Las autoridades venezolanas han achacado las muertes durante las marchas a la oposición y han minimizado las denuncias de torturas y malos tratos achacadas a los fuerzas de seguridad.
Se cumple un mes desde el inicio de las protestas estudiantiles en contra del Gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, el 12 de febrero, Día de la Juventud en Venezuela, en distintas ciudades se realizaron marchas para exigir la liberación de tres estudiantes del estado de Táchira (Andes venezolanos, fronterizo con Colombia). La asistencia multitudinaria a las marchas sorprendió. En la principal de esas concentraciones, en Caracas, la capital, miles de personas caminaron desde la Plaza Venezuela hasta las inmediaciones de la sede de la Fiscalía General de la República. Allí se produjeron las dos primeras víctimas fatales de las, al menos, 21 que se contabilizan –además de 300 heridos y unas 1.300 detenciones- como saldo de los disturbios.
La dirigencia estudiantil de oposición no ha querido pasar por alto la fecha. Para este miércoles convocó a otra marcha que, originalmente, debía partir desde la misma Plaza Venezuela en Caracas y desplazarse hasta la sede de la Defensoría del Pueblo. La titular de este organismo, Gabriela Ramírez –una ex diputada y militante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv)- desconcertó el sábado a buena parte de la opinión pública cuando, al presentar un informe sobre las protestas, no solo achacó la mayoría de las muertes a grupos de oposición, sino que pareció minimizar sin ninguna investigación las denuncias sobre torturas y malos tratos –hasta 40 casos sustanció el Foro Penal Venezolano (FPV), una organización no gubernamental constituida por abogados- que cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional dispensaron a detenidos.
La marcha, que pretendía exigir el cese a la impunidad para asesinos y torturadores, se topó con un primer obstáculo antes de realizarse. El Gobierno ha establecido como un punto de honor impedir el paso de las manifestaciones de oposición al municipio Libertador (centro-oeste de Caracas). Una marcha “de las ollas vacías” el sábado pasado, y uno de los médicos el lunes –cuando en Venezuela se celebra el día de esa profesión- ya se vieron bloqueadas por piquetes de agentes antimotines, desplegados para contenerlas. Los organizadores de la marcha opositora de hoy mudaron su punto de partida al barrio de Bello Monte, en el municipio Baruta del área metropolitana, gobernado por un alcalde de oposición. Pero, al momento de redactar esta nota, se reportaba la presencia de soldados de la Guardia Nacional y efectivos de la Policía Nacional que cerraban los principales pasos al casco central de Caracas.
“Me llamarán como quieran”, justificó el presidente Maduro en la víspera, durante el estreno de su programa semanal de radio, En contacto con Maduro. “Pero las marchas de la derecha no pasarán a Caracas”. El mandatario, que no asistió a la toma de posesión de Michelle Bachelet en Chile para atender la situación doméstica y evitar las provocaciones que, dijo, la “derecha momia” preparaba en Santiago, estableció como condición para permitir marchas de oposición en la capital venezolana el fin de las llamadas guarimbas–barricadas que cierran vías urbanas en Caracas y otras ciudades- y la incorporación de los líderes opositores a la Conferencia Nacional de Paz que el gobierno inició con grandes fastos propagandísticos. “No entrará ninguna marcha a Caracas mientras la MUD se niegue a dialogar”, fue el ultimátum para la alianza opositora.
Poco antes, en obediencia anticipada a esa consigna, el alcalde oficialista del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, había dejado saber que la marcha no contaba con permiso. Simultáneamente, el gobierno improvisó un último recurso para obstaculizar la movilización opositora: organizó su propia marcha “de jóvenes por la paz y por la vida”, que seguirá una ruta muy similar a la original de los contrarios, desde la Plaza Brión de Chacaíto hasta la Plaza Morelos.
Ante estas novedades, parecía probable que la marcha mutara a una simple concentración o, en otro escenario, genere enfrentamientos al tratar de desplazarse.
El domingo en la noche falleció en San Cristóbal, capital de Táchira, el estudiante universitario Daniel Tinoco, de 23 años de edad, uno de los líderes de las revueltas en esa ciudad. Tino recibió en el pecho un impacto de balas que le dio la muerte. Según versiones de testigos presenciales, el asesinato habría sido cometido por un civil perteneciente, presuntamente, a los llamados “colectivos”, grupos de choque progubernamentales que actúan en coordinación con los cuerpos de seguridad.
Para reprimir esta ola de protestas que llega a su primer mes, el gobierno revolucionario ha apelado a la que parecía, según rumores hasta ahora sin confirmar, su última línea de defensa, constituida por estos grupos paramilitares, de ferocidad aparente y dudosa disciplina. La mayoría de las veces han sido utilizados como herramienta de disuasión, cuando aparecen en tropel disparando al aire o contra sitios deshabitados, para intimidar. Pero en otras ocasiones, como el domingo en San Cristóbal, participan directamente en el ataque a los manifestantes.
En paralelo, otra actuación controvertida ha sido la de la policía política, Sebin (siglas del Servicio Bolivariano de Inteligencia). Agentes de ese cuerpo fueron los autores de las primeras dos muertes en Caracas, el 12 de febrero pasado . Diversos registros en video, captados por ciudadanos, forzaron al gobierno a admitir que agentes del Sebin –que, según el presidente Maduro, habían desobedecido una orden de acuartelamiento- dispararon contra los manifestantes en el barrio capitalino de La Candelaria, cerca de la sede de la Fiscalía.
Este viernes, en un confuso incidente, resultó muerta a balazos una agente del Sebin, Glidis Chacón, de 22 años de edad. El automóvil en el que Chacón y otros compañeros se desplazaban en una zona del este de Caracas fue interceptado a tiros por funcionarios de la Policía Municipal de Chacao, un cantón opositor, que habían sido avisados por ciudadanos de que en ese vehículo se transportaba a una persona recién secuestrada en la calle. El presunto secuestrado resultó ser un líder de las protestas diarias del sector Altamira, David Urbina, de 30 añosde edad, a quien –según relato posterior del ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres- los detectives de la policía política habían detenido “en situación de flagrancia”.
Sin embargo, la grabación de una cámara de seguridad de un edificio cercano, difundida a través de las redes sociales, desmintió en parte la versión oficial. En la cinta se observa cuando personas vestidas de civil forcejean en la calle con un transeúnte, al que obligan a subir a un vehículo sedán sin distintivos, en lo que parecería un rapto o una detención irregular.
Para este momento, Urbina permanece detenido. El oficial de policía municipal que disparó contra los policías encubiertos también está en prisión.
elpais.com
Felipe 
admin 
Chiara 
