La inmoralidad extrema del kirchnerismo
Chiara 
Todo aquel que diga que lo ocurrido ayer fue un accidente está faltando a la verdad. Un accidente es un hecho imprevisto, que altera la marcha normal de las cosas. En cambio, en la estación de Once lo que hubo fue un siniestro con responsabilidades políticas, sindicales y empresariales.
Por Myriam R. Chávez de Balcedo
Directora del diario Hoy
Fue la consecuencia de un esquema privatizador instaurado por el menemismo, profundizado por el actual Gobierno nacional, que destruyó lo que era el sistema ferroviario más moderno del continente.
Diariamente, miles de compatriotas, en su gran mayoría humildes trabajadores, viajan en formaciones -que en algunos casos tienen 50 o 60 años de antigüedad- como si fuesen ganado, en condiciones infrahumanas, ante la falta de inversiones y de mantenimiento. Son ellos los que padecen en carne propia las consecuencias de los negociados de distintos sectores de poder político, más preocupado en acrecentar su oscuro patrimonio que en propiciar un verdadero desarrollo del sistema de transporte en nuestro país.
A diferencia de la presidenta Cristina Kirchner, quien desde hace un año y medio se viste de luto, mandó a construir en Santa Cruz un mausoleo, al mejor estilo stalinista, y aprovecha cuanto acto público haya para llorar a su marido muerto, casi todos los familiares de las víctimas de Once difícilmente tengan los recursos suficientes para poder vestir, todos los días, una prenda de color negro diferente. Muchos de ellos ni siquiera están en condiciones de costear un módico sepelio.
En su gran mayoría, los muertos de Once eran jóvenes y humildes laburantes que se dirigían a sus lugares de trabajo para ganarse el pan con el sudor de su frente. Eran personas que también sufrían las consecuencias del ajuste que comenzó a aplicar el Gobierno, viéndose obligados a hacer varias horas de cola bajo el sol, con temperaturas que superaban los 40 grados, para obtener la tarjeta SUBE.
Lo que está claro es que las muertes se hubiesen evitado si el Gobierno, con Cristina Kirchner a la cabeza, hubiese cumplido con su deber. Pero ello no ocurrió, y parece una burla que la primera mandataria sólo haya tenido como respuesta política decretar dos días de duelo y suspender el festejo oficial por el Carnaval, en vez de reconocer quiénes son los verdaderos responsables. ¿Será que tiene miedo de soltarles la mano a algunos amigos cercanos? ¿Busca tapar así nuevos casos de corrupción como el que involucra a su “vice puesto a dedo”, Amado Boudou?
Semejante maltrato ante personas que encontraron la muerte sólo por el hecho de tomarse un tren constituye una inmoralidad. Se está tratando a las víctimas y a sus familiares como el Gobierno -o sea, los kirchneristas- cree que son, es decir, argentinos descartables, que para lo único que sirven es para ser llevados mediante mecanismos de clientelismo político a votar en las elecciones.
El kirchnerismo hace casi nueve años que está en el poder, y en nada mejoró la situación de los trenes. El sistema ferroviario, en lugar de ser pensado como un mecanismo que hace a la integración y al desarrollo de las economías regionales, solamente fue utilizado para hacer negociados con los amigos del poder, como son los grupos que encabezan Claudio Cirigliano, Benito Roggio y Franco Macri, entre otros. Estos empresarios no sólo se vieron beneficiados con los millonarios subsidios otorgados por el Estado, sino que operaron desde las sombras para que avanzara el insólito proyecto del tren bala, al que Cristina Kirchner definió como “un salto a la modernidad”, y para que se gastaran cifras siderales comprando material vetusto a países como China, España y Portugal.
Las responsabilidades políticas también alcanzan a gran parte de la oposición que, durante la privatización, fue funcional a la entrega del patrimonio nacional, y mantiene un silencio cómplice ante los negociados y la destrucción del sistema ferroviario. Y lo mismo puede decirse de los sectores sindicales, como la Unión Ferroviaria, cuyos dirigentes hicieron escandalosos negocios al amparo de las privatizaciones, conformando empresas tercerizadas que terminaron mordiendo una parte más que importante del negocio.
El único consuelo que podría encontrarse ante semejante episodio es que las muertes no hayan sido en vano. Y que los auténticos responsables paguen por lo ocurrido. De lo contrario, volvería a imponerse, una vez más, la impunidad.
Felipe 
