LA PAZ.- En una sorpresiva decisión, que podría tener un alto impacto político, el gobierno de Evo Morales decretó ayer un alza en los precios internos de los combustibles de hasta el 82%. La medida, que no afectará los precios de gas natural que exporta Bolivia a la Argentina y a Brasil, provocó una rápida respuesta del principal sindicato de conductores, que llamó a una huelga general.
Evo Morales, que ayer se encontraba de viaje en Venezuela, dejó en manos de su vicepresidente, Alvaro García Linera, el anuncio de la impopular medida. «El decreto se ha decidido para no subvencionar a los contrabandistas ni a los que tienen autos de lujo; se ha decidido el incremento de la gasolina [nafta] y del diésel», dijo el vicepresidente en el Palacio de Gobierno.
Los precios de los combustibles, subvencionados con 380 millones de dólares anuales por el Estado, llevaban casi siete años congelados. El presidente expresó en varias ocasiones que no necesitaba un «impuestazo» en el precio de los combustibles para aumentar los ingresos del Estado y llegó a criticar a antecesores suyos que habían aplicado medidas similares.
El decreto establece un aumento del precio de la nafta estándar del 72% (hasta 92 centavos de dólar por litro), mientras que la nafta de mayor calidad (premium) subirá un 57% (para situarse en un dólar por litro) y el diésel se incrementará un 82% (hasta 97 centavos de dólar).
García Linera señaló que los aumentos buscan una «nivelación de precios de los combustibles». Según sus datos, el barril de petróleo en el mercado interno costaba desde hacía siete años 27 dólares, pese a que a nivel internacional su precio es de 90 dólares, lo que, en su opinión, supone un «desincentivo» para las empresas que producen combustibles.
El vicepresidente insistió en que ya no se podía prolongar un régimen de subvenciones que, en su opinión, estimulaba el contrabando.
Según García Linera, la medida provocará que el dinero de la subvención «quede en beneficio de los bolivianos» y no vaya fuera del país a través del contrabando que realizan «algunos malos bolivianos y extranjeros» hacia la Argentina, Brasil, Perú y Chile. Según datos oficiales, el valor de los carburantes bolivianos que se comercian de forma ilegal en esos países ronda los 150 millones de dólares. «Es una vena abierta en los bolivianos que alimenta a los extranjeros», señaló García Linera.
Para tratar de mitigar los efectos del impopular decreto, el gobierno anunció un aumento de los salarios en 2011 superior a la inflación, así como la congelación de los servicios de agua, telefonía y energía eléctrica, y la puesta en marcha de planes de empleo para generar unos 25.000 nuevos puestos de trabajo.
A pesar de las promesas, el incremento en los precios de los combustibles irritó a miles de bolivianos, que hicieron largas filas para llenar los tanques de sus autos.
Paro general
La Confederación de Choferes de Bolivia, el principal sindicato del sector, respondió a la medida con la convocatoria a un paro general indefinido desde hoy. El máximo dirigente del sindicato, Franklin Durán, dijo que su sector «no puede someterse» a las decisiones del gobierno de Morales: «Los nuevos precios tendrán un efecto multiplicador que afectará a toda la población».
Los dirigentes sindicales del sector decidieron reunirse mañana en La Paz para coordinar más acciones contra lo que bautizaron como el «gasolinazo». Según Durán -un sindicalista hasta ahora afín a Morales-, los servicios del transporte pueden llegar a subir hasta un 122%. Por su parte, el dirigente del sindicato de panaderos Juan Carlos Apaza calificó la medida como una «cirugía sin anestesia».
La oposición también rechazó el decreto. La diputada Norma Piérola criticó que Evo no estuviera en Bolivia para anunciar la medida. Además, cuestionó que el ministro de Economía, Luis Arce, hubiera negado hace unos días estar pensando en subir el precio de los combustibles. El empresario y dirigente opositor Samuel Doria calificó de «brutal» el «gasolinazo» y advirtió que tendrá un impacto muy fuerte en la inflación.
En mayo de 2006 Morales decretó la nacionalización de los hidrocarburos. Con esa y otras medidas impositivas se cuadruplicaron los ingresos del Estado, pero el efecto fue una reducción significativa en las inversiones extranjeras. Casi una cuarta parte de los ingresos que recibe el país por la exportación de gas natural a Brasil y a la Argentina se destinan a importar otros carburantes escasos en Bolivia, como la nafta, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Por su alto impacto político y social, los precios de la mayoría de los combustibles se mantuvieron invariables durante casi una década. A principios de 2003, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada prefirió aumentar impuestos en vez de subir los combustibles, pero esto sólo provocó un cruento motín policial que marcó el principio del fin de su gobierno.
En 2004, el presidente Carlos Mesa subió levemente el diésel, lo que desató protestas que sirvieron como punto de partida para un movimiento autonomista en la región de Santa Cruz, liderado por los grandes empresarios agropecuarios.
Agencias AP, Reuters y EFE