Scioli se diferencia del Gobierno y pide debatir la ley de derribo de vuelos narco
ALEJ
El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, consideró que habría que dar un debate sobre una ley que permita derribar aviones que no estén autorizados a volar sobre territorio argentino como una herramienta para combatir el avance del narcotráfico.
En medio de la polémica desatada alrededor del avance del narcotráfico y de los vuelos ilegales, equipos especiales de la Gendarmería incautaron ayer una avioneta con 300 kilogramos de cocaína en la ciudad correntina de Santo Tomé.
Scioli, que analiza por estas horas un plan para ampliar la intervención del Grupo Halcón en temas vinculados con el tráfico de estupefacientes, cree que «no se trata de andar derribando aviones, sino de desplegar distintas acciones para que los que tengan miedo sean los narcos». Según su criterio, la droga, asociada con las armas, genera un delito de mucha ferocidad e incide con fuerza en la inseguridad ciudadana.
Esta semana, los ministros de Justicia, Julio Alak; de Seguridad, Arturo Puricelli, y de Defensa, Agustín Rossi, descartaron de plano esa iniciativa porque, dijeron, implica la aceptación de la pena de muerte y la violación de tratados a los que adhiere la Argentina. Este viernes, la procuradora Alejandra Gils Carbó se pronunció en el mismo sentido.
El oficialismo no explicó aún por qué los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner firmaron desde 2005 cuatro decretos en los que se autorizaron normas de derribo de aviones durante las cumbres presidenciales en nuestro país. En el encuentro de mandatarios americanos, realizado en Mar del Plata, en 2005, la vigilancia del espacio aéreo argentino estuvo bajo control de dos aviones militares norteamericanos, que operaron en la pista de esa ciudad balnearia. Los cazas A4 argentinos fueron desplazados como interceptores, con misiles aire-aire donados por los Estados Unidos.
En esa ocasión, sólo se interceptó a una aeronave que aterrizó tras la orden de los cazas y reveló su piloto que desconocía la zona por la que no podía volarse.
En la provincia de Buenos Aires, los principales referentes de la oposición como, por ejemplo, Sergio Massa, Francisco De Narváez y Margarita Stolbizer se manifestaron a favor de una norma que permita abatir aviones que violen el espacio aéreo sin la debida autorización. Esos dirigentes promovieron proyectos de ley para autorizar el derribo de aeronaves consideradas hostiles tras un proceso de identificación.
Ayer, Scioli consideró que, pese al ostensible avance de las drogas, «estamos a tiempo de parar el narcotráfico».
En diálogo con LA NACION, el mandatario provincial subrayó el carácter «continental» del problema.
«Hay que ver dónde se produce y dónde se consume, y esto atañe a todo el continente americano. Dónde no se consume no hay tráfico, y hoy todos sabemos que uno de los lugares donde más se consume es Estados Unidos, un país que tiene las fronteras controladas con radares y realiza todo tipo de acciones para combatir las drogas.»
El senador del Frente para la Victoria Aníbal Fernández criticó, a su vez, a los políticos opositores que impulsan una ley de derribo de aviones implicados en el narcotráfico, y sostuvo que esa medida «no soluciona nada» y es «un verso que le venden al hombre común que no conoce el tema».
El diputado electo por el Frente Renovador bonaerense Sergio Massa volvió a manifestarse a favor de una ley de derribo para combatir el narcotráfico, y advirtió que equiparar esa herramienta con la aplicación de la pena de muerte es «fantasear» o «tirarle fruta a la gente».
«Acá lo que estamos estableciendo es un mecanismo para controlar a los tipos que envenenan a nuestros hijos. No hagamos una cuestión de bandería política», reclamó el intendente de Tigre.
El gobernador cordobés José Manuel de la Sota, mientras tanto, hizo público su respaldo a la propuesta de una ley de derribo.
El mandatario chaqueño Jorge Capitanich no tomó en estos días parte en la disputa, pero en 2001 presentó un proyecto de ley de derribo y en Resistencia está ubicado uno de los radares de control, cuya instalación fue apoyada económicamente por Chaco.
Por su parte, uno de los redactores del proyecto de ley de derribo, el diputado nacional de Pro Julián Obliglio, aseguró: «La ley de intercepción y derribo, o la radarización, no tienen ideologías ni responden a posiciones doctrinarias. Son aplicadas con éxito por nuestros vecinos y deben convertirse en una política de Estado en materia de seguridad. No alcanzan tres o cuatro radares funcionando en horario de oficina», puntualizó el diputado.
Con la colaboración de Pablo Morosi.
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/
Chiara 
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