Los inmigrantes ilegales con hijos españoles podrán legalizar su situación
Chiara 
Ocurrirá de aprobarse el reglamento presentado ayer (8/02) por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Se reglamentarán distintas versiones del instituto del arraigo sujetas a un contrato de trabajo. Se otorgará una residencia temporal a las victimas de violencia de género y trata de personas.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Varios son los argentinos en España que deben estar ilusionados por estas horas con el anuncio realizado ayer (8/02) por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: Los inmigrantes que tengan un hijo de nacionalidad española a su cargo podrán regularizar su situación en España gracias al nuevo ‘arraigo familiar’ que contempla el borrador de reglamento de la Ley de Extranjería presentado ayer (8/02), según informa la agencia EFE.
Será condición ‘siempre que el chico esté a cargo y conviva’ con el progenitor que solicita la autorización.
Se trata del ‘arraigo familiar’ -la situación de padres extranjeros de un niño español- y se podrá dar cuando el país de origen de los progenitores no concede automáticamente la nacionalidad al recién nacido, con lo que el bebé se considera apátrida y automáticamente recibe la nacionalidad española, como es el caso de los ciudadanos argentinos que decidan no inscribir a sus hijos en el consulado argentino en España. Idéntica situación se da en los casos de Colombia, Bolivia, Costa Rica y Cuba, entre otros que no los inscriban en sus respectivos consulados.
La Argentina no concede en forma automática la ciudadanía argentina a los recién nacidos fuera del territorio nacional, por lo que el recién nacido es considerado apátrida y puede recibir la nacionalidad española si ése es el deseo de sus padres.
El borrador de reglamento, de 264 artículos, fija también los requisitos para conseguir la regularización por ‘arraigo laboral’ y ‘arraigo social’, que se podrá conceder a extranjeros que acrediten su permanencia y trabajo durante más de 2 años, o quienes hayan vivido en España al menos 3 años. En ambos casos, deberán contar con un contrato de trabajo y no contar con antecedentes penales.
La propuesta de reglamento también establece que los informes de integración que elaboran las administraciones locales o autonómicas -requisitos indispensables para obtener la residencia- no serán vinculantes.
Para paliar el flagelo de la violencia de género y como incentivo para que las victimas se animen con sus denuncias, el texto también establece que las víctimas extranjeras de violencia de género y de trata o explotación sexual podrán obtener un permiso de trabajo y residencia por 5 años y la suspensión del procedimiento de expulsión, si este se hubiera abierto por su irregularidad.
El borrador del reglamento también establece que a los inmigrantes que regresen a su país como parte del plan de retorno voluntario impulsado desde hace 2 años por el gobierno de Zapatero -a través del cual siguen cobrando el 40% del seguro de desempleo obtenido en España- se les seguiría computando la antigüedad para poder tener derecho a solicitar la residencia legal en España, adonde podrán regresar luego de vivir 3 años en su país de origen.
El documento, que fue presentado por la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, deberá ahora pasar 15 días de consulta pública y recibir el visto bueno del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros, que podría ser en unos 2 meses.
Este es el mismo plazo de tiempo que el Congreso calcula que podría llevar la reforma de 2 artículos de la Ley que han acordado hoy (8/02) a propuesta del Partido Popular si se tramita con carácter de urgencia.
El diputado del PP responsable de asuntos de inmigración, Rafael Hernando, ha defendido la necesidad de reformar los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley por considerar que no garantizan suficientemente la seguridad de las mujeres que denuncian malos tratos o explotación por lo que éstas no se atreven a denunciar.
El pleno del Congreso ha acordado ayer (8/02) reformar estos 2 puntos de la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social de 2009, solo unas horas después de la presentación del borrador del reglamento, para mejorar la protección de las víctimas de violencia machista o de trata y redes de explotación sexual, por lo que el proyecto de Reglamento también deberá ser reformado.
El propósito del gobierno es mejorar las condiciones de vida de la población extranjera, en la que el desempleo ya supera el 30% mientras que la tasa de desempleo nacional es del orden del 20,3% y proteger a los hijos españoles de padres indocumentados que pueden ser objeto de expulsión. La ley también busca que los padres puedan hacer uso de los servicios sociales, algo que no pueden hacer si no tienen su documentación en regla.
Sin embargo, algunas de las propuestas fueron duramente criticadas por la principal fuerza de oposición, el Partido Popular (PP).
«La ley no resuelve los problemas de inmigración que actualmente existen es España», señaló ayer el vocero de ese partido en la Comisión de Inmigración en el Congreso, Rafael Hernando. «Sigue sin apostar por un nuevo sistema de entrada en nuestro país que favorezca la regularidad, y sí por la entrada ilegal en nuestro país. Sigue sin prohibir las regularizaciones masivas y apostando por la consagración del arraigo como un elemento de recompensa al hecho de permanecer de forma ilegal en nuestro país durante un tiempo», remató el vocero del partido opositor.
Las últimas encuestas proyectan un futuro gobierno Popular. De aprobarse el Reglamento, la pregunta es: ¿subsistirá en el tiempo o será rápidamente modificado?
En España residen casi 5 millones de inmigrantes, el 12% de la población. La colectividad argentina en España asciende a 130.000 inmigrantes con permiso de residencia -vigentes o no-, sin contar a los cerca de 100.000 ciudadanos nacidos en la Argentina que viven en España con pasaporte europeo, por lo que en nada afectaría a estos últimos.
Felipe 
