La papelera de Bernal está acusada de contaminar. Denuncian a la secretaría de Medio Ambiente y a la subsecretaría de Industria bonaerense. Fue multada, pero sigue con vida. Como siempre, cada problemática nacional presenta su correlato a escala provincial. La pastera multinacional de papel y cartón corrugado, situada en Quilmes, más precisamente en Bernal, recibe desde el año 2006 la imputación de accionar contra la salud de la sociedad y el medio ambiente.
Sustancias líquidas desechadas, emisiones de gases de diversas chimeneas, humos, olores ácidos, vibraciones en propiedades linderas y ruidos molestos son algunos de los cargos que acumula la papelera irlandesa Smurfit Kappa.
Cuatro años transcurrieron de los primeros reclamos populares emprendidos por el movimiento Bernal Unido, y hasta la actualidad, según admiten, no se han superado las barreras burocráticas, entidades que miran para otro lado, intereses contrapuestos y controles de dudosa veracidad.
En la municipalidad de Quilmes se inició el expediente (N° 4091-5426-I-2006), no obstante, la comuna no recogió el guante y estimó que la empresa era responsabilidad de la Provincia.
Las denuncias se expandieron al terreno nacional. La secretaría de Medio Ambiente confirmó que Smurfit Kappa desde 2003 mantenía vencido el certificado de Aptitud Ambiental. Para regularizar esta situación, la empresa debía realizar una serie de modificaciones en la planta industrial, las cuales hasta la fecha no se han concretado.
En el mismo orden, la pastera tramitaba un expediente de permiso de vuelcos de desechos en el Río de la Plata ante la Autoridad del Agua (ADA), pero la entidad, luego de una inspección, optó por sancionar a la compañía por no cumplir con los requisitos. Esta no sería la única sanción que recibió la papelera irlandesa por parte del ADA.
Cabe señalar que la costa de Bernal cumple la función de balneario, con lo cual, si las aguas están y continúan contaminando comprometerían la salud de los usuarios de dicho destino. Sobre esto, el movimiento vecinal advirtió que los vertidos industriales circulan a través de un canal hacia el Río de la Plata y se acercan a pocos cientos de metros de la toma de agua de la empresa AySA (perteneciente a la potabilizadora Manuel Belgrano), elevando el riesgo para toda la comunidad quilmeña.
Sin embargo, esta última moción fue desestimada por la propia compañía, la cual garantizó la calidad a los tres millones de consumidores (nucleados en la planta Belgrano), al detallar que se “realizan estrictos controles durante las 24 horas, los 365 días (del año)”. No obstante, el ente posó las dudas sobre la pureza del sistema que abastece a través de los pozos hacia las napas, responsabilidad que, apuntan, le compete al poder municipal o bonaerense.
Relacionado con esto, en el Juzgado Civil N°4 de Quilmes el juez determinó que una familia padece una discapacidad respiratoria de hasta un 30 por ciento, fallo luego confirmado por la Cámara de Apelaciones Departamental, la cual le duplicó el monto indemnizatorio. No conforme con esto, Smurfit Kappa inició una causa en el Juzgado de Contravenciones Administrativas quilmeño, pero tuvo un nuevo fallo adverso.
Por otra parte, en la actualidad, a raíz de reiteradas imputaciones efectuadas en la Autoridad del Agua (ADA), se informó que hay en curso acciones de penalización contra la pastera multinacional por no haber presentado los planos ni la documentación requerida por dicho organismo. Durante febrero de este año, una nueva denuncia, tanto de los vecinos aledaños de la ribera Bernalense como los del Foro Regional del Río de la Plata, fue constatada por el ente regulador, el cual confirmó en junio, mediante carta documento, que la firma Smurfit Kappa contamina.
Se constató que existían sustancias grasas o flotantes en los efluentes, que superaban los valores para las descargas límite admisibles, y que los sólidos sedimentables aumentaron 18 veces más sus condiciones normales, sin que la planta estuviera en pleno funcionamiento. También se encontraron parámetros objetables en las características físicoquímicas de los líquidos, procediéndose a multar a la firma por infracción al artículo 37 de la ley N° 5965, sobre la Protección de las fuentes de provisión y a los cursos y cuerpos receptores de agua y la atmósfera autoridad, y por incumplimiento de la resolución ADA N°336/03.
Un dato más que describe la imagen de la papelera y su operatividad refiere a los aportes económicos que Smurfit Kappa destina a la Policía. Los mismos se encuentran blanqueados por la empresa en el expediente número 24365323 de la Autoridad del Agua Bonaerense. En su apartado 3º del folio 377 se afirma: “Colaboración con la comisaría Nº 8 de Barrio Parque Bernal por medio de cuotas mensuales”, “Colaboración con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cuotas semestrales”.
Para completar el escenario, surge el reciente pedido de sanción política exhibido por el Defensor del Pueblo, José Estevao, direccionado hacia la secretaría de Medio Ambiente de Quilmes y a la subsecretaría de Industria bonaerense, por incumplimiento de funciones.
Según el representante, el municipio es el que debe centralmente ejercer el poder de fiscalizar el accionar de la papelera. Además, indicó que “la gravedad aquí es que por más inspecciones que se hagan, a la empresa le conviene pagar las multas, y sigue contaminando el río. Hay que obligarla a tratar sus efluentes líquidos”.
Consultada la pastera por La Tecla para acercar una comunicación oficial sobre la situación, la respuesta, rápida, a través de un correo electrónico, expresó que la empresa no daba entrevistas a periodistas y medios de difusión. En consonancia, la municipalidad de Quilmes y su secretaría de Medio Ambiente prometieron un “descargo”, aunque luego optaron por el silencio.
De la firma Smurfit Kappa poco se conoce. De su directorio, lo mismo. Simplemente aparece visible su CEO en Argentina, Carlos Barrozzi, y un segundo directivo, Edgardo Chaneton. Tras ellos, solamente se habla de directores, gerentes, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, administradores, mandatarios o representantes. Pocas certezas para una realidad tan clara.
Fuente: www.agenciacna.com
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El paro de 48 horas que iniciaron hoy los docentes de las escuelas públicas porteñas tuvo «una adhesión superior al 97%», informaron fuentes gremiales. El secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), Eduardo López, informó a Télam que la adhesión al paro es «superior al 97%, por lo que es más elevada que la que se registró en el último paro del 24 de agosto, que fue del 95%».
