Las primeras exigen un incremento en los pagos mensuales que pagan los afiliados. Señalan que unos 600 centros de salud corren el riesgo de desaparecer. Los últimos dicen que las subas que reclaman son injustificadas y acusan a las compañías de «tercerizadoras». ¿Cuánto sale una obra social?
n momentos en los que se amenaza con un paro que suspenderá por 24 horas la actividad en las clínicas de salud privadas -aunque se atenderán emergencias-, la presión de las prepagas y prestadores de servicios por alzarse con una suba de aranceles del 20% encuentra en los farmacéuticos una férrea oposición ante el silencio oficial.
Desde ese segmento salieron a cuestionar la exigencia de las primeras alegando, entre otros aspectos, que de obtener el aval para subir las cuotas, habrán logrado un incremento acumulado del 25,5% antes de que termine el primer semestre.
Y que dicho incremento, más allá de duplicar la inflación oficial (12% en los primeros cuatro meses) está muy cerca de igualar los aumentos que las compañías obtuvieron en todo 2012 (30%) y 2013 (29%).
En tanto, prepagas, clínicas y centros de diagnóstico sostienen que sólo con estos ajustes lograrán afrontar la pretensión salarial de los empleados del sector, que reclaman una suba del 30% en paritarias.
Los farmacéuticos alertan que es injustificado el pedido y dan por hecho que los incrementos de sueldos se cerrarán en torno al 25%. Dicho porcentaje, entonces, ya estaría cubierto con la fuerte alza en las cuotas que se concretaría entre mayo y junio.
Esta semana, las compañías de medicina prepaga divulgaron una solicitada dirigida al Gobierno y que tuvo como base de reclamo el encarecimiento de los servicios de salud -por efecto de la alta inflación- las negociaciones salariales y la devaluación de principios de año.
En el texto en cuestión, las firmas expresaron que, de no mediar una solución, después del paro de esta semana habrá otro de 48 horas los días 28 y 29 de este mes.
Las prestadoras afirman que no pueden abonar mejores aranceles ni salarios si no reciben una respuesta de la Superintendencia de Servicios de Salud, ante la que dicen haber presentado sus estructuras de costos y su pedido para que se autorice un nuevo incremento en las cuotas de los afiliados.
«Conceptualmente estamos de acuerdo con las paritarias y con darle más ingresos a la gente, pero tenemos que tener con qué financiarlo», dijo Julio Fraomeni, presidente de Galeno.
De acuerdo con el empresario mencionado, hoy las prepagas tienen su rentabilidad «en el nivel histórico más bajo».
Fraomeni afirmó que el personal representa el 65% del costo total y que los demás componentes aumentan al ritmo de la paritaria, «sin contar el impacto del avance de la tecnología, que obliga a fuertes inversiones, ni el de nuevas coberturas que deben darse en forma obligatoria».
Posturas divergentes
La asociación que agrupa a las clínicas de Rosario ya anunció su adhesión al paro. El presidente de esa entidad, Eduardo Javkin, recordó que en marzo se solicitó un alza del 12%, pero sólo se autorizó un 5,5%, «lo que generó un desfasaje muy importante».
Las cuotas habían subido un 19% por los mayores costos del año pasado, pero según las empresas eso también resultó insuficiente.
En la actividad estiman que la devaluación de enero dio lugar a un encarecimiento de 11%, por el componente de costos en dólares. Por el lado de las subas de insumos y medicamentos, los incrementos fueron superiores al 50%, según denunciaron en ese momento los prestadores.
La solicitada, en la que se advierte la existencia de «una situación crítica», está firmada por Acami (entidades sin fines de lucro), Adecra (clínicas), Ademp (medicina prepaga), Cedim (centros de diagnóstico), Cempra (prepagas del interior), Cimara (grandes empresas de medicina privada), FEM (emergencias) y Femeca (Federación Médica Gremial de la Capital Federal).
Por el contrario, la Asociación de Médicos de la Actividad Privada buscó tomar distancia. En un comunicado, aclaró que «no convoca ni adhiere a la medida» que -agregó- «apunta a reivindicaciones arancelarias de las empresas y no a la defensa del trabajo médico y el salario».
En diálogo con iProfesional Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group, sostuvo que «si no se actualizan los valores, el sector no podrá afrontar salarios, inversiones en equipamiento e insumos».
«El Gobierno nos debe una respuesta. Hay que ajustar acorde a lo que viene sucediendo con la economía en general, aunque es sabido que la salud siempre tiene que incrementar por encima de la media. Así ocurre en el mundo», justificó.
Belocopitt reconoció que las empresas grandes del sector, como Swiss Medical Group o Galeno, «tienen márgenes que aún les permiten afrontar las mejoras en salarios», pero enfatizó que numerosas clínicas -a las que las prepagas recurren para hacer efectivas las coberturas- podrían verse obligadas a cerrar «por no poder afrontar mayores costos».
«Cerca de 600 clínicas, centros de diagnóstico y sanatorios privados, por fuera de las prepagas, corren riesgo de desaparecer si avanzan las paritarias y no se permite un alza en las cuotas. En caso de no haber cambios urgentes, habrá una sucesión de cierres y despidos», argumentó.
«Hablamos de un sector que emplea a más de 220.000 personas y que hoy no tiene asegurada la supervivencia por la inflación y los necesarios aumentos salariales», enfatizó Belocopitt.
La oposición al reclamo
En la vereda de enfrente, los farmacéuticos critican a las prepagas por considerar que «reclaman aumentos para no tener que cargar con el incremento de costos de los sanatorios y clínicas, que son los que dan concretamente el servicio que luego facturan las grandes empresas».
«Es una falacia que las prepagas estén cargando con más gastos por la inflación, ya que quienes afrontan en realidad este problema son los prestadores», sostuvo a iProfesional Marcelo Peretta, titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos.
«Las prepagas tercerizan casi la totalidad del servicio que cobran. Y pagan muy poco a los centros de diagnóstico o a las clínicas a las que recurre el afiliado», añadió.
«Ante el reclamo de los de más abajo, las empresas lo que hacen es presionar al Gobierno, en lugar de pagarle más a sus respectivos prestadores de servicios», afirmó.
Peretta remarcó que «la mayor parte de una cobertura corresponde a medicamentos (40%) y ahí el gasto para las prepagas es mínimo, porque el remedio lo abonan en gran medida el particular y la industria farmacéutica se encarga de reintegrar el resto».
Y sostuvo que «a cualquier afiliado hoy se le cobra $1.500 por un plan familiar. Pero, de ese monto, la compañía destina muy pocos fondos a los laboratorios que son los que hacen el estudio requerido».
La migración de los afiliados
De cara a la suba de cuotas que se avecina, en el sector de la salud dan por descontado que se profundizará un fenómeno del que iProfesional dio cuenta en abril: la migración de usuarios de las prepagas hacia los planes de obras sociales.
En la actividad ponen el foco en dos movimientos que se están observando con marcada intensidad.
Uno de ellos es el de una mayor cantidad de afiliados que está optando por pasarse -dentro de la misma compañía- a planes más económicos (por ejemplo, de Osde 410 al 310).
Otro es directamente el cambio de la prepaga. En este caso, puede ser de una entidad de renombre a otra más chica o bien a una obra social sindical.
De esto dan cuenta los gremios -como el Sindicato de Farmacéuticos-, profesionales del sector e incluso es reconocido por autoridades de la Asociación de Entidades de Medicina Privada (ADEMP), que también vienen observando cómo la demanda y las necesidades de cobertura se reorienta a planes más económicos.
Según el Sindicato de Farmacéuticos, durante este último tiempo, alrededor del 20% de los afiliados de empresas de medicina prepaga optaron por pasarse a alternativas más baratas o directamente migrar hacia obras sociales sindicales.
Este porcentaje, que coincide con las mediciones de ADEMP, equivale casi a un millón de usuarios, que han llevado a cabo algún tipo de readecuación de su servicio de salud.
«La tendencia más fuerte es la migración hacia planes de valores más bajos. Como la ley de la medicina prepaga establece que todos los afiliados deben recibir la misma cobertura -más allá de su plan- entonces se eligen las opciones más económicas», indicó a iProfesional Néstor Gallardo, titular de ADEMP.
«La diferencia entre planes tiene que ver, sobre todo, con el nivel de los profesionales y con la calidad de los lugares de internación. Más allá de eso, los tratamientos y coberturas de medicamentos son iguales para todos los usuarios. De ahí que, como el servicio está asegurado, muchos opten por resignar calidad como forma de bajar el gasto», afirmó.
Para ilustrar las diferencias, Gallardo indicó que un plan de máxima cobertura puede costar hasta un 100% más que un servicio «estándar».
A modo de ejemplo, un plan OSDE 410 para un individuo de 38 años, hoy tiene un precio cercano a los $2.800, que se reduce a $2.200 para el caso de un afiliado de unos 30 años.
En tanto, un matrimonio sin hijos que contrata una prestación intermedia, puede estar abonando por mes una cifra que va de los $2.500 a los $3.000.
«Por supuesto que los números varían. No es lo mismo una persona de 25 años que otra de 70. El más joven abona menos porque también utiliza menos el servicio», concluyó.
Ahora, de lograr el sector privado el incremento solicitado, las coberturas podrían superar los $3.500 en determinadas opciones.
Fuente: iProfesional
Felipe 
Chiara 
ALEJ