Con el aval del Gobierno nacional se creó la Organización Federal de Estados Mineros. La entidad busca ampliar la recaudación pero no establece reparos en cuanto al impacto ambiental ni para la salud de las poblaciones afectadas. Un negocio que sigue dando qué hablar.
En medio de la polémica por la explotación minera a cielo abierto con utilización de cianuro en las diferentes provincias del país, el Gobierno nacional decidió darle inicio a la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), entidad que fue conformada entre aquellas provincias en las cuales se realizan grandes actividades mineras.
Con el ministro de Planificación, Julio de Vido, y el secretario de Minería, Jorge Mayoral, a la cabeza, los gobernadores crearon esta entidad y marcaron los lineamientos para comenzar a trabajar en esta cuestión. Pero qué esconde realmente la Ofemi: las empresas mineras avanzarán en 2012 por toda la Patagonia y estarían dispuestas a realizar acueductos desde los principales ríos de la región para llevarse el oro de Argentina, dejando a cambio aguas contaminadas y efectos en la salud que pueden ser mortales.
Las provincias sureñas tendrán gran injerencia dentro de la Ofemi que, según su presidente Eduardo Fellner, será “un salto cualitativo hacia el desarrollo de la actividad minera que pretendemos sea razonable y sustentable en nuestro país con cuidado de nuestro medioambiente, respeto de las comunidades originarias y sus derechos, y una muy fuerte promoción económica, laboral y social en un amplio territorio de la República”.
Sin embargo, en contraposición a lo que dice el ex diputado nacional, según cifras del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), en Catamarca (provincia minera que se encuentra en plena discusión) tiene un índice de indigencia infantil del 20,3% y el 46,1% de los menores de 18 años habitan en hogares pobres.
Con esta iniciativa de continuar con los emprendimientos mineros, el Gobierno nacional consolida la actividad minera en el país, a pesar de que Cristina Fernández pidió “un debate” sobre el tema.
Como ajenos a la situación de lo que sucede en las diferentes ciudades del sur y del país que se dedican a la explotación minera, los gobernadores siguen con la avanzada y no ponen reparo a algo que seguramente en el futuro tendrá un costo político que deberán pagar muchos en las urnas. Pero también, y lo más importante, es que afecta a la salud, tal como lo han afirmado 27 mil médicos argentinos: “Hay que prohibir la megaminería contaminante con utilización de sustancias tóxicas en todo el país y exigir medidas urgentes para preservar los bienes comunes y el futuro de nuestras comunidades”. Al mismo tiempo, un informe de la Universidad Nacional de Rosario resalta que “la minería a cielo abierto daña severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus comunidades”.
Provincia por provincia
Los gobiernos provinciales sureños, a pesar de tener varias localidades con un gran conflicto social, mostraron su felicidad ante la creación de la Ofemi porque saben que desde ahora en más ellos jugarán un rol fundamental, tanto en las decisiones como al momento de cobrar las regalías, algo que empezará a discutirse en los próximos días; pero en contraposición, tienen en claro que el conflicto y los reclamos por la negativa a la minería a cielo abierto pueden agravarse.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, por su parte, indicó que la creación de este organismo es “sumamente importante y trascendente para los estados provinciales” porque tienen “la posibilidad de estar organizados en una sola institución y en un solo lugar. Es bueno que el mundo vea que Argentina tiene una sola propuesta minera, al margen de las autonomías municipales”.
Con esta salvedad de nombrar a los municipios, Weretilneck dejó vislumbrar la posición de algunos de los distritos provinciales y la posibilidad de que éstos se revelen. A partir de la derogación de la ley Anticianuro algunas localidades rionegrinas viven momentos tensos y los intendentes, en su mayoría, se encuentran en un conflicto que sólo ellos podrán resolver ya que tienen la autonomía de frenar, a través de un proyecto de ordenanza, la actividad minera. En la provincia hay 37 proyectos mineros que están listos para ponerse en marcha.
En Chubut, aún no se lleva a cabo la explotación minera a cielo abierto con utilización de cianuro gracias a la ley 5.001 votada a principios de la década pasada, luego del plebiscito que se llevó adelante en Esquel y en el que más del 80% le dijo no a este tipo de extracción. Sin embargo, en diálogo con La Tecla Patagonia, Marta Sahores, asambleísta de “No a la Mina”, indicó que la firma de Ofemi causa sospechas porque “hay muchos intereses creados en relación a la minería a cielo abierto. Los mineros buscan confundir a la población y se está haciendo una campaña señalando que la minería es necesaria”. Al mismo tiempo afirmó que “la ley 5.001 está en serio riesgo, derogándola se comienza con el proyecto “Navidad” que ya se está explorando. Seguiremos diciéndole no a este tipo de minería. No queremos agua contaminada”.
Según pudo saber este medio, las mineras estarían dispuestas, en caso de avanzar con la explotación en esta provincia, a perforar 800 metros para extraer agua fósil, que no es renovable. Y, como para completar el combo de irregularidades, realizarían sus propios caminos para circular entre la zona minera de Río Negro y la de Chubut.
En Santa Cruz, por su parte, la situación es aún peor, según le contó el abogado César Amaya, dirigente de Encuentro Ciudadano, a La Tecla Patagonia, “hasta mediados de 2011 en la provincia había alrededor de 80 proyectos de megaminería a cielo abierto, con posicionamientos en la zona de la meseta central y en zonas de Cordillera y Precordillera y esto se da debido a los beneficios que cuentan las empresas” para instalarse en la provincia “K”.
Los grupos megamineros tienen la posibilidad de instalarse en territorios con acceso ilimitado y gratuito a grandes volúmenes de agua potable subterránea y provenientes de nacientes de ríos, los cuales se utilizan para el proceso de lixiviación, que consiste en mezclar el agua con cianuro, mercurio y otros metales pesados, para obtener oro y plata de millones de toneladas de roca desmenuzada por explosiones y procesos de trituración. Dejando así las napas contaminadas por arsénico.
Aún no se entiende por qué estas provincias continúan fomentando, cada vez más la minería a cielo abierto, sabiendo que no es una actividad productiva para las economías provinciales. Si así lo fuese, Santa Cruz, por ejemplo, no tendría los problemas económicos a los que actualmente se enfrenta. Hoy el distrito en cuestión puede desligarse del Estatuto Legal de Coloniaje minero, con sólo derogar la ley provincial de adhesión al mismo.
En Neuquén, la actividad viene en ascenso y la idea con esta participación en la Ofemi es continuar con la postura minera. El director de Minería de la provincia, Carlos Portilla, recordaba hace tiempo atrás que “la curva de producción es netamente ascendente en el último lustro. Durante el transcurso de 2010, medida en valores comercializados, la actividad minera provincial se incrementó el 42% respecto de 2009” y agregando que las empresas hicieron hincapié “en el interés que despertó el potasio. Luego el oro, la plata y el cobre conforman el atractivo de desarrollo futuro de la minería metalífera”, y con este mensaje culminó diciendo que hay proyectos mineros de gran envergadura que se pondrían en marcha en 2016, esto deja entrever que la minería a cielo abierto se pondrá en marcha fuertemente en poco tiempo, y demuestra, de alguna manera, el motivo por el cual Jorge Sapag también adhirió a la Ofemi.
Como se observa, la decisión de la creación de este organismo deja firme la postura del Gobierno nacional y las provincias kirchneristas de avanzar a pasos agigantados en los negocios mineros y dejar el debate social con aquellos que se oponen a la minería a cielo abierto, y a los profesionales de la medicina que advierten sobre la peligrosidad de esta forma de extracción.
Autor de Nota: La Tecla Patagonia