Las Madres de Plaza de Mayo realizaron un «Juicio ético y político» al Grupo Clarín, por el que pasaron testigos que deliberaron sobre la actitud de ese grupo durante la última dictadura militar y su accionar en la actualidad frente a la Ley de Servicios de Comunicación y otros hechos.
La exposición estuvo dividida en seis tramos, y contó con la participación de fiscales y testigos que ofrecieron testimonio y aportaron pruebas sobre lo sucedido en el Diario Clarín, Radio Mitre, Canal 13, Todo Noticias, Cablevisión y Papel Prensa.
En el comienzo del acto organizado por Madres, un grupo de periodistas atestiguó sobre los despidos y «persecusión sindical que esa empresa implementa de manera sistemática».
El periodista y abogado Pablo Llonto, en el rol de fiscal del juicio contra el diario Clarín, recordó «los despidos de cientos de trabajadores del matutino tras el golpe militar del 24 de marzo de 1976, cuando la empresa descabezó a la comisión gremial interna, al igual que a fines de 1981, cuando los trabajadores se habían reorganizado».
«Pero esa práctica perversa Clarín la siguió implementando en democracia, ya que en 1989 y 1990 volvieron a descabezar otra comisión interna y a echar a decenas de trabajadores, porque lo que Clarín no tolera ni perdona es la organización sindical», afirmó Llonto, uno de los despedidos de entonces.
Gustavo Bruzos, periodista que integró la última comisión gremial interna a mediados de 2000, dijo a su turno que «habrá nuevas luchas en Clarín, porque quedan muchos compañeros trabajadores que buscan y quieren reorganizarse desde lo sindical, y habrá nuevos ataques de esa patronal, eso es seguro, porque Clarín odia la organización sindical que pelea por sus derechos y por el salario».
Aníbal Ces recordó la elección realizada en 2000 en la puerta del diario y en una camioneta, ya que «Clarín prohibió que el comicio se realizara en las instalaciones del diario».
Mario Giorgi, periodista de Radio Mitre, testimonió acerca de «la forma en que Clarín se apoderó de esa radio con testaferros durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en 1988, ya que la ley aún le impedía a las empresas gráficas tener emisoras radiales», y contó que fue despedido «dos veces el mismo día, el 12 de agosto de 1988».
Glenn Postolski, director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires, se hizo presente en el acto como testigo mediante la presentación de un video, en el que afirmó que «tanto Radio Mitre como la FM 100 fueron adquiridas de manera ilegal».
Luego llegó el turno de Canal 13, con la participación de los testimonios de la periodista Virgina Márquez, autora del libro «Periodismo de Infantería»; el ex delegado sindical Jorge Carbonelli, y la periodista Liliana López Foresi, «censurada y despedida de esa emisora por un arreglo entre el entonces presidente Carlos Menem y Ernestina Herrera de Noble, propietaria del Grupo Clarín».
Carbonelli reiteró los fundamentos de la denuncia sobre «la apropiación ilegal de Canal 13», que fueron presentados esta semana ante la Sindicatura General de la Nación en la que detallan cómo fue la «licitación que se definió a dedo por cuatro funcionarios menemistas», y reclamó indemnizaciones por siete millones de dólares a los trabajadores despedidos luego de la privatización de esa señal.
Acerca de Cablevisión, los testigos y fiscales denunciaron cómo fueron adquiriendo señales televisivas provinciales, «usando la televisación de los partidos de fútbol argentino como herramienta para trasladar abonados entre las competencias locales, y haciéndose de cada una de ellas luego de que se vieran afectadas por la baja de abonados».
Del mismo modo, en carácter de testigo general, el periodista deportivo y locutor radial Víctor Hugo Morales atestiguó sobre el caso que viene realizando denuncias desde que «Carlos Ávila y el Grupo Clarín le dieron nacimiento al robo del fútbol para posicionar su servicio de cable, que luego concluyó con la fusión con Multicanal».
Al respecto, también expusieron periodistas de la Revista Hamartia y Eduardo Anguita, autor de «Grandes hermanos. alianzas y negocios ocultos de los dueños de la información», mientras que Humberto Guardia, vicepresidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, recordó que el organismo advirtió dos veces el carácter «monopólico» de la referida fusión, rechazando que ésta haya sido avalada por el gobierno nacional.
Otra señal televisiva del Grupo Clarín que fue acusada ante el tribunal ético y político fue Todo Noticias, que cuenta entre sus principales periodistas a Joaquín Morales Solá, denunciado en el acto por el periodista tucumano Marcos Taire por «su rol durante la dictadura».
La historia de Papel Prensa se hizo presente en el acto el mismo día en que fue sancionada en el Congreso de la Nación la ley que declara de interés público la fabricación y comercialización de papel para diarios, y al Grupo Clarín y a La Nación se los acusó de «apropiarse el paquete accionario de esa empresa a través de la tortura ejercida sobre Lidia Papaleo, heredera del Grupo Graiver».
Su hermano Osvaldo Papaleo y uno de los representantes estatales en el directorio de Papel Prensa, Eduardo Gallo, fueron los responsables de detallar la «operación perpetrada por la Junta Militar y los propietarios de Clarín, La Nación y La Razón, que rubricaron la operación mientras se torturaba a la familia Papaleo en el Circuito Camps y desde el edificio de La Nación se sellaba la operación por un monto insignificante».
Para finalizar el «Juicio ético y político al Grupo Clarín», el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat realizó, en carácter de fiscal general, una conclusión final sobre el rol del de ese multimedios en la comunicación y la vida social de los argentinos.
El veredicto llegó por parte de todos los presentes, que mediante el voto a mano levantada condenaron unánimemente al Grupo Clarín por «su participación en la última dictadura, la manipulación de la información, su posición dominante, además de los detalles esbozados por todos los testigos y fiscales que brindaron pormenores de todas las injusticias cometidas».
Hebe de Bonafini tomó la palabra al final y se refirió al veredicto, sobre el que dijo que «es complicado hablar de estos señores tan enemigos del pueblo, porque nos damos cuenta cada vez más de la responsabilidad que tuvieron en las dictaduras».
Telam
Chiara 
El recorte de 20 millones de euros impulsado por el primer ministro Mario Monti recibió la aprobación del Senado. Con este proyecto, busca frenar la crisis económica.
Felipe 
