Un post del 15 del mes pasado nos revela datos muy interesantes a la luz del actual escándalo de corrupción en torno a la red de lavado del kirchnerismo. El mismo señala que, en enero pasado, el viaje que Cristina Kirchner hizo por La Habana (para visitar infructuosamente a Hugo Chávez), Abu Dhabi (en los Emiratos Árabes Unidos), Yakarta (Indonesia) y Vietnam (pasó por Ho Chi Minh y por Hanoi) no terminó allí.
Según la documentación oficial, también pasó por Victoria, capital de las lujosísimas islas Seychelles, ubicadas en el océano Índico. Fue durante el regreso, entre el 21 y el 23 de enero. Recordemos que el viaje se realizó en un moderno jet privado que nos costó más de un millón de dólares. La información está disponible en el Decreto 23/2013, publicado el 14 de abril en el Boletín Oficial. La comitiva oficial que viajó junto con la Sra. de Kirchner estuvo integrada, entre otros, por Pablo Barreiro, secretario adjunto de la Presidente, Dr. Luis Buonomo, el médico presidencial, y Analía Olivera y Mónica Llamedo, dos funcionarias de la Secretaría General. La gira en cuestión fue organizada por Guillermo Moreno con el fin de “vender la Argentina” como suele decir, o sea, para promover exportaciones. La escala en las Seychelles fue de dos días -exactamente el 21, 22 y 23 de enero-, por lo que obviamente fue mucho más que una simple escala técnica. Esas islas, ex colonias británicas, son un paraíso turístico muy visitado por grandes potentados. Pero también son un paraíso fiscal de primera línea en la nómina que integran Andorra, Islas Cook, Malta, San Marino, Anguila, Chipre, Islas Marshall, San Marino, Antigua y Barbuda, Dominica, Mauricio, Aruba, Gibraltar, Mónaco, St. Kitts y Nevis, St. Lucia, Bahamas, Granada, Montserrat, St. Vincent and the Grenadines, Bahrein, Guernsey, Nauru, Turks y Caicos, Bermudas, Isla de Man, Antillas Holandesas, Islas Vírgenes, Belice, Jersey, Niue, Panamá, Vanuatu, Liberia, Islas Cayman, Liechtenstein y Samoa.
Una trama en dos etapas
Trascendió días atrás que el fiscal José María Campagnoli pidió que Lázaro Báez sea indagado por presuntas extorsiones y amenazas al financista Federico Elaskar con el objetivo de quedarse con su financiera SGI, más conocida como “La Rosadita”. Campagnoli solicitó, también, que todos los bienes de sociedades presuntamente vinculadas al empresario en Suiza sean inhibidos. Por su parte, los abogados de Báez presentaron un escrito ante el juez Sebastián Casanello para que determine si existe una pesquisa paralela a la que este magistrado lleva adelante por presunto lavado de activos. Hasta ahora no se conocía la existencia de esta causa judicial, que fue iniciada el año pasado y apunta a lo que Campagnoli describió, en un dictamen, una “trama societaria supuestamente usada por Báez para lavar dinero negro obtenido a través de un complejo esquema de firmas vinculadas entre sí”. La hipótesis del fiscal es que por esta cadena de empresas con más de 200 eslabones circuló dinero obtenido por Báez a través de negocios realizados al amparo del poder. Esta investigación marcaría que habría dos etapas en el lavado de dinero que tiene como eje a Báez y Néstor Kirchner. La primera empezó en el 2003 y finalizó en octubre del 2010 con el fallecimiento del ex presidente. La segunda etapa se inicia con SGI de Federico Elaskar, financiera que luego queda bajo el control del contador Daniel Pérez Gadín, hombre Báez. En ambas etapas interviene una empresa madre, Helvetic Service Group, financiera suiza creada en 2005, que habría adquirido SGI de Madero Center. Esta trama incluyó que, durante los primeros ocho años de la era K, los operadores del lavado oficial fundaran 148 sociedades en el estado de Nevada en los Estados Unidos a partir de una sociedad madre, Aldine Ltd., con sede en las Seychelles. Una de las firmas que se instalaron en ese archipiélago fue justamente SGI, ya sin Elaskar y con Néstor Alejandro Ramos como presidente, pero manejada desde las sombras por Daniel Pérez Gadín. Ramos le compró una parte de las acciones de la firma al inefable banquero Jorge Brito.
En cuanto a la primera etapa, donde se destacó Aldine Ltd., ésta fue manejada por Ernesto Clarens, dueño de Credisol, una financiera ligada al gobierno de Santa Cruz y también de Inverness, otra financiera que comparte su sede con Austral Construcciones, que preside Báez. En Inverness se inventó la operatoria de canalizar los retornos de la sobrefacturación y los subsidios en billetes de 500 euros, que se mandaban en bolsos a Río Gallegos y El Calafate a las casas del matrimonio presidencial y a cuatro casas de Báez con sus respectivas bóvedas, que fueron desmanteladas recientemente, como lo probó Lanata.
En la segunda etapa del lavado K; que empieza en el primer semestre del 2011, se habrían creado 55 empresas en diversos paraísos fiscales, por ejemplo, SGI en las Seychelles. La investigación avanza sobre este tramo, pero muy poco se sabe sobre la operaciones que se realizaron entre el 2002 y octubre del 2010 y que se centralizaron en Aldine Ltd., también registrada en las Seychelles. Allí donde la presidente estuvo, sin agenda, entre el 21 y el 23 de enero pasado.
Fuente:informadorpublico.com
Chiara 
Felipe