La Provincia ante la creciente ola delictiva: ¿Y ahora qué?
Chiara Hay números que hablan por sí solos, y que indican que la provincia de Buenos Aires, al igual que el resto del país, está perdiendo desde hace varios años la lucha contra el delito.
Las últimas estadísticas del Poder Judicial dan cuenta de esta alarmante situación: en territorio bonaerense se denuncian, por día, 1902 delitos y se cometen 3 homicidios. Si se tiene en cuenta que muchos otros hechos ni siquiera pasan por la Justicia, los números reales son aún mucho más escalofriantes.
Asimismo, la inseguridad también es un gran negociado. Detrás de este flagelo, se encuentra, por ejemplo, el creciente narcotráfico que ha convertido a la Argentina, en la última década (que nada tiene de ganada), en un territorio de producción de estupefacientes.
Los carteles de la droga, como en reiteradas ocasiones denunciamos en las páginas de nuestro diario, funcionan sin mayores dificultades en nuestro territorio. Y varios de sus lugartenientes se pasean libremente por las calles de nuestras ciudades, viviendo cómodamente en countries de la zona norte del Conurbano.
Ante situación, el gran interrogante es: ¿qué hacer para ponerle un freno a la ola delictiva? Si nos dejamos llevar por las declaraciones del inefable vicepresidente Amado Boudou, uno de los personajes del kirchnerismo más vinculados con la corrupción, deberíamos quedarnos con los brazos cruzados.
“Muchos argentinos sufrimos, a través de algún pariente, un amigo o uno mismo los problemas de inseguridad, pero hay un gobierno que se está ocupando de eso todos los días», aseguró Boudou ayer, durante un plenario de militantes rentados de la administración K, que se realizó en La Matanza, un municipio donde campea el clientelismo político.
Realmente, las declaraciones del vicepresidente parecen una tomada de pelo a la ciudadanía. Que el segundo de Cristina se refiera al accionar delictivo, cuando él mismo está procesado en la causa por la exCiccone y debería estar tras las rejas, es un atentado a la razón.
Asimismo, hablar de que el gobierno nacional todos los días se ocupa del problema de la inseguridad, cuando esta palabra prácticamente está ausente del vocabulario de la Presidenta, tampoco resiste ningún análisis. La semana pasada, cuando Cristina habló del tema, lo hizo para minimizarlo y afirmar “que no hay nada nuevo” respecto a qué preocuparse.
La realidad es que hemos llegado a una situación límite, que exige tomar medidas drásticas. Seguir abordando el flagelo con frases políticamente correctas, lo único que hará es que sigamos lamentando que, diariamente, ciudadanos honestos, trabajadores que salen a ganarse el pan con el sudor de su frente, no puedan volver a sus hogares por el accionar de delincuentes dispuestos a todo, que no tienen absolutamente nada que perder.
Además de la necesidad de que haya una máxima profesionalización de las fuerzas de seguridad, ante bandas delictivas que cada vez tienen mayor poder de fuego, es indispensable encarar un ambicioso plan carcelario. La Provincia no sólo necesita más unidades penitenciarias, sino también establecer reformas para que los delincuentes que son encerrados realmente puedan reformarse, evitando que una vez que salgan vuelvan a reincidir.
Las autoridades provinciales reconocen que el impacto de los reincidentes en la ola delictiva es “muy importante”. Pero evitan, al menos por el momento, tomar el toro por la astas para encontrar soluciones superadoras.
Es indispensable que, como primer paso, para que exista un proceso de resocialización, los presos estén vinculados con la cultura del trabajo, como sucede en casi todos los países del mundo. Esto significa que, dentro de las unidades penitenciarias, produzcan por lo menos lo que consumen. A lo largo y ancho del país, hay mucha piedra que picar, mucha tierra virgen que puede ser cultivada. Lo peor que se puede hacer es seguir permitiendo que los malvivientes sigan en las cárceles sin hacer nada, con mucho tiempo para pensar y pergeñar acciones delictivas a realizarse luego de recobrar la libertad.
La inseguridad también plantea una enorme encrucijada para Scioli. Puso, al frente del ministerio más importante de la Provincia, a un intendente del Conurbano que esgrime, como principal logro, haber bajado la cantidad de delitos en su distrito. Y lo hizo inundando el municipio de Ezeiza de cámaras y móviles que son conducidos por policías retirados (que portan armas) y que tienen su propio número de teléfono, al que los vecinos pueden llamar sin recurrir al 911.
La duda radica en si esta experiencia de Ezeiza puede aplicarse en toda la Provincia y si este programa, por sí solo, funcionaria para solucionar el flagelo de la inseguridad.
Haber decretado la emergencia, constituyó una forma de diferenciarse del gobierno K. Pero con eso sólo no alcanza. Más temprano que tarde, si Scioli pretende ponerse la banda presidencial en 2015, deberá plantarse como una alternativa de cambio porque eso es lo que exige la ciudadanía.
diariohoy.net
ALEJ 
Felipe 