Se negó a fallar sobre un caso sin sentencia firme, por lo que se mantiene la suspensión sobre el artículo 161 que establece la desinversión de las empresas en un año para adaptarse a la nueva norma. Los Kirchner sabían de antemano el revés judicial que iban a recibir y apuran las causas contra Clarín por Papel Prensa. Los consejos del ex canciller y reconocido abogado constitucionalista, Rafael Bielsa.
Con un revés judicial que ya se preveía, el Gobierno apura las causas por Papel Prensa para meter preso al Ceo de Clarín, Héctor Magnetto.
Como se viene preanunciando, la Corte finalmente evitó fallar sobre el amparo interpuesto por el kirchnerismo contra la medida cautelar del Grupo Clarín que buscaba levantar la suspensión del artículo 161 y destrabar la Ley de Medios sancionada por el Congreso en octubre. Se trata del artículo más importante, el que establece un año como plazo máximo para que las empresas de medios se adapten a la nueva norma, o sea que vendan las radios y canales que superan a las permitidas por ella.
Resolvió que ese cuerpo no puede analizar casos sin sentencia firme. De esta manera, mantuvo la medida cautelar dispuesta por el juez de primera instancia Edmundo Carbone, quien frenó la aplicación del artículo de desinversión.
El voto fue unánime y firmado por los siete magistrados de la Corte. Sin embargo, cinco de ellos, además, le exigieron al juez de primera instancia que fije un plazo máximo para resolver el fondo del reclamo, que no podría ser indefinido y que sería de hasta dos años. Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni definieron que en caso de que Carbone no confirmara un plazo, el Estado podrá requerirle que lo haga.
Según el texto de la sentencia: «La presente medida, si bien no adelanta decisión sobre la obligación de desinvertir fijada por el artículo 161 de la ley 26.522, suspende el plazo de un año fijado por dicha norma». Al tiempo, aclara que: «Se considera conveniente la fijación de un límite razonable para la vigencia de la medida cautelar. Si el tribunal de grado no utilizara ex oficio este remedio preventivo, la parte recurrente podría promover la solicitud de la fijación de un plazo».
Esta última acotación que hacen cinco de los siete magistrados es una medida que les había sugerido el ex canciller y reconocido abogado constitucionalista, Rafael Bielsa, al Gobierno. Hace meses ya les había advertido que “la doctrina de la Corte es no pronunciarse sobre un caso sin sentencia firme, salvo que causen un daño irreparable”. Como eso no sucede ni forzando la situación, anticipó que se les avecinaba un seguro revés judicial. Sin embargo, hizo una recomendación: exigir que se le establezca un plazo máximo a carbone para presionarlo con los tiempos.
El fallo de la Corte deja vigente la Ley de Medios, pero frena el artículo que más le interesa a los Kirchner y el que más preocupa a Clarín y al Grupo Uno de Daniel Vila y José Luis Manzano, entre otros empresarios dueños de varios canales de TV y emisoras de radio.
Es un dictamen que a nivel judicial sólo afecta al grupo de Ernestina Herrera de Noble –es quien interpuso el amparo en cuestión-, pero sienta precedente para el resto de los casos que se pasean o puedan hacerlo en los pasillos de los tribunales.
Las causas que apuran para meter preso a Magnetto
A la expectativa de este fallo, el Gobierno comenzó a apurar las otras causas que preocupan al Grupo Clarín, la de Papel Prensa que pueden meter preso a su Ceo, Héctor Magnetto y a los directivos del diario La Nación y del matutino fundado por Noble.
Así es que esta mañana, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno se presentó con una carretilla de papeles para ampliar su declaración ante el juez del fuero Penal Económico, Alejandro Catania. Allí radica la denuncia contra los directivos privados de Papel Prensa por presunta “estafa y defraudación” a la administración pública.
En su presentación ante la fiscal Carolina Robiglio, Moreno dijo que «algunos accionistas utilizaron la estructura de la empresa para tener precios diferenciales y que eso está demostrado en el informe» realizado por una funcionaria de su riñón, Beatriz Paglieri, “Papel Prensa, la verdad”.
«Moreno expresó que a su entender hay serias sospechas de que en la empresa se habrían pagado retornos de proveedores recolectados por el actual gerente en la empresa, de apellido Noseda, que serían repartidos a algunos accionistas».
«Añadió que esos retornos oscilan entre el 10 y el 15 por ciento de cada factura de compra; que en algunos casos hay denuncias que fueron formuladas por quienes fueron directivos de la empresa; que esos directivos informaron que el señor Noseda era el ´cajero´ para recolectar el 10 o el 15 por ciento de las facturas de los proveedores de reciclado a los accionistas, circunstancia que en su opinión permite entender por que nunca ha sido satisfecha la información que los representantes del accionista Estado Nacional vienen requirieron desde hace meses», dice la resolución.
En otro párrafo, la fiscal indica que «se habrían destinado 3.300.000 pesos de honorarios para directores, síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia (en Papel Prensa), de los cuales se presume que pudo haber participado en buena medida el Sr. Collasso, no obstante haber sido removido».
Mientras esta causa avanza con Moreno a la cabeza, también apresuran la otra –quizás la más importante para los Kirchner- en la que se investiga el traspaso de las acciones de Papel Prensa SA de la familia Graiver a los diarios Clarín, La Nacióny La Razón durante la última dictadura militar.
El caso en manos del juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza, había comenzado a raíz de las declaraciones que Lidia Papaleo y Rafael Ianover, viuda y testaferro de David Graiver, dieron ante Daniel Rafecas, magistrado que investiga los crímenes del llamado Circuito Camps.
Pero esa causa de Corazza se vio reimpulsada el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quien hace dos semanas denunció por delitos de lesa humanidad los directivos de diarios, Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Fernando Peralta Ramos; y al ex presidente de facto Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera y su ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Acusó a todos ellos de “apropiación ilegal” de Papel Prensa.
Estos crímenes son imprescriptibles y excarcelables.
Ahora están esperando que el procurador del tesoro, Joaquín da Rocha, haga lo mismo, pero en la causa civil y económica por el precio que se pagó en los 70 por Papel Prensa y por los beneficios que las tres empresas dueñas de diarios tuvieron en el valor del papel que ellas mismas se vendían en detrimento de otros matutinos.
Fuente: lapoliticaonline
Chiara 
El flamante entrenador de Independiente se hizo cargo del equipo y trabajó en el predio de Villa Domínico, donde «El Turco» habló con algunos jugadores de forma individual 
