La puesta en escena del FAU y el actual auge del no peronismo fueron festejados en algunos despachos de la Casa Rosada como la creación de condiciones para un debilitamiento de Sergio Massa. Esta posibilidad se verificará en las próximas encuestas. Pero no menos cierto es que la moda de la centroizquierda anti K conlleva para el gobierno un peligro mayúsculo. A diferencia de Massa y de la línea radical más complaciente con el kirchnerismo, por ejemplo Ricardo Alfonsín y Leopoldo Moreau, en la nueva alianza se advierte empuje de la línea dura representada por Elisa Carrió y Julio Cobos, que no cesan de instalar la corrupción del oficialismo en el centro de la agenda política. Aunque no lo benefician en la opinión pública, son evidentes los esfuerzos mediáticos del gobierno para que el narcotráfico sea el tema dominante. Todo para evitar que el punto de inflexión que fue el caso de Carlos Zannini, su segundo Carlos Liuzzi y sus vinculaciones con la evasión y lavado en gran escala por parte de Guillermo Greppi y su cooperativa PROPYME, tengan un efecto multiplicador. Por esto es que alarmó que el fiscal federal Guillermo Marijuán diera curso la semana pasada a una denuncia para abrir una investigación judicial contra directivos de Lotería Nacional y el empresario kirchnerista Cristóbal López por la supuesta falta de controles on line en las máquinas de juego del hipódromo de Palermo y del casino flotante de Puerto Madero. De esta manera, a través de un “requerimiento de instrucción”, impulsó una denuncia que presentaron los diputados de la Ciudad, Paula Oliveto y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica ARI en UNEN) y requirió una serie de medidas de prueba. En este caso la operación fue a dos puntas porque los legisladores de UNEN parecieron así torpedear el acercamiento de este a Mauricio Macri, cuyos acuerdos con Cristóbal López no son un secreto.
El hecho es que las debilidades judiciales mayores del gobierno pasaban hasta hace poco por los casos de Lázaro Báez y Ciccone y ahora hay una fuerte tendencia a la multiplicación a partir de Zannini-Liuzzi y ahora Cristóbal López.
Peligro en puerta
El temor en las filas oficiales es uno solo: que el FAU instale como eje electoral la lucha contra la corrupción, lo que llevaría casi inevitablemente a profundización de las causas abiertas y la apertura de otras muchas a partir del cambio de gobierno. ¿Un acuerdo entre Mauricio Macri y el FAU podría moderar esta tendencia? Como es sabido, en el discurso macrista la lucha contra la corrupción no es una de las prioridades. “No se trata de errores, sino de crímenes”, lo corrigió días atrás Elisa Carrió a Hermes Binner cuando éste se refirió livianamente a la corrupción oficial. Las contramedidas puestas en marcha por el gobierno, como ciertas reformas al Código Penal, serían bastante inocuas si la ola anticorrupción llega a las urnas, porque cualquier reforma pro impunidad podría ser derogada inmediatamente al cambar el gobierno.
Ayer, en la mesa sobre “Justicia, seguridad y derechos humanos”, el Secretario de Justicia Julián Álvarez recordó la larga batalla judicial por la ley de medios y la reforma judicial que impulsó el gobierno y fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema. “Este poder judicial es el que hace que todas las medidas que estamos tomando no las podamos aplicar”, se quejó Álvarez, uno de los líderes de La Cámpora.
Claro está que el problema es más complejo. Con la actual tendencia de la economía hacia la estanflación, crece el mal humor social y la receptividad para que la corrupción se ubique en el centro de la escena política. En este sentido, Sergio Massa, inhibido por su condición de ex jefe de gabinete y ex director de la ANSES de CFK, es mucho menos peligroso que el FAU para el gobierno. En cuanto a Daniel Scioli, en el entorno de Cristina nadie espera su solidaridad en caso de ser electo presidente, pero tampoco podría darse el lujo de encabezar una cruzada revisionista de la corrupción.
Carlos Tórtora
informadorpublico.com