Si, finalmente, Gobierno, sindicatos y empresarios llegan a tejer un pacto social, será a tientas. Pues no habrá un índice de precios confiable para cotejar el cumplimiento de las metas: el INDEC seguirá sin cambios al menos durante un año.
Si, finalmente, Gobierno, sindicatos y empresarios llegan a tejer un pacto social, será a tientas. Pues no habrá un índice de precios confiable para cotejar el cumplimiento de las metas: el INDEC seguirá sin cambios al menos durante un año. Este será el tiempo que llevará construir una nueva estadística nacional, en el supuesto de que se vaya adelante con el asesoramiento del Fondo Monetario Internacional.
Pero lo que representa un intento por contener la puja por los ingresos, ya pone al descubierto algunas otras cosas. Una es que, en los hechos, el Gobierno reconoce el avance de la inflación. Otra, que ha advertido que una espiralización del fenómeno puede poner en jaque , por si misma, las chances electorales del kirchnerismo.
Aun cuando haya más elementos sobre la mesa de negociaciones, está claro que las piezas esenciales del acuerdo serán precios y salarios. Como el objetivo es frenar la inercia y las expectativas inflacionarias, un recurso habitual consiste en discutir remuneraciones en base a la inflación futura.
Aquí ya asoma un problema central: cómo proyectar una tasa anual, con cifras oficiales inútiles para tal fin . Encima, cuando la tendencia marcha hacia escalones superiores en 2011. ¿Admitirán los gremios aumentos del orden del 18 % para todo el año, como auspicia el Gobierno y conformaría a los empresarios? “Difícil, difícil”, dice un economista que asesora a empresas y sindicatos. Pone el número más cerca del 25 % , o sea, semejante al índice de precios real de 2010. Y algunos puntos por debajo de la perspectiva que existe para 2011. “Sería mejor que un 30 % o un 35 %”, agrega.
El consultor supone que puede haber un sistema de bandas, al que se acomodarían los reclamos de los gremios y las posibilidades de los empresarios. Tendría la ventaja, dice, de contemplar la situación relativa de cada sector y a la vez evitar lo que ocurrió con las paritarias de este año, cuando los aumentos fueron del 21 % al 35 %.
En sus cálculos también entra la posibilidad de algún retoque posterior, una cláusula específica, si la curva de los precios no afloja. De nuevo el mismo problema: ¿quién estará en condiciones de decir cuál es la inflación verdadera? Un punto crucial en el andamiaje asoma en el costo de los alimentos . Tanto porque es un insumo básico en cualquier canasta familiar, como porque en ese espacio los incrementos superan largamente al resto de los bienes y servicios. Y más aún, porque allí hacen foco todos los gremios.
Las estimaciones privadas difieren en los porcentajes, aunque todas revelan cifras considerables. La consultora LGC, que dirige el ex ministro Martín Lousteau, calcula 33 % entre enero y octubre y 41 % para los últimos doce meses. Con un agregado significativo: en alimentos, el corrimiento de los precios luce generalizado.
La estrella, sin ninguna duda, es la carne vacuna. LGC resalta el encarecimiento de los llamados cortes delanteros, como paleta y falda, o sea, aquellos que consumen los sectores de menores ingresos: llegó al 22 % en algunos meses. En general, las consultoras le dan a la carne bien arriba del 50 % promedio en el último año.
Hay explicaciones diversas sobre el fenómeno. Desde la escasez de oferta, por la constante caída del stock ganadero, hasta la falta de inversiones y la ausencia de una política oficial que estimule la producción. Lo cierto es, finalmente, lo que pasa.
Con semejantes precedentes no resultará sencillo colocar las demandas sindicales dentro de los límites que pretenden Gobierno y empresarios. O en todo caso, será necesario ponerles cotas verificables y controlar que se cumplan. La figura cantada es Guillermo Moreno, aunque según se ve sus estrategias hace tiempo dejaron de garantizar resultados serios.
Es también previsible que entre las cláusulas figuren compromisos empresariales de inversiones, necesarias para acrecentar la oferta. Pero se sabe que las inversiones rinden frutos bastante después de ser anunciadas, para el caso de que hubiese voluntad efectiva de acometerlas y en la magnitud necesaria. No es lo que se percibe, pese al fuerte crecimiento de la economía.
Por lo demás, así muchos lo nieguen, los pactos sociales son una forma de contornear los reclamos gremiales. Siempre el punto de partida son los salarios. Si el proceso inflacionario no cede y luego se aplican ajustes correctivos, los precios ya se habrán comido parte del aumento inicial.
Todavía sembrado de dudas, el acuerdo tripartito que procurará contener la inercia y las expectativas generadas por el proceso inflacionario no representa, por si mismo, un plan de ataque general. Es una pata, la llamada política de ingresos.
Hay otras que caen directamente en el campo del Gobierno , como el gasto público y los instrumentos monetarios. ¿Aceptará incluirlas en el pacto social, tratándose de herramientas clave para seguir fogoneando la demanda en la economía? Como sostiene el asesor de empresas y sindicatos, “difícil, difícil”.
Puede ser que se trate de una movida oficial destinada a ganar tiempo, parecido al caso del FMI. El riesgo, en ese supuesto, es que los resultados estarán a la vista. Y lo que podría resultar un arma política para jugar en el año electoral, terminaría con forma de búmeran.
Está claro que los gremios reclaman porque la inflación recorta los sueldos y también por conservar espacios de poder, cada cual según su capacidad de presión o sus alinemientos. Así, existen salarios mayores a $ 14.000 mensuales, como los de los petroleros, y otros que no llegan a $ 3.000 , como en construcción y empleados de comercio. Todo, con independencia de los porcentajes negociados en paritarias.
Esto pasa entre los trabajadores convencionados, presumiblemente los más protegidos. Ni hablar, entonces, de la brecha con los empleados en negro. O con cualquier otro sector que tenga escasa o ninguna chance de pelearle a la trepada de los precios.
Fuente: clarin
Chiara 
La sucursal de Sancor en Rosario, paralizada por un conflicto gremial desde hace tres meses, trasladará su área logística a la ciudad de Gálvez, donde funciona otra sede de la empresa. Serán 47 empleados los que diariamente serán trasladados ida y vuelta a Galvez, en un intento por reanudar la actividad afectada por el conflicto gremial que se mantiene con cortes a la altura del acceso al puente a Victoria.
Felipe 
admin 
