Vuelve la pelea por la ley de medios y el gobierno apura a la Cámara
A partir de hoy, tiene 60 días hábiles para fallar. El kirchnerismo busca llegar rápido a la Corte.
Después de un receso estival, el gobierno nacional y el Grupo Clarín ya vuelven a enfrentarse por la Ley de Medios en un año que los dos consideran decisivo para su futuro.
A partir de hoy, la Cámara Civil y Comercial tendrá 60 días hábiles para determinar si es constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ayer se cumplieron los plazos para que el Grupo Clarín y el gobierno nacional se retruquen mutuamente los argumentos por los que apelaron la sentencia del juez Horacio Alfonso, quien ratificó la constitucionalidad de la ley. Según el Código Procesal, los camaristas Francisco De las Carreras, Ricardo Guarinoni y María Susana Najurieta tienen ahora poco más de dos meses para dictar sentencia en la causa.
“Presentamos la respuesta a Clarín y ahora esperamos que la Cámara resuelva con la celeridad que le pidió la Corte Suprema, considerando que existe gravedad institucional, ya que no podemos aplicar integralmente una ley votada en democracia”, aseguró ayer el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella.
La larga batalla judicial del Grupo Clarín contra la aplicación de la ley 26.522, aprobada hace tres años, parece entrar en sus momentos finales, al menos en el marco de la causa principal, que tramita en el fuero civil y comercial de la Nación. Al habilitar la feria judicial el 4 de enero pasado, la Cámara permitió que las partes presenten, en un plazo de 10 días hábiles, los pedidos de apelación de la sentencia de primera instancia y sus respectivos fundamentos. Clarín sostuvo nuevamente que la ley es inconstitucional, mientras que el Gobierno le cuestionó al juez asuntos más de forma, vinculados con la falta de “legitimación activa” del multimedio para presentarse en la Justicia. Posteriormente, las partes tenían otros 10 días hábiles para responder los planteos realizados por la contraparte. Ese plazo es el que terminó ayer, con las presentaciones de ambos.
El Gobierno, defendió el fallo de Alfonso del 14 de diciembre de 2012 y aseguró que el Grupo Clarín no aportó en esta oportunidad “ningún elemento distinto o argumento novedoso” que justifique alterar el criterio determinado en primera instancia.
Desde la Afsca reconocieron que no tienen demasiadas expectativas respecto de la resolución de la Cámara, que ha sido receptiva de las demandas del multimedio en reiteradas ocasiones, en especial con la prórroga de la medida cautelar, que continúa vigente luego de tres años y un fallo de fondo en contra. El artículo 34, inciso B, del Código Procesal Civil y Comercial establece que los magistrados deberán dictar sentencias definitivas en juicio ordinario “dentro de los cuarenta o sesenta días, según se trate de un juez unipersonal o un tribunal colegiado”. Sin embargo, en el Gobierno tampoco tienen demasiada expectativa respecto de que se cumplan estrictamente esos plazos.
En caso de que se ratifique la percepción oficial, el Gobierno adelantó que argumentará “denegación de justicia” y si la sentencia es desfavorable apelará la decisión de la Cámara, llegando finalmente el caso a la Corte Suprema de Justicia.
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