Si ya no tenía suficiente, ahora la Corte Suprema de Justicia sumará un nuevo desafío. Deberá lidiar, por primera vez, con el «caso Ciccone». Decidirá si es constitucional que el Gobierno esté de ambos lados del mostrador a la hora de negociar si la familia fundadora de la imprenta debe cobrar una indemnización por un contrato multimillonario que rescindió la Policía Federal.
El arribo del «caso Ciccone» a la Corte se definió el martes pasado , cuando la sala D de la Cámara Comercial admitió un recurso extraordinario de la familia fundadora, que considera que, en pleno proceso de expropiación de la imprenta, el Gobierno viola sus derechos de defensa y de propiedad, según consta en la copia de la resolución judicial que obtuvo LA NACION.
El reclamo de los Ciccone se centra en un tramo menor de toda la madeja judicial que los rodea junto al abogado Alejandro Vandenbroele y el vicepresidente Amado Boudou, pero que se convirtió en la senda para la discusión de fondo. La familia, que aún retiene el 30% de las acciones de la compañía, ya anticipó que reclamará la restitución del 70% restante al misterioso The Old Fund, del que ahora además exige conocer quiénes son los verdaderos dueños.
La disputa que ahora llegará a la Corte abarca una fortuna. Los Ciccone le reclaman a la Policía Federal una indemnización de $ 86,2 millones por los bienes y equipos de la compañía que la fuerza utilizó durante varios años para confeccionar los pasaportes y cédulas de identidad, para luego, de improviso, prescindir del servicio.
Al caerse el contrato, los Ciccone reclamaron por la vía administrativa, que incluyó una firma de la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré. Hasta que tras casi dos años de idas y venidas, la Policía concluyó el 16 de agosto pasado que correspondía indemnizarlos con sólo 13.203 pesos.
El bajísimo monto otorgado podría responder al contexto temporal. Para entonces, el escándalo por el «caso Ciccone» ya superaba los seis meses y había provocado la apertura de una investigación penal en la que Boudou se encuentra imputado por la presunta comisión de múltiples delitos. Y nueve días antes de la decisión de la Policía, el Gobierno había anunciado la intervención oficial de la imprenta, que por entonces imprimía decenas de millones de billetes de 100 pesos.
Con el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, ya como interventor de la empresa, los Ciccone comenzaron a objetar la situación alrededor del contrato con la Policía. En particular, que la discusión por el monto del resarcimiento quedara en manos del Palacio de Hacienda, por un lado, y el Ministerio de Seguridad, por el otro. Es decir, que lo definieran funcionarios políticos del mismo Gobierno.
CHEQUERA EN JUEGO
La discusión entre los Ciccone y la Policía podría parecer menor para la Casa Rosada, pero no lo es. El Gobierno prometió que la expropiación no les costará un centavo a las arcas públicas. Hasta ahora, eso sería posible si prospera la compensación que decidió la AFIP, por $ 275 millones, con las deudas impositivas de la propia compañía.
Sin embargo, si la Justicia termina por convalidar el reclamo de los Ciccone y los habilita a defenderse -o que lo haga el síndico del concurso por ellos y en nombre de todos los acreedores de la empresa- la cuenta para el Estado podría complicarse. Y sumarle al Tesoro un pasivo de decenas de millones de pesos.
Ya planteado ese reclamo en el expediente del concurso, el síndico Martín Stolkiner impulsó la idea de que no debía quedar Lorenzino a cargo de esa negociación y así lo dispuso el juez en lo Comercial, Javier Cosentino. Calificó la situación del ministro de Economía de una «evidente incompatibilidad».
Sin embargo, el Gobierno apeló y logró revertir la situación en la Cámara, con los votos de Pablo Heredia y Juan José Dieuzeide, en tanto que Gerardo Vasallo convalidó la posición de Cosentino y del síndico.
Con el fallo adverso, Stolkiner decidió no apelar, por lo que quedó en manos de la familia intentar llegar a la Corte a través de un recurso extraordinario. El martes 25, con el voto de esos mismos tres camaristas, Nicolás Ciccone y las hijas de su fallecido hermano Héctor, Silvia y Graciela, lo lograron.
Así, ahora será el turno de la Corte de abordar un tramo del «caso Ciccone», en un clima enrarecido con el Gobierno tras el fallo en contra de la reforma del Consejo de la Magistratura. La relación vive semanas de tensión creciente mientras el tribunal debe evaluar la validez de la ley de medios. Esa tensión incluye varios episodios recientes. Entre otros, el proyecto kirchnerista para sacarle al tribunal sus facultades presupuestarias y de administración del Poder Judicial, y el contrapunto con la AFIP por la presunta investigación de su presidente, Ricardo Lorenzetti, y sus hijos.
La decisión que adopte la Corte también podría impactar en el desembarco oficial en la imprenta.
Si declara inconstitucional que funcionarios del Gobierno se ubiquen de ambos lados del mostrador por un contrato con la Policía, la Corte fijaría al mismo tiempo un precedente sobre la cuestión de fondo. Es decir, que los funcionarios también negocien de ambos lados del mostrador cuál será la indemnización a los Ciccone por la expropiación.
UN JUICIO POR VARIOS MILLONES
Podría caerse la promesa de una expropiación gratuita
El contrato
Durante años, Ciccone Calcográfica aportó los equipos indispensables para que la Policía Federal confeccionara los pasaportes
Lo inesperado
Tras comunicarle que invocaría la «opción de compra» sobre los equipos, la Policía volvió sobre sus pasos y cortó los lazos con la firma
Los montos
Desde diciembre de 2010, los Ciccone reclaman una indemnización por $ 86,2 millones; en agosto de 2012, nueve días después de intervenida la imprenta, llegó la respuesta: 13.203 pesos
El reclamo
Los Ciccone sostienen que no pueden defender su patrimonio, ya que el área del Gobierno a cargo de la intervención debería reclamarle a otra del mismo Gobierno que mejore ese paupérrimo monto
La Justicia
Tras reclamar en el concurso de la imprenta, la Cámara en lo Comercial habilitó a los Ciccone a llegar a la Corte Suprema
Fuente: La Nación
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Celadoras de empresas de transporte escolar reclaman su regularización laboral. El Camino del Buen Ayre afectado por otro piquete.
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ALEJ 
