Al igual que en diciembre del
2010, en estos días de enero 2012, volvieron a repetirse en todo el país, los infernales
calores con temperaturas superiores a los 35º C y millones de argentinos
sufrieron falta de suministro eléctrico y de agua, durante días interminables y
cientos de miles de automovilistas la falta de combustibles líquidos (naftas y
gasoil). El gobierno está castigado por las malas noticias
económicas que se acumulan una atrás de otra, empezando por la baja del
consumo, el aumento del precio internacional del petróleo y la formidable
sequía actual. La ola de calor pone de vuelta en el tapete la crisis
energética, con cortes de luz que, por ejemplo, ayer afectaron seriamente a
Rosario y Bahía Blanca y a un 20 por ciento de la Capital Federal. El sábado 14
de enero, fueron superados los máximos históricos del Sistema Argentino de
Interconexión de potencia y energía para un día sábado, correspondiendo 19.761
MW a las 20:26 y 386,3 GWh respectivamente, y lo mismo ocurrió el domingo. Hay
barrios de la Capital Federal y el GBA, que están sin electricidad desde hace
15 días. Provincias enteras no tienen ni agua ni electricidad. Para un gobierno
con continuidad de nueve años y que pone el acento verbal en la infraestructura y la obra
pública, el déficit energético es una tacha insuperable. La persistente sequía, afecta tanto a la Pampa seca
como a la Pampa húmeda; ella amenaza con perder
toda la cosecha de maíz, 20% de la de trigo y un 40% del área sembrada
de soja –lo que haría caer la cosecha en no menos de un 20%-, con los
consiguientes quebrantos para los productores agrarios y una significativa
reducción de los ingresos fiscales, en materia de exportaciones (retenciones).
En la campaña 2010 – 2011, hubieron de sumarse precios siderales en el
interior, para el combustible utilizado por tractores y cosechadoras, justo
cuando comenzaban las tareas de siembra del trigo, el maíz, etc en febrero-marzo del 2011. En aquel período,
se acentuó la falta de billetes de alta denominación, sobretodo de $ 100.-, que
virtualmente desaparecieron de los cajeros automáticos en todo el país. A los
hechos mencionados, hubo que sumarse las tomas de parques públicos como el
Parque Indoamericano con enfrentamientos, represión policial y muertes;
continuaron con los asesinatos de activistas sindicales y políticos por cortes
de vías férreas y represión a cargo de patotas sindicales, claramente
identificadas y con conducciones gremiales íntimamente ligadas al kirchnerismo.
Este panorama, cruzado entre falaces e infantiles explicaciones conspirativas
efectuadas por funcionarios kirchneristas como el Dr. Aníbal Fernández –Jefe de
Gabinete- con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ing. Mauricio
Macri que, a su vez, pedía a viva voz, cerrar el ingreso al país de humildes
ciudadanos provenientes de países limítrofes y que le dejaran a su cargo, la
represión de los circunstanciales ocupantes de los terrenos fiscales. Para completar el panorama, para cerrar el
año 2010, los ciudadanos escucharon azorados, el discurso de la Presidente del
país, Cristina Fernández, quién dió
un anodino cierre del ciclo, más
propio de Alicia en el País de las Maravillas, e invitó a los argentinos a
levantar las copas, dado que estamos viviendo en un país “sin conflictos”, con crecimiento macroeconómico, con exportaciones
y precios de las mismas en alza, con superávit fiscal, etc, en forma casi simultánea con la protesta de
jubilados haciendo colas bajo el ardiente sol para cobrar sus remuneraciones,
totalmente depreciadas, o cortes de calles a diez (10) cuadras de la Casa de
Gobierno, de vecinos afectados por los cortes del fluido eléctrico. Un
verdadero grotesco argentino, al que se suma el absoluto silencio de los
funcionarios públicos de la Secretaría de Comercio o de la Secretaría de
Energía, por el desbocamiento de la inflación de los artículos de primera
necesidad y la crisis energética. Lo
peor de todo no es el silencio del Estado, sino la absoluta inacción de este
para tomar intervención y evitar la anarquía, en una perfecta remake del Estado liberal y Gendarme del siglo
XIX, pero sin la eficacia de este. Completa el espectro, la designación en
el Gabinete Nacional, de una Ministra de Inseguridad, anteriormente de
Indefensión y con antecedentes montoneros en la década del 70, como la Dª Nilda
Garré. Pero los llamados partidos opositores como la UCR, el Peronismo Federal
y el resto del espectro político, de centro, derecha e izquierda, tampoco
emitieron opinión alguna, salvo la pedir orden frente a la inseguridad.
Deuda Externa y
crisis energética
El silencio de
funcionarios y políticos del Régimen colonial ante los hechos expuestos, no es
casual ni por asomo. Los
ex Presidentes Menem, Duhalde, De la Rúa, junto con los Kirchner (Néstor, ya
fallecido y la Dª Cristina Fernández) y Ministros de Obras Públicas y de
Economía de la Colonia como Roberto
José Dromi, Domingo Felipe Cavallo, Amado Boudou y otros, tienen directa responsabilidad con la
actual crisis energética, ya que las decisiones que ellos adoptaron en la
década del 90, como gobernantes, como funcionarios, o como parlamentarios,
tienen directa relación con los actuales sucesos, que son consecuencia directa
con aquellas. No hubo errores ni
casualidades ni malos asesoramientos, puesto que la legislación impuesta
(leyes, decretos y mecanismos reglamentarios) en la década del 90 fue el
resultado de frías decisiones políticas al más alto nivel tomadas en beneficio
del imperialismo y el capital financiero internacional y en perjuicio del país
y de los argentinos, con o sin coimas mediante.
El golpe del 24 de marzo de 1976, fue la respuesta contrarrevolucionaria
del bloque oligárquico-imperialista y del imperialismo mundial propiamente
dicho, al ciclo de acumulación interna y de semiautarquía respecto del Mercado
Mundial, que generó la Revolución Nacional con el Peronismo entre 1946 y 1955 y
que se prolongara, pese a los indudables esfuerzos en su contra, efectuados por
la llamada Revolución Libertadora (16/09/55-01/05/58), hasta 1976. El golpe
tuvo el claro sentido de reinsertar a la República Argentina en la División
Internacional del Trabajo, como productor y exportador de materias primas,
terminando para siempre con el desarrollo endógeno autocentrado, basado en una
estructura industrial fuertemente diversificada, con un Capitalismo de Estado
multiproductor muy avanzado, con un Estado fuertemente intervencionista y
sobretodo con una presencia política y económica del proletariado, lo que era
totalmente inaceptable para las burguesías imperialistas europeas y
norteamericana.
Las empresas del
Estado, fueron obligadas por el Ministerio de Economía a cargo de los Chicago
Boys de Martínez de Hoz, a tomar préstamos en divisas, con tasas de interés por
encima de las vigentes en el mercado mundial y en caso de que tuviesen
excedentes financieros, se las obligó a colocarlos a tasas por debajo del
mercado mundial, lo que literalmente las llevaba a su quiebra financiera, con
independencia de sus niveles de productividad. Solo YPF
(Yacimientos Petrolíferos Fiscales), acumuló una deuda financiera entre 1977 y
1983, de más de seis mil millones de dólares (U$S 6.000.000.000.-), por
imposición de sus administradores fraudulentos, en connivencia con las
autoridades de los Ministerios de Economía y de Obras Públicas. Este mismo
mecanismo financiero, les fue impuesto a las empresas del Sector de energía y
de combustibles como Gas del Estado, a Agua y Energía Eléctrica (AAyEE), a
Hidronor, a SEGBA, así como al resto de
las empresas estatales como ENTEL, Aerolíneas Argentinas (AA), Hipasam,
etc, etc, etc, que nunca vieron los
dólares, ya que los mismos fueron a parar al BCRA (Banco Central de la
República Argentina). A cambio de ello, las empresas recibieron papelitos –a
modo de recibo-, por las divisas cedidas y la autoridad monetaria llevó una
contabilidad en negro de esas operaciones. Esos mecanismos de administración
fraudulenta, tenían un doble propósito; por una parte sostener artificialmente
el retraso cambiario (1977-1981), financiar
el gasto de los particulares en importaciones innecesarias que competían
deslealmente con la industria argentina, el gasto en turismo hacia el exterior
y sobre todo la fuga de capitales. Eran las épocas de la “Plata dulce”. Por el otro lado, la
deliberada administración fraudulenta de las Empresas Públicas, que llevaba a
quebrantos económicos y financieros de las empresas públicas, tenía el cínico
propósito de descalificarlas ante la opinión pública, exhibiéndolas como
incapaces por sí mismas para llevar adelante una administración ordenada y
rentable y preparando el terreno para su
privatización. A esos mecanismos fraudulentos de la administración central
y de las empresas estatales, se agregaron otros mecanismos similares en el
Sector privado. Entre otros se pueden mencionar a los autopréstamos y otros similares, además del
financiamiento estatal a las grandes empresas y bancos endeudados en divisas y
al borde de la quiebra, que el BCRA a cargo de Domingo Felipe Cavallo en plena
dictadura (1982), que salió en su auxilio en un proceso llamado de
“socialización o estatización” de la Deuda Privada, lo que le costó al país no
menos de diecinueve mil millones de dólares (U$S 19.000.000.000.-). Por descabellado que parezca lo relatado,
es cierto y fue probado por el Dr. Alejandro Olmos, notable argentino
deliberadamente oscurecido en el juicio de la Deuda Externa y que tuvo
sentencia firme dictada por el Juez Jorge Ballestero, en julio del 2000, dos
meses después de la muerte de Olmos.
Las
“privatizaciones” de las empresas públicas y la extranjerización de los Recursos
Naturales No renovables (hidrocarburos y minería), así como la crisis
energética y de combustibles, no pueden entenderse sin la existencia y pago de
la fraudulenta e ilegítima Deuda Externa, y de la firma de los vergonzosos
Tratados de Londres (noviembre 1989), de Madrid (febrero 1990) y del Anexo
Económico de los mismos (Londres, noviembre 1990), que Menem (como Presidente)
y Cavallo (como Ministro de RREE) firmaron en el restablecimiento de las
Relaciones Diplomáticas con el Reino Unido, luego del conflicto del Atlántico
Sur en 1982.
La responsabilidad política de la partidocracia argentina, sin distingos
de banderías o partidismos, radica precisamente en haber aceptado las
imposiciones del imperialismo mundial y del colonialismo inglés sin ninguna
necesidad, a la caída de Puerto Argentino
el 14 de junio de 1982, transformando
la derrota de una batalla, hecho posible en cualquier conflicto bélico, en la derrota de una guerra, en la que el vencedor impone las
condiciones al vencido. Por eso podemos
hablar de un Versalles argentino. Precisamente, el botín de guerra del Imperio
Británico, del capital financiero internacional y del imperialismo
norteamericano es el despojo de la plusvalía generada por el esfuerzo de todos
los argentinos, reconociendo y pagando una fraudulenta e ilegítima Deuda
Externa y del despojo de otros recursos, como las empresas públicas y las
riquezas naturales del suelo y del subsuelo argentino, usurpando las rentas
petrolera y minera.
La deuda opera como
una suerte de moderna esclavitud del país (no de cada
individuo en particular, sino de todos los individuos y con independencia de su
voluntad), de la cual es imposible salir,
debido al mecanismo de anatocismo (intereses sobre intereses), que
envuelve cada renegociación de la misma (Brady I y II, Blindaje, Megacanje, canje
de bonos en el 2005 y el 2010, etc, etc, etc) y que la hace eterna e impagable, al crecer siempre. El pago de la deuda
como botín de guerra, constituye en
sí mismo un despojo que impide acumular
internamente, y está compuesto
por el pago de la deuda por vía presupuestaria (amortización e intereses),
mediante ajustes fiscales o inflacionarios sobre toda la sociedad, la fuga de
capitales, las remesas de utilidades de empresas nacionales extranjerizadas, o
por vía tarifaria (la extranjerización
de las empresas del Estado), o en especies (la extranjerización de las rentas petrolera y minera).
-La extranjerización de las
Empresas del Estado del Sector de la energía y de los combustibles, lleva a la
crisis energética y al colapso del empleo industrial
Las empresas estatales extraían petróleo, gas, carbón y mineral de
hierro; producían aceros de todo tipo, material ferroviario (rieles,
locomotoras, vagones y boogies, motores eléctricos, etc, material militar para
las FFAA (vestimenta, calzado, armamento largo y de puño, misiles, tanques y
artillería, equipos de comunicación militar, etc); generaban, transportaban y
distribuían electricidad y gas natural, además de producir bienes intermedios
para la Petroquímica, junto con el desarrollo de la misma. También fabricaban
cañerías y cables de cobre para uso industrial y de la construcción; equipos de
telefonía y radio. Además de ello, las empresas del sector de Comunicaciones,
instalaban la telefonía residencial y centrales telefónicas con tecnología
argentina y tenían a su cargo la administración del transporte ferroviario y
aéreo. . Pagaban puntillosamente los impuestos a las Ganancias y su aporte al
Valor Agregado Industrial estaba en el orden del 25%. Contra la infamia
liberal, en la mayor parte de los casos las empresas estatales no solo no
recibían subsidios de ningún tipo, muy por el contrario, una parte
significativa de sus ganancias, por estatuto,
eran forzosamente entregadas al Tesoro. Debido a la integración vertical
de casi todas las empresas públicas, las mismas operaban con economías de
escala que les permitía ofrecer la venta de sus bienes y servicios, en calidad
y precio. En el caso del acero, la existencia de SOMISA, permitía subsidiar la
chapa laminada a los pequeños laminadores y facilitar así el desarrollo de las
Pymes.
La presencia económica de las Empresas del Estado, particularmente las
del Sector de la energía y de los combustibles, permitía regular los precios
actuando eficazmente en el control de la inflación, al tiempo de que permitía a
la industria argentina, proveerla de insumos, de bienes intermedios y de
capital, de calidad, confiables tecnológicamente y a precios competitivos. Al
mismo tiempo por su posición monopólica en bienes estratégicos, impedían la
formación y control monopólico privado de los mercados, por parte de
proveedores nacionales o extranjeros. Hay muchas otras producciones de bienes y
servicios, que efectuaban las empresas del Estado, las que daban independencia
industrial y económica a la Argentina. Precisamente
por ello, es que el imperialismo desde el año 1955, se impuso la tarea de
destruir el Capitalismo de Estado argentino, expresadas en las industrias
estatales y apoderarse de las mismas. Las empresas del Estado, –más avanzadas, en muchos casos, que sus
similares de la URSS-, el imperialismo buscó destruirlas, propósito que
alcanzó, a partir del proceso, no porque fueran deficitarias para el Tesoro ni
porque fueran ineficientes, sino por todo lo contrario. Frente a la infamia de los sirvientes del imperialismo y del capital
financiero como los Alzogaray, los
hermanos Alemann, los Martínez de Hoz, los Cavallo, las empresas del Estado
fueron la base de la Independencia Económica
que hemos perdido y que debemos recuperar. La que se ha olvidado de
estos aspectos es la cúpula ultra-corrompida del PJ, la misma que no fué capaz
de defender con las armas en la mano en marzo de 1976 al Gobierno Popular y que
el 14 de junio de 1982 a
la caída de Puerto Argentino, tomó la decisión de pasarse con armas y bagaje al
campo del imperialismo, adoptando el programa procesista de Martínez de Hoz.
El anexo económico de los Tratados de Rendición de Londres y Madrid, que
forma parte de los mismos, salió a la luz
en noviembre de 1990 redactado por un comité de hombres de negocios británicos
con residencia en la Argentina. Dicho comité estableció que el valor económico
de las empresas estatales argentinas, con precios a febrero de 1990, era de 1
billón de dólares (u$s 1.000.000.000.000.-) o si se quiere, un millón de
millones de dólares.
Teniendo en cuenta que la suma de las
ventas de las empresas efectuada por el Estado Nacional –sin contar los bienes
provinciales: bancos, tierras, hoteles y empresas-, ascendió a 26.000 millones
de dólares (u$s 26.000.000.000, se concluye rápidamente que los administradores
vendepatria y cipayos del Estado nacional obligaron a este a desprenderse de un
patrimonio, por el 2,6% de su valor. Esto tiene un nombre: precio vil. Pero a ese precio vil, se le agregaron las
condiciones de pago, 35% en efectivo y 65% en títulos públicos de la deuda
argentina. Haciendo cuentas, el 35% de 26.000 millones son 9.100 millones de
dólares (u$s 9.100.000.000.-) y los títulos es probable que se hayan
comercializado para la época a un 12% -en promedio-, lo que daría otros 2. 028
millones de dólares (u$s 2.028.000.000.-). Sumando ambos importes, se arriba a un total de 11.128 millones de
dólares (u$s 11.128.000.000.-), el que relacionado con el billón de valuación,
determina que las empresas públicas, fueron
regaladas por el 1,11% de su valor de libros. Este “criterio” financiero
constituyó un verdadero despojo a la República Argentina[1],
amén de que el Estado Nacional se desprendió de instrumentos valiosísimos para
el control de precios, como por ej. era YPF[2], en forma simultánea con la pérdida de
empresas que le proporcionaban ingresos genuinos. Los aspectos mencionados, se
sintetizan en las leyes 23.696 (Reforma del Estado) y 23.697, que hacen al desguace
del Estado argentino. Por dichas leyes, se
“legalizó” el despojo de las empresas del Estado en favor del
capital financiero internacional y al precio de regalo con que fueron
entregadas (1,11% del valor de libros).
Las empresas estatales, fueron entregadas sin pasivos, ya que de los mismos se hizo cargo el
Estado, en lo que hace a la cancelación de las deudas con proveedores e
indemnizaciones a los empleados despedidos. Como resulta obvio de toda obviedad la
consecuencia de la aplicación de las condiciones de entrega y de los “precios”
pactados, en ningún momento el Estado liberal menemista pensó en “exigirles” a los “concesionarios”,
en su reglamentación planes de inversión ni mucho menos establecer controles al
cumplimiento de aquellas, con el apoyo del matrimonio Kirchner. Eran las épocas
(1990-1991), en que tanto el Gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, como su
esposa, la entonces Senadora Cristina Fernández, codo a codo con Menem,
pugnaban por privatizar a YPF. En la Cámara de Diputados, los representantes
cruceños, votaron la privatización de YPF y a cambio de ello, la provincia
recibió de la Nación, 600 millones de dólares (u$s 600.000.000.-), por regalías
supuestamente mal liquidadas por YPF y que años después, antes del corralito y
por consejo del amigo Cavallo, los giraron a bancos suizos y sobre los cuales
aún se sabe poco y nada, pese a haber un juicio penal al respecto.
De aquí que la crisis energética,
está en directa relación con la forma en que fueron privatizadas las empresas
estatales, a las que jamás se les plantearon claúsulas contractuales que las
obligaran a reinvertir sus ganancias para mejorar el servicio, según aumentara
la demanda.
El balance energético nacional y la crisis
del sector
Los
errores e improvisaciones en materia energética, no fueron ni son
casuales. Las decisiones en esa materia,
por parte de los funcionarios del Estado a cargo –parlamentarios, ministros,
secretarios, etc-, han respondido y responden a una política, funcional a los
intereses de las empresas imperialistas, en materia de extracción
irracional e indiscriminada en materia hidrocarburífera, de exportaciones, de
controles cero y de liquidación en el extranjero de hasta un 70% de las divisas
generadas por las ventas de crudo, gas y subproductos refinados. En modo alguno estamos en contra de medidas
que contribuyan al ahorro energético, pero esta crisis está determinada por la
imprevisión criminal de las sucesivas administraciones[i], desde 1983 en adelante. Lo que no dicen ni el actual
gobierno ni la pseudo oposición política y parlamentaria, de izquierda o de
derecha, es que desde 1985 en adelante, no hubo una política planificatoria por
parte del Estado, en materia energética[ii].
Para
resolver la crisis, hay que
renacionalizar las empresas públicas del Sector de la energía y aumentar la
oferta energética. Para ello, hay que construir, en lo que hace a la generación básica, principalmente -sin
dejar de lado, otros tipos de energía-, centrales hidroeléctricas y
núcleo-eléctricas, que darían la potencia de base necesaria que con una
suficiente capacidad de reserva, pudiese absorber la demanda de potencia. Ambas fuentes de energía no son
contaminantes y tienen el costo más bajo de generación[iii]. Precisamente, el
tema de la generación núcleo-eléctrica, está directamente ligado a la búsqueda
de uranio, o sea a las actividades de prospección y exploración de dicho
mineral.
A su
vez, hay que reveer el ciclo de desinversión en materia de distribución
eléctrica, pero sin la renacionalización de las empresas como EDENOR, EDESUR,
EDELAP, en el caso de la zona metropolitana, al igual que en las provincias sus
equivalentes eléctricos, ello es impensable.
El más que probable fin de la era del petróleo como
principal insumo energético, particularmente
en los países occidentales, hace sonar una campana de alarma a los
mismos y plantea la resolución de nuevas pautas de crecimiento, basadas en formas
de energía alternativas de alto rendimiento como aquel y que al mismo tiempo,
no recalienten el medio ambiente ni agredan al paisaje o al subsuelo de donde
es extraído.
El planeta asistió durante el siglo XX, a la progresiva desaparición del carbón y de la madera,
como fuentes de generación de energía, que fueron usados por miles de años,
para la satisfacción de las necesidades humanas en las actividades agrícolas, domiciliarias e industriales.
El consumo de hidrocarburos como gas y el petróleo, solo es
para el 20% de la población mundial, asentada en los países centrales –Europa
Occidental, los EEUU y Japón-, mientras que la mayor parte del planeta y de los
pobladores de los países productores, no
disponen de los beneficios del nivel de vida, del consumo de la energía[iv],
ni mucho menos de los ingresos per cápita de los habitantes de aquellos países.
Pero el desarrollo y enriquecimiento de la industria
petrolera, de la industria automotriz, de la petroquímica, así como de otras,
ligadas directa e indirectamente a la extracción del petróleo y el gas, fué simultánea
condición para que la mayor parte de la humanidad vegete en el subconsumo, el
hambre, la desocupación y la miseria y que solo la minoría habitante de los
países centrales, pueda gozar de los beneficios sociales y económicos de la
sociedad capitalista avanzada.
El despilfarro consumístico de los países metropolitanos,
sostenido en la “baratura” relativa del petróleo, la humanidad está llevando al
agotamiento de las reservas de gas y petróleo[v],
con los efectos explosivos en el sistema
de precios relativos[vi],
así como otros efectos no deseados, que conspiran contra las propias
poblaciones del centro. La emisión de gases de combustión, como el dióxido de carbono CO2 y el monóxido de carbono CO, cuyo origen comprobado está en el uso
intensivo de derivados de los hidrocarburos líquidos y gaseosos, así como
otros de menor cuantía como el óxido
nitroso –aunque no por ello menos nocivos-, han generado impactos
ambientales como el recalentamiento de la atmósfera, que vulgarmente se lo
conoce como efecto invernadero
Se estima que el consumo global de electricidad puede
llegar a incrementarse en aproximadamente un 75% para el año 2020 y
prácticamente triplicarse para el 2050. En la Argentina, se calcula que el
consumo para el 2010 podría llegar a duplicar los valores actuales.
En la actualidad, anivel mundial, los combustibles fósiles –carbón, petróleo y gas- contribuyen
con un 63 % de la producción eléctrica, la hidroeléctrica representa alrededor
del 19 %, la nuclear 17 %, la geotérmica 0,3 % mientras que la solar, eólica y
biomasa contribuyen en conjunto con menos del 1 %.
En nuestro país,
según datos del Balance Energético Nacional del año 2004, elaborado por la
Secretaría de Energía[vii],
la matriz energética está estructurada de la siguiente forma:
Conforme a los datos de la Matriz, el 88% de la oferta interna
primaria de energía, está estructurada en base a combustibles de origen fósil,
usados más intensamente (petróleo y gas) y cuyo horizonte de vida útil está
perfectamente acotado. El horizonte de
vida de las reservas al actual ritmo de consumo es de: 9 años para las del
petróleo y 12 años para las de gas natural[viii].
Dicho en otras palabras,
casi el 90% de la energía que es consumida en la actualidad por los argentinos,
proviene de fuentes hidrocarburíferas (petróleo y gas). Esta situación, de despilfarro de recursos
energéticos no renovables, constituye un verdadero disparate, ya que se consume
más del recurso más escaso, pero esto es perfectamente coherente con la lógica
comercial de las empresas imperialistas que usurpan la renta petrolera. A
diferencia de la República Argentina, por ej., Brasil cubre un 60% de sus
necesidades con energía hidroeléctrica, Francia abastece un 80% de su demanda
eléctrica con el aporte nuclear e incluso el 40% de la demanda energética de
los EEUU, se cubre con carbón[ix].
La Argentina tiene reservas de
carbón bituminoso del orden de las 697 millones de toneladas[x],
que al actual ritmo de consumo implica un horizonte de explotación superior a
los 50 años. En el caso de la hidroelectricidad, las
centrales actualmente en funcionamiento, están utilizando menos del 15% de la
capacidad de generación de la fuente. Dicho en otras palabras, en materia de
recursos hídricos existe una sub-utilización del 85% que podrían ser utilizados
para generar energía eléctrica.
Las reservas de uranio, entre las
razonablemente aseguradas y las adicionales estimados, superan las 11.000 Tn,
asegurarían por 17 años el funcionamiento de las Centrales Atucha I, Embalse y
Atucha II y una cuarta en proyecto.
La República Argentina, dispone
de inmensos recursos naturales renovables (agua) y no renovables (carbón y
uranio), que puestos a
disposición de los argentinos, permitirían
generar electricidad abundante y barata a las actividades extractivas, a la
producción agropecuaria e industrial, a los servicios, etc y las familias, sin
ningún tipo de restricciones y con una calidad de vida de altísimo nivel.
La situación actual a diferencia de lo señalado y a grandes rasgos, es que la
Argentina está actualmente inmersa en una
crisis con características de tipo estructurales y que básicamente se expresa,
tal como la sociedad ha observado recientemente, en una amenaza generalizada para la producción y la recuperación
económica en marcha, y que simultáneamente golpea más intensamente a los
sectores más desprotegidos de nuestra sociedad.
En primer lugar y en el corto plazo, la falta de abastecimiento en los servicios públicos esenciales como
los combustibles líquidos, el gas natural y la electricidad, como se puso de
manifiesto en los años 2006 y 2007, con cortes de gas a la industria por parte
de las distribuidoras, en insuficiencia de gas natural por falta de inyección
desde los yacimientos de origen, y en centrales eléctricas que trabajaban con
gas natural y que debieron recurrir al fuel-oil o gas-oil para seguir
funcionando.
A esto se sumaron los bajos niveles estacionales de agua
registrados en nuestros ríos, con el consecuente impacto de disminución en la
producción de las centrales hidroeléctricas y el uso alternativo del gas como
insumo para generarla. Esos problemas fueron coyunturalmente solucionados con la importación de fuel-oil de
Venezuela, de gas natural de Bolivia y electricidad de Brasil, debiendo
nuestro país asumir en estas transacciones costos superiores a los de costos
internos. Y así continuamos con las actuales restricciones de abastecimiento,
los aumentos de precios a los consumidores y los cambios en el marco de
regulación, que solo favorecen a los grupos económicos concentrados que operan
en el sector energético de nuestro país. Por supuesto que nada de esto es
casual y sus causas ya han sido analizadas más atrás. La aparente irracionalidad en la toma de decisiones de los hombres de
Estado, tiene que ver con el hecho de que las privatizaciones o
extranjerizaciones de las empresas públicas, fueron diseñadas deliberadamente,
con el objeto de generar negocios particulares con bienes sociales como la
energía, sin importar los daños y los costos para la sociedad. Por ello
mismo, la primera privatización que efectuó el menemismo, correspondió a los
medios de comunicación, a efectos de condicionar a la opinión pública y
“prepararla”, con gran publicidad, para que aceptare sin lucha la entrega del
patrimonio público.
No es posible solucionar los
problemas estructurales de la energía y de los combustibles, sin renacionalizar
las empresas públicas y reasumir la soberanía del sector y aumentar la oferta
energética.
Que la generación básica de electricidad se efectúe con los
recursos menos abundantes (gas y petróleo), en lugar de hacerlo con recursos
hídricos, carbón o nuclear, es una total irracionalidad económica, que tiene
que ver con la neocolonización imperialista a partir del 76 y potenciada por el
menemismo. En esa línea se inscriben el saqueo de los recursos minerales e
hidrocarburíferos. También podría llegar a ocurrir con el uranio, habida cuenta
el alza de precios de este en los últimos 15 años y no hay industria posible con energía cara.
Las centrales hidroeléctricas y nucleares, debido al tamaño
de la potencia a instalar, requieren de montos de capital muy importantes, con
largos períodos de amortización de la inversión básica. Sus altos costos
iniciales de inversión, originados en los períodos de construcción de las obras
civiles y el equipamiento electromecánico, se compensan más que sobradamente
por sus bajísimos costos operativos. Tales construcciones se repagan (capital
más intereses) sin esfuerzo para la administración, solo con la venta de la
electricidad. En las centrales hidroeléctricas, el insumo básico es el agua y
su capacidad de generación está en función de la altura, respecto de la base
del emprendimiento[xi]
y en las nucleares, el uranio natural levemente enriquecido. El uranio natural
es un mineral abundante en la Argentina. Tanto la hidroelectricidad como la
núcleo-electricidad, no son contaminantes, y con una vida útil inmensamente
superior a las centrales térmicas. Tanto uno como otro tipo de generación,
entregan una tensión uniforme, no adaptable a los cambios en la demanda de
electricidad, pero de altos rendimientos (generan energía eléctrica, unos 320
días de los 365 anuales), lo que las hace muy confiables.
En el caso de las centrales nucleares, sus buenas
performances, tienen una ventaja adicional sobre las hidroeléctricas y es que
no dependen del régimen de las lluvias, lo cual las hace todavía más
confiables. En la crisis eléctrica del 87, cuando el sistema aún era estatal y
los cortes estaban programados –no como ahora, que no responden a ninguna
lógica-, Atucha I y Embalse, soportaron todo el peso de la situación. No es
casual que la política energética de la democracia colonial, desde 1983 en
adelante, no hayan puesto énfasis en ambos tipos de centrales, particularmente
de las nucleares. Ello responde a una
razón singular y es que los intereses del imperialismo, al tomar por asalto el
acervo público (1989), tuvieron por objeto, vincular la generación, el transporte
y la distribución de electricidad con la actividad exportadora como principal
demandante (acero, petroquímica, autos, granos, aceites, petróleo, gas, etc,
etc, etc), en manos de las empresas imperialistas o de los grandes grupos
económicos de origen nacional, que concentran la producción y las
exportaciones. Fruto de la irracionalidad y de los intereses monopolísticos en
juego, se estableció un régimen eléctrico[xii],
absolutamente perverso que aseguró a los usurpadores, tanto del Sector
Eléctrico como del Sector Combustibles gigantescas ganancias, sin poner un solo
peso en materia de inversiones y que el capital extranjero pudiese remesar
rápidamente las utilidades hacia sus casas matrices. Esta es la causa de la
actual crisis en materia de energía eléctrica y de combustibles. Inclusive,
bajo el menemismo se llegó a pensar en cerrar la CNEA y privatizar las dos
centrales en operaciones, lo que por absurdo no pudo concretarse. Pero en
contrapartida, desde el alfonsinismo en adelante y particularmente, bajo la
gestión del ex Ministro de Economía de Menem, Domingo Felipe Cavallo, se
saboteó presupuestariamente la continuidad de la construcción y puesta en
saboteó presupuestariamente la continuidad de la construcción y puesta en
marcha de Atucha II, que ahora el cristino-kirchnerismo, quiere poner en
operaciones 25 años después de que debió haber entrado en servicio (1987), con
los consiguientes incrementos en los costos de operaciones y el lucro cesante,
que exigirán sus grandes proveedores de insumos y equipos.
-Integración vertical y subsidios
tarifarios
La situación económica de los países imperialistas, ya está redundando
en una disminución del crecimiento económico de los mismos, con fuertes efectos
recesivos a escala mundial y con severas caídas del volumen del Comercio
Internacional y de los precios de las materias primas y de los bienes finales. Debido a este escenario de los años próximos,
los precios de los artículos exportables de la República Argentina, podrían
caer en no menos de un 50%, aun manteniéndose China y la India como principales
demandantes de la soja y de otras gramíneas, por lo que el ciclo de los altos precios internacionales de las
exportaciones agrícolas concluirá para la Argentina. Y obviamente, por las
razones apuntadas deberían caer a pico los ingresos fiscales, resultantes del
Comercio Exterior. Solo para el año 2011, el déficit comercial del sector
energético fue superior a los u$s 3.000 millones, según un documento emitido por
ocho ex Secretarios de Energía. En los
primeros cinco meses del 2011, las importaciones energéticas aumentaron un 108%
respecto de igual período del año pasado: de u$s 1.390 millones a u$s 2.885
millones. Para el año 2012, el déficit comercial esperado del Comercio Exterior
de Energía, puede superar largamente los u$s 10.000 millones.
Desde 1989, en que comenzó el ciclo del menemismo y potenciado por el
kirchnerismo, la Argentina no solo ha perdido su autoabastecimiento energético,
particularmente en el área de los combustibles líquidos y gaseosos, sino que el
Estado trata de ocultar y paliar la falta del gas en invierno y la electricidad
en el verano, importando a precios confiscatorios gas licuado del Golfo Arábigo Pérsico y gas natural por gasoducto
de la República de Bolivia. La contrapartida fiscal de la crisis energética,
son los subsidios tarifarios dirigidos a la Capital Federal y conurbano, que
financian la diferencia entre costo y precio del transporte público de
colectivos –que utiliza gas oil-, de los ferrocarriles, de la electricidad y
del gas, consumidos por los habitantes del Sector metropolitano, privilegio que
no tienen nuestros hermanos provincianos
del resto del país. La factura sumada de los subsidios al
transporte y a la energía del año 2010, ascendieron a $ 48.000 millones. Pero
debe tenerse en cuenta, que según los expertos estudiosos de la economía
fiscal, los subsidios a partir del 2005, fueron creciendo año a año, pasando de
$ 3.480 millones en el 2005 a
$ 6.390 millones en el 2006, hasta culminar en los $ 48.000 millones del 2010
(u$s 12.000 millones). De seguir el ritmo de importaciones crecientes de
combustibles gaseosos y líquidos, el año 2011 podría cerrar en un gasto del
orden de los $ 80.000 millones (u$s
20.000 millones). Las cifras que
estamos exponiendo hablan de un verdadero disparate de los administradores
económicos del Estado, que imbuidos de un espíritu colonizado (tipo Gunga Din)
siguen empeñados en pagar una deuda ilegítima y fraudulenta, como lo que han
venido haciendo en ocho años de gestión, para retardar la crisis fiscal y
energética, sobre la base del despilfarro y de los dudosos negocios de los
empresarios “amigos del poder”, hipotecando el futuro. Y están en un camino
de doble vía, c/u de los cuales los llevará a una verdadera hecatombe: si se sigue sobrevaluando el peso ($ 4.-
= u$s 1.-) dura sin fin cercano, eso llevará a la hiperinflación;
alternativamente, si siguen el camino
del endeudamiento que no están condiciones de pagar (tomando nuevos
créditos en el mercado europeo y norteamericano), que es a lo apunta que haga
la dupla Fernández – Boudou, no podrán hacer frente a los futuros vencimientos
y llegarán más tarde o más temprano al default, con simultáneo descalabre
comercial y fiscal.
La crisis
energética, está originada está en las privatizaciones menemistas de la década
del 90 y potenciadas por los ocho años de gestión kirchnerista.
La situación tanto de la energía eléctrica (generación, transporte y distribución),
como en la de combustibles (carbón, gas
y petróleo), es absolutamente crítica. La
característica innata del Sector energético es la siguiente: en verano, cuando
aumenta la temperatura, los cortes son en el suministro de energía eléctrica. A
su vez en el invierno, no hay gas y la población tirita de frío y las industrias
sufren cortes que interrumpen la producción, lo cual es crítico en el caso de
las industrias de proceso continuo. En
el caso del petróleo, la relación de reservas a producción presente, no superan
los 7/8 años, mientras que el del
gas está entre 14/15 años. En el año 1990, antes de las privatizaciones de
YPF y de Gas del Estado, la relación
reservas/producción, para el petróleo, estaban en el orden de los 15 años y de
25 años para el gas. La caída de dichas
reservas, deben atribuirse a dos factores, a saber: la absoluta falta de
inversiones en materia de exploración y prospección, junto con las
exportaciones de ambos hidrocarburos. En el caso del gas, las exportaciones
dirigidas hacia la República de Chile, a partir del año 1999, fueron
transportadas en seis (6) gasoductos
privados cuyas cabeceras, son los yacimientos argentinos del Noroeste (Salta),
la cuenca cuyana (Mendoza), la cuenca neuquina (Loma de la Lata) y la cuenca
fueguina (Isla de Tierra del Fuego), que abastecen a las II, V y VII regiones
chilenas, a razón de unos 2.800 millones de m3 anuales. A su vez y
como contrapartida a las exportaciones mencionadas, en el año 2010 los faltantes de gas, se cubrieron
con importaciones. El 10% del consumo
residencial, industrial y público de gas, fué importado con contratos
fuertemente cuestionados, por los precios absolutamente confiscatorios del
suministro. Una parte del gas
importado de Bolivia, junto con las exportaciones provenientes de las cuencas
argentinas, Repsol YPF lo reexporta a Chile. La distribución comercial en el
país trasandino, también la efectúa Repsol YPF (con nombre de fantasía), con ganancias
kilométricas y sin ningún tipo de control –ni técnico, ni comercial, ni de
ninguna índole-, por parte del Estado argentino. La balanza comercial de
petróleo y subproductos (combustibles y lubricantes), es deficitaria por
iguales razones a las apuntadas anteriormente. Se exportan gas y petróleo crudo
y se importan subproductos, aún con pleno uso de la capacidad instalada de las
refinerías argentinas. Tanto la caída en la relación reservas a producción,
como en la falta de subproductos, se explican por la falta de inversiones en
exploración y prospección, como en la ampliación y mejora de las plantas de
refinación y en las exportaciones de gas y petróleo, que violan lo dispuesto
por la ley Nº 17.319, en el sentido de que siempre
debe privilegiarse el consumo interno por sobre la demanda externa. A
título de ejemplo, los seis (6)
gasoductos privados que vinculan los yacimientos argentinos y restan para el
consumo interno con el norte chileno y su región central, es para abastecer la
producción chilena de metanol y el consumo domiciliario. Ese metanol luego es
exportado hacia los EEUU. Según señaló
el Dr. Alieto Guadagni en un artículo del 2010, durante la actual administración iniciada en mayo del 2003, se han
consumido las reservas de gas, pero también las de petróleo y generación
eléctrica, esta descapitalización hasta ahora se ubica en 150.000 millones de
dólares, es decir el triple de las reservas del BCRA, magnitud equivalente a
casi dos años de la inversión del país en todos los sectores o más gráficamente
alrededor de 400 millones de vacunos. En el caso de los combustibles
líquidos, sus faltantes tienen explicaciones similares a las del gas. La absoluta
falta de inversiones en materia de exploración y de ampliación en la capacidad
instalada en materia de refinación, junto con la irracional política
exportadora de crudo, llevaron a una situación crítica en la producción y
distribución de combustibles y subproductos, dirigidas hacia al campo y a la
ciudad. Las larguísimas colas de los automovilistas los fines de semana largos,
en busca de combustibles (naftas, gasoil y gas natural comprimido), junto con
las penurias de los agricultores y transportistas, en épocas de cosecha, están
a la orden del día, como consecuencia de las razones apuntadas.
En el caso eléctrico la situación
es similar en cuanto a la subinversión, sobre todo en lo que hace a la
transmisión y distribución domiciliaria. Los errores e
improvisaciones en materia energética, no fueron ni son
casuales. Las decisiones en esa materia,
por parte de los funcionarios del Estado a cargo –parlamentarios, ministros,
secretarios, etc-, han respondido y responden a una política, funcional a los
intereses de las empresas imperialistas, en materia de extracción
irracional e indiscriminada en materia hidrocarburífera, de exportaciones, de
controles cero y de liquidación en el extranjero de hasta un 70% de las divisas
generadas por las ventas de crudo, gas y subproductos refinados. Idem es en
cuanto a la legislación eléctrica. Lo que no dicen ni el actual gobierno ni la
pseudo oposición política y parlamentaria, de izquierda o de derecha, es que
desde 1985 en adelante, no ha existido, deliberadamente hablando, una política
planificatoria por parte del Estado en materia energética[xiii].
Es tal el grado de irracionalidad en el
contrato con el ente de energía de Qatar, a 20 años y por u$s 40.000 millones,
por la provisión de gas natural licuado (GNL), para paliar la insuficiencia de
gas por red, en tubos, en garrafas y uso automotor (GNC). En la suma
mencionada, no se tienen en cuenta las inversiones requeridas para la
construcción de un puerto especialmente diseñado para recibir el GNL en la
localidad de Escobar (PBA) y la ampliación del existente en Ing. White (PBA),
ambos para la recepción del fluido proveniente de Qatar. Indicadores de la
insuficiencia de gas, son el corte de suministro a más de 300 establecimientos
industriales, la baja de presión en el caso de los consumidores domiciliarios y
el drama de los 8.000.000 de argentinos que cocinan y se calefaccionan con
garrafas, con precios por m3 4 a 6 veces más caros que el gas distribuido
por red. Con sumas muchísimo menores a
los u$s 40.000 millones de las importaciones de gas licuado qatarí que acaba de
firmar el Ministro De Vido, podrían haberse efectuado inversiones en
exploración para mejorar la relación reservas/consumo y para la construcción de
nuevos gasoductos troncales, que hubieran permitido abastecer en forma eficaz a
la demanda residencial, industrial, comercial y pública, sin los padecimientos
a que venimos sufriendo los argentinos desde que se privatizaran y
extranjerizaran YPF y Gas del Estado.
La
crisis energética no es casual: es hija de la improvisación técnica, del
pensamiento colonizado de políticos partidocráticos y del saqueo de los
recursos naturales, por parte del capital extranjero, es solucionable, si
existe una voluntad política soberana, lo que no está ni remotamente pensado,
por quienes tienen un respeto reverencial por el imperialismo. Esas decisiones patrióticas y soberanas,
solo las pueden tomar un Gobierno que exprese los intereses del Pueblo
Argentino y que esté dispuesto a enfrentar al imperialismo en todos los
terrenos, con las armas en la mano, si ello fuere necesario. El
kirchnerismo, triunfante en las elecciones del 2003 y del 2011, pudo haber
hecho algo al respecto de la crisis energética, favorecido por las alzas de los
precios internacionales de los granos, pero en lugar de ello, despilfarró los
ingresos provenientes de las exportaciones primarias de granos, hidrocarburos y
minerales metalíferos –en manos del capital imperialista-, en una política
expansiva del gasto público, sin tocar las privatizaciones de las empresas
públicas y ello llevó en forma directa a la crisis energética.
Para resolver la crisis
energética, hay que recuperar la soberanía nacional perdida con el golpe del 24 de marzo de 1976 y esa tarea la
realizará la futura Revolución Nacional, que restablezca el ciclo interrumpido
en aquella nefasta fecha. Y el Programa
de la Revolución Nacional, que a título enunciativo, deberá incluir por lo
menos a los siguientes:
1.- Restablecimiento del imperio de la Constitución Nacional
de 1949 y de su art. 40, que establecía: “El manejo de los servicios públicos, el comercio o la banca pasa a estar
en manos del Estado, cristalización de la revolución y la voluntad popular
organizada. El artículo 40 establecía que “los minerales, las caídas de agua,
los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales
de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e
inalienables de la Nación”, “los servicios públicos pertenecen originariamente
al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su
explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al
Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley
nacional lo determine”.
2.- Derogación
parcial o total de los articulados de las constituciones provinciales, que
supongan la propiedad del subsuelo, a favor de las provincias.
3.- Nacionalización de todas las empresas de
Servicios Públicos y/o de Producción, y de cualquier otro tipo de servicios, que
fueron privatizadas y/o disueltas, que pertenecieron originalmente al Estado
Nacional o a los Estados Provinciales, las que serán devueltas de inmediato al
Estado nacional. Estas nacionalizaciones, no supondrán reconocer ningún
tipo de derechos a los actuales dueños” y/o concesionarios. El Estado nacional,
reclamará judicialmente en los Tribunales Federales el resarcimiento por las
rentas usurpadas y por la desinversión, por el período comprendido entre el
comienzo del usufructo, hasta su restitución a su legítimo propietario.
4.- Derogación de todas las concesiones de
Servicios Públicos, emanadas de las Leyes de Reforma del Estado (23.696) o
de Emergencia Económica (23.697), cualesquiera sea su naturaleza: Generación
Transporte y/o Distribución de energía eléctrica, gas, etc, no reconociéndose
ningún tipo de indemnizaciones para los
actuales concesionarios. La derogación
de las concesiones, incluirán a las
aduanas interiores, vulgarmente llamadas peajes, que gravan el tránsito de
personas y/cargas por carretera o por vía acuática, las que están expresamente
prohibidas por la Constitución Nacional. Asimismo, volverán al Estado Nacional
los aeropuertos y puertos dados
en concesión privados, no reconociéndose ningún tipo de indemnizaciones
para los actuales concesionarios.
5.- Para llevar a cabo los puntos 3.- y 4.-,
serán ocupados de inmediato, por las FFAA, todas las instalaciones de Servicios
Públicos a cargo de concesionarios
y/o propietarios privados, como yacimientos generadores de combustibles (gas y
petróleo) y/o de electricidad, líneas de transmisión y/o conductos,
subestaciones elevadoras de presión y/o de tensión, así como las distribuidoras
comerciales de fluido eléctrico y/o de gas domiciliario.
6.- Inmediata
suspensión de todo pago en concepto de intereses o amortizaciones de las
ilegítimas Deudas Externas del Estado Nacional, de los Estados Provinciales, de
las Empresas de Estado autárquicas o privadas con mayoría accionaria de estos.
Las deudas mencionadas, serán investigadas por el Estado Nacional, a través de
sus cuerpos competentes y el resultado de las conclusiones periciales, será
difundido por los medios que correspondan para conocimiento nacional e
internacional y si correspondiere algún tipo de reclamo de los antiguos
acreedores, los mismos solo se ventilaran en tribunales federales argentinos,
no reconociéndose ningún otro tipo de fuero, nacional o internacional.
7.- Serán derogadas
las adscripciones de la República Argentina a organismos financieros
internacionales y/o económicos a los que el país adhirió en septiembre de 1956
por medio de un bando militar, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o Banco Mundial (BM), el Club
de París, la Organización Mundial de Comercio (OMC). El país se retirará del
CIADI y denunciará los convenios de resguardo de inversiones privadas, no
reconociendo ningún fallo de ese Tribunal Arbitral, instrumento de chantaje
usurario de las empresas imperialistas. Se reclamará al FMI, la devolución de
la cuota parte o tramo oro, que el país depositó
en 1956., con más la actualización de capital e interese sobre el capital
actualizado. Cualquier reclamo de las empresas por diferencias con el Estado
Argentino o los Estados provinciales, por hechos ocurridos en territorio
argentino, solo se ventilaran en tribunales federales argentinos, no reconociéndose
ningún otro tipo de fuero, nacional o internacional.
8.- Serán derogadas
las leyes Nº 21.526 de Entidades Financieras, promulgada el 2 de abril de 1977,
Nº 23.696 de Reforma del Estado y 23.697 de Emergencia Económica, promulgadas
el 31 de octubre de 1990, 24.196, promulgada el 23 de abril de 1993, junto con
sus posteriores decretos y leyes que
complementan el 2º Estatuto Legal del coloniaje.
Estos puntos son
los mínimos requisitos para recuperar la soberanía económica de la República
Argentina y base para terminar con la desinversión energética y los tarifazos,
generados a partir de la extranjerización del Sector de la Energía
Leopoldo Markus
Buenos Aires, 24 de
enero de 2012
FUENTE:
[1] Que las empresas públicas fueron “entregadas” por el 1,11%
de su valor, constituyó la profecía autocumplida del agente de la usura suiza Roberto Alemann, “obviamente” ex
Ministro de Economía-, de que “…para
privatizar las empresas del Estado hay que regalarlas…”.
[2] YPF, por ejemplo, era una empresa integrada verticalmente
que desarrollaba tareas de exploración, prospección, extracción, transporte,
refinación y comercialización del petróleo. La comercialización de los
subproductos, se efectuaba a todo lo ancho y lo largo de la República, en donde
la red de estaciones de servicio, que servía al automovilista o al transportista,
permitía proveerse a los mismos de combustibles, lubricantes y otros
subproductos, en lugares donde la actividad “privada” no llegaba debido a que
no era rentable. Esa actividad de fomento, estaba subsidiada con las utilidades
producidas en las zonas de mayor densidad. Era una empresa, que disponía de uno
de los laboratorios más avanzados del mundo en Investigación y Desarrollo
–ubicado en Florencio Varela, PBA.-. Por otra parte, en los yacimientos,
generalmente ubicados en zonas muy
alejadas de las grandes ciudades, YPF ponía a disposición de sus trabajadores,
barrios de viviendas, centros comerciales y establecía la infraestructura de
servicios que requerían aquellos y sus familias, en materia de Educación, Salud
y seguridad. Todos estos beneficios a su
personal y al igual que sus inversiones en exploración y tareas de mejoramiento
de sus productos, YPF los financiaba con las ganancias provenientes de la venta
de sus productos, sin requerir de ningún tipo de subsidio proveniente del
Tesoro Nacional, como cínicamente mentía la prensa liberal, para inducir a su
privatización. Pero el elemento central de esta posibilidad es que la renta
petrolera era apropiada por el Estado y era reinvertida dentro del país.
Sus compras en materia constructiva e industrial, generaban empleo e
inversiones por parte de sus proveedores y determinaban, que por cada empleado
de YPF, se generaban indirectamente otros cuatro (4) puestos de trabajo. Así,
YPF que hacia 1992 tenía 50.000 agentes, otros 200.000 empleos se generaban,
debido a las compras efectuadas por la empresa estatal a la Industria
Argentina. Hoy REPSOL-YPF, tiene un plantel de 5.000 agentes (10 veces menos).
Ello explica que los ex trabajadores de YPF desocupados, corten las rutas en
Chubut, Santa Cruz, Salta, Jujuy, Mendoza, etc, etc, etc, para exigir que sean
reintegrados nuevamente al trabajo del que fueron expulsados, debido a la
extranjerización y despojo del recurso. En
la irracional política de destrucción liberal, a partir del menemo-cavallismo,
fueron disueltas las Gerencias de Geología –básica para la exploración y
prospección-, los laboratorios antes mencionados y la Flota naviera de
transporte fluvial y marítima. Después de “privatizada” YPF, el consorcio
angloespañol REPSOL-YPF, dejó de explorar y efectuar prospección, dedicándose
únicamente a la extracción y exportación, enviando el total de las utilidades a
las casas matrices. Esa política de
inversiones y ventas, llevó a que el horizonte de reservas conocidas y
cubicadas pasara en el caso del petróleo de 14 a 7 años, en el mejor de
los casos. En el caso del gas de 40 años, a poco más de 15 años. De
continuar con esta irracional y criminal política, en pocos años, la Argentina,
podría convertirse en una importadora neta de hidrocarburos, con un horizonte
de precios mundiales en alza.
[i] Los economistas saben
que un aumento de la economía de un 1%,
implica un aumento de un 1,5% en la demanda de energía. O sea que en los
ocho de la gestión Fernández – Kirchner, si la economía argentina creció a
razón de un 8%/año, la demanda de energía debió haber crecido un anualmente un
9,62%, que acumulados implican un 108,5%, contra un crecimiento económico del
85,1% en igual período. Si hay una
crisis energética, es porque no hubo tales inversiones en el Sector, que hubieran
acompañado al crecimiento económico. Obviamente las privatizaciones
efectuadas por el menemismo estuvieron diseñadas para que el capital
imperialista se llevara las utilidades y no invirtiera las mismas en obras. Por
otra parte, de que sirve tener acumulados u$s 45.000 millones de reservas en el
Banco Central de la República (BCRA), si no se los utiliza para efectuar las
obras de infraestructura que deberían acompañar el crecimiento económico,
además de encarar la deuda social en materia de educación, salud, viviendas,
política de ingresos, defensa nacional etc, etc,etc.
[ii] El último programa planificador de energía, efectuado por la
Secretaría de Energía, es del año 1985, fue proyectado para el período 1984 –
1989. El último gasoducto, llamado Neuba II, que vinculó al yacimiento de Loma
de la Lata, Pcia. del Neuquén, con la Región Central del Litoral argentino, se
libró al servicio público en 1985, hace 22 años. La central nuclear Atucha II, con una
potencia instalada de 750 MW (equivalente al 4% de la actual capacidad), estuvo
proyectada para entrar en servicio en 1987, hace 30 años y aún hoy, pese a los
esfuerzos de la actual administración por ponerla en marcha, no se la librará
al uso público antes del 2010. El lucro cesante que exigirán las empresas
proveedoras al PEN, que por contrato no pudieron facturar en término sus
provisiones, debido al atraso de las obras civiles, no pudieron efectuar los montajes y realizar las
pruebas de funcionamiento de los equipos, hará que la energía facturada por Atucha
II resulte la más cara del mundo. Hace más de 30 años que no se construye
una refinería para obtener combustibles y lubricantes y por lo tanto no existe
capacidad instalada suficiente, para procesar el crudo extraído, debiendo
importarse los faltantes del suministro. Por ello es que las empresas
petroleras tienen balances superavitarios y la cuenta comercial de Comercio
Exterior es deficitaria desde hace 20 años. Con un precio mundial de u$s/m3 628.-
(u$s/barril 100.-) y un precio al mercado interno -retenciones incluidas- de
u$s/m3 250.- (u$s/barril 40.-), las empresas imperialistas que
usurpan el petróleo argentino y sus refinerías -que solo pertenecen a YPF o sea
al Pueblo Argentino-, no tienen interés alguno de bajar los precios de los
subproductos -naftas, lubricantes y asfaltos-, pués a ellas, les conviene
exportar y cobrar las naftas, a precio internacional. En caso contrario, su
política es que el consumidor interno, pague los sobreprecios que lo acerquen
al precio del mercado mundial. Por ello es que el mercado de los combustibles,
se ha venido desabasteciendo en los últimos años, con la complicidad de la
Secretaría de Energía, la que no obligó a las petroleras, a cumplir con lo
establecido en la Ley N° 17.319 de Hidrocarburos de privilegiar el
abastecimiento del mercado interno, por sobre el Comercio Exterior. Por la
estructura oligopólica del mercado -a partir de la extranjerización de YPF en
1992, -con el apoyo de los diputados kirchneristas- y su actuación cartelizada,
Repsol-YPF, Pan American Energy, Shell, Esso, Petrobras, Total, etc, etc, etc,
se ríen en la cara de los argentinos, pués además, cuentan con la complicidad
de la Presidenta de la República, Dra. Cristina Fernández y de su esposo, el
fallecido ex presidente, Néstor Kirchner, que fueron los principales lobbystas
de las empresas citadas. En la misma línea de acción privatizadora, se
estableció con el menemismo, desde el Congreso de la Nación, una perversa
legislación que implicó, entre otras cosas, la destrucción de la integración
vertical de Agua y Energía Eléctrica (AAYEE). Dicha integración, asumía en una
misma empresa monopólica del Estado, las tareas de prospección y exploración de
emprendimientos hidráulicos, la evaluación económico financiera de los mismos,
el análisis del impacto ambiental, el control de inundaciones, la irrigación,
así como la construcción de centrales eléctricas, el tendido de líneas de alta
tensión y el conexionado a las redes de distribución locales. La falta de
AAYEE, como la del resto de las empresas públicas, es funcional con la supuesta
irracionalidad de las no tan ciegas “…fuerzas del mercado…”
[iii] Obviamente que las soluciones no son
mágicas ni instantáneas. El tiempo que transcurre desde que se toman las
decisiones políticas en el más alto nivel, hasta que la energía eléctrica
comience a fluir puede ser de entre 7 y 10 años. Hay que aprobar los proyectos,
previos los estudios técnicos y financieros, asignar las partidas
presupuestarias y llevar a cabo las obras mismas. La desaprensión criminal de
lo hecho en estos 30 años de democracia colonial, así como la superficialidad
con que han tratado estos temas, los paga finalmente el Pueblo Argentino con
falta de gas en invierno; de combustibles, electricidad, gas y agua en la época
estival, así como con la interrupción de la producción y las ventas, el lucro
cesante emergente de aquellos, así como las pérdidas de materias primas y
productos e incrementos en los costos para el comercio, la industria. En el
caso de las familias, la interrupción en los suministros de electricidad,
originan sufrimientos innecesarios, frustraciones y desesperanzas. Ni que decir de los 6.000.000 de argentinos
humildes, que se calefaccionan y cocinan con gas en garrafas, cuyo precio por m3
es diez veces superior al que pagan los que lo consumen por red.
[iv]
Países en desarrollo
como Bangladesh y Tanzania consumen
actualmente menos de 100 kwh por año y por persona, en Argentina el consumo es
de aproximadamente 1.500 kWh, mientras que en países como Canadá y Suecia se
llega hasta 15.000 kWh. Darío Jinchuk, Comisión Nacional de Energía Atómica.
La disparidad en los consumos de energía per cápita, no es económica sino
social y tiene que ver con la distancia, que existe entre un país imperialista
y un país semicolonial o dependiente.
[v] A los actuales niveles de consumo
energético, antes del reciente descubrimiento de reservas fuera de costa en la
plataforma marina de la República de Brasil (noviembre 2007), el agotamiento de
las reservas mundiales de petróleo,
podría ocurrir hacia el año 2020 y del gas, para el 2050, Proyecciones del Consejo Mundial de Energía (WEC), informe de 1995.
[vi] Al momento de escribir esta nota
el precio del petróleo ya está cotizando cerca de los u$s/m3 633.-
(u$s/barril 100.-).
[vii]
Matriz Energética Primaria 2004. Secretaría de Energía de la Nación, Dirección de
Prospectiva.
[viii]
MORENO, Situación
energética Argentina. Planificación o colapso energético (I). Ricardo Andrés De
Cicco.
[ix] MORENO, Boletín N° 230, 03/01/08. ¿Quién es el comprador argentino de
Repsol – YPF?. Radiografía del grupo local Petersen – Eskenazi. Claudio Lozano.
[x]
http://www.santacruz.gov.ar/mineria/index.php?opcion=carbon
[xi] Altura que a su vez, depende de razones
climáticas como fuertes sequías, que hacen bajar dicha diferencia de nivel y
por lo tanto su capacidad de generación e inclusive, llegar a impedir que ella
tenga lugar.
[xii]
Ley Marco N° 24.065.
[xiii] El último programa planificador de
energía, efectuado por la Secretaría de Energía, es del año 1985, fue
proyectado para el período 1984 – 1989. El último gasoducto, llamado Neuba II,
que vinculó al yacimiento de Loma de la Lata, Pcia. del Neuquén, con la Región
Central del Litoral argentino, se libró al servicio público en 1985, hace 22
años.
La central nuclear Atucha II, con una
potencia instalada de 750 MW (equivalente al 4% de la actual capacidad), estuvo
proyectada para entrar en servicio en 1987, hace 30 años y aún hoy, pese a los
esfuerzos de la actual administración por ponerla en marcha, no se la librará
al uso público antes del 2010. El lucro cesante que exigirán las empresas
proveedoras al PEN, que por contrato no pudieron facturar en término sus
provisiones, debido al atraso de las obras civiles, no pudieron efectuar los montajes y realizar las
pruebas de funcionamiento de los equipos, hará que la energía facturada por
Atucha II resulte la más cara del mundo. Hace más de 30 años que no se
construye una refinería para obtener combustibles y lubricantes y por lo tanto
no existe capacidad instalada suficiente, para procesar el crudo extraído,
debiendo importarse los faltantes del suministro. Por ello es que las empresas
petroleras tienen balances superavitarios y la cuenta comercial de Comercio
Exterior es deficitaria desde hace 20 años. Con un precio mundial de u$s/m3 628.-
(u$s/barril 100.-) y un precio al mercado interno -retenciones incluidas- de
u$s/m3 250.- (u$s/barril 40.-), las empresas imperialistas que
usurpan el petróleo argentino y sus refinerías -que solo pertenecen a YPF o sea
al Pueblo Argentino-, no tienen interés alguno de bajar los precios de los subproductos
-naftas, lubricantes y asfaltos-, pués a ellas, les conviene exportar y cobrar
las naftas, a precio internacional. En caso contrario, su política es que el
consumidor interno, pague los sobreprecios que lo acerquen al precio del
mercado mundial. Por ello es que el mercado de los combustibles, se ha venido
desabasteciendo en los últimos años, con la complicidad de la Secretaría de
Energía, la que no obligó a las petroleras, a cumplir con lo establecido en la
Ley N° 17.319 de Hidrocarburos de privilegiar el abastecimiento del mercado
interno, por sobre el Comercio Exterior. Por la estructura oligopólica del
mercado -a partir de la extranjerización de YPF en 1992, -con el apoyo de los
diputados kirchneristas- y su actuación cartelizada, Repsol-YPF, Pan American
Energy, Shell, Esso, Petrobras, Total, etc, etc, etc, se ríen en la cara de los
argentinos, pués además, cuentan con la complicidad de la Presidenta de la
República, Dra. Cristina Fernández y de su esposo, el fallecido ex presidente
Néstor Kirchner, que fueron los principales lobbystas de las empresas citadas.
En la misma línea de acción privatizadora, se estableció con el menemismo,
desde el Congreso de la Nación, una perversa legislación que implicó, entre
otras cosas, la destrucción de la integración vertical de Agua y Energía
Eléctrica (AAYEE). Dicha integración, asumía en una misma empresa monopólica
del Estado, las tareas de prospección y exploración de emprendimientos
hidráulicos, la evaluación económico financiera de los mismos, el análisis del
impacto ambiental, el control de inundaciones, la irrigación, así como la
construcción de centrales eléctricas, el tendido de líneas de alta tensión y el
conexionado a las redes de distribución locales. La falta de AAYEE, como la del
resto de las empresas públicas, es funcional con la supuesta irracionalidad de
las no tan ciegas “…fuerzas del mercado…”
Felipe 
Ocurrió ayer a la mañana, en la localidad bonarense de Villa Elvira, en el partido de La Plata. La pelea terminó cuando una de las mujeres apuñaló en el abdomen a otra y fue aprehendida. La agresora, además, tenía un arma de fuego entre sus ropas. 
ALEJ 
