El Congreso español votó a favor de restringir la ley que ha permitido la persecución de crímenes en otros países como Chile y Argentina. Le explicamos de qué se trata y los intereses detrás de ello.
La historia ha demostrado que cuando se cometen atrocidades vinculadas a crímenes de lesa humanidad y se usa la intimidación y la violencia para evitar un castigo, muchos delitos quedan impunes en las naciones donde se cometieron.
Desde hace dos décadas, sin embargo, comenzó a utilizarse un arma para romper ese patrón. Se trata de un sistema de justicia internacional para llevar a los tribunales los casos más graves de crímenes contra la humanidad: la llamada ley de jurisdicción internacional.
La ley permite que jueces de cualquier nación puedan perseguir esos casos incluso cuando el crimen no fue cometido en el territorio nacional o cuando fue supuestamente perpetrado por quienes han ocupado cargos importantes o gobernado otros países.
Y quienes hasta ahora han utilizado más activamente este instrumento son los jueces españoles.
Sin embargo, este martes el Congreso de España votó -por la vía rápida- limitar la capacidad de los jueces españoles de investigar y procesar delitos bajo la ley de jurisdicción universal. Ahora empieza la tramitación y en menos de cuatro meses entrará en vigor.
El juez Baltazar Garzón la utilizó en 1998 para procesar y extraditar al gobernante de facto Augusto Pinochet desde Reino Unido. El caso nunca llegó a la corte pero tuvo un amplio impacto legal y público.
Más recientemente la jurisdicción universal se aplicó para presentar una querella ante la Audiencia Nacional de España contra varios funcionarios del gobierno de Israel por su presunta responsabilidad en el lanzamiento de una bomba sobre el barrio palestino de Al Daraj donde murieron 15 personas.
También en España se presentaron querellas contra funcionarios y abogados estadounidenses por el supuesto entramado jurídico de Guantánamo.
Y este lunes un juez dictó una orden de captura contra dirigentes chinos, incluido el expresidente Jiang Zemin, por supuestos delitos de tortura y genocidio cometidos contra el pueblo tibetano durante los años 80 y 90.
Reforma
Aunque en 2009 ya se había aprobado una reforma a la ley, quedaban algunos resquicios legales que permitieron presentar las últimas querellas.
Pero la nueva reforma aprobada este martes con la ayuda de los votos del oficialista Partido Popular, se acaba con el concepto de la jurisdicción universal, según le dijo a BBC Mundo la abogada Lydia Vicente Márquez, consultora internacional de derechos humanos y directora ejecutiva de la organización Rights International Spain:
«La nueva reforma significa que ya no habrá jurisdicción universal, que los casos que han sido presentados hasta ahora deberán cerrarse y que será imposible presentar nuevas querellas».
«La reforma cerrará las puertas de las cortes españolas a quienes han sido víctimas de violaciones graves de derechos humanos y que no han podido obtener justicia dentro de las jurisdicciones de sus propios países».
El Partido Popular justifica los cambios propuestos indicando que las actuales leyes de jurisdicción universal se están utilizando de forma exagerada e inapropiada.
Pero tal como le explica a BBC Mundo el profesor Antonio Remiro Brotons, catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad Autónoma de Madrid, detrás de las reformas presentadas por el PP hay muchos intereses diplomáticos, políticos y económicos: «No hay duda de que esta reforma tiene como razón sustancial y de fondo la presión tanto de China, como de Israel y Estados Unidos».
La reforma se presentó poco después de que la Audiencia Nacional solicitara la orden de captura de altos dirigentes chinos, incluido Jiang Zemin. El lunes un juez ordenó su arresto.
«Lo mismo ocurrió en 2009, durante la primera reforma que ocurrió poco después de que se pidió el arresto de militares israelíes por el bombardeo en Al Daraj», explica Lydia Vicente, «y la presión de Estados Unidos fue similar cuando se presentó la querella de Guantánamo».
Ley molesta
Hasta ahora la cruzada de los jueces españoles para aplicar la justicia internacional no ha resultado, en la práctica, en que los casos sean llevados a juicio en España.
Pero el instrumento ha tenido amplias repercusiones legales y ha tenido influencia en el procesamiento de casos en otros países, particularmente en América Latina, como explica el profesor Antonio Remiro Brotons.
«España durante dos decenios ha sido modelo en la persecución de los derechos internacionales. Y el instrumento de jurisdicción universal ha sido muy útil, como ocurrió en Argentina».
«Cuando los jueces españoles comienzan a solicitar el procesamiento de supuestos criminales latinoamericanos la justicia local muchas veces aplicaba legislaciones protectoras a esos supuestos criminales», señala el experto.
«Pero la aplicación española de la jurisdicción universal hizo que con esa legislación los jueces locales asumieran un papel protagonista».
Además, la legislación también implica una enorme molestia para cualquier persona que sea nombrada en una querella bajo la jurisdicción universal.
«Impide el libre desplazamiento de la persona fuera de las fronteras del país en que se encuentra», dice el experto.
«Ahora que un juez español ordenó el arresto de exdirigentes chinos, es evidente que será muy dificil, o hasta imposible, que esos individuos acaben en un juicio ante un juez español, pero está claro que esas personas no podrán salir de su país sin temor de que sean detenidos o implicados en un proceso de extradición», agrega.
«Paja en el ojo ajeno»
Los críticos dicen, sin embargo, que España con sus propios problemas no es la nación más indicada para elevar los estándares de la ley internacional y los derechos humanos.
En octubre de 2013 Naciones Unidas recordó a la nación el antiguo reclamo sobre la supuesta impunidad en los casos de desapariciones forzadas durante la guerra civil y el régimen franquista.
Y ahora bajo la ley de jurisdicción universal una jueza argentina investiga desde 2010 lo que pasó en España.
«Es cierto que se ha acusado a España de ver la paja en el ojo ajeno y no verla en el propio. Pero también es cierto que la única forma de que prospere la justicia universal es que un país pueda aplicarla sin costes políticos o económicos», dice Antonio Ramiro Brotons.
«Y si no son los países desarrollados o democráticos los que pueden encargarse de que prospere ¿quién lo va a hacer?».
«Ahora parece que la persecución de criminales o delincuentes de cuello blanco en países desarrollados quedará en las manos de los países de bajos o medianos recursos donde los costos políticos, económicos y diplomáticos serán sin duda enormes».
Según Lydia Vicente de Rights International Spain, «también se ha acusado a España de gastar recursos excesivos en la persecución de estos casos. Pero eso es un mito, porque siempre han sido las víctimas o las asociaciones de derechos humanos las que han asumido el coste y las que pagan los viajes u otros gastos cuando hay que trasladarse».
Y agrega que también es un «mito» decir que la jurisdicción universal no es necesaria porque ya hay organismos como la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para encargarse de estos casos.
«La CPI se creó para procesar delitos específicos, de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad. Y sólo reconoce aquellos casos ocurridos después de 2002 cuando fue creada».
«La Corte además se basa en el principio de la complementariedad, que significa que cada Estado debe investigar también sus casos. Y ¿qué ocurre cuando el propio Estado es el supuesto perpetrador?», plantea la abogada.
Lo cierto, afirma el profesor Remiro Brotons de la Universidad Autónoma de Madrid, es que si se aprueba esta reforma, España y el resto del mundo quedarán sin un valioso instrumento de derecho internacional.
«La jurisdicción universal mantiene viva la esperanza y la capacidad de crear justicia para las víctimas y sus familiares», afirma el experto.
«Y también implica que los valores de solidaridad y cooperación frente al crimen prevalecen sobre los intereses comerciales y políticos».
«Pero estamos viviendo un proceso de regresión en la defensa de los valores universales, de los derechos y las libertades humanas».
«Esta reforma demuestra que estamos de acuerdo con países como China, Israel, Rusia y Estados Unidos a quienes les perjudica y les perturba el principio de jurisdicción universal y quienes no están dispuestos a que otros países sometan a sus nacionales, que quizás no siempre han actuado debidamente, a procedimientos legales en otros países».
latercera.com
Dana 
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ALEJ 
