Si hacemos una reseña de lo ocurrido en materia de seguridad desde la recuperación de la democracia en 1983, veremos que todas las medidas adoptadas no han dado resultado y cada vez estamos peor.
Por Nora Ginzburg*
1. COMO LLEGAMOS HASTA AQUI
No hay duda que la criminalidad ha aumentado a nivel global, pero nuestro país se encuentra entre los que, proporcionalmente, más incrementa sus índices año a año.
Con los nuevos vientos de libertad se adoptaron criterios legislativos significativamente más benignos, que la mayoría de la comunidad apoyó, pero ellos no fueron acompañados con otras medidas que hubieran correspondido, por ejemplo, entre otras, una política penitenciaria acorde a los cambios legales, el aumento de los juzgados para agilizar los juicios, etc., lo que a la postre significó no sólo un mayor grado de impunidad y desmanejo, sino la instalación de una sensación generalizada de que todo se hacía favoreciendo al delincuente sin importar ya la víctima corroborándose, asimismo, que el delito crecía en cantidad y crueldad antes nunca pensadas.
Hasta que ello explotó con las marchas programadas por Juan Carlos Blumberg, cuyo hijo fue salvajemente asesinado, y la solidaridad de una gran parte de la sociedad que sentía que podía ser la próxima víctima. Cierto es que las modificaciones a la ley que el nombrado proponía tenía defectos técnicos, y que el aumento de las penas, al igual que la imposición de la pena de muerte, nunca trajo, en ningún lugar del mundo, aparejado la disminución del delito, pero lo que significaron estas manifestaciones, en algunos casos multitudinarias, era la expresión de la gente de encontrarse harta por semejante situación de indefensión.
De hecho, la mayoría de tales reformas legislativas no fueron aplicadas al ser declaradas inconstitucionales por la justicia, con algunos argumentos valederos y otros no tanto, por lo que no sabemos si hubieran dado algún resultado positivo aunque, atendiendo a lo que he expresado anteriormente, presumo que no.
Pero lo que me interesa señalar es la posición que adoptó el oficialismo y gran parte de la oposición. A todos aquellos que acompañamos este reclamo de seguridad se nos consideró parte de la derecha fascista (como si en los estados de la llamada izquierda socialista y nacional se tratara benévolamente a los delincuentes). Todos pasamos a ingresar, sin distinciones, en esta categoría. Supuestamente, todos estábamos a favor de la pena de muerte, de la tortura; perseguíamos el acopio indiscriminado de los imputados por delitos en mazmorras sin ningún tipo de juicio o garantía.
Y así, mientras por una parte el gobierno nacional sostenía que era una patraña, porque la inseguridad era una sensación, algunos opositores se mantenían alejados y callados (no vaya a ser que se los confundiera con defensores de la dictadura), mientras los otros, los llamados “progresistas”, los que supuestamente tenían sensibilidad humana por los delincuentes (aunque las víctimas pasaran a ser personas de segunda clase), de alguna manera lograron ocupar la escena e impidieron que pudieran establecerse cambios tendientes a paliar la inseguridad y el delito. Llegaron hasta a dar la impresión que, de alguna manera, consideraban que Axel Blumberg estaba bien muerto porque no sé cuántas cosas achacaban a su padre, fueran o no ciertas.
Algunos, tiempo después, hasta declamaron “haberse hastiado de la diferencia entre derecha e izquierda”, y ahora se llenan la boca hablando de la inseguridad cuando, hasta hace poco, querer debatir el tema era sinónimo de sostener la represión ilegal. Por su parte, pareciera ser que el Gobierno Nacional se convenció de que no se trataba de una sensación inventada por los medios, procediendo a crear el Ministerio de Seguridad, para seguir en una inacción frustrante.
Pero, mientras unos nos desgañitamos durante años hablando de la falta de radarización de nuestro espacio aéreo que alcanzaba sólo al 13%, en tanto que el control del tráfico aéreo no superaba el 35%, sosteniendo que era urgente adoptar medidas de distinta índole para parar la criminalidad y inseguridad en que se vivía, los “otros”, los “piadosos”, nos enrostraban la situación de marginalidad en la que vivía una gran cantidad de imputados de delitos, por lo que hasta que no se solucionara ésta nada podía pretenderse y cualquiera que, aún reconociendo tal injusta situación, pretendiera otra salida “en el mientras tanto”, no dejaba de ser un despiadado “facho” al que, en consecuencia no cabía siquiera tenérselo en cuenta. Se nos decía que siendo mayor el número de víctimas por accidentes de tránsito o de mortalidad infantil por desnutrición, éstas debían ser las prioridades, transformándonos en desalmados a quienes nos preocupaba también la inseguridad proveniente del delito.
Este fue el maniqueísmo implantado: o estábamos con la mano dura o éramos únicamente garantes de los derechos de los delincuentes. Ninguna otra posibilidad se aceptó y así llegamos al presente. No es sólo responsabilidad de los sectores estatales, sino también de una gran parte de la oposición que, aunque con distintos argumentos, ambos congeniaron para que se produjeran las nefastas consecuencias que hoy advertimos.
2. EL DELITO
El relato anterior nos permite inferir que llegamos al presente, donde reina una confusión que hace que nadie entienda nada, y de esta manera se aprovechan y solazan quienes dicen sostener el Derecho Penal Liberal o la Teoría Garantista, que de ello no tiene nada y, por el contrario, su fundamento primordial es el simple abolicionismo.
Antes que nada debemos aclarar que el delito es un hecho multicausal, en el que confluyen características biológicas, sicológicas y sociológicas.
Y, respecto a estas últimas, no hay ninguna duda que la pobreza, la exclusión y la marginalidad son causas eficientes e indudables de la delincuencia, y el aumento y disminución de estas circunstancias intervienen a su vez con muchísima influencia en el crecimiento o baja del delito. Pero no es la única causal, de lo contrario todos aquellos provenientes de familias indigentes y destrozadas serían malhechores y, por el contrario, si proviniesen de núcleos familiares ricos y bien constituidos serían virtuosos. Esta no es la verdad, aunque sí debemos reconocer que ante situaciones de abandono, carencia de alimentación, educación, salud y otros factores de desamparo se ponen en movimiento en mayor grado los factores biológicos y sicológicos de las personas que los hacen propensos al delito.
A ello debemos sumar una pérdida importante de valores y límites en el conjunto de la sociedad, como el reconocimiento de la autoridad, que tal vez por el recuerdo de nefastas épocas pasadas, lleve a no diferenciar con el autoritarismo. Y otro tanto podemos decir en relación a la libertad y el libertinaje.
También, la destrucción de la familia con el consecuente mal manejo de estas situaciones y la violencia intrafamiliar, no derivada siempre de motivos económicos, sino las más de las veces de razones puramente emocionales que son las que siempre más afectan, aporta un mensaje negativo importante a este panorama desolador.
Como corolario, podemos agregar que la situación cada vez mayor de desigualdad social, donde vemos crecimiento macroeconómico pero sin desarrollo para todos, la mayor brecha existente entre ricos y pobres, el desempleo o el empleo miserable, hacen que una parte importante de la juventud se vea sin porvenir alguno, lo que trae aparejado además, vuelcos hacia las adicciones más terribles.
Hay quienes niegan que el delito provenga de otras causas que no sean las meramente sociológicas, y consideran que la sociedad en su conjunto es la responsable de los actos que se cometen en ella, lo que da en llamarse la teoría de la inevitabilidad social, por lo que sostienen que del mismo modo como disfruta de sus héroes debe sufrir a sus villanos.
La pregunta que cabe hacerse es si, aún si esto fuera verdad (de lo que yo descreo), la forma en que debemos pagarlo es dejándonos robar, matar o violar por aquellas personas que han tenido una niñez o vida desgraciada, hasta que logremos solucionar o paliar esta realidad de inequidad. Afirmo que en ningún supuesto esto puede ser aceptado y, en todo caso, como trataré más adelante será otra la forma de contribuir a resolver este flagelo.
Sin embargo, no hay duda que uno de los agentes más importantes es la prevención en sentido amplio, es decir contrarrestando muchos de los justificantes, esto es mejorando las condiciones de vida con empleo digno, vivienda, alimentación, salud, educación y las otras variantes necesarias que correspondan. Pero ésta, es evidente, se trata de una tarea a largo plazo.
Tenemos que centrarnos también en encontrar la solución que nos permita luchar contra el delito en lo inmediato, es decir ya, impidiendo que la sociedad en su mayoría viva en estado (no sensación) de continúa incertidumbre y miedo, adoptando recaudos inadmisibles como el enrejarse, negarse a salir a la calle o cualquier otro sentimiento de aprehensión.
3. PREVENCION A CORTO PLAZO
La Seguridad requiere de distintas y variadas condiciones y una mirada parcial que apunte sólo a una, olvidándose de cualquiera de las restantes, no conseguirá resultados.
En primer lugar la prevención en sentido estricto, es decir evitar en el terreno de los hechos que el ilícito se cometa, ya sea con control e inteligencia criminal adecuados, operando la disuasión con el personal de seguridad que corresponda a la vista, con su interrelación efectiva y con los instrumentos técnicos que se requieran, y, en caso de que el delito se cometa efectivamente, con la mayor celeridad en la represión y punición.
Esto estamos a años luz de conseguirlo si reparamos en lo ocurrido en los últimos tiempos en la Provincia de Buenos Aires. Por supuesto que nadie quiere una policía corrupta, con zonas liberadas, involucrada en desarmaderos, tráfico de drogas, prostíbulos y otras lindezas. Pero los recaudos que se adoptaron no sirven para nada. No van a combatir este azote y, por el contrario, desprestigiará aún más a la institución policial, lo que nunca redundará en beneficio de la seguridad.
Ignoro cuáles son los conocimientos en materia de seguridad del Dr. Arslanian, pero en su desempeño demostró una total incompetencia. Hizo una purga por la que echó a 2.300 policías, en forma rápida y expeditiva, sin ningún trámite, sin distribuir la nómina ni explicar en cada caso los motivos. Según él, eran corruptos, pero a la ciudadanía no nos consta, porque el nombrado no es la voz de Dios. Con ello, lo que pretendió fue demostrar que la principal fuente de delincuencia es la policía y enfrentar a la comunidad con ella, evidenciando su animosidad contra la institución.
Por el contrario, Rudolph Giuliani, para imponerle a la policía corrupta de Nueva York la tolerancia cero, creó la Comisión NAB, es decir fortaleció el Departamento de Asuntos Internos, y para aquellos que correspondía la exoneración se cumplieron a rajatabla los procedimientos, se efectuó una investigación en cada caso, en muchos de los cuales actuó como fiscal el propio Giuliani ante la Corte. Se hicieron las audiencias por televisión y eso ayudó mucho. Finalizados estos procesos, trató de conciliar a la comunidad con las Fuerzas Policiales utilizando los mismos medios periodísticos, capacitó apropiadamente a los integrantes de tal Fuerza, les dio el reconocimiento que su función implicaba, les fijó un sueldo adecuado y a partir de allí no sólo les levantó la moral sino que les exigió una total sujeción a las reglas.
En julio de 2004, un domingo a la mañana, yo me encontraba caminando por el Hayden Park de Nueva York, y observé que había muchas personas circulando con valijas cerradas o directamente sentadas en los bancos de la plaza. De pronto una de ellas abre una de esas maletas y se advierte que dentro había mercancía “trucha”, de las que falsifican marcas reconocidas. En ese momento aparecen una mujer y un hombre de civil, es decir policías encubiertos, le expresan “I see you” (yo te vi), lo esposan y se lo llevan. Hasta ese momento nadie había sido molestado, ni a ninguno de los presentes se le obligó a abrir las valijas. Eso se llama lucha contra el delito, pero en conjunción con respeto a los derechos individuales. Ese es el resultado de la acción para lograr seguridad que se logró en el Estado de Nueva York.
Pero Giuliani también advirtió que había que ser muy cuidadosos con las denuncias contra los policías, porque muchas veces eran honestos y de esa forma se trataba de impedir que actuaran.
Ningún resultado se obtuvo en la Provincia de Buenos Aires con la gestión de Arslanián. Según éste disminuyeron durante su gestión los secuestros extorsivos, pero los números de Stornelli arrojan otro resultado. Durante su período sostiene que los homicidios bajaron 120 con relación al año anterior que estuvo Arslanián y también los secuestros extorsivos (¿cuáles números serán los reales?). En lo que sí coincido con Stornelli es que Arslanián jamás reconoció la entrega, el compromiso y las vidas de policías perdidos en la lucha contra el delito. Y es obvio, porque siempre trató de denostar a la institución. Hubiera sido mejor que tratara de aprender de otros lugares donde los métodos fueron objetivos y los resultados positivos.
Por otra parte, su soberbia es inaudita. Se adjudica la victoria del Frente para la victoria en el 2005 y en el 2007 en la Provincia de Buenos Aires, y a la seguridad instaurada por Scioli la derrota en el 2009. Parece que se olvidó lo ocurrido con el campo en el 2008 y la baja que tuvo el gobierno nacional en muchas secciones electorales.
Y, lo más grave es que le está inculcando sus creencias (porque su accionar no puede ser calificado de “política de seguridad) a la Dra. Garré y, juntos, han iniciado un embate contra el Ministro de Seguridad actual de la Pcia. de Bs.As., el Dr. Casal, ya que el Gobierno Nacional sostiene que Scioli devolvió el poder a los comisarios (ese es todo el problema, no el aumento de la criminalidad y los muertos de cada día) y, como resultado de ello, Scioli con la “docilidad” que lo caracteriza con los sectores K, pidió ya la renuncia de 15 comisarios que integraban la plana mayor, sin saber porqué.
En la Nación las cosas no son muy diferentes. Asumió la Dra. Garré, cuyos antecedentes en materia de Seguridad se desconocen. Ya adelantó que la Policía no podía llevar armas, en determinadas circunstancias, “para no dañar a la gente”. Obvio, que considera que los uniformados no lo son. Es persona de confianza de la presidenta y tiene mucha influencia en el poder formal.
Su paso por la cartera de Defensa no fue muy afortunado. Las opiniones son dispares, según un artículo del diario chileno “El Mercurio” de diciembre pasado. Mientras Fornoni, de la Consultora Management & Fit, sostuvo que “No tuvo ningún desmadre, pero tampoco ningún mérito en especial”, Mariano Grondona está en las antípodas afirmando que “Garré diezmó el presupuesto castrense y dejó a Argentina, en los hechos, en estado de indefensión”.
Por mi parte, cuando veía la foto en el diario, publicado el 17 de febrero pasado, de la nombrada sosteniendo una pistola automática que le mostraba el ministro Casal, producto de un hecho delictivo, recordaba cuando en defensa de la acusación que le fuera formulada por el entonces responsable de la Aduana, Ricardo Echegaray, por contrabando sostuvo que “no sabía la diferencia entre un FAL y un FAP”, como si eso fuera una excusa razonable que probara que por esta razón no pudo incurrir en el ilícito. Dicho sea de paso, todo este episodio quedó en el más absoluto olvido, y fue mucho el dinero que se perdió. Me parece que a esto bien puede llamárselo desmadre.
Y, ahora, la Dra. Garré asegura que bajó el índice de la criminalidad. Salvo que su mera presencia asuste a los delincuentes, ignoro de dónde extrajo este dato, porque desde el año 2006, cuando el Jefe de Gabinete, Dr. Aníbal Fernández resolvió que eran datos sensibles y reservados porque aumentaban la “sensación” de inseguridad, dejaron de publicarse estadísticas fidedignas sobre índices de delitos, las que ni siquiera nos eran informadas a quienes representábamos al pueblo en la Cámara de Diputados.
Y así es el por qué no existe una política seria y programada de seguridad y ello lo vemos no sólo en lo expresado hasta aquí, sino simplemente analizando la Policía Federal, situación que se repite en la mayoría de los cuerpos policiales provinciales. El personal es escaso. El que está, carece de adecuado entrenamiento físico (baste mirar algunos de los agentes que están custodiando la calle para ver si con su peso podrían correr a un presunto delincuente) y práctica de tiro, ya que si quieren practicar tienen que comprarse las municiones porque la institución no tiene medios para suministrárselas (cierto es que ahora no lo necesitan ya que por orden de la Ministra, a veces andarán desarmados), los chalecos contra balas, vencidos. Sus sueldos son tan magros que deben hacer adicionales, por lo que el cansancio les impide realizar una buena tarea (en algunas comisarías existen catres para que puedan pernoctar allí, ya que debido a la distancia de sus domicilios y la cantidad excesiva de horas que trabajan quedarían privados de dormir).
Faltan equipos técnicos y móviles. La comunicación entre la Policía Federal y la de la Provincia de Buenos Aires es deficitaria. No hablemos de los problemas con la Metropolitana, ya que los advertimos claramente en Villa Soldati.
No se programan estrategias mancomunadas para todo el país, ya que el Consejo de Seguridad Interior previsto en la Ley 24.059 desconocemos cuándo se reunió por última vez, y el Ministro del Interior se ocupa de menudencias o de atreverse a ensayar que la droga que se incautó en Barcelona fue cargada en Cabo Verde. En tanto, el delito avanza a pasos agigantados.
Más información www.politicaydesarrollo.com.ar
Fuente: Política y Desarrollo
Felipe 
Un matrimonio y su hijo de 7 años fueron asaltados en su casa de Maquinista Savio, en Escobar, por tres delincuentes que los amenazaron con amputarles los dedos y llevarse al nene si no les entregaban dinero.
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