Gustavo Sylvestre
Columnista de UNO
Las acusaciones lanzadas, en varias direcciones, por el vicepresidente Amado Boudou el jueves desde el Senado de la Nación, en lo que intentó ser una defensa por las acusaciones en su contra por la investigación en torno a la ex Ciccone, han causado una conmoción en el plano político y judicial, de imprevisibles consecuencias, difícil de diagnosticar al día de hoy.
El propio Gobierno quedó atrapado por las acusaciones del vicepresidente, quien no soló renovó sus críticas hacia un sector del periodismo, sino que disparó en contra de la Justicia, del gobernador Scioli, reveló un posible ofrecimiento de coima por parte de la empresa Boldt a través del presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, y hasta afectó al propio procurador del Tesoro, el respetado Esteban Righi, cuando denunció que el estudio jurídico que alguna vez le perteneciera y que en la actualidad maneja su hijo le ofreció hacerle arreglos con sectores de la Justicia para que mantuviera “contactos aceitados” con la misma.
Hasta el jueves, la paz parecía haber retornado al Gobierno, después que el fin de semana pasado el vicepresidente y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, sellaran la paz, en Ushuaia, donde ambos estuvieron juntos en la conmemoración de los 30 años de la guerra. Recordemos que el entorno de Boudou sospechaba de Randazzo como el autor de ciertas filtraciones a la prensa que perjudicaban al vicepresidente.
Y hasta el jueves, el vicepresidente se había mantenido “neutral” en su trato con la Justicia, que lo investiga por su presunta participación para favorecer a la ex Ciccone. Es más, cuando en algunos reportajes se le había consultado al licenciado Boudou sobre el accionar del fiscal Rívolo, él había respondido que no iba a opinar sobre el accionar de la Justicia, que respetaba las investigaciones en curso y que “siempre estaba dispuesto a presentarse ante la Justicia”.
Y las declaraciones del pasado domingo del juez federal Daniel Rafecas, a cargo de las investigaciones por Ciccone, en el sentido de que las pruebas recolectadas hasta ese momento no implicaban una imputación del vicepresidente, dejaban tranquilo al Gobierno.
Pero todo cambió el miércoles. El fiscal pidió, y el juez accedió, al allanamiento de un departamento ubicado en un edificio de Puerto Madero, propiedad de Boudou, que había sido alquilado a un empresario de origen español, Fabián Carozo Donatiello, a instancias de Alejandro Vandembroele, por una gestión de su amigo –a la vez amigo de Boudou– Nuñez Carmona. Recordemos que Laura Muñoz, ex esposa de Vandembroele, denunció que este es el testaferro de Boudou. La Justicia, hasta la semana pasada, no tenía elementos para sospechar de este vínculo. Pero la aparición de este contrato de alquiler, que el mismo Vandembroele puso en la Justicia en su declaración espontánea de hace unas semanas atrás, alertó al fiscal de buscar algún vínculo por esa relación. Lo que la Justicia quiere saber es si en ese departamento efectivamente vivió ese empresario español o allí vivía Vandembroele.
Carozo Donatiello tiene registros de entradas y salidas del país, que no demostrarían una residencia permanente, y tampoco tendría movimientos económicos continuos en nuestro país. Y el recibo del pago de expensas por parte de Vandembroele, del departamento alquilado a Boudou, podría marcar un vínculo con el vicepresidente, aunque sus abogados han dicho que no se puede demostrar nada por el simple pago y que Vandembroele lo hizo porque su amigo español no estaba en el país.
La trama es compleja, porque tampoco hay que dejar de lado que se podría estar en presencia de una “guerra comercial” entre la empresa Boldt, denunciada por Boudou como su verdadero problema en estas denuncias, y la ex Ciccone, por ver quién se quedaba con el negocio de la impresión de billetes en nuestro país.
Pero la reacción del vicepresidente el jueves enturbió aún más el panorama. Sus duras acusaciones contra el magistrado que lo investiga y contra el fiscal pusieron en alerta a todo el sistema judicial y todas las asociaciones de abogados, y magistrados que existen, salieron a respaldar a Daniel Rafecas, un juez nombrado por este Gobierno y que goza de una alta consideración pública por su actuación, por parte de distintos sectores de la vida del país y de sus propios colegas. La presunción de que los abogados de Boudou podrían recusar al juez es una alternativa que se manejaba este fin de semana, aunque no habría motivos para que eso ocurra y, en caso de que se produzca, el juez la rechazaría.
Pero estas acusaciones de Boudou también golpean al Gobierno, porque en lugar de quedar circunscripto el tema sólo a la investigación que se hace del vicepresidente terminan salpicando y poniendo al Gobierno en el medio del problema.
Ya en el comienzo de su primer mandato, el gobierno de la Presidenta se vio envuelto en la crisis con las entidades muralistas, un conflicto que le generó varios meses de desgaste y que lo llevó a perder las elecciones del 2009; del cual el Gobierno, en su inicio, no quiso negociar y terminó generando una espiral de aglutinamientos de distintos sectores en su contra, que terminó perjudicando el inicio del gobierno de la Presidenta.
En los últimos meses, la ruptura con el titular de la CGT, Hugo Moyano, por motivos inexplicables hasta este momento, le han generado al Gobierno poner a quien era un aliado importante en la vereda de enfrente.
El ya largo conflicto con YPF, una empresa con la que el Gobierno mantenía sólidos lazos de amistad, le abrió un frente de disputa con un sector del empresariado local y con el gobierno español que no tenían.
Y ahora, estas declaraciones de Boudou le pueden costar al Gobierno generar roces con el poder judicial y con sectores fuertes del propio peronismo, por sus declaraciones en contra de Righi y del gobernador Scioli.
La Presidenta viene de ganar legítimamente con un histórico 54% una elección que la dejó posicionada para iniciar su segundo mandato con una solidez política como pocos gobiernos tuvieron en la historia reciente. Y había generado, el año pasado, un clima de distensión en la sociedad, que hacía prever un segundo mandato más volcado a generar consensos, en momentos en que el mundo económicamente está complicado.
Pero los aspectos marcados anteriormente han puesto nuevamente en “crispación”, en muchos casos innecesariamente, a los sectores mencionados y a la dirigencia política de la oposición, que en su mayoría venía demostrando un comportamiento de madurez política.
Un clima que no le hace bien al país ni al Gobierno que, como decía hace algunos días el escritor Osvaldo Bayer, necesitaría en algunos momentos “abrirse más y no estar encerrado en sí mismo”. Sobre todo, cuando aún hoy los números de la economía, si bien no sonríen como en los últimos años, tampoco demuestran estar cerca de una recesión.
El Gobierno debería reflexionar más sobre esta manía de ganarse enemigos donde no los tiene y de generar problemas donde no los hay. Si el vicepresidente, como él mismo lo manifestó, no tiene relación con la empresa Ciccone ni con sus dueños y puede, como lo ha dicho, demostrar eso frente a la Justicia –que tiene varios estamentos cuando una investigación se abre–, no tendría que haber instalado un estado de sospecha generalizada como lo hizo, disparando acusaciones que ahora deberá probar porque mañana habrá presentaciones para que sus denuncias sean investigadas en sede judicial.
Fuente: http://www.diariouno.com.ar/
ALEJ 
ARGENTINA.- Más pruebas relacionan al vicepresidente Amado Boudou con el director de la exempresa calcográfica Ciccone, Alejandro Vanderbroele. 
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