El juez Luis Armella hizo una dura advertencia a las autoridades nacionales para que se cumpla con su intimación. Y criticó al Gobierno nacional por tener una “actitud carente de compromiso” para resolver el conflicto.
A los diez días de la toma del complejo de viviendas en Bajo Flores, el juez Luis Armella ratificó la orden de desalojo que había dictado el miércoles pasado y les apuntó a los funcionarios nacionales por tener una actitud “desaprensiva y carente de compromiso”. Además, volvió a advertir sobre posibles multas a los funcionarios que incumplan la medida.
El juez federal de la causa confirmó que, cuando la Corte le encomendó la ejecución del fallo por el saneamiento del Riachuelo, lo facultó para que sus sentencias sean tomadas como si fueran dictadas por la misma Corte. Así, quien no respetara lo resuelto, implícitamente no estaría respetando una orden de la Corte Suprema, como ocurre en esta situación.
En la nueva intimación, el magistrado advirtió al titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Juan José Mussi; a las fuerzas que disponga la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré; y a la Policía Metropolitana, dado que la orden de liberar las viviendas tiene “plena vigencia”.
Mauricio Macri, jefe de Gobierno porteño, cargó otra vez contra la Nación. “Lamento que el Gobierno nacional persista en su actitud de tolerar a aquellos usurpadores que en forma violenta se apropian de cosas que no son de ellos, en lugar de defender los derechos de la gente que respeta la ley”, afirmó Macri al renovar su reclamo por la falta de cumplimiento a la orden judicial. “Estamos desde el primer día esperando actuar con la Policía Federal o la fuerza que estipule la ministra Garré”, agregó, y luego fue taxativo: “Si a usted le toman ahora la casa, la Presidenta le va decir a la Policía que no le devuelva su casa a pesar de que es el legítimo dueño”.
Como sucedió en los últimos días, al instante de las declaraciones de Macri, se conoció la respuesta del Gobierno nacional. En este caso habló el ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien deslindó a la Federal de responsabilidades. “Este delito fue transferido en 2008 a pedido del Gobierno de la Ciudad al ámbito de la Justicia Contravencional, razón por la cual tiene a la Policía Metropolitana para resolver esta cuestión”, sentenció.
Fuente: La Razón