzas.

Randazzo ayer confirmó que existirá esa posibilidad, que será negociada especialmente en despachos oficiales. Y recalcó la posibilidad de que el diputado Martín Sabbatella se postule a la gobernación y compita contra Daniel Scioli. «¿Por qué no le va a permitir a un candidato, en este caso a gobernador, que se quiera adherir a un candidato a presidente que lo haga?», se preguntó el ministro. La reglamentación, en el artículo 15, ahora es explícita: «En el acta de conformación de las alianzas pueden establecerse acuerdos de adhesiones de boletas de diferentes categorías para las elecciones generales, con otras agrupaciones políticas no integrantes de la alianza».

Así, el mecanismo es amplio y general. El Gobierno ahora analiza variantes para estudiar pactos distrito por distrito, más allá de un posible acuerdo con el sabbatellismo.

Respaldo bonaerense
La posibilidad sigue generando alarma entre los peronistas de la provincia de Buenos Aires. Pese a eso, ayer el gobierno de Scioli se alineó con la Casa Rosada y defendió las colectoras. La reglamentación provincial salió en simultáneo con la nacional y también autoriza las listas de adhesión. Pese a que había ensayado gestos tímidos de prohibirlas, ahora buscará, al menos, aprovechar la posibilidad para sellar acuerdos puntuales con fuerzas vecinalistas que lo respaldan en una decena de distritos bonaerenses.

«Los vecinalistas que nos quieran acompañar van a poder hacerlo», dijo ayer Alberto Pérez, el jefe de gabinete provincial. Fue una forma de intentar encontrar equilibrio en la redacción de una ley que podría perjudicarlo. Y justificó el uso de las listas de adhesión y su instrumentación: «Es una posibilidad que establece la ley. Esta es una norma que contempla una posibilidad, después pasa por una decisión política de quien acepte o no adhesiones en tal o cual lugar».

Fuente: La Nación

El Gobierno retira hoy la custodia del Indoamericano

El gobierno nacional dispuso que los agentes de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura levanten hoy la custodia del parque Indoamericano tras una advertencia realizada por la ciudad, el viernes pasado, sobre posibles ocupaciones que se estarían preparando.

Así lo confirmó ayer a La Nacion Guillermo Montenegro, ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, quien dijo que «al gobierno nacional evidentemente no le interesa la seguridad de los porteños», mientras explicó que el viernes pasado fue notificado de esta decisión. «Estamos custodiando el parque Indoamericano y la zona aledaña, con riesgo de usurpaciones, con 20 móviles y 170 efectivos de la Policía Metropolitana, pero no disponemos más que de ese número, ya que el resto está en las comunas 12 y 15», agregó el funcionario.

El viernes pasado, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gabinete porteño, alertó públicamente de que vecinos de Villa Soldati habían informado que un grupo de personas tenía previsto ocupar el Indoamericano, tal como ocurrió en diciembre pasado. Ante esa situación, la ministra de Seguridad nacional, Nilda Garré, dispuso el envío al parque de efectivos de fuerzas federales para su custodia «temporaria», un operativo que, sin embargo, finalizará hoy.

«Las amenazas de tomas siguen hoy [por ayer] en inmuebles que están sobre Lacarra, estoy sorprendido», dijo Rodríguez Larreta sobre la decisión del gobierno nacional.

Macri, que hoy encabezará la reunión de gabinete tras una gira oficial por Estados Unidos y Francia, buscará acelerar una decisión sobre la situación habitacional en el sur de la ciudad, donde desde hace tres semanas se mantiene ocupado un complejo de viviendas. «Macri debería venir a hacerse cargo de esto y dejar de hablar desde París. Si sólo se hace turismo, es difícil gestionar», había expresado Garré en una conferencia de prensa realizada tras conocerse las versiones de una posible nueva ocupación.

Fuente: La Nación

La Justicia ratificó la orden de desalojo y le apuntó al Gobierno

El juez Luis Armella hizo una dura advertencia a las autoridades nacionales para que se cumpla con su intimación. Y criticó al Gobierno nacional por tener una “actitud carente de compromiso” para resolver el conflicto.

A los diez días de la toma del complejo de viviendas en Bajo Flores, el juez Luis Armella ratificó la orden de desalojo que había dictado el miércoles pasado y les apuntó a los funcionarios nacionales por tener una actitud “desaprensiva y carente de compromiso”. Además, volvió a advertir sobre posibles multas a los funcionarios que incumplan la medida.

El juez federal de la causa confirmó que, cuando la Corte le encomendó la ejecución del fallo por el saneamiento del Riachuelo, lo facultó para que sus sentencias sean tomadas como si fueran dictadas por la misma Corte. Así, quien no respetara lo resuelto, implícitamente no estaría respetando una orden de la Corte Suprema, como ocurre en esta situación.

En la nueva intimación, el magistrado advirtió al titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Juan José Mussi; a las fuerzas que disponga la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré; y a la Policía Metropolitana, dado que la orden de liberar las viviendas tiene “plena vigencia”.

Mauricio Macri, jefe de Gobierno porteño, cargó otra vez contra la Nación. “Lamento que el Gobierno nacional persista en su actitud de tolerar a aquellos usurpadores que en forma violenta se apropian de cosas que no son de ellos, en lugar de defender los derechos de la gente que respeta la ley”, afirmó Macri al renovar su reclamo por la falta de cumplimiento a la orden judicial. “Estamos desde el primer día esperando actuar con la Policía Federal o la fuerza que estipule la ministra Garré”, agregó, y luego fue taxativo: “Si a usted le toman ahora la casa, la Presidenta le va decir a la Policía que no le devuelva su casa a pesar de que es el legítimo dueño”.

Como sucedió en los últimos días, al instante de las declaraciones de Macri, se conoció la respuesta del Gobierno nacional. En este caso habló el ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien deslindó a la Federal de responsabilidades. “Este delito fue transferido en 2008 a pedido del Gobierno de la Ciudad al ámbito de la Justicia Contravencional, razón por la cual tiene a la Policía Metropolitana para resolver esta cuestión”, sentenció.

Fuente: La Razón

El gobierno porteño reglamentará la VTV

El gobierno porteño enviará en las próximas horas la reglamentación de la Ley 2265 sancionada en 2006 que impone la Verificación Técnica Vehicular (VTV) obligatoria en el distrito, como ya sucede en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Río Negro.

La medida vendrá a controlar el creciente parque de automóviles (que ya supera el millón de unidades) y de motocicletas (unas 100 mil), en el aspecto general y cuestiones técnicas como suspensión, dirección, chasis, neumáticos, luces, frenos, emisión de gases, nivel de ruido y sistemas de seguridad y emergencia. De acuerdo a lo que adelantaron fuentes oficiales al diario La Nación, el trámite costaría 110 pesos para los vehículos de mayor porte y 35 para los de dos ruedas. La gestión Macri remitirá a la Legislatura los pliegos de la licitación que se convocará para concesionar el servicio por unos diez años y que se implementará una vez que sea aprobado por los diputados. En territorio bonaerense, la VTV es obligatoria.

Fuente: El Argentino

Alstom reclama por tren bala u$s 16 M

El caso del tren bala podría traerle al Gobierno un dolor de cabeza final. La empresa Alstom tiene que definir en las próximas horas si acepta volver a depositar 3 millones de dólares de garantía para mantener el proyecto vivo o si definitivamente se retira del negocio. Si esto último ocurriera, el Gobierno debería, además de dar por caída definitivamente la idea, devolverle unos u$s 16 millones a la compañía francesa o soportar un juicio en contra.

Según el contrato que la polémica empresa firmó en abril de 2008 con el Gobierno argentino, Alstom debía dejar caución semestral de u$s 3 millones para seguir con el proyecto. Realizó puntualmente esa liquidación, pero desde diciembre, por decisión del Gobierno, esa liquidación quedó suspendida hasta el primer semestre de este año. Sin embargo, la empresa ya habría decidido no sólo dejar de mantener activa la caución, sino reclamar lo que ya había pagado hasta fin de 2010.

Desde el Gobierno se asegura que la decisión de diciembre implica que Alstom no necesita volver a pagar esos u$s 3 millones, ya que la liberación del pago fue una decisión del Poder Ejecutivo. Sin embargo, desde Francia temen que sea la compañía la que pueda tener inconvenientes con los eventuales prestamistas del proyecto, ante la falta de inicios de las obras.

Sucede que para realizar el proyecto, Alstom trajo a Buenos Aires una compleja ingeniería financiera que implicaba que la financiación del tren bala provendría de un crédito de largo plazo del banco francés Netixis y una garantía especial de títulos públicos argentinos. El costo total de la obra estaba calculado en unos u$s 1.350 millones, pero que contabilizando el costo financiero e inflacionario total llegaría a los u$s 3.800 millones. Finalmente, esta estructura financiera (realizada en los días de Martín Lousteau como ministro de Economía) no pudo concretarse por el estallido de la crisis financiera internacional (que afectó de lleno en la banca Netixis) y las fuertes críticas internas. Desde Alstom se menciona también como una traba las altas tasas de financiamiento que iba a tener el título que debía emitir la Argentina como garantía. Netixis debía salir a colocar los bonos argentinos (o retenerlos), por cuya operación cobraría una comisión del 4%.

Temor

Mientras tanto, y para sostener el andamiaje financiero, se necesitaba el depósito de la caución que fue realizando puntualmente Veloxia (el nombre de la sociedad armada por Alstom como socio mayoritario, más las empresas Lecsa y Emepa). El préstamo acordado tenía una duración de 30 años con siete años de gracia, tiempo en el cual Veloxia debía terminar de desarrollar e inaugurar el tren bala. Obviamente, los tiempos ya no se cumplirán, y lo que teme la sociedad es que el proyecto ya esté definitivamente caído. Ante esto, Alstom pediría el pago del dinero ya liquidado a una aseguradora internacional como «garantía de mantenimiento de la oferta». Son esos u$s 16 millones. El Gobierno argentino deberá decidir en los próximos días si sostiene el proyecto o si lo da de baja, y la manera de enfrentar el pago de esos u$s 16 millones.

La idea del tren bala había surgido durante 2006 y fue anunciada en 2008. El proyecto incluía una inversión de casi u$s 4.000 millones para un ramal de 320 kilómetros por hora que uniría, en una primera etapa, Buenos Aires con Rosario. El costo promedio de los pasajes podría costar casi 600 pesos.

Fuente: Por: Carlos Burgueño

LA MAYOR PARTE DE $ 250 MILLONES ANUALES, PARA MEDIOS OFICIALISTAS

En el período entre noviembre y diciembre del año 2010, por cada ejemplar vendido por el diario Buenos Aires Económico (también conocido como BAE, que arrancó siendo de Sergio Szpolski y luego pasó al grupo Olmos), el Gobierno desembolsó $ 4.500 por ejemplar: gastó $ 8,1 millones para los 1.800 diarios que BAE vende por día. En términos absolutos, la pauta del Ejecutivo para los medios afines al oficialismo es hasta 350 veces más grande en la relación de gasto por ejemplar (o “costo por contacto”, que es la variable que miran las marcas a la hora de decidir sus inversiones publicitarias) que cuando se trata de medios independientes.
El parámetro es siempre el mismo. Los diarios y medios de empresas de vasta tradición periodística (como Clarín, La Nación y Perfil ) reciben muy poco, mientras que los ultraoficialistas ( Página/12, Tiempo Argentino o Crónica ) obtienen abundantes recursos públicos. Entre enero y noviembre, el Gobierno destinó $ 2.285 por cada ejemplar vendido de Página 12 (serían alrededor de 14.000, según datos del mercado), mientras que gastó $ 27 por cada ejemplar de Clarín (que vendió un promedio de 251.543 ejemplares, sólo en Capital Federal y Gran Buenos Aires, según datos verificados por el Instituto Verificador de Circulaciones.
El aparato de propaganda K también está generando fuertes negocios. La mitad del Grupo 23 (de Sergio Szpolski) se vendió en US$ 12,5 millones a Matías Garfunkel. La compañía facturó $ 116 millones en 2010 : la mayoría fue plata del Estado. El dinero oficial también empujó al grupo Olmos (que ya tenía Crónica) a sumar el BAE, que vende 4 veces menos que El Cronista o Ambito Financiero.
En la televisión, la mayor bendición oficial es para Canal 9 . Es del mexicano Angel González y sus papeles no están en regla. Eso no impide que el Gobierno le destine casi $ 70 millones en avisos . Ese dinero alimenta ciclos como “Duro de domar”, “Televisión Registrada” y “Bajada de línea”, de escaso rating, pero ferviente vocación por alabar al Gobierno y criticar a la oposición y la prensa independiente.

Fuente: primerahoraonline.com.ar

El Gobierno volvió a usar las reservas para pagar deuda externa

Se utilizaron 2.174 millones de dólares de las reservas del Banco Central para afrontar los pagos a los organismos financieros internacionales, según se informa en el boletín oficial.

El Gobierno volvió hoy a hacer uso de las reservas del Banco Central para cancelar la totalidad de la deuda con organismos financieros internacionales, por un monto superior a 2.174 millones de dólares.

La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial a través del decreto 276, mediante el cual se consideró «oportuno renovar los mecanismos conducentes al pago de los vencimientos con organismos financieros internacionales correspondientes al presente ejercicio fiscal mediante la aplicación parcial de reservas de libre disponibilidad».

«El monto total de estos servicios se estima en la suma de dólares estadounidenses dos mil ciento setenta y cuatro millones trescientos mil (U$S 2.174.300.000)», precisó el decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández y el ministro de Economía, Amado Boudou.
Fuente: lapoliticaonline.com

Avión con armas en Ezeiza: ¿Una venganza del Gobierno contra EE.UU.?


Un manto de sospechas oficiales recaen en torno al material “no declarado” del avión americano retenido el aeropuerto de Ezeiza desde el jueves último, por presuntas irregularidades y diferencias entre el material declarado y el que había realmente en los conteiners del C-17 Globemaster III.


Apenas acontecido el suceso, nadie admitía de forma clara quién había importado el cargamento. Según una fuente consultada por este medio “las armas llegaron por pedido oficial para un ejercicio (…) era un cargamento oficial”, aseguraba la fuente. Pasados los días, el Gobierno finalmente admitió que el destino del cargamento era para la Policía Federal, el cual está valuado en alrededor de dos millones de dólares.

Lejos de toda claridad posible, el procedimiento que según rumores, el canciller Héctor Timerman habría preferido mantener oculto, parece encauzar en un conflicto diplomático con ese país por el cual Cristina Fernández quiso perpetuar tantas veces una pose junto con su primer mandatario, Barack Obama.

Estados Unidos ya elaboró una queja formal por el modo en que el Gobierno manejó el caso del avión demorado en suelo argentino con armamento y equipamiento para fuerzas de seguridad, presuntamente a utilizarse en un entrenamiento conjunto entre el grupo GEOF y especializados norteamericanos. La administración de Obama ha citado al embajador argentino en Estados Unidos, Alfredo Chiaradia y se quejó ante el canciller Héctor Timerman, al tiempo que pidió explicaciones por la incautación del material.

«El propósito de la visita era un intercambio de entrenamiento entre militares expertos estadounidenses y la Policía Federal Argentina, centrado en rescate de rehén avanzado y técnicas de gestión de crisis», dice parte de un comunicado de la Secretaría de Estado que encabeza Hillary Clinton.»La visita, parte de nuestra continua cooperación con la Argentina en seguridad ciudadana, había sido completamente coordinada y aprobada por el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Argentina», agrega.

«Aunque el cargamento fue debidamente manifestado en conformidad con discusiones y entendimientos previos, inesperadamente las autoridades argentinas entablaron una búsqueda prolongada y detallada del cargamento del avión, reteniendo ciertos artículos». Expresa parte del texto.

En su habitual columna dominical de diario Página/12, el operador-periodista Horacio Verbitsky detalló el caso en una nota titulada “Seguro que no”, en la cual explica que la embajadora Vilma Martínez “ya había enviado en noviembre al ministro de Justicia Julio Alak, quien por entonces también se encargaba de la seguridad, recordaba que la primera fase del entrenamiento al GEOF para el rescate de rehenes se había realizado en abril, por lo cual se nos solicitó realizar otro más avanzado´”.

“En otra nota, dirigida el 21 de diciembre a la ministra de Seguridad Nilda Garré, que había asumido el cargo cinco días antes, Vilma Martínez le informó que Alak había aprobado la realización del curso y que para dictarlo llegarían doce expertos militares estadounidenses”

Esto tira por tierra cualquier perfil progresista que pueda tener nuestro país en materia de soberanía nacional. Difícil resulta imaginarse a Tiempo Argentino o a Télam titulando en una de sus portadas “El Gobierno aprobó que EE UU instruya a la Policía Federal”, sin embargo según el mismo Verbistsky “cursos similares se realizaron en 1997 y 1999, bajo la presidencia de Carlos Menem, y 2002, durante los meses en que el ex senador Eduardo Duhalde cumplió un interinato a cargo del Poder Ejecutivo. No los hubo durante el gobierno de Néstor Kirchner y se reanudaron en 2009, bajo el actual gobierno”.

Esto significa que los Estados Unidos vienen incursionando y aleccionando a fuerzas de seguridad argentinas numerosas veces, no obstante la actual administración nunca objetó al respecto, al contrario, ocasionó un reciente conflicto diplomático al haber asegurado que la Policía Metropolitana (dependiente de Mauricio Macri) tomaba cursos para torturar financiado por norteamericanos.

En esa misma columna, el oficialista escriba señala que además de haber diferencias en la cantidad de armas, se encontró una extraña valija sin declarar:

“Como ya había caído la noche del jueves, Cristina ordenó precintar la valija y reanudar la tarea al día siguiente, para lo cual dispuso que la Cancillería y el ministerio del Interior enviaran al lugar personal técnico capacitado para entender de qué se trataba…” “…El canciller Héctor Timerman permaneció casi todo el día en el aeropuerto, junto con el secretario de transporte Juan Pablo Schiavi, en cumplimiento de instrucciones presidenciales”.

Este párrafo lo dice todo. Sospechar una “lavada de cara” entre tantas denuncias de corrupción, entre filtraciones de Wikileaks, entre sobreseimientos del “rey de la efedrina” y del barrabrava K “Rafa” Di Zeo, no es ilógico. Una imagen de Cristina desvelándose en sus aposentos de Olivos por la demora de este cargamento y una valija sin declarar, puede resultar alentador, pero difícil de imaginar, máxime cuando hace cuatro años funcionarios de esta misma administración insistieron tan tenazmente para que la despistada oficial María de Luján Telpuk dejara pasar valijas con poco menos de 800 mil dólares a un tal Guido Antonini Wilson proveniente de Venezuela.

Prosiguiendo

Dentro de la maleta “aparecieron equipos de transmisión, mochilas militares, medicamentos que según los funcionarios estaban vencidos, pen drives, sobre cuyo contenido deberán dictaminar los expertos, y drogas estupefacientes y narcóticas y estimulantes del sistema nervioso”. Informa la nota que detalla luego cuáles eran esos estupefacientes:

Epinefrina: un estimulante del sistema nervioso. Ketamina inyectable: droga alucinógena disociativa que produce efecto anestésico y alucinaciones.

Morfina sulfato inyectable: alcaloide que proviene del opio.

Midazolam inyectable: sedante e hipnótico de efecto rápido.

Naloxona inyectable: antagonista de la morfina, que se emplea en caso de intoxicación con esa droga.

Oxicodona en comprimidos: opiáceo sintético.

Nalbuphina inyectable: analgésico opiáceo sintético que produce una adicción muy fuerte.

Según un especialista consultado hoy por diario Clarín, algunas de las drogas incautadas son estimulantes, mientras que las otras son sedantes y producen efectos analgésicos. El especialista trata de explicar que estas drogas, las cuales se utilizan para los operativos de seguridad, jamás son declaradas ya que “la difusión de la lista de la sustancias es muy grave, ya que cualquier secuestrador puede conocer con qué sustancias intentarán neutralizarlo y prepararse de antemano.”

«Todos los artículos eran material que normalmente serían llevados durante un ejercicio de entrenamiento de esta naturaleza», decía parte de la queja oficial de la Secretaría de Estado norteamericana.

En documentos norteamericanos que trascendieron en las últimas horas, se especifica que “se pretendía enseñar como herir a un delincuente sin matarlo y desde ya sin poner en peligro la vida del rehén”. Es por eso, que entre el equipo técnico que tenía que entrar al país había camillas, morfina y otras herramientas médicas que no estaban en los documentos porque no era necesaria la aprobación del Renar.

Hay que destacar que el kirchnerismo ha enseñado, con su ejemplo, a desconfiar de operativos como éstos. Es arduo no concatenar el malestar del gobierno local desde hechos como la obviada visita de Obama por “los países más importantes de Sudamérica”, las filtraciones de Wikileaks —donde queda claro un conocimiento claro y preocupación por parte de la embajada norteamericana en Buenos Aires sobre la corrupción kirchnerista—, y las declaraciones de funcionarios de ese país con respecto a las declaraciones de Timerman sobre el financiamiento que haría ese país para enseñar a torturar.

¿Podríamos estar hablando de un aleccionamiento por parte del gobierno argentino a Estados Unidos? Pues la difusión del listado completo de los estupefacientes en la editorial de unos de los periodistas más militantes de la Argentina podría dar a entender que sí. Especialmente cuando las columnas dominicales de Verbitsky son la declaración oficial de guerra que tendrá próxima el kirchnerismo y lejos de toda motivación periodística profesional y desinteresada posible.

Fuente: periodicotribuna.com/arEliana Toro

El gobierno y la seguridad

El analista Ricardo Rouvier traza el cuadro político del momento vinculado con la problemática social de la toma de tierras y el delito. Desde su ojo afirma que no ha habido un cambio sustancial en el escenario nacional. Asegura que el paso del tiempo afecta más a la oposición. También le destina algún palo para la gestión de Daniel Scioli
El analista político Ricardo Rouvier analiza, atravesando la problemática de la seguridad, cómo se está desenvolviendo la carrera hacia octubre, cómo está el oficialismo, cómo vienen los opositores, y las implicancias.

Según su postura, diciembre no fue óptimo para el gobierno, ya que vio perder unos puntos de adhesión por los sucesos de la toma de terrenos en la Ciudad de Bs.As.

Los errores de apreciación y de metodología en el desalojo del Parque Indoamericano, por parte de las fuerzas de seguridad que responden al gobierno nacional, significaron unas primeras 48 horas de pérdida de popularidad.

Además, indica que en el mismo mes se agregó la toma de una cancha de fútbol de Villa Lugano y los desmanes ocurridos en la Plaza Constitución, en que se unió la “tozudez del PO” en cortar las vías en el Roca, durante las horas pico de tránsito de miles de personas y la lentitud oficial para reaccionar.

Llamó la atención, apunta Rouvier, que el gobierno careciera de información previa sobre los hechos, que pudiera evitar la sorpresa y la acción de operadores del conflicto, sin desconocer la legitimidad de la problemática social. “Es fácil advertir, que se notó claramente la falta de previsión de los hechos. Todo indica que las fuerzas de inteligencia no trabajan con eficacia en el anticipo de los hechos y en la información estratégica sobre seguridad”, describe.

El gobierno, actúo de contragolpe constituyendo el Ministerio de Seguridad y poniendo al frente a Nilda Garré. “Pero, hay una cosa que debe quedar claro; es que no puede desaparecer el Estado frente a la inseguridad real”, recalca.

Siguiendo el análisis, se aclara que es todo un tema para el pensamiento progresista la cuestión de la seguridad en el marco de ideologías que respetan los derechos humanos, que afirman las causas sociales del delito, y que son garantistas en la aplicación del derecho. “Esta es una postura evolucionada frente a los que creen, falsamente, que la tolerancia cero resuelve algo”, expresa.

“El gobierno debe instalar en la subjetividad colectiva la convicción de que se ocupa seriamente de la cuestión de seguridad, y evitar esta percepción de anarquía, de falta de control y de impunidad. Hasta ahora no lo ha logrado”, sentencia.

Ante hechos delictivos en los que intervienen menores, resurge el intento de bajar la edad de imputabilidad. Este reclamo no solo aparece en dirigentes opositores, sino también en el gobernador Scioli. Es cierto, que la mayoría de la población está de acuerdo con la disminución de la edad punible, pero eso no significa renunciar a modelos de pensamiento basados en los fundamentos sociales del delito”, tira directo a la Provincia.

“Las modificaciones educativas y la evolución de la legislación no son suficientes para incluir a sectores (entre otros juveniles) que constituyen espacios de violencia individual y social”, concluye Ricardo Rouvier.

Fuente: www.agenciacna.com

El presunto «narcoconcejal» despegó al gobierno de Formosa

El ex concejal justicialista Héctor Hugo Palma despegó hoy al Gobierno provincial de Gildo Insfrán del escándalo por el hallazgo de 700 kilos de cocaína y una pista de aterrizaje clandestina en un campo de su propiedad.

«El Gobierno (de Insfrán) no tiene nada que ver con todo esto», alcanzó a decir el ex edil en declaraciones a los periodistas, antes de ingresar al juzgado federal número dos de la capital de la provincia.

Palma, junto a un hermano y un primo, está imputado de supuesto acopio de drogas con fines de comercialización a raíz de que en un campo de su propiedad la Gendarmería encontró 701 kilos de cocaína y una pista clandestina de aterrizaje para aviones livianos.

En sus declaraciones, el ex legislador comunal de Estanislao del Campo proclamó que «soy inocente y eso lo demostraré ante el Juez, es mi derecho el defenderme y decir mi verdad».

A la vez que apeló a sus ex votantes de la localidad del oeste provincial: «Nunca los defraude, les pido que me apoyen y que me crean».

Ayer el Concejo Deliberante de Estanislao del Campo destituyó a Palma, tras la recepción del informe girado por el magistrado Enrique Valiente sobre la detención del edil y su situación procesal.

La suspensión del edil había sido reclamada días atrás por el concejal radical Diego Dos Santos, pero sus pares del justicialismo rechazaron esa posibilidad. La trascendencia nacional de la actitud de los concejales del PJ de no avanzar en la suspensión o destitución de Palma provocó que el gobierno provincial, a través del diputado Armando Cabrera, advirtiera que si no se tomaban «medidas urgentes» el Concejo Deliberante podía ser intervenido.

En reemplazo de Palma, en tanto, el Concejo Deliberante de Estanislao del Campo tomó juramento a la docente jubilada y suplente en la lista del PJ, Delfina Cristina López.

Palma fue detenido la localidad correntina de Saladas luego de darse a la fuga en diciembre cuando supo que Gendarmería Nacional había allanado, el 18 de ese mes, un campo de su propiedad en el paraje Ranero Cue, donde efectivos de la fuerza encontraron en el monte 701 kilos de cocaína de máxima pureza.

Los gendarmes encontraron en el monte una franja de terreno limpio y acondicionado como pista de aterrizaje, que al parecer fue utilizada en dos oportunidades para llevar la droga hasta el predio.

El magistrado Valiente, en tanto, dijo en declaraciones a radios locales que «es evidente que hoy circula más droga en la zona, los casos que tratamos en enero así lo demuestran».

Valiente expresó que las rutas pavimentadas en forma reciente en la provincia «han favorecido la circulación de droga» y sostuvo que «si bien se construyeron con otro fin, sabíamos que esto podía ocurrir y así está sucediendo».

«Tenemos mucha frontera con países que son productores, tal el caso de Paraguay para la marihuana y la cocaína de Bolivia, y esto favorece los vuelos cortos a Chaco, Formosa y Santiago del Estero, entre otros lugares», afirmó el magistrado.

Por otra parte, destacó el rol del radar instalado en la ciudad chaqueña de Resistencia, que detecta vuelos ilegales en la región, pero se mostró a favor de instrumentar otras medidas.

«La ley de derribo es una posibilidad cuestionada, pero es evidente que algo más debemos hacer», manifestó.

La causa está caratulada como «Palma, Agüero Héctor Hugo sobre infracción de la Ley 23.737 artículo 5 inciso C», sobre acopio de estupefaciente para su comercialización.

Fuente: Diario Hoy

Honduras empeoró bajo Gobierno de Lobo, denunció Zelaya

Tegucigalpa, 27 ene (PL) Un año después de la toma de posesión del Gobierno de Porfirio Lobo la situación socioeconómica y política de Honduras ha empeorado, afirmó hoy el expresidente constitucional Manuel Zelaya.

Lobo asumió el poder el 27 de enero de 2010, siete meses después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 que la cúpula militar, en contubernio con la oligarquía, asestó a Zelaya.

«El balance del Gobierno de Lobo, a un año de mi exilio forzado e ilegal, muestra resultados desalentadores y negativos», expresó Zelaya en una carta al pueblo hondureño desde República Dominicana, donde se encuentra desde su salida del país.

Denunció el expresidente que la inseguridad y el crimen crecieron y convirtieron a Honduras en uno de los tres países más violentos del mundo.

Por otra parte -dijo- el desempeño económico ha sido negativo, con un declive en todos los indicadores básicos, mayor endeudamiento, aumento del precio de la canasta básica, de los combustibles y la energía eléctrica.

En estos momentos siete de cada 10 familias viven bajo la línea de pobreza y la situación empeorará por el pobre desempeño de la inversión pública y el alza de los precios de los alimentos y los carburantes en los mercados internacionales.

El expresidente también se refirió al contraste entre el discurso conciliador de Lobo, por una parte, y la política de persecución y represión contra el pueblo, por otra.

«La falta de control sobre los grupos paramilitares privados, responsables del 90 por ciento de las violaciones de los derechos humanos, desencadenan más tragedias especialmente masacres urbanas y en el agro nacional», añadió.

En el plano exterior, Honduras no ha sido reintegrada a la Organización de Estados Americanos (OEA), de donde fue suspendida a raíz del golpe de Estado, recordó Zelaya.

Fuente: Prensa Latina

El Gobierno denunció a tercerizados del Roca

Aunque Transporte acordó la incorporación de 70 trabajadores, los denunció penalmente por cortar las vias del tren. El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, infomó ayer que el Gobierno demandó penalmente a los trabajadores de la línea del ferrocarril Roca que el martes cortaron las vías otra vez en la estación Avellaneda, en reclamo de la incorporación de los tercerizados. “Los recibimos, pero, por otro lado, hicimos una denuncia penal. En ese ferrocarril, la gente que venía a trabajar perdió su premio”, explicó Schiavi respecto de las negociaciones que se dieron el martes en la cartera de Trabajo tras el levantamiento del corte.

Schiavi dijo que la protesta lo sorprendió, “porque ya hay 720 personas incorporadas a la planta del ferrocarril, entre ellos varios de los que interrumpieron el servicio”. Sin embargo, reconoció que aún resta concretar el traspaso del personal de seguridad y justificó: “Estamos decidiendo incorporar uno a uno, pero no están entrando a una empresa privada, sino a una ferroviaria. El personal de seguridad es la última parte en ingresar”.

Fuente: La Razón

El Gobierno otorga créditos de hasta $ 1,5 millón a las PyME

BUENOS AIRES.- El Ministerio de Industria dispuso un cupo de $ 75 millones para financiar, durante el primer semestre, proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas (PyME) a una tasa anual de un 9%.

El monto equivale al doble del cupo establecido en igual período en 2010. Este crédito tiene una financiación de hasta siete años con un año de gracia y se otorgará a través del programa FonaPyMe que el año pasado entregó fondos por $ 90 millones. Este programa financia proyectos de entre $ 100.000 y $ 1,5 millón, con plazos de hasta 84 meses para proyectos superiores a los $ 750.000, y de hasta 60 meses para el resto, todos con un año de gracia. A través del FonaPyME, se financia hasta el 70% del proyecto. Además, si el proyecto es para construir una planta, en el monto del crédito se puede incluir el valor del terreno, que la PyME debe poner en concepto de contraparte como garantía. Además, adelantaron que habrá cinco llamados a concurso que cerrarán el 28 de febrero, el 31 de marzo, el 30 de abril, el 31 de mayo y el 30 de junio de 2011.

Fuente: DyN