Gramajo, el posible Sarlenga del kirchnerismo, puede aportar mucho sobre la ruta del lavado de dinero K y el narcotráfico
Chiara En sucesivas notas venimos comentando que Sebastián Gramajo, responsable financiero de la campaña Cristina 2007 del Frente para la Victoria y actual gerente de la ANSES, puede aportar una visión certera de la ruta del dinero K, que es anterior a la que descubrió Jorge Lanata en su programa de televisión. Hoy investigado por el lavado de dinero en esa campaña, Gramajo, por su predisposición a hablar, podría convertirse en el equivalente a lo que fue en la causa del contrabando de armas a Ecuador el ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga, que con sus declaraciones complicó a los demás imputados. Volviendo a los millones de euros cash que Lázaro Báez envió fuera del país, los sobreprecios de la obra pública ya eran la operación más fuerte de la administración de NCK como gobernador de Santa Cruz a partir de 1991. Entonces se produjo el crecimiento exponencial de Báez como socio del gobernador en la sobrefacturación de la obra pública y también en la “desaparición de los célebres fondos de Santa Cruz”, provenientes de las regalías petroleras que fueron sacadas del país a través de distintas sociedades, entre ellas Inverness, propiedad de Báez y Ernesto Clarens, el inventor de la operatoria en billetes de 500 euros que se trasladó como modus operandi desde mayo del 2003, cuando Kirchner asumió la presidencia. Se instaló entonces un sistema de corrupción institucional generalizada en el cual los fondos prevenientes de los retornos de la obra pública y los subsidios fueron a parar a cuentas en el exterior o bien a bonos de la deuda pública argentina cuyos tenedores se desconocen y no son fácilmente embargables operando con cuentas de Suiza, Austria o Luxemburgo. Parte del dinero robado hasta el 2007 debía ser blanqueado a partir de aportes personales de individuos que carecían de patrimonios personales y ahí aparecen los prestanombres que aportaban entre otros Capaccioli, Gramajo y Diez, a las órdenes del jefe de campaña (y de gabinete) Alberto Fernández. También se menciona que habrían aportado nombres la entonces presidente del PAMI Graciela Ocaña, que sería luego ministro de salud, y el magnate cristinista Hugo Sigman.
Un rompecabezas que se va armando
Muchos de estos prestanombres estaban ligados a droguerías legales pero con pocos negocios y entraron un año después, en el 2008, en la importación de efedrina y su transformación en éxtasis a partir de la operación de los carteles mexicanos instalados en el país. Contaban con la protección del gobierno nacional mediante la banda de los Zacarías, con dependencia de directa del todavía presidente Kirchner y con la participación de altos oficiales de la bonaerense, cuyos jefes respondían a León Arslanián, que habría desconocido estas actividades ilegales. Pero lo cierto es Arslanián dejó la herencia de jefes policiales que decían condenar la “maldita policía” pero que en realidad eran peores que sus antecesores. Entre el 2008 y 2009 aparece el lavado de dinero del narcotráfico, derivado de la importación de efedrina y su transformación en éxtasis y en cristal, una anfetamina que se vende más cara que aquella. El escándalo empezó a aflorar con el triple crimen de General Rodríguez. En el 2009, el entonces juez federal de Campana, juez Federico Faggionato Márquez, vinculado al ex SIDE y sushi Darío Richarte, le intentó endilgar esas actividades ilegales a Francisco de Narváez, fracasando rotundamente. Sí, en cambio, las investigaciones se orientaron a la detención de Mario Segovia, Alfredo Abram, Alberto López y Guillermo Manfredi, condenados hace poco por el TOF 4, y con dos prófugos, José Fucks e Ibar Pérez Corradi, a quien se le atribuye el triple crimen de General Rodríguez. Las víctimas, Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, se intentaron meter en el negocio del éxtasis y el cartel mexicano, ligado al gobierno, y la bonaerense los sacó del medio. Luego de la derrota electoral de junio del 2009, la investigación, el juicio y la condena cayeron sobre los antes mencionados, así como las órdenes de detención de los dos prófugos. Tanto el kirchnerismo como el sector de la bonaerense que encubría quedaron al margen de esa causa. Pero hubo que esperar hasta la mitad del año 2014 para que la jueza María Servini de Cubría recibiera información de las actividades de narcotráfico de los cuatro hermanos Zacarías, ubicados en cargos claves en la Sedronar y la Casa Rosada, y que la investigación pudiera alcanzar a los jefes del trafico de éxtasis, aunque su jefe está fallecido. Sí subsistiría, en cambio, una cadena del altos funcionarios y cómplices de los cuales los Zacarías son una bandita menor.
Guillermo Cherashny/informadorpublico.com
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