Amenaza con rescindir la concesión de la participada por Endesa y Petrobras, le exige una inversión cuádruple de sus beneficios y bloquea dividendos.
Sobreactúan. Cristina Fernández y su ministro De Vido hacen sangre y escarmiento en el brazo argentino de Endesa, a la vista de todas las demás empresas energéticas. Dejan sobre la mesa de Edesur un compromiso de inversión de más de 414 millones de pesos, la puerta cerrada a 186 millones de pesos de dividendos no repatriados ni a Roma, ni a Madrid, ni a Brasilia y el mea culpa de Edesur-aunque sea por la vía del silencio- ante la galería peronista por los cortes de electricidad de diciembre. La Casa Rosada pisa las huellas de sus propias zozobras, pero se las intenta cobrar a las empresas de servicios públicos privatizadas. Nada que no ensayara antes con las gasistas TGN y Metrogas -aun bajo supervisión pública-, o con Ausol, la concesionaria de autopistas de Abertis. Nada que no aproveche, de paso, para agitar las expectativas de la ‘argentinización’ y el sitio a los empresarios de su sintonía, esta vez tras los pasos del 27,3% de Petrobras en Edesur.
Pero las grietas de un sistema eléctrico que debería sumar dada año 1.600 Mw nuevos sólo dejan ver los demás desconchones del zigurat energético, un nuevo ‘corralito’ con las empresas como víctimas y con las tarifas, las limitaciones a las exportaciones de energía y la intervención estatal en una veintena de Juntas Directivas -la mitad energéticas- como verjas del laberinto.
El de la energía se ha convertido en un jardín en el que queman los informes del grupo de los ocho ex ministros del ramo. Denuncian que Argentina se desangra en subvenciones, desincentiva la inversión de las compañías privadas -cayó un 42% en un año-, camina a la dependencia de las importaciones en naftas, fueloil -y hasta crudo en menos de un año- y paga caro el gas boliviano y los buques de GNL. Si hay que importar será al doble del precio de las naftas en la región. A las gasistas, las eléctricas y las petroleras las atrapa en un calendario en el que las ‘hojas’ de los acuerdos, los decretos y las licencias nunca acaban de caer. Algo pasa -le recuerda la patronal- cuando después de un año en el que la principal distribuidora de gas estuvo al borde del default por la parálisis de las tarifas e intervenida por la administración, ahora es la mayor generadora eléctrica. Algo pasa, cuando tras los pasos de Shell o Petrobras, algunas grandes energéticas cogen la puerta, o al menos, cocinan alianzas para ‘argentinizar’ su accionariado.
El ministro Julio De Vido agita el fantasma de la rescisión del contrato con la distribuidora eléctrica participada por Endesa y Petrobras, un paso adelante y otro atrás: en la cartera de Planificación nadie quiere una intervención estatal. Hablan de nuevo de “una última oportunidad” para Edesur, ahora a cambio de más inversiones. No sólo porque el trayecto de las empresas energéticas intervenidas le recuerda -con la sentencia favorable emitida para TGN, TGS y las tarifas de Metrogas, aunque siga sus recursos- que el viaje puede ser de ida y vuelta y con peajes caros para la Casa Rosada: Shell enfrenta aún 57 causas pendientes en Argentina, pero ya ha conseguido revocar en primera instancia 18 de las 45 multas por desabastecimiento. Y, sobre todo, TGN, con tres avales de la justicia en contra de la intervención estatal, le marcó las líneas de sus defensas a Ausol y Metrogas. Además, De Vido sabe que la decisión del Gobierno de intervenir empresas de servicios públicos ahogadas financieramente por tarifas congeladas y costos crecientes obligaría al Estado a gastos cada vez mayores, en momentos en que la solidez fiscal del país se resiente. Pero no ocultan ya, sobre todo, que, si hace falta, el Gobierno sería receptivo al desembarco de algún empresario local. Ha dejado que sea el líder del sindicato Luz y Fuerza, Oscar Lescano, el que se atreva a barajar en público apellidos incluso para potenciar la ‘argentinización’ de Edesur por la puerta del 27,3 % que la petrolera estatal tiene en la empresa eléctrica.
Con cada golpe de especulación, se encarga de revivir el interés del trío de eternos candidatos al sillón de la brasileña en Edesur: Aunque saben que -a diferencia del proceso de argentinización de YPF con Eskenazi- no sería tan fácil encontrar accionistas dispuestos al desembarco con tarifas congeladas a diez meses del ‘ahora o nunca’ presidencial. El mapa de Néstor Kirchner comienza a ser incómodo incluso para algunos allegados, tras la venta de los Bulgheroni del 50% de la petrolera Bridas a la china CNOOP. Electroingeniería, de Gerardo Ferreira, la misma empresa que desembarcó en Vialco, le pisa los talones a las desinversiones de Petrobras -si llegan- en Edesur. Ya en el caso de Transener, la ‘administración K’ jugó en 2006 un papel clave en la venta del 50% de las acciones. Petrobras había llegado a un acuerdo con el fondo Eaton Park, pero ante la presión del ENRE y del ministerio de Planificación le vendió a Electroingeniería y ENARSA. Cristóbal López, el zar del juego, ha conseguido hacerse con negocios petroleros y ya consiguió cuajar con Petrobras un acuerdo para comprarle una refinería y una red de estaciones de servicio. Y Eduardo Eurnekian, el eterno aspirante a cualquier proceso de ‘argentinización’ de las empresas de servicios públicos, ya protagonizó todas las quinielas fallidas con Telecom Italia y ahora vuelve a la palestra de las escaramuzas eléctricas del Ejecutivo argentino.
CRUCE DE DENUNCIAS Y AMENAZAS
Que la participada argentina de ENEL no era ‘santo de la devoción energética’ ni empresarial del Ministro de Planificación argentino no es nada nuevo, aunque siempre hasta ahora consiguió diluir las amenazas, como hicieron Metrogas y TGN en el sector gasista. La tierra del tango se ha convertido en la latitud más sombría para Endesa, a pesar de que el año pasado incorporó en ella 66.000 de sus nuevos 382.000 clientes en la región y es el principal operador privado del mercado de distribución eléctrica del cono sur americano. “Por ahí les iría mejor como gerentes de una distribuidora en la que quienes tenían que estar a cargo se quedaron descansando en Italia y España mientras los trabajadores ponían el pecho y trabajaban 18 horas por día para restablecer el suministro”, espetaba el ministro de Planificación, De Vido, que ha aireado su relación tirante con el español José María Hidalgo, en plenas vacaciones del directivo. Nada, que no coincida, en realidad, con un nexo recíproco de exigencias y reproches entre la eléctrica y la administración de Cristina Fernández. Junto a las demás distribuidoras, tras la muerte de Néstor Kirchner habían reavivado una campaña de protestas por el incremento del canon mensual que deben pagar al regulador ENRE (que ése sí, les cobró a firmas como Edenor, Edesur, Edelap un 46% más que en 2008 y un 70% en el último año) y otra para, de nuevo, intentar que el Gobierno actualice las tarifas de la energía eléctrica, casi intocadas desde los años 90.
Ya entonces, Edesur les recordaba con una campaña de carteles incluso, que “9 de cada diez domicilios de Capital y el Gran Buenos Aires pagan menos de 1,33 pesos de luz por día desde 1992”. El propio Conti desvelaba durante 2010 la inseguridad jurídica argentina y exigía en su momento que los Kirchner honraran sus promesas tarifarias, después de una década. Las empresas generadoras de energía denunciaban que en 2009 la demanda pagó el Mw a un promedio 54 pesos, pero el costo de producirlo fue el costo de producirlo fue de 164, lo que explica un déficit de 15.000 millones de pesos el año pasado que en 2010 terminaría rondando los 20.000 millones de pesos. Ni la multa de 50 millones de pesos (unos 9,5 millones de euros) que La Casa Rosada daba a conocer la última semana de diciembre es nueva -ya en junio le impuso otra por 20 millones- ni está sola: las otras dos grandes distribuidoras, Edenor y Edelap (responsable de La Plata), acaban de recibir, al mismo tiempo, multas por 20 millones de pesos por los mismos cortes e irregularidades del suministro eléctrico y, aunque no fue hasta después de que los medios denunciasen la diferencia de trato del Ministerio con Edesur, de Vido decidía incluirlas también en la notificación y la investigación, aunque por ahora sólo Edesur esté bajo la revisión de ENRE y, a diferencia de la empresa participada por Endesa, Edenor (del grupo argentino Dolphin, que sí aceptó abrirse a capital nacional) sí ha podido utilizar sus dividendos para rebajar endeudamiento.
Los analistas se preguntan por qué, si ya existía una resolución 525 acordada desde el 22 de septiembre para invertir un 15% más de lo que el propio ENRE acordó con Edesur inicialmente a cambio de sus 185 millones de pesos de dividendos, De Vido lo saca ahora a la luz pública; por qué, si acusa a Edesur de una praxis defectuosa durante cuatro años, no lo denunció antes. No son dudas que impidan que el ministro coreografíe, en la galería pública, su sintonía de penalizaciones y obligaciones debidas para las eléctricas. Buenos Aires ha hecho del miedo toda una estrategia. Lo sabe la distribuidora Edelap: sólo en enero de 2009, después de un mes de amenazas y negociaciones con De Vido y del compromiso de inversiones superiores, la empresa participada por la estadounidense AES consiguió la libre disposición y repatriación de sus beneficios y el fin de las sospechas y las amenazas de rescisión de la concesión. No es, en realidad, nada ajeno a Edesur: ya en 2009, vio cómo sus dividendos dormían en el congelador de ENRE durante meses. A Edesur le exigían reinvertir el 50% de los 53 millones de divisas de dividendos para repartir el resto. Ya en 2008 invirtió 84 millones de euros, casi el doble que en 2007. A Camuzzi (62 millones de pesos), TGS (30 millones), Gas Natural (6 millones) y Distribuidora de Gas Cuyana (8,5 millones) la luz verde al reparto de dividendos entre sus accionistas ya les costó antes de las elecciones una concreción al alza de las inversiones previstas.
Nada que no se pueda entender mejor desde la ‘intrahistoria’ de lo que los medios locales conocen ya esta vez como el ‘affaire Edesur’. Si en agosto de 2009-como recordaba Clarín- el Gobierno ordenó revisar todas las facturas de electricidad cuando que Isidro Bounine, entonces secretario de la Presidenta, le enseñó a Kirchner su factura, esta vez el enfado de la presidenta Fernández, a la vista, en plena televisión de las protestas callejeras por los cortes y las restricciones de luz, sólo llovía sobre mojado sobre la irritación de De Vido y el mismísimo Aníbal Fernández. El primero, responsable de las infraestructuras, de la energía y de los servicios públicos en su cartera, se casó a oscuras en el distrito capital del país; el segundo, mano derecha de Presidencia, aseguraba haber sufrido siete cortes en una noche en su propia casa.
Ése será el escenario que se encuentre el ex presidente del Gobierno José María Aznar, tras su fichaje como asesor externo de Endesa para Iberoamérica. Con más de 2,3 millones de clientes en el Sur de Buenos Aires y en una docena de ‘partidos’ del Gran Buenos Aires -justo algunos de los más contestatarios con la Casa Rosada- Edesur se ha convertido en el sujeto perfecto para todas las aristas de la ejemplificación de De Vido, ahora que ni él pasa por el mejor momento en la geografía del gabinete ministerial, ni Fernández, a las puertas de los comicios de 2011, quiere que la crisis energética mil veces negada y la falta de dinero en efectivo por la inflación le pasen más facturas electorales.
Ni los semáforos paralizados, ni los hogares a oscuras, ni el riesgo que los analistas advierten de nuevo colapso con el repunte de consumo de la segunda quincena de enero (verano austral en Argentina) la ayudan en esas intenciones. Sólo así se entiende que, a pesar de que el 31 de diciembre los cortes de luz que afectaron a más de 200.000 usuarios ya estuvieran resueltos, el Ejecutivo haya preferido las ‘amenazas preventivas’ sobre las distribuidoras eléctricas. Que haya convocado a una docena de gobernadores y alcaldes peronistas de las zonas bajo suministro de Edesur para hacer casus belli -excepto a Mauricio Macri, opositor muy crítico con la política energética argentina, que gobierno justamente el distrito con más clientes de Edesur. Y que haya abierto la ‘veda’ de los consumidores sobre las distribuidoras, aunque sabe que según la Auditoría General de la Nación, Edesur, Edelap y Edenor sólo tuvieron que pagar un 0,29% del monto total de las multas aplicadas desde 2002
TODO UN ‘CORRALITO’ ENERGÉTICO, MÁS ALLÁ DE LA ELECTRICIDAD
Pero con cada campanada de amenaza a Edesur, De Vido no puede evitar que resuenen, en realidad, los ecos de las zozobras del sistema. Y con ellos, el revivir de los avisos que los analistas, los ex ministros de energía y varias instituciones de la región le vienen haciendo desde hace meses. El ex Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino le ha puesto apellidos: “los cortes de luz son responsabilidad del Gobierno”, que en siete años no renegoció ninguno de los contratos ni las concesiones públicas y la crisis energética no se va a solucionar “por más que le entreguen o ingrese uno de los amigos del poder” a Edesur. Como el Ex Secretario de Energía, Jorge Lapeña, exigen que, junto a las responsabilidades de Edesur se ventilen también los incumplimientos del Estado. Y como su homólogo, Emilio Apud, recuerdan que se le ha imposibilitado hacer un mantenimiento razonable al distribuidor, las tarifas han estado maniatadas por ocho años y la tarifa actual no alcanza a cubrir el valor agregado de la distribución, sobre todo si se lo compara con otras provincias donde por el mismo servicio se paga 3 o 4 veces más.
Si las energéticas denuncian, demora aún más su horizonte tarifario, si intentan despejar el horizonte de su deuda por los atajos del default, lo neutraliza. Las condena en el jardín de un ‘corralito’ acotado por la parálisis de tarifas, la orfandad de una política estatal de regulación y fomento de inversiones; una matriz energética muy dependiente del gas y los combustibles líquidos, a la que el Gobierno ‘riega’ con el grifo abierto de su política de subsidios: más de 12.000 millones de dólares anuales sólo para sostener la ‘impostura’ de una energía eléctrica barata, el equivalente a todo el gasto del sistema de salud público y privado en Argentina y unos 48.000 millones de pesos previstos en 2011 para energía, la partida más pesada de los 100.000 millones de subsidios conjuntos -un 40% más que en 2009- con los que darle cuerda al consumo en tiempo de elecciones.
Las multinacionales del sector respiran por las mismas heridas que han llevado a la Casa Rosada a imponer directivos en las empresas participadas por la Anses, a pelearle los dividendos a Techint, o a transferirle a la Secretaría de Comercio Interior unas nuevas riendas del mercado de las tarjetas de crédito. Pero el tambor de las amenazas hace eco con más fuerza en el sector energético. Las alertas de Edesur y Devoto llueven sobre mojado en las alarmas que encendió hace más de un año el informe de ocho ex ministros de Energía argentinos, reunidos para recordarle a la Casa Rosada que su modelo estaba al borde del colapso: “Argentina tiene un presente decadente en materia productiva y un futuro incierto”. Si no hay inversiones en generación y transporte de energía, no será sólo la rentabilidad de las multinacionales y el abastecimiento los que estén en peligro. Las reservas de gas se han reducido un 43% desde el 2000. Ni la caída del consumo por la reducción de la actividad industrial ni los esfuerzos de Cristina Fernández por fortalecer los lazos del gas y del petróleo con Hugo Chávez a cambio de carne argentina han aminorado el impacto de las zozobras bolivarianas.
Hoy, las profecías han empezado a cumplirse: Argentina tiene 9000 MW de energía hidráulica ‘dormida’; desde 2002 hasta 2007, no invirtió nada en generación y aunque en los últimos tres años se sumaron 4500 MW, se nutren con gas y combustibles líquidos. La década del noventa se caracterizó por importantes inversiones que permitieron no sólo revertir una situación deficitaria eléctrica anterior, sino también crear una reserva superior a los estándares usuales, pero la parálisis de las tarifas tras la devaluación de 2002 afectó todas las aristas de la ecuación del sector eléctrico: dejó de haber rentabilidad para invertir en nueva generación, en transmisión y distribución y los subsidios otorgados a los concesionarios no resolvieron ni los desequilibrios ni compensaron a los ojos de los inversores el riesgo de depender de decisiones oficiales discrecionales.
A las futuras centrales hidroeléctricas de Barrancosa, Cóndor Cliff y de Chihuidos la Secretaría de Energía no les dio prioridad de ejecución y, además, tienen un bajo factor de carga. No se han reorganizado aún los mercados mayoristas de energía, hoy intervenidos, y tanto en electricidad como en gas no se han terminado de regularizar con detalle los contratos de concesión de transportistas y distribuidores, desde la ley de emergencia pública de 2002. A pesar de que ya en 2004 el Secretario de Energía aconsejó empezar “a corregir distorsiones”, en los años del kirchnerismo la producción de petróleo cayó un 17% y la de gas, en descenso desde hace siete años, acumula más de un 4% de retroceso y ha visto cómo las reservas se reducían en más de un 50% en la pasada década. Aunque De Vido lo achaque a confabulaciones mediáticas la escasez de combustibles, se refina menos y hay 3,4 millones de vehículos más que hace una década. Entre los años 2000 y 2009, la producción de naftas en las refinerías argentinas cayó un 15,2% por ciento, y la de gasoil un 2,48%. Argentina ha tenido que incrementar un 30% la importación de combustibles y derivados del crudo, pero ni aún así ha podido aminorar la falta de gas para las centrales térmicas, a pesar del boom del gasoil (un tercio ya de importación). Y aún no sabe cómo pagarle antes de 2012 a Hugo Chávez los 1.200 millones de dólares que le deben a Pdvsa por unos combustibles más caros que el promedio de toda la región, aún bajo la lupa además de la justicia argentina.
Electricidad, nafta, gasoil, petróleo y gas están bajo la regulación, manifiesta o latente, del Ministerio de Planificación y los cinco tienen una oferta inferior a la de 2003 si se la contrasta con la demanda. En los despachos del ministro De Vido empiezan a vislumbrar que no será sostenible por mucho más tiempo un espejismo con energía barata para el consumidor tejido con subsidios, con volúmenes importados de gas al triple de precio en el mercado local, pero que -paradojas del modelo- con las reservas más bajas de hidrocarburos en 30 años, ha terminado por ahogar a las multinacionales en un modelo energético fallido jalonado por el intervencionismo, el control de las tarifas, la carga impositiva y las restricciones regulatorias sorpresa. Según un estudio de otro ex secretario del área, Daniel Montamat, los precios del gas equivalen apenas al 20% del promedio regional e internacional y los de la electricidad a poco más del 30%. Con excepción de los combustibles líquidos, ninguna empresa del sector espera cambios de aquí a las elecciones de 2011. Argentina, con un mix muy ligado a los hidrocarburos (sólo tiene 30Mw de renovables) donde el gas supone el 56% de la matriz, se ha deslizado desde el perfil de exportador a sus vecinos al de un comprador forzoso de GNL.
Ni el consuelo del incremento (oficial) en la capacidad de generación eléctrica en un 40%, ni los 2.500 km de líneas de alta tensión que según cifras oficiales se han construido en la última década, o los 2.500 Mw sobrantes del sistema son suficientes para afrontar una demanda energética que en diciembre se triplicó respecto al resto del 2010, que saltó la línea roja de los 20.200 Mw pero que aumenta a una cadencia mínima del 5% anual (frente a la media del 2% de los países desarrollados), al calor del espejismo de sus bajo precio. Sólo el consumo residencial se incrementó en un 30% en dos años y sumó 4 millones de aparatos de aires acondicionados nuevos. Después de una década, De Vido no sabe cómo generará los 30.000 Mw nuevos que según el sector serán necesarios en 15 años, debería incorporar al menos 1.600 Mw anuales. Los análisis de La Nación calculan que la oferta no da ya abasto para satisfacer al consumo y que para sostener un crecimiento del 5% anual sin disparar la inflación -a la vista de modelos como el chino, con doble inversión que Argentina- serían necesarios al año unos 10.000 millones de dólares más de inversión, buena parte de ellos en infraestructuras y energía.
OTRA BAZA PARA EL ‘MODELO K’ Y SUS ALLEGADOS
Cuando desembarcó en la Casa Rosada, Fernández llegó a confesar su voluntad de que sólo el 10% de las empresas de servicios públicos estuvieran en manos de multinacionales privadas y no dudó en hacer del ex presidente Néstor Kirchner el capitán de esas intenciones. Apuntaban maneras desde que en 2004 le quitó a Metropolitano la concesión del ex ferrocarril San Martín. Se dijo, entonces, que se llamaría a licitación. Aún no ha sucedido. Se enfrentó en 2004 con el grupo Macri por el Correo Argentino por una millonaria deuda por el canon y aunque aseguró que estaría en manos públicas por sólo seis meses, aún sigue. En su último año de gestión, el ex presidente también tomó la decisión de rescindir el contrato a Aguas Argentinas, convertida hoy en la estatal AySA a través de un decreto. Hoy, la letra del intervencionismo estatal de los Kirchner se ha diluido, pero sigue la ‘música’: hacen juego y lo reparten.
La receta desgranada esta vez para Edesur -amenazas, sanciones, restricción al cobro de beneficios y un menú de inversiones obligatorias para evitar la intervención- no es nada que no hubieran aplicado ya antes en la Casa Rosada con las energéticas y las empresas de servicios públicos. Lo hicieron con la Transportadora de Gas del Norte (TGN), del grupo Techint, que en 2008 declaró el primer default corporativo de la era kirchnerista. La empresa -lastrada por la depreciación del peso sobre tarifas domésticas que permanecen fijas y un incremento general de costos- ya había reestructurado su deuda en 2006-, se asumió insolvente ante un vencimiento de 22,1 millones de dólares, y prometió renegociar su deuda de 345 millones, hasta 2012. Pero no fue suficiente para la Casa Rosada: consideró que la cesación de pagos implicaba un “peligro para la prestación del servicio público”, e intervino la empresa y no permitió que la Anses, con el 7% de la deuda, consumara su reestructuración.
TGN, Ausol y Metrogas son sólo los apellidos más sonoros. Con Metrogas, la intervención estatal de la mayor distribuidora gasista del país, fue mucho más que la crónica de un guión anunciado desde la Casa Rosada y el Ente Regulador del Gas. Después de once años de tarifas congeladas y dos de incumplimiento de las promesas de revisarlas por parte de la Administración, Metrogas se convirtió en 2010 en el paradigma de todas las estrecheces del laberinto energético argentino: sin contar con subsidios como otras energéticas, veía en el espejo de las promesas incumplidas de De Vido cómo sus costes operativos se incrementaban un 210%, cómo sus pérdidas se incrementaban un 478% entre 2009 y 2010, aunque reconocían que eran sus restricciones tarifarias las que nutrían el descenso en sus beneficios.
En las renegociaciones suscritas con las distribuidoras se había incluido un “ajuste inicial y parcial de tarifas” que en la práctica aún no se ha cumplido. En seis años, las autoridades ni siquiera fueron capaces de agilizar el visto bueno administrativo para que Marathon y Ashmore consumaran un acuerdo de canje accionarial con Repsol y BG como esperaban sus propietarios. Todo lo contrario: no fueron otros que los recelos de Néstor Kirchner los que echaron por tierra el acuerdo de salida de BG de Metrogas y el desembarco de nuevos socios de YPF -que ya contaban con la anuencia de Eskenazi- en el accionariado de la distribuidora. Aún hoy, a pesar del fallo judicial de diciembre, a favor de TGS, la Transportadora de Gas del Sur y Metrogas – la participada por BP y por YPF- se resiste a reconocer los aumentos de las tarifas en la distribución del gas y sostiene el mismo sistema que intenta mantener petrificado desde 2003.
Con una mano, Cristina Fernández y De Vido aprovechan para ‘argentinizar’ más el laberinto energético antes de que se vuelva contra ellos; con la otra, barajan el mapa de las concesiones de sus servicios públicos e imponen sus apellidos para la calma. Saben que la inflación en los costos operativos que no reconoce el INDEC, los incrementos salariales y la negativa del Gobierno a otorgar una recomposición integral de tarifas desde la crisis de 2001 se han convertido en trago difícil de digerir para las empresas de servicios públicos. La cartera de Planificación acelera, por si acaso, con los relojes prestados de la Casa Rosada y las presiones sumadas del Ente de la Energía, aunque a la presidenta y su ministro, su ‘bonapartismo’ les topa con las fugas de las energéticas tras Petrobras, la caída del 42% de la inversión extranjera y los recelos a asumir concesiones viarias, tras el caso Ausol.
Fuente: INFORMADOR PÚBLICO/Ana Zarzuela / Intelligence and Capital News Report
Chiara 
Timerman pretende cubrir embajadas con diplomáticos de menor rango. El listado de nombres ya genera malestar en la tradicional guardia de funcionarios de carrera. Seis de los ocho candidatos tienen rango de ministros, y uno de ellos es consejero, el que no podría ejercer de embajador por la ley del servicio exterior.
ALEJ 
