Mientras avanza en el Congreso, el proyecto que otorga atribuciones discrecionales al Ejecutivo para controlar el mercado sigue despertando rechazo. Los derechos que vulnera, los puntos en común con Venezuela, su utilización como herramienta de persecución y el desincentivo a la inversión, entre las principales críticas de las empresas y la oposición.
1. Malparida Mientras el Gobierno avanza en el Congreso en su intento de modificar la Ley de Abastecimiento, el proyecto oficial no deja de sumar voces críticas respecto a su inconstitucionalidad. Como pocas veces en los últimos tiempos, la norma despertó el rechazo unánime del sector empresario, de una gran parte del arco opositor y de constitucionalistas. Si bien esta semana el oficialismo introdujo modificaciones en alguno de los artículos más sensibles -se eliminó a la Secretaría de Comercio como autoridad de aplicación, se descartaron sanciones como la clausura definitiva, se tipificaron las conductas de los empresarios plausibles de ser sancionados y se excluyó a las Pymes, entre otros cambios-, lo cierto es que tanto las fuerzas opositoras como el empresariado consideran que la propuesta oficial bordea el abuso de autoridad y ya se preparan para librar una batalla judicial. «Es claramente inconstitucional, inconveniente, inoportuno e irrazonable, pues otorga al Gobierno nacional y a los Ejecutivos provinciales funciones asignadas a otros poderes», dijo Daniel Funes de Rioja, titular de Copal y vicepresidente de la UIA, quien defendió los intereses de la central industrial durante el debate en comisiones del Senado el pasado martes. Otro de los que se hizo presente en el recinto para fustigar la norma fue el constitucionalista Daniel Sabsay. «Por más que haya modificaciones, es un proyecto que tiene el cromosoma podrido. Los cambios son apenas un maquillaje: sigue siendo anticonstitucional. Esto nos retrotrae a la época de las cavernas en términos de derechos constitucionales y debido proceso», expuso el jurista en diálogo con 3Días.
2. (Des)Abastecimiento Apenas el Gobierno dio a conocer el proyecto denominado «Nueva Regulación de las Relaciones entre Producción y Consumo», en la red de redes resurgió con fuerza el hashtag#Argenzuela. Sucede que la norma que impulsa el kirchnerismo tiene parecidos indisimulables con la Ley Orgánica de Precios Justos que Nicolás Maduro estableció por decreto en enero de este año. Además de compartir discrecionalidades de distinto calibre, lo que inquieta a los expertos es que la reglamentación profundizó el desabastecimiento en el país caribeño. El faltante de productos en los supermercados es hoy la principal preocupación entre los venezolanos. Primero fueron el arroz, la leche y la harina, luego el papel higiénico y hasta le llegó el turno al vino. Así, ni la Iglesia Católica se salvó del desabastecimiento: la Conferencia Episcopal alertó que se estaban agotando las reservas de vino para celebrar misa y que tuvieron que pedirle al Gobierno que habilite dólares para importarlo. En más de una oportunidad, el propio Maduro admitió que el país atraviesa una situación de «desabastecimiento agudo» y llamó a la población a redoblar los controles sobre los «especuladores y acopiadores», como se los señala a los empresarios.»La ley fija los precios de acuerdo a un margen de 30% sobre los costos. El problema es que estos costos suben por la devaluación y las alzas salariales, mientras que los precios se quedan congelados y de allí se genera escasez. En ciertos alimentos como la leche, el desabastecimiento llega al 90%», explica desde Caracas el analista José Guerra, economista de la Universidad Central de Venezuela. Y agrega: «Se destruyeron las capacidades productivas que el Gobierno luego compensó con importaciones. Ahora que no hay dólares suficientes, no se puede importar y hay desabastecimiento generalizado y pérdida de empleos». Como en otras oportunidades, cualquier similitud con lo que sucede en estos pagos parece ser pura coincidencia.
3. Persecución política La pregunta se repite entre las cámaras empresarias. ¿Qué garantiza que la nueva Ley de Abastecimiento se aplique con rigor a algunos y se haga la vista gorda con otros, dependiendo de su sintonía con el Gobierno? Antecedentes hay: tanto Shell como el Grupo Clarín, por poner algunos de los ejemplos más resonantes, pueden dar fe de ello. Al respecto, la discrecionalidad que subyace en la reforma impulsada por el oficialismo remite otra vez a la situación venezolana. Mientras que en el caso argentino todavía está por definirse cuál será la autoridad de aplicación, en Venezuela el terror de los comerciantes y empresarios es la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde), que determina «el precio justo del bien o servicio». Según denuncian dirigentes críticos como el ex gobernador de Caracas, Diego Arria, el organismo «está absolutamente politizado y se ha convertido en un instrumento de persecución». Por su parte, Luis Vicente León, economista y titular de la consultora Datanalisis sostiene: «Lo que debería ser un ente para defender al consumidor, se convirtió en una suerte de Robespierre que va por el país cerrando supermercados, panaderías y todo tipo de comercios. Está formado por batallones de supervisores con filosofía de un ejército de control». La Sundde depende del omnipotente Ministerio del Poder Popular para el Comercio y cuenta con el apoyo de las fuerzas de choque bolivarianas. Para Guerra, «tiene un poder sancionatorio desproporcionado que puede cerrar y acabar con un negocio en un solo acto». Desde el sector empresario local critican que, de otorgársele al Gobierno facultades para «involucrarse en todas las actividades económicas» a su arbitrio, se lo habilitaría también para imponer multas, incluso superiores a las del propio Código Penal y sin la intervención de un juez. Además, una vez dispuesta la sanción, para recurrir y llegar a instancias judiciales habría que hacer el pago previo, lo que, según las fuentes empresarias, dejaría en virtual estado de indefensión a los sancionados.
4. A contramano del mundo «Ley de Abastecimiento y la Ley de Defensa al Consumidor existen en todos los países», argumentó el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, cuando se le consultó sobre el proyecto. Y agregó: «Nadie discute que hay que defender al consumidor y no se entiende que eso sea directamente destruir la economía de mercado». La tendencia global al respecto es clara, de hecho, según cifras de la consultora legal Allen & Overy, en concepto de sanciones cometidas por infracciones contra los consumidores, la Unión Europa recaudó u$s 2.500 millones en 2013, seguida por los Estados Unidos, Corea del Sur, China y Japón. Sin embargo, en ninguno de estos países los controles son discrecionales. «Lo que tienen otros países son leyes de defensa al consumidor y de control a la competencia, pero no le dan el poder inmenso que acá se le quiere dar a un funcionario trasnochado», diferencia Sabsay. En tanto, desde el grupo de dirigentes que aquí conforman el G-6, sostienen: «La defensa del mercado y la libre competencia para evitar los abusos y conductas monopólicas debe hacerse a través de la ley de Defensa de la Competencia que es el camino idóneo y vigente. Pese a ello, no se ha instrumentado el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, que la ley contempla desde hace 15 años».
5. Más iguales que otros Durante los debates en el Congreso, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, ya había deslizado que en el espíritu de la Ley, las Pymes quedaban fuera de las nuevas regulaciones por no tener el peso necesario para influir en el abastecimiento de las «necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población». La reciente modificación fue aplaudida por la CAME, que definió su mercado como «transparente» y tiró la pelota del lado de las grandes empresas: «En la Argentina hay muchos grupos monopólicos y oligopólicos en los sectores públicos y privados que requieren controles y sanciones para evitar abusos contra las pymes y los consumidores», disparó en un comunicado la entidad que encabeza Osvaldo Cornide. Esta exclusión de las Pymes fue leída por el resto del sector empresario como «un acto de discriminación» y se convirtió en otra de las objeciones a la reforma.
6. Fuga de inversiones «No solo es inconstitucional e irrazonable -cuestionaba un grupo de empresarios que disertaron en el Senado esta semana-, además es una medida inoportuna en un contexto de estanflación y sangría de reservas como el que atraviesa la Argentina». En la misma línea, los expertos consultados por 3Días coinciden en que una medida de esta naturaleza tendrá efectos negativos desde el punto de vista económico, ya que la sombra sobre la iniciativa privada ahuyentaría a los ya de por sí osados inversores interesados en traer capitales al país. En rueda de prensa en la UIA, Martín Etchegoyen, su director ejecutivo, esbozaba una escenario: «Esta situación va a retraer la inversión. Nosotros prevemos que este año va a bajar al 20% del PBI, después de haber tocado hace poco un pico de 22%. Y la Argentina necesita 25%».
7. El objetivo oculto En un debate contrarreloj, ya que el proyecto se debatirá en el recinto formalmente el próximo miércoles, tanto los dirigentes de la oposición como el sector empresario intentan dilucidar cuál es el verdadero objetivo de la cruzada del oficialismo, que intenta reflotar una ley obsoleta -la 20.680, redactada en 1974- y plagada de discrecionalidades, cuando a su vez mantiene abiertos frentes internos y externos mucho más urgentes. «Lo que está tratando de hacer el Gobierno es legitimar una devaluación profunda. Es prepararse para lo que viene», auguran muchos hombres de negocios fuera de micrófono. Otros dirigen sus sospechas a los productores de soja, que ante la escasez de dólares jugarán un rol clave con su cosecha en la recta final de gobierno de Cristina Kirchner. Mientras sigue la polémica, Sabsay deja una síntesis del pensamiento de los empresarios: «Se está institucionalizando lo que hacía Guillermo Moreno por teléfono».
cronista.com
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