Basándose en la creciente inseguridad, el gobierno de Rafael Correa logró que la Corte Constitucional aprobara una solicitud de referéndum popular para que se reforme el sistema judicial, se diluyan los grupos económicos que concentran el poder y para limitar el alcance de los monopolios mediáticos. Los opositores acusan al oficialismo de intentar avanzar sobre el Poder Judicial, limitar la democracia y controlar la información, pero muchos omiten que los gobiernos anteriores propulsaron que Ecuador ingrese en un sistema privatista sin distribución de la riqueza.
La inseguridad ciudadana es uno de los temas que ha adquirido, en los últimos tiempos, una mayor importancia entre los ecuatorianos. La captura de delincuentes, a quienes varios jueces, acusados de corrupción dejan libres pocas horas después de haber sido apresados, es un tema que indigna a la población y que el presidente Rafael Correa utilizó como punto de partida para elaborar este referéndum popular. La legalidad de la consulta ya fue aprobada por la Corte Constitucional.
ORIGEN DEL NUEVO REFERÉNDUM
A cuatro años de haber asumido, la popularidad de Correa continúa siendo muy alta. Con una reforma constitucional redactada por la Asamblea Constituyente convocada por el oficialismo y ratificada por votación en 2008, Correa sube la apuesta para que el electorado apruebe el plebiscito de cinco preguntas directamente vinculantes que cambian algunos aspectos del nuevo texto constitucional y otras cinco que son sólo reformas legales.
La idea principal giró en torno a una remodelación del sistema judicial ante la creciente inseguridad. Por ejemplo, la reforma del Código Penal y del Consejo Nacional de la Judicatura. Pero luego el oficialismo decidió aprovechar la oportunidad para introducir cambios en otros temas que afectan directamente el poder del gobierno, como por ejemplo el monopolio de los medios de comunicación y la propiedad de los bancos.
Entre las preguntas de si sería necesario una reforma constitucional se encuentran convertir en delito el enriquecimiento privado injustificado, la prohibición de los juegos de azar, las corridas de toros y la riña de gallos.
A simple vista, varios de los puntos parecen ser razonablemente discutibles, y además es saludable para el fortalecimiento de una democracia que se consulte al electorado sobre cambios en temas tan importantes.
¿REACCIÓN ANTE EL NEOLIBERALISMO?
Lo que comenzó a elaborarse como una medida gubernamental para combatir a la delincuencia, pasó a ser un avance sobre el Poder Judicial, que en muchos casos permanecen elementos de gobiernos anteriores, que fueron los que llevaron a Ecuador a una etapa de neoliberalismo económico.
Precisamente, otro motivo de la consulta es la limitación de la concentración de poder de los medios de comunicación opositores, grandes banqueros y empresas que dominan una porción muy alta de la actividad económica. Por eso, se incluye en el plebiscito preguntas sobre la limitación del poder de los grupos económicos.
Sin embargo, se puede llegar a caer en un control de la información, de las funciones judiciales, de las actividades financieras por parte del presidente y del Poder Ejecutivo, lo que contradice al sistema democrático que se quiere impulsar. Democracia no es sólo participación ciudadana, sino el respeto por la división de poderes, las autonomías, la propiedad privada y pública.
Sin embargo, durante la década del noventa y hasta 2007, los gobiernos actuaron en conveniencia con los grandes grupos económicos, como las petroleras, los bancos y los medios de comunicación. Aunque, un paso hacia una mayor participación estatal en la renta por la extracción del petróleo fue dado por este gobierno el año pasado al introducir nuevos impuestos a las compañías multinacionales. Algunas abandonaron el país y otras se ajustaron a la nueva ley.
CRÍTICAS OPOSITORAS
La reacción de los partidos contrarios a Correa era la esperable. Por ejemplo, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, que ha tenido expresiones y políticas racistas, argumenta que se limitaría al Poder Legislativo, al judicial, la libertad de expresión, las inversiones privadas que llevarían a Ecuador a un crecimiento económico necesario para avanzar.
Sin embargo, estas críticas no son constructivas, sino oportunistas, porque cuando los ideólogos del proyecto privatista de Ecuador se encontraban gobernando, no se detuvieron a analizar si en el país funcionaba realmente una democracia inclusiva y no se estaban repartiendo entre las multinacionales los recursos naturales.
Las discrepancias más interesantes y que plantean un verdadero debate provienen de sectores que acompañaron incluso la redacción de la Constitución de 2008 y de los que llegaron a formar parte en un principio del proyecto de Correa.
Alberto Acosta, un respetado intelectual presidente de la Asamblea Constitucional que redactó la nueva Carta Magna y uno de los ideólogos del proyecto Yasuní por el cual Ecuador no extrae el petróleo de un ecosistema muy sensible a cambio de que la comunidad internacional financie la mitad de las ganancias que obtendría el país por su explotación, se manifestó muy crítico con Correa.
En primer lugar, acusó al presidente de crear una partidocracia del poder judicial. Es cierto que ya existían importantes elementos políticos dentro de los tribunales, pero ahora, de acuerdo con Acosta, con este referéndum se está cambiando el signo político de los jueces en lugar de garantizar su independencia.
Además, Acosta reconoció que con Correa creció la inversión social y mejoró mucho la distribución del ingreso. Pero, desde su óptica, el proyecto de Correa se limita sólo a eso, porque le falta invertir en producción, dado que la inversión pública por sí misma no es un motor de la economía, sino una consecuencia de la generación de trabajo. También opinó que el sector de la salud avanzó significativamente, pero no así el de la creación de empleos.
Otro grupo político que no es de derecha, pero que también se opone a los planes presidenciales es el movimiento Pachakutik, que apoyó la sublevación del coronel Lucio Gutiérrez en enero de 2000 y que además se manifiesta en contra de la extracción petrolera y minera de zonas pobladas por pueblos originarios.
DIVISIONES INTERNAS
Al haber sido aprobada la realización del referéndum, Correa tiene las cartas ganadoras por su amplio apoyo popular. Algunas encuestas pronostican que la consulta podría llegar a ser aprobada por el 57%. Aunque dentro del oficialismo existen discrepancias por algunas preguntas de la consulta, lo que es aprovechado por los grandes grupos económicos, monopolios mediáticos y jueces para realizar una campaña a favor del «No».
Además, Correa necesita un respaldo popular, para construir a su alrededor una base más sólida de poder luego de la insubordinación policial del 30 de septiembre, que lo mantuvo atrincherado en un hospital por varias horas.
Con la generación de empleos estancada, el presidente teme perder las bases populares y que aumente la desconfianza de la derecha. Por eso, de acuerdo con varios compañeros suyos que se alejaron de su lado, el presidente está ganando adeptos a veces a base de clientelismo y otras veces de temor a que retorne el pasado neoliberal.
Es probable que Correa busque además limitar las voces opositoras, por un lado de manera legítima, diluyendo el poder de los grupos financieros que dominan el país, pero también echando mano a su estilo caudillista por el cual todo opositor se transforma en un enemigo del cambio.
Fuente: observadorglobal.com
Chiara 
En total, fueron incendiados 33 edificios públicos, 24 sucursales bancarias, 50 comercios y 66 vehículos, según los datos proporcionados por Interior.
