Fabiana Arencibia (RED ECO)
Un suicidio energético y ambiental de Argentina, una ley más entreguista que la de la dictadura de Onganía, la continuidad del proyecto privatizador en la gestión de nuestros recursos energéticos y estratégicos, una ley de saqueo del petróleo de los argentinos, son solo algunas de las opiniones que pudieron escucharse en la voz de especialistas, parlamentarios y diversas organizaciones, antes y después de la sanción de la nueva ley. En esta nota realizamos una síntesis de las mismas.
La nueva ley de hidrocarburos fue aprobada anoche en el Parlamento por 130 votos a favor, 116 en contra y una abstención, a través de un trámite exprés, sin el debate público que hubiese sido imprescindible ante la envergadura de lo que se discutía. (1)
A pesar de las manifestaciones que se hicieron públicas desde diversos sectores políticos y sociales, advirtiendo sobre el retroceso en materia de soberanía que significaba la norma propuesta por el Poder Ejecutivo, se ha legalizado una nueva herramienta para el saqueo por parte del capital extranjero cuando todavía nos preguntamos qué fue lo que se firmó con Chevrón.
Plataforma 2012, grupo de intelectuales integrado por Héctor Bidonde, José Emilio Burucúa, Roberto Gargarella, Diana Kordon, Darío Lagos, Rubén Lo Vuolo, Maristella Svampa, Osvaldo Tcherkaski y Enrique Vial, entre otros, difundió un documento contra el contenido de la norma cuando aún no era ley.
“El proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos del Ejecutivo que busca aprobarse en estos días profundiza este camino, en tanto busca transformar en ley los beneficios entregados al sector empresario a través de decretos nacionales y acuerdos diversos, como el alcanzado entre el Gobierno de Neuquén e YPF para explotar el yacimiento de Vaca Muerta en sociedad con Chevrón. Incluso, con la misma pluma que la legislación minera de la década de los 90, esta norma empeora las condiciones, por diversas razones…”, que detallan en el documento (2). Algunas de ellas son:
1- Se reducen los requisitos que, en su momento, por la vía del Decreto Nacional 929/13, se otorgaron a la empresa Chevrón. Se pasa de exigir a las empresas una inversión de 1.000 millones de dólares para tener derecho a exportar y girar utilidades, a sólo 250 millones.
2- En función de garantizar la seguridad económica de los grandes actores empresariales del sector, el proyecto de Ley limita el tope del 12% de regalías a las empresas concesionarias, el porcentaje más bajo de todos los países latinoamericanos.
3- El Estado (nacional y provincial) se auto-excluye explícitamente de la exploración y explotación hidrocarburífera en sus propios territorios, así como renuncia al control público de la actividad hidrocarburífera.
4- El proyecto de ley no contempla en absoluto la consulta a los pueblos originarios que habitan los territorios explotados y por explotarse, tal como establece el convenio 169 de la OIT, incluido en nuestra Carta Magna y las Constituciones provinciales.
5- El proyecto de ley no posee ninguna disposición ambiental a pesar de que el Congreso Nacional tiene, a través del artículo 41 de la Constitución Nacional, la potestad de establecer normas de presupuestos mínimos de protección ambiental.
«Con esta Ley se están entregando nuestros recursos energéticos estratégicos a las multinacionales. (…) Hoy se escribió un capítulo más de la entrega de nuestra soberanía nacional, es la continuidad del proyecto privatizador en la gestión de nuestros recursos energéticos y estratégicos. (…) Esta Ley entreguista acordada a espaldas del pueblo permite concesiones absurdas que nos harán perder soberanía por 60 o 100 años y garantizando la libre disponibilidad de divisas a partir del tercer año de inversión», afirmó José Rigane, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA).
Horacio Micucci es integrante del Instituto de Estudios Nacionales y ha trabajado con Adolfo Silenzi de Stagni, quien fue continuador de la línea del General Mosconi (fundador de YPF) de defensa petróleo en manos del Estado.
En una entrevista difundida durante la emisión de este jueves de Enredando las Mañanas, el programa de la RNMA, Micucci dijo: “La nueva Ley de Hidrocarburos implica profundizar la dependencia que tenemos. Un supuesto gobierno progresista, nacional y popular profundiza una ley de entrega; legaliza el acuerdo con Chevrón que es secreto hasta el día de hoy aun para la misma provincia en que se aplica”.
Se refería a la ley vigente que es la 17.319 y que fue sancionada durante la dictadura militar de Onganía a la que, comentó Micucci, “le agregaron modificaciones parciales que le han profundizado el carácter de ley de dependencia y de entrega de petróleo”.
Durante la entrevista explicó que la nueva ley aprobada, “es más entreguista que la de Onganía porque esa ley establecía una superficie que se podía conceder a las empresas privadas de áreas petroleras y decía que no podían ser mas de cinco por empresa. A medida que pasaron los años se fue violando esa ley y por distintos medios se llegó a que las empresas pueden tener 30 o 40 concesiones. Esta ley que se acaba de aprobar saca el límite de concesiones. Se puede conceder todo lo que se quiera y por tiempos enormes; estamos hablando de 35 años más 10 de prórroga o de 30 años más 10. Si das un área petrolera con petróleo asegurado y lo das hasta prácticamente su agotamiento, lo estas regalando”.
Claudio Lozano es diputado nacional de la CTA y presidente del bloque Unidad Popular. En una entrevista realizada ayer miércoles durante el programa Los Locos de Buenos Aires (FM LA Tribu), comentó que el bloque UP presentó una propuesta a todos los legisladores, no solo opositores sino también oficialistas, para alcanzar un compromiso público de que, si no se podía modificar o evitar que se sancione el proyecto, luego de las elecciones 2015 y de la asunción de los nuevos legisladores, la norma se revise y se derogue.
“Desde nuestro punto de vista, con esta norma se sientan las bases que efectivamente habilitan la posibilidad de un suicidio energético y ambiental de Argentina. En principio porque ratifica una orientación básica propia de los ‘90 y que se repite aquí, que es entender a los hidrocarburos como una suerte de mercancía, de commodity que se coloca en el mundo, en lugar de entenderlos como un recurso de carácter estratégico y de un bien común que debemos defender y disfrutar el conjunto de las generaciones, no sólo la actual sino también las futuras.
En segundo lugar, ratifica una orientación de carácter exportador, tal como se hizo en los ‘90 con el gas y que ha llevado al disparate de haber bajado las reservas de 30 años a 8. Esto se repite ahora para los hidrocarburos convencionales y no convencionales. Además esa orientación exportadora se la estipula sobre la base de la aplicación generalizada del fracking”.
En este mismo sentido, la CTA Auténtica afirmó en un comunicado: “Queremos denunciar que el proyecto supone la masiva utilización de la fractura hidráulica (fracking) como método para la extracción de los recursos no convencionales, lo que comportará serias consecuencias medioambientales y pondrá en riesgo cierto el uso del agua- nuestro bien común más preciado- para la vida de nuestras comunidades. Asimismo, el uso indiscriminado de distintos agentes químicos de alta toxicidad en los procesos de fractura hidráulica, la degradación irreparable del suelo y la ocurrencia de sismos, son otras de las consecuencias indeseables que comportará el uso masivo de este método de producción”.
La nueva ley “garantiza todas las condiciones favorables a las grandes empresas trasnacionales del petróleo y el gas, mediante la generalización de incentivos impositivos y fiscales que se habían otorgado por Decreto en julio de 2013 luego del acuerdo entre YPF y Chevron para la explotación de un proyecto piloto en Loma La Lata Norte- Loma Campana, en la formación Vaca Muerta, que ya tiene más de un año de vigencia y que contiene inaceptables cláusulas secretas, anomalía que ha sido debidamente denunciada por distintas organizaciones luego de la confirmación del mencionado proyecto”, explicó dicha central sindical.
El abogado argentino residente en Francia, diplomado en relaciones económicas internacionales en la Universidad de Paris, Alejandro Teitelbaum, se dirigió a los candidatos para las próximas elecciones al afirmar: “Los candidatos en las próximas elecciones que pretendan recibir el voto popular deben comprometerse solemnemente DESDE YA a derogar con efecto retroactivo, por insanablemente inconstitucional y por afectar la soberanía nacional sobre sus recursos naturales, la INFAME ley petrolera que acaba de votarse. Y también deben comprometerse desde ya a no reconocer ningún contrato firmado en el marco de esa ley. Porque se corre el riesgo de que en caso de rescisión futura de un contrato que celebre el Gobierno nacional actual o alguno de los actuales Gobiernos provinciales con una empresa transnacional, la empresa reclame sumas multimillonarias como indemnización porque se diga privada de ‘los beneficios que podía razonablemente esperar’ o de las ‘ganancias futuras o esperadas’, basada en alguno de los 54
Tratados de Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras (TPPI) celebrados y ratificados por el Congreso en el decenio de 1990 durante el Gobierno de Menem”.
El gobierno kirchnerista y los gobiernos de las provincias hidrocarburíferas quedarán en la historia por ser quienes le entregaron a las empresas petroleras privadas nuestro petróleo en lo que se ha nombrado como la “consagración cortoplacista del saqueo y la depredación de nuestros bienes comunes”.
El 24 de setiembre de 1992, Diputados aprobó la Ley de Privatización de YPF. Oscar Parrilli, entonces diputado nacional por Neuquén, fue el miembro informante. Durante el debate sostuvo: “no pedimos perdón por lo que estamos haciendo (…) esta ley servirá para darle oxígeno a nuestro gobierno y será un apoyo explícito a nuestro compañero presidente”, que entonces era entonces Carlos Menem. Después de la votación, entre los que celebraron públicamente estaban el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner.
Días antes, desde la provincia patagónica, la entonces diputada provincial Cristina Fernández de Kirchner, había dicho: “Un conjunto de legisladores de la Cámara de Diputados de la Nación, cada uno con sus respectivas razones, vienen obstruyendo la posibilidad de que aquella Ley de Federalización de Hidrocarburos y de Privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales tenga siquiera su tratamiento en esa Cámara. Como se comprenderá, ninguna argucia reglamentaria debe estar puesta al servicio de retrasar las soluciones que nuestra provincia necesita. Del dictado de esa ley depende hoy el envío de los U$S 480.000.000 y el pago de nuestra parte en la licitación de las áreas ya concretada”.
Oscar Parrilli es hoy el secretario general de la Presidencia de Cristina Fernández
1) Detalle de la votación en Diputados
2) Documento completo de Plataforma 2012
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ALEJ 
Chiara 
Felipe 
Dana