La «Masacre de Curuguaty» es un incidente que marcó las elecciones presidenciales de este domingo en Paraguay.
El hecho se refiere a un incidente ocurrido en junio pasado, del cual hay varias versiones y una investigación oficial ampliamente cuestionada.
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Lo único que quedó claro es que 17 personas perdieron la vida -once campesinos y seis policías- en una operación de desalojo de una ocupación de las tierras llamadas Marina Kue, cuya propiedad reclama un grupo empresario local.
Si bien en la zona hay cierto nivel de violencia, el saldo de esta matanza sorprendió a muchos en Paraguay. Y además impulsó a la oposición política del país a responsabilizar al entonces presidente Fernando Lugo del hecho y proceder a su destitución en siete días.
El resultado de este juicio político -que duró menos de 24 horas- fue el que colocó a Federico Franco como mandatario interino, cuyo período termina este domingo.
Pero la remoción de Lugo generó una amplia condena internacional. La mayoría de los gobiernos de la región consideraron que se trató de una ruptura del hilo constitucional (algo que niega Franco). Por ello hasta la fecha el país permanece suspendido -hasta que se efectúen estos comicios- de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) y del bloque comercial Mercosur.
Toda esta cadena de eventos surgió a raíz de la «masacre de Curuguaty», que casi un año después, sigue sin tener una explicación clara o una resolución judicial por lo ocurrido.
Acusados y acusadores
Una de las primeras medidas que tomó el gobierno interino de Franco fue desactivar una comisión independiente -que contaría con ayuda de la Organización de Estados Americanos- instaurada por Lugo para esclarecer lo ocurrido en Marina Kue.
Franco optó por dejar el caso sólo en manos de la policía y el Ministerio Público.
Y tras meses de investigaciones la Fiscalía ya tejió quiénes serían los responsables de la muerte de las 17 personas.
«En la parte investigativa ya se hizo todo lo que había que hacer», le dijo el fiscal de la causa, Jalid Rachid, a BBC Mundo.
Hay 14 personas acusadas por la muertes en el incidente ocurrido el 15 de junio de 2012.
Todos los acusados son personas que ocupaban las tierras, es decir campesinos. No hay ningún funcionario policial imputado, pese a que 11 de los 17 muertos fueron campesinos.
Para el fiscal se trató de una emboscada de los campesinos que desató el posterior tiroteo que dejó el trágico saldo de muertos.
«Fue una causa compleja y se fueron descartando hipótesis en el transcurso de la investigación que confirmaban nuestra teoría: los policías para nosotros fueron víctimas de lo ocurrido y no podemos ahora pasarlos a ser imputados o procesarlos. Se les violaría el debido derecho», afirmó Rachid.
Todos los campesinos acusados se encuentran con prisión preventiva. Entre los detenidos hay tres mujeres, dos de ellas embarazadas (aunque una dio a luz esta misma semana), responsabilizados de las muertes de los agentes de seguridad, entre los que estaba el jefe de las fuerzas élite de la policía.
«Se les acusa a todos de invasión de propiedad, asociación criminal, e intento de homicidio», señaló a BBC Mundo Rogelio Ocampos, de la ONG Articulación Curuguaty, que trabaja en la asistencia de grupos campesinos en el interior de Paraguay.
Según Ocampos en el conjunto de organizaciones sociales del país se considera que la investigación no ha sido adecuada.
«La Fiscalía tomó en cuenta el testimonio de 84 policías y de ningún campesino. Además no se hicieron peritajes correspondientes, ni estudios de balística para comprobar quién mató a los seis policías», afirma.
La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) confirma que no se recabaron testimonios de campesinos en las investigaciones del Ministerio Público.
De hecho el fiscal Rachid ha sido recusado dos veces por los abogados defensores, como también el primer juez del caso.
«Pero en lo que a mi se refiere la Corte Suprema de Justicia encontró que no había argumentos para estas recusaciones. Por eso no se pudo adelantar más», se defiende Rachid.
Graves dudas
¿Quién disparó primero? Es la pregunta clave que no tiene una respuesta aceptada ampliamente.
De acuerdo a lo recogido a través de diferentes fuentes se puede reconstruir lo sucedido en la operación de desalojo el 15 de junio de 2012, justo hasta el instante en que se inicia el fatal tiroteo.
Unos 50 campesinos ocupaban las tierras que el empresario Blas Riquelme dice que son de su propiedad, aunque los campesinos afirman que son del Estado (algo que actualmente se dirime en la Corte Suprema de Justicia).
Al menos 300 efectivos policiales, de diferentes cuerpos como anti-motines o fuerzas especiales, con el apoyo de helicópteros, llega al lugar para sacar a los campesinos. A muchos llamó la atención la participación de fuerzas especiales en un procedimiento de desalojo, algo que no suele ocurrir.
Algunos campesinos estaban armados con escopetas. Algo que es frecuente para personas que viven en el campo, afirman conocedores del tema en el país.
Las fuerzas policiales estaban fuertemente armadas, incluso con fusiles de asalto.
Una vez en el lugar, una delegación policial -encabezada por el jefe de las fuerzas especiales Erven Lovera- inicia el contacto de palabra con un grupos de dirigentes campesinos.
Y a partir de aquí el relato de los hechos es contradictorio y hasta confuso
«Ellos (los campesinos) los recibieron a tiros», asegura el fiscal Rachid.
«Se ha dicho que la policía llegó a dialogar, pero eso no fue así. La policía llegó a tratar de sacarlos», afirma el periodista Julio Benegas, quien acaba de publicar el libro La Masacre de Curuguaty», que investigó en profundidad el caso.
«Cuando el comandante les dice que salgan se produce un forcejeo y surge el primer disparo. Es de la policía, y ahí ocurre la reacción de los campesinos», señaló Benegas.
En un informe publicado en diciembre pasado por la Codehupy -con entrevistas a 34 testigos presentes-, se incluye el testimonio identificado como CRGTY\T07C020411, que dice: »
Yo lo que vi fue que el grupo de la GEO (fuerzas especiales policiales) vino desde un lado y le dijimos ‘quédense y vamos a conversar no hace falta la fuerza’ le dijimos. Ellos no
querían saber nada. Vinieron a atropellar, entraron e hicieron un desastre y después se escuchó el tiro que no sabemos de dónde vino y ahí ya se armó todo».
La Fiscalía dice que uno de los primeros muertos es el propio Lovera, de un disparo en el pecho. Pero esto es algo que no ha podido ser confirmado de manera independiente.
Pero además en este caso hay graves denuncias sobre presuntas ejecuciones de algunos heridos por parte de los organismos de seguridad.
El informe de la Codehupy señala varios casos al respecto, todo basados en el reporte forense del doctor Matías Arce, del Hospital de Curuguaty.
Luciano Ortega murió por «herida con arma de fuego en el cráneo con orificio de entrada en la región parieto temporal lado izquierdo con orificio de salida en la región temporal lado derecho», dice el forense, y además tenía heridas de bala en el cuerpo y una pierna.
Adolfo Castro murió por «herida de arma de fuego en el cráneo, aproximadamente de 20 cm de diámetro en la región parieto temporal lado izquierdo, con destrucción de masa encefálica», dice el forense, y describe que también tenía heridas en el cuerpo.
Y el caso de Delfín Duarte, que presentaba «una herida con arma de fuego en la cavidad bucal», y también tenía heridas de bala en otras partes del cuerpo, escribió Arce.
Los tres ejemplos registrados señalan que además de heridas de bala en las piernas Ortega y Castro tenían tiros en la cabeza y Duarte uno en la boca, según la Codehupy.
No obstante, el fiscal Rachid asegura que no hubo ajusticiamientos. «Hay que tomar todo lo que se dice con pinzas. Los exámenes forenses que hicimos señalan que las heridas fueron producidas por disparos recibidos a media distancia, no a corta distancia».
Contexto
Comité de Derechos Humanos de la ONU
En marzo Naciones Unidas hizo un llamado a las autoridades paraguayas a investigar el caso de manera «independiente e imparcial».
«En particular, el Comité está preocupado por la información recibida que demuestra falta de imparcialidad e independencia en los procesos de investigación desarrollados», señaló el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
La cancillería paraguaya respondió, mediante comunicado, que «los únicos órganos competentes para investigar y juzgar los hechos acaecidos en Curuguaty son el ministerio Público y el Poder Judicial, respectivamente, los cuales garantizan una investigación imparcial e independiente».
El despacho de Relaciones Exteriores además prometió que en un plazo de un año ofrecerá resultados.
Para el periodista Benegas, «lo increíble es que ya no se habla de este caso en Paraguay».
«Es vergonzoso porque el poder constituido, y la destitución de Lugo, se dio a raíz de esta masacre», añadió.
De acuerdo a lo que explicó la fiscalía a BBC Mundo, el próximo 27 de abril, después de los comicios de este domingo, se efectuaría una audiencia judicial que podría marcar el inicio del juicio oral sobre este caso.
El futuro de los 14 campesinos detenidos dependerá de lo que resulte en dicho proceso.
bbc.co.uk
Chiara 
ALEJ 
Felipe 
