Así lo dispuso la Justicia luego de que uno de los abogados demandantes pidiera un «embargo preventivo» por $ 1.000 millones para funcionarios y directivos de la concesionaria del tren .
Los abogados de las familias de las víctimas en la causa por la tragedia de Once pidieron la inhibición de bienes o “embargo preventivo” para los funcionarios públicos y directivos de la empresa TBA, concesionaria de la línea del ferrocarril Sarmiento, donde ocurrió la tragedia en la que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas. Sin embargo, para que ese embargo sea posible y se evite un eventual vaciamiento de la empresa demandada, el juez federal Claudio Bonadío exige unos $ 100 millones que deberán reunir los familiares de las víctimas.
La decisión de Bonadío pone la lupa en el accionar del juez, sospechado por haber favorecido al kirchnerismo en anteriores oportunidades (ver aparte). Esta vez no sería la excepción, teniendo en cuenta que el magistrado ya aceptó al Gobierno nacional como querellante en la causa y también estaría beneficiando a los funcionarios K y a la empresa a la que el Estado le dio el negocio de los trenes, dificultando el embargo de sus bienes.
El “embargo preventivo” fue pedido por uno de los abogados de un grupo de siete querellantes, Gregorio Dalbón. El letrado solicitó la medida por $ 1.000 millones, no sólo para las cuentas que tuviera la empresa de los hermanos Cirigliano en el país, sino también en el extranjero.
Sin embargo, para conceder esa medida, Bonadío fijó una “contracautela” del 10% del monto requerido por Dalbón, es decir, de $ 100 millones. Esa figura del Código Procesal Civil y Comercial Federal funciona como garantía para que, en caso de que los fondos embargados resulten ajenos a la imputación, se pueda resarcir a los eventuales perjudicados, en este caso la empresa TBA.
Ayer, Dalbón ratificó la denuncia penal contra Bonadío por prevaricato (dictar resoluciones contrarias a derecho) al aceptar como querellante en la causa al Gobierno nacional.
El abogado denunció al juez por considerar que cometió una “flagrante violación” del Código Procesal Penal, que reserva la figura de querellante “en forma exclusiva a toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública”. Esa causa está a cargo de la jueza María Servini de Cubría, quien ahora pedirá al fiscal Carlos Stornelli que dictamine si impulsa o no la investigación contra Bonadío.
En tanto, la causa en la que se investiga a los responsables de la tragedia de Once está caratulada como “Córdoba, Marcos Antonio s/descarrilamiento”, en referencia al conductor del tren. Aunque el juez Bonadío ordenó una pericia contable para determinar los ingresos que percibió Trenes de Buenos Aires (TBA) por subsidios estatales y tarifas por pasajes.
Con los datos de la pericia, el paso siguiente será establecer cuánto invirtió en “mantenimiento del material rodante y sistema de vías” la empresa de los Cirigliano.
Irrisoria multa a la intervención del Sarmiento
El juez federal Claudio Bonadío detectó incumplimientos por parte de la intervención de TBA y advirtió a Raúl Barido, quien está a cargo, que desde ayer le aplicará una multa de sólo mil pesos diarios por no cumplir con la orden que prohíbe la circulación de trenes sin las cabinas auxiliares selladas.
El magistrado tomó esta deci-sión la semana pasada a raíz de que el joven Lucas Menghini Rey, quien fue hallado sin vida 56 horas después de la tragedia, viajaba en ese espacio el 22 de febre-ro cuando el tren chocó en la estación Once.
Además, el juez pidió a TBA que quite de circulación tres coches de las líneas Sarmiento y Mitre.
Un magistrado con pasado sospechoso
Luego de dejar atrás estrechos vínculos con el menemismo, el juez federal Claudio Bonadío (a cargo de la causa por la tragedia de Once) rápidamente estrechó lazos con el kirchnerismo. Desde 2003, cuando Néstor Kirchner llegó al poder, Bonadío se especializó en desestimar denuncias contra funcionarios señalados por hechos de corrupción y también por perseguir a aquellos que se mostraban críticos a las políticas del oficialismo. Entre ellos estuvieron los exministros Gustavo Béliz y Horacio Rosatti.
El juez también se caracterizó por cajonear y demorar importantes expedientes que comprometían a funcionarios del Gobierno. Dos de ellos han sido la irregular importación de autos diplomáticos por parte de funcionarios de Cancillería (donde avanzó sólo sobre un par de “perejiles”) y la célebre causa Skanska.
Pero la costumbre de beneficiar al poder de Bonadío no nació con el kirchnerismo. Fue el exministro del Interior Carlos Corach quien lo insertó en la Justicia Federal, a pesar de que no contaba con los antecedentes necesarios para serlo. Ese “favor” lo pagaría más tarde sobreseyendo a diversos funcionarios públicos del menemismo acusados por hechos de corrupción, tales como el exinterventor del PAMI Víctor Alderete o el clan Yoma. Por este último caso, Bonadío fue citado a declarar por el Consejo de la Magistratura en 2009 acusado de “mal desempeño” en una causa por créditos otorgados al grupo Yoma.
El juez Bonadío, además, fue incluido por el exministro de Economía Domingo Cavallo en la célebre servilleta en la que estaban los jueces entonces afines al gobierno.
Llevan el conflicto por los trenes al Congreso
Delegados de la línea Sarmiento irán hoy al Congreso para participar junto con actores políticos y sociales, además de usuarios y especialistas, de una reunión para analizar la problemática del transporte y “recuperar” el servicio ferroviario.
Fuentes de la Unión Ferroviaria confirmaron ayer la presencia de Rubén “Pollo” Sobrero y Edgardo Reynoso, representantes críticos de la gestión de la empresa TBA. Los delegados de base destacaron esta actividad parlamentaria, enmarcada en “un proceso por la recuperación del transporte”, y dijeron “auspiciar” toda otra que tenga como objetivo “la recuperación del tren en manos de trabajadores y usuarios”. Sobrero y Reynoso acudirán al Congreso a las 15 por invitación de la diputada Margarita Stolbizer y el senador Jaime Linares.
diariohoy.net
Chiara 
La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal declaró la nulidad de la resolución que había dispuesto tener por parte querellante al Estado Nacional en la investigación de la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas.
Felipe 
ALEJ 
