En una nota publicada en el diario que posee en Santa Cruz, el empresario explicó -en palabras de sus abogados- que solicitó una cautelar para «evitar que información de dudosa credibilidad se publique como cierta»
Desde las páginas de Prensa Libre, paradójico nombre que eligió Lázaro Báez para el diario que posee en Santa Cruz, el empresario defendió la decisión de realizar ayer una presentación judicial que pretende impedir que se publique información sobre sus empresas y negocios.
Esta mañana, el tema ocupó un espacio privilegiado en su periódico, desde donde esgrimió las razones de la solicitud de una medida cautelar que la Justicia deberá evaluar en las próximas horas.
El empresario denuncia que la información a la que accedió el diario La Nación, que dio cuenta del pago de un alquiler por parte de Báez por el presunto uso de habitaciones del hotel perteneciente a la presidente Cristina Kirchner, fue adquirida de manera «por lo menos poco transparente».
Según los abogados de Báez, esta información privada «sólo podría haber sido adquirida a través de un pedido de información pública o de manera non santa».
La editorial del diario señala además que, si bien todos los periódicos y portales del país se hicieron eco de la noticia, ninguno publicó «que el empresario santacruceño está en todo su derecho de peticionar ante el Tribunal por la protección de los bienes de su familia o por la documentación de sus empresas». Y que «muchas páginas web» lo sentenciaron «de antemano».
El artículo -sin firma- que publica hoy Prensa Libre sostiene además que «ningún medio se preguntó tampoco por la capacidad investigativa o pericial de los supuestos expertos contables o fiscales anónimos», que se valieron para elaborar el artículo, en tanto que «sentencian delitos sin dar la cara ni mostrando esos supuestos peritajes en los que hace referencia La Nación, como principal punto de apoyo». Es por eso, sostienen, que los abogados entendieron el caso como un “abuso”.
A través de su abogado Juan Pablo Gregori, Báez pidió ayer una medida cautelar urgente para que se resguarde la «confidencialidad» de la información contable, societaria y comercial que se encuentra «en poder de terceras personas» y «lucran con su difusión». La iniciativa solicitada por el letrado apunta a acallar a todos los medios de comunicación y surge como respuesta a una investigación publicada en los últimos tres días por el matutino porteño.
Puntualmente, Báez solicitó que se ordene a «los organismos públicos, portales de internet, medios de comunicación audiovisuales, periódicos y/o cualquier otro medio o soporte de divulgación de información, abstenerse de brindar información, opinión o realizar comentario alguno basado en la información comercial privada de la empresa Valle Mitre S.A. y de las empresas con las que ésta se encuentra vinculada comercialmente, hasta tanto se establezca la licitud o ilicitud de la forma en que dicha información salió del ámbito privado de la empresa y/o de sus autoridades y/o propietarios y/o de algún organismo público en que obrare tal información», según el escrito al que accedió Infobae.
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