El sistema de adopciones, que debería servir como un punto de encuentro entre niños que necesitan una familia y padres que desean fervientemente un hijo, en la práctica se ha convertido en un lugar de desencuentros.
Como si fueran realidades difíciles de integrar, en la Argentina hay actualmente 21.468 menores a la espera de ser adoptados, según cifras de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. De ese total, 10.342 viven en instituciones (pequeños hogares, ONG, institutos), y otros 11.126 permanecen en los llamados programas de acogimiento familiar (familias sustitutas). El tiempo que los chicos pasan allí antes de ser adoptados promedia los dos años. A su vez, sólo en el Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUA, una red nacional creada para aglutinar los datos de los registros provinciales de personas que quieren adoptar hijos) figuran 1444 inscriptos.
Si se considera que, por el momento, el RUA sólo reúne información de la Capital Federal y de las provincias de La Rioja, San Juan, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, el número de personas que desean adoptar un niño es muchísimo mayor.
Sucede que, porque no firmaron convenio con el gobierno nacional o porque, luego de firmarlo, no enviaron los datos correspondientes, a la par del RUA funcionan registros independientes en otras jurisdicciones, en los que se anotan los interesados para adoptar en sus provincias.
Según dijo a La Nacion Marisa Graham, directora nacional de Promoción y Protección Integral, el organismo que a nivel nacional entiende en materia de adopciones, en promedio quienes desean cobijar a un hijo adoptivo esperan dos años.
En el otro extremo, si bien no existen estadísticas oficiales, el tiempo promedio que pasan los chicos institucionalizados, o sea, alejados de sus familias biológicas y a la vez sin conseguir padres adoptivos, rondaría también los dos años, según estimaron ante La Nacion personas que trabajan en ámbitos relacionados con los niños sin cuidados parentales.
El lapso puede achicarse a apenas un mes en caso de que el niño que busca una familia sea un bebe, y puede prolongarse varios años si, por ejemplo, los chicos en adopción son un grupo de hermanos o se trata de un pequeño enfermo.
¿Qué ocurre para que los más de 21.000 chicos sin cuidados parentales no logren ni volver a su familia de origen (ver recuadro) ni encontrar una familia nueva que los reciba?
En cuanto al segundo aspecto, Graham; la responsable del RUA, Federica Otero; la directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento de la Aplicación de la Convención por los Derechos del Niño, Nora Schulman, y el juez de menores de la Capital Lucas Aón coincidieron en que las expectativas de los aspirantes a adoptar chocan con las características de los menores en estado de adoptabilidad.
Según las fuentes mencionadas, la mayoría de los aspirantes a adoptar desea incorporar a su vida un bebe, que son contados en el total de niños sin cuidados parentales, para poder transitar con él todas las etapas de crecimiento. «Pocos son los interesados en niños más grandes y, muchos menos en grupos de hermanos o en niños enfermos», dijo Graham. «Para un bebe, consigo familia en 20 días. Pero tardé más de cuatro años en lograr que un mismo adoptante recibiera a un grupo de seis hermanos», explicó Aón.
«Los chicos bajo cuidado institucional son más grandes. Para ese chico, que ya no pudo volver a su familia y también tiene su derecho a la identidad vulnerado por permanecer institucionalizado, lo mejor es darlo en adopción, pero a ellos no los quiere nadie», sostuvo Schulman.
Según datos aportados por Otero, de los inscriptos en el RUA el 91% acepta un niño menor de un año, mientras que sólo el 5,5% está dispuesto a recibir uno de ocho años y la cifra cae al 0,64% cuando se trata de un menor de 11 años. Además, sólo un 0,55%tiene disponibilidad adoptiva para pequeños con patologías complejas, y un 44,88% aceptaría grupos de hasta dos hermanos.
Los entrevistados adjudicaron la escasez de bebes en el sistema a tres variables. Primero, coincidieron en que las familias de menores recursos ya no expulsan tanto a sus hijos gracias al surgimiento de políticas públicas destinadas al fortalecimiento familiar, como, principalmente la asignación universal por hijo, que, además de significar un sostén económico, exige como contrapartida al pago del subsidio la presentación de certificados de vacunación y de escolaridad. «Es una herramienta muy valiosa. Podemos realizar el seguimiento del niño en distintos ámbitos, como la escuela y el hospital», sintetizó Graham.
En segundo lugar, los cuatro interlocutores hablaron sin tapujos del «tráfico de bebes». El proceso, explicaron, comienza con la captación de embarazadas sin recursos económicas para criar a su descendencia, especialmente en Misiones y en Santiago del Estero, a las que abogados, parteras y otros intermediarios convencen de entregar al recién nacido a una pareja que busca un hijo sin haberse inscripto en los registros oficiales. Y, como es una cesión voluntaria del niño, culmina con la legitimación de la adopción en un juzgado.
Este circuito, que se da en paralelo al camino judicial que debe conducir a una adopción, evita que los bebes ingresen bajo la tutela del Estado para su revinculación con la familia de origen o para una futura integración legal en una familia adoptiva. «Cuando se detectaron estos casos, ya hubo jueces que ordenaron retirar los niños a los adoptantes. Se genera una situación muy traumática para todas las partes. Los chicos no son mercancías, objetos que se regalan o se venden. Quienes desean adoptar deben acudir a los registros estatales», explicó Graham, que además de ser funcionaria con amplia experiencia en adopciones es abogada experta en derecho de familia.
Un tercer elemento que solía confluir para que un aspirante a adoptar sufriera demoras indeseables, aunque ahora es menos frecuente, aseguran las fuentes, era la participación de ONG que «facilitaban a los aspirantes a guarda no sólo la confección del legajo para presentar ante los juzgados [cuando todavía no existían los registros distritales], el servicio que ofrecían, sino también «una llegada a los jueces para que les dieran prioridad» sobre los interesados que acudían a inscribirse a las oficinas públicas directamente.
Graham, Schulman y Laura Mussa, asesora tutelar de menores de la ciudad de Buenos Aires, donde se prohibió la mediación de las ONG en el armado y en la renovación anual de las carpetas de los postulantes, no dudan en calificar a las entidades de «agencias de adopción, que cobran por hacer lo que se puede hacer gratis» y «hacen lobby».
Las ONG se defienden. «En las dependencias oficiales los profesionales no suelen brindar atención profesionalizada a los aspirantes, que muchas veces se van frustrados por una mala atención. Dicen que cobramos $ 10.000, no es así. Nuestros precios están publicados en la página web, cobramos $ 1500 por la orientación y la ayuda», respondió la presidenta de Anidar, Leonor Wainer.
«Nosotros desde 1999 trabajamos en un programa gratuito en la búsqueda de familias para chicos especiales, chicos grandes o grupos de hermanos, y les hacemos acompañamiento gratuito», detalló Sandra Juárez, presidenta de Prohijar (prohijar@hotmail.com.ar).
La directora nacional del RUA puso las cosas en su punto justo. «Oportunamente, las ONG ocuparon un espacio muy importante que el Estado no ocupaba. Ahora el Estado avanzó con la creación de registros y el fortalecimiento de políticas de acompañamiento a las familias», dijo a La Nacion.
Por un cambio legal
El ministro de Justicia, Julio Alak, puso en funciones una Comisión de Estudio y Análisis del Régimen Legal de Adopciones, que deberá analizar la problemática que rodea el proceso y, en 60 días hábiles, formular anteproyectos normativos superadores. El objetivo es sustituir, modificar, complementar y reglamentar el instituto de adopción regulado por el Código Civil, así como de los institutos relacionados con la materia.
Marcos Córdoba, profesor titular de Familia y Sucesiones en la Universidad de Buenos Aires, integra esa comisión. «Por lo ocurrido con las desapariciones de personas, la Argentina incrementó los sistemas de seguridad para asegurar la llamada verdad biológica. Creó entes oficiales que controlan el proceso de adopción, pero devinieron en una burocracia que favorece la corrupción y mantiene a los niños guardados en distintos lugares, sin familia de ningún tipo. Hay que apuntar a un sistema en el que no sea tan difícil adoptar legítimamente, y que sancione con severidad a quienes lo hagan irregularmente», opinó.
Una ley que no protege
«No cesaron las institucionalizaciones [permanencia de chicos en guardas]: empezaron a disfrazarlas», denunció Laura Mussa, asesora tutelar de menores de la Ciudad, sobre los cambios desde la sanción, en 2005, de la ley de protección integral de la infancia. «Faltan políticas, y no sólo para la infancia», dijo.
Fuente: La Nación
Felipe 
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