La detención de , en forma tan burda, grosera y, por sobre todo, ilegal, despertó en muchos argentinos un gran sentimiento de tristeza, no por la defensa del sistema sindical, ni por la existencia o no de algún tipo de delito, sino por la forma en que se realizó la medida.
Por Mario Baudry
El jueves 10 de febrero de 2011 se convirtió para la presidenta Cristina Fernández en un gran baldazo de agua fría: se despertó en forma abrupta de una larga siesta, que venía durmiendo durante toda la temporada veraniega.
El pueblo argentino, sobre todo el poder sindical nacional, le puso un freno, le dijo “hasta acá llegó”, sobre el uso desmedido y su manipuleo de las instituciones en perjuicio de sus adversarios políticos. La sociedad le hizo sentir el descontento con la utilización de cualquier método para hacer política.
La detención de Gerónimo Momo Venegas, en forma tan burda, grosera y, por sobre todo, ilegal, despertó en muchos argentinos un gran sentimiento de tristeza, no por la defensa del sistema sindical, ni por la existencia o no de algún tipo de delito, sino por la forma en que se realizó la medida.
Ningún argentino pretendió con su protesta proteger a un sistema sindical perverso, ni impedir que la Justicia investigue a algún ciudadano, político o sindicalista; tan sólo se cuestionó la forma, que pareció más un apriete político que un acto judicial.
La torpeza en las formas que utilizó la Justicia dejó traslucir que se trataba de un ajuste de cuentas contra los opositores, encarcelando a uno de sus referentes.
No sólo se equivocaron en las formas, sino que además midieron mal el objetivo, por cuanto el Momo Venegas no es un sindicalista más, es un militante rural de toda la vida, se crió en el campo, es un sindicalista de la vieja escuela, incapaz de perjudicar a sabiendas a sus trabajadores.
Dentro del mundo político nadie salía de su asombro, a nadie se le ocurriría pensar que el Momo pudiera adulterar medicamentos para lastimar a su propia gente. Se lo podría haber acusado de cualquier delito, y podría haber generado dudas, pero nunca de perjudicar la salud de su propia gente.
Si el ataque judicial hubiera sido destinado a cualquier otro sindicalista, nadie cree que esta reacción habría sido igual, salvo por Moyano o Barrionuevo, que, por su propio poder sindical, también hubiesen movilizado a mucha gente.
Los operadores políticos que manipularon la Justicia se equivocaron, evidentemente no conocían al Momo, y no midieron consecuencias.
La preocupación llegó a su máximo nivel en la Casa Rosada, prontamente ordenaron comenzar con los operativos distracción, dispusieron adelantar la indagatoria y soltar al sindicalista, ante el miedo de que con el transcurso de las horas se paralizara el país.
La Presidenta se dio cuenta, con mucha desazón, con una cachetada de realidad, de que ya no se puede gobernar a los argentinos de cualquier manera. Los ciudadanos comunes sólo piden un poco de mesura.
Para evitar mayores consecuencias negativas de la operatoria fallida, se invento rápidamente un incidente diplomático con EEUU, de consecuencias negativas para el país, aduciendo el ingreso de armas en nuestro territorio con la simple excusa de que pueden ser utilizadas en un nuevo atentado terrorista.
Este operativo resultó tan ridículo como el montado desde el ministerio de Seguridad Bonaerense con el caso Barreda, y con los nuevos testigos del caso Julio López, que lo único que buscaron fue desviar la atención de la gente, aunque sea por un rato, del tema de la inseguridad.
Lo ridículo de las operaciones políticas determinó que la Presidenta perdiera credibilidad en la gente, y que el ministro Casal esté en el ojo de la tormenta; hoy todos hablan de la operación política del Gobierno contra Duhalde y de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires.
Mientras reina la desmesura, los políticos medidos y de consenso, como Scioli, siguen subiendo en las encuestas, no por sus grandes logros, sino por la torpeza de los que tienen enfrente; y el Gobernador, sólo con hacer la plancha se encamina a una segura candidatura presidencial.
Fuente: www.agenciacna.com
Felipe 
El dueño de un hotel de Villa Carlos Paz fue detenido ayer en esa localidad de Córdoba, sospechado de ser el testaferro de la banda que cometió el 1° de enero el millonario saqueo de 136 cajas de seguridad del Banco Provincia de Belgrano. Así, se transformó en el séptimo detenido en el marco de la investigación. Al hombre de 63 años, se lo acusa de “lavar” el dinero que se obtenía con los golpes delictivos. Ayer a la mañana, policías del Area de Defraudación y Estafas de la Policía Federal allanaron el hotel Ambar, ubicado en República Argentina 25 de Carlos Paz, de donde se secuestró documentación ligada a la causa del Banco Provincia y dinero.
Chiara 
