El recorte de los subsidios al consumo residencial de electricidad, gas y agua es una medida de bajo impacto en los índices de precios, pero potencialmente rendidora desde una óptica fiscal. Los cambios en la política de subsidios forman parte de una ráfaga de medidas post electorales que gatillaron toda clase de especulaciones sobre un eventual cambio de rumbo en la política económica.
Esta semana el Gobierno anunció más recortes en los subsidios a los servicios públicos. En una nueva conferencia conjunta entre el Ministro de Economía y el de Planificación Federal, se anunció la quita de subsidios a un nuevo grupo de sectores económicos y el primer paso en la eliminación de los subsidios a los consumidores residenciales.
En el caso de las empresas, la medida alcanza a las refinadoras de combustibles, procesamiento de gas, biocombustibles, aceites y agroquímicos. Este grupo se suma, así, a la quita de subvenciones tarifarias anunciadas hace dos semanas a las entidades financieras, compañías de seguros, casino, juegos de azar, aeropuertos, terminales de ómnibus, puertos fluviales de pasajeros, empresas de telefonía móvil, hidrocarburos y minería.
En lo que respecta a los usuarios residenciales, se dispuso la quita de subsidios a las tarifas de luz, gas y agua a los vecinos de Puerto Madero, Barrio Parque y los barrios cerrados de todo el país, a partir de enero 2012. En una segunda etapa, que podría implementarse a partir de marzo, se recortarán de forma progresiva los subsidios al resto de los barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, para luego avanzar sobre los usuarios del resto del país. En estos casos, los usuarios deberán solicitar el mantenimiento o renunciar a la ayuda estatal, mediante una declaración jurada que llegará con las próximas boletas de servicios. De acuerdo a los anuncios oficiales, para evitar que la subvención beneficie a quienes no lo necesitan, se cruzarán los datos de los usuarios con la información recabada por la AFIP y la ANSES, lo que permitirá evaluar (mediante criterios aún no revelados) la situación patrimonial de cada contribuyente. De esta forma, se pasará de un esquema de subsidios sin ningún tipo de distinción, a uno con discriminación individual.
El recorte de los subsidios al consumo residencial de electricidad, gas y agua es una medida de bajo impacto en los índices de precios, pero potencialmente rendidora desde una óptica fiscal. Tras una década de tarifas virtualmente congeladas, el peso de la energía y del agua en la canasta de consumo de las familias se vio drásticamente reducido. Hoy ambos servicios cuentan una ponderación cercana al 3% en los índices de precios de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires (GBA), tras llegar a representar casi el 5% a fines de los años 90. En este contexto, aún en el hipotético caso de una eliminación total de los subsidios a un porcentaje elevado de la población, los incrementos en las boletas residenciales (que en promedio podrían más que duplicarse) tendrían un impacto directo en los índices de precios de entre 3 y 5 puntos porcentuales.
A la luz de los números, la clave para acotar el impacto inflacionario de un recorte de subsidios pasa por lo que suceda con el rubro transporte, cuyo peso actual en el consumo de los hogares (y, por ende, en los índices de precios) resulta mucho más elevado que el de la energía. Según nuestros cálculos, el hipotético caso de una eliminación de los subsidios a todos los servicios públicos tendría un impacto directo sobre el IPC de casi 20 puntos porcentuales, de los cuales sólo una cuarta parte correspondería a los ajustes en los servicios de electricidad, gas y agua, mientras que el resto estaría asociado a los ajustes requeridos en las tarifas de transporte, principalmente urbano de pasajeros (colectivos).
A pesar de su bajo impacto en los índices de precios, la energía se anota por si sola casi la mitad de los fondos destinados a subsidios. En 2011, del crédito fiscal vigente para subsidios económicos (por un total de casi $63.200 millones, que podría ampliarse hasta $70.000 millones), un 56% corresponde exclusivamente a la energía, mientras que el resto se reparte en transporte (26%), empresas públicas (11%) y otros sectores (7%). En este sentido, comenzar recortando los subsidios energéticos tendría un bajo costo en términos inflacionarios, pero apetitoso para las arcas del Estado. Según los cálculos oficiales, los recortes anunciados hasta el momento implicarían un ahorro fiscal total de $4.600 millones ($4.068 millones por la quita de subsidios a empresas y $468 millones a las familias de mayor poder adquisitivo). Si bien esa cifra equivale a sólo al 6% de los subsidios presupuestados para el próximo año ($75.000 millones), a ello habría que agregar lo que finalmente se termine recortando de los casi $42.000 millones presupuestados en total para energía.
La clave, de todos modos, pasará por la revisión integral de las tarifas de servicios públicos que se montaría sobre el recorte de subsidios. Con la política de reducción de subsidios en marcha, el Gobierno anunció que analizará, caso por caso, la ecuación económico-financiera de las distintas empresas de servicios públicos, antes de revisar sus tarifas. A diferencia del recorte de subsidios (que aliviará las arcas gubernamentales pero no impactará en los ingresos de las firmas), la actualización tarifaria será el elemento fundamental para gatillar inversiones y ampliar genuinamente la oferta. Asimismo, la readecuación de los cuadros tarifarios es lo que permitiría atacar la raíz del drama energético: los bajos precios percibidos por las firmas proveedoras de petróleo y gas natural, fenómeno que viene contrayendo persistentemente la oferta local de ambos insumos, derivando en la pérdida del autoabastecimiento que históricamente caracterizó a nuestro país y que este año derivará en un déficit de la balanza comercial de combustibles y energía superior a los USD 3.000 millones.
En el caso del transporte, los cambios posiblemente pasen por lograr una mayor eficiencia en la asignación de los subsidios, más que por un ajuste de tarifas. De acuerdo al proyecto de Presupuesto 2012, se estima que los subsidios a este sector rondarán los $19.000 millones el año próximo. El problema reside en que un aumento en el costo del transporte es un golpe directo al bolsillo de la población de menores recursos, con alto costo político y social. Por ello es probable que se intente, mediante la tarjeta SUBE, dejar de subsidiar la oferta (empresas de transporte) para subsidiar de forma directa a la demanda (usuarios), discriminando entre quienes necesiten el subsidio y quienes no. En este caso, también se estima que los recortes comenzarán por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Con todo, y desde una mirada más amplia, los cambios en la política de subsidios forman parte de una ráfaga de medidas post electorales que gatillaron toda clase de especulaciones sobre un eventual cambio de rumbo en la política económica.
Los controles cambiarios, las subas de las tasas de interés, la reducción de los subsidios tarifarios y las promesas de moderación de las demandas salariales fueron interpretados por algunos como un cambio incipiente, una suerte de plan económico no explicitado destinado a: 1) conducir un proceso gradual y ordenado de devaluación del peso para oxigenar el frente externo y desacelerar la fuga de capitales; 2) frenar el crecimiento de la demanda agregada para bajar la tasa de inflación; 3) reducir el déficit fiscal que, en última instancia, es financiado con dólares de las reservas y pesos emitidos por el Banco Central; y 4) moderar los costos salariales para converger a un equilibrio inflacionario (léase, a una “nominalidad” en la discusión de precios y salarios) inferior al 20%.
Aunque fueron anunciadas en forma aislada e intempestiva, puestas en perspectiva, las medidas que siguieron al triunfo electoral del oficialismo se asemejan bastante a los típicos planes de ajuste destinados a encauzar las cuentas fiscales y externas y a reducir la inflación cuando los zapatos aprietan. Se trata de un brete que el gobierno había logrado evitar en los últimos años gracias a la abundante oferta de dólares provenientes del sector externo y a la abundante cantidad de pesos provenientes de la recaudación de impuestos. Ahora el escenario ha comenzado a cambiar: los dólares ya no abundan (y por momentos escasean) y la recaudación crece a un ritmo menor que los compromisos de gastos.
Con el nuevo escenario están proliferando toda clase de interpretaciones respecto a cómo el gobierno se irá adaptando a esta nueva realidad. De lo visto hasta aquí, no queda claro si se trata de una estrategia integral apenas explicitada o de una aproximación “caso por caso”, sin una hoja de ruta preestablecida. Las diferencias entre una y otra pueden ser ínfimas a corto plazo pero abismales a mediano plazo. En definitiva, la primera marcará un camino posible para superar los problemas y la segunda podría terminar acorralando el crecimiento en una maraña de controles intrincados y regulaciones cambiantes.
Autor de Nota: Informe Banco Ciudad
Chiara 
Sintonía fina. Muy fina. Tan fina, que una propiedad puede mantener los subsidios a la luz, el gas y el agua mientras el resto de las casas de esa cuadra pagan aumentos del 300 o 400 por ciento. O al revés: que exista una única manzana alcanzada por la poda del aporte estatal rodeada en sus cuatro lados por zonas que mantienen el viejo esquema tarifario.
ALEJ 
Felipe 
