La Argentina se anotó un nuevo respaldo en el plano de la diplomacia internacional en su política de defensa del proceso de reestructuración y en la batalla con los fondos buitre, a partir de la decisión del G77 + China de aprobar por unanimidad la elevación ante Naciones Unidas de un proyecto para avanzar en la concreción de una Convención para el tratamiento de la deuda de países en quiebra.
Son 133 países en desarrollo -más China- que, por unanimidad, votaron a favor de impulsar el próximo 9 de septiembre en el foro de la ONU, el pedido argentino de crear un nuevo marco legal para el tratamiento de países con problemas de deuda, ante el vacío que existe en la materia en el sistema internacional.
El proyecto plantea que si un país reestructura su deuda, y ese plan es aceptado por el 66 por ciento de los tenedores de bonos, el otro 33 por ciento debe aceptar esas condiciones, como en cualquier proceso de reestructuración del ámbito comercial.
Esta iniciativa es la primera acción concreta luego del que el G77+China expresara el pasado 15 de junio, durante la cumbre realizada en Bolivia, «la importancia de no permitir que los fondos buitre paralicen las actividades de reestructuración de la deuda de países en desarrollo, ni priven a los Estados de su derecho a proteger a sus pueblos conforme al derecho internacional».
El paso siguiente fue enviarle una carta al juez Thomas Griesa con un pedido que fue desoído por el magistrado, para que suspenda el fallo que obliga a la Argentina pagar el 100 por ciento de la deuda en default a una minoría de fondos buitre y para que permita el libre pago a los acreedores del canje de la deuda, durante la víspera del vencimiento del 30 de junio pasado.
La iniciativa de hoy podría ser incluso aplicada en el caso argentino, debido que la causa legal que enfrenta la Argentina en Nueva York y la interpretación legal del ‘pari passu’ con la Argentina fue el disparador de la medida que convirtió además al país en un caso testigo en materia de resolución de las quiebras sobernas.
Esa es la intención del gobierno argentino, que planteará esta cuestión el próximo 9 de septiembre ante la ONU, según reconoció el ministro de Economía, Axel Kicillof. Resta por ver la posición que tomará Estados Unidos en el tema.
El canciller Héctor Timerman prefirió no aventurar la posición de los Estados Unidos, en el caso de que prospere el votación del proyecto en la ONU, al sostener que el país del norte tuvo una «posición ambivalente» en la materia.
Se recuerda que, en junio último, la OEA también se expresó contra el accionar de los fondos buitre, y Estados Unidos se abstuvo en la votación.
Asimismo, «el Gobierno de los Estados Unidos apoyó a Argentina en la Cámara de Apelaciones contra el fallo del juez Griesa, diciendo que ponía en riesgo a las otras reestructuraciones de deuda, pero luego, cuando tuvo que manifestarse en la Corte de La Haya, no se pronunció», recordó el canciller argentino.
La noticia del proyecto de una nueva Convención fue coronada con otra, debido a que hoy se conoció que bancos e inversores nucleados en la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés), aprobaron la adopción de nuevas reglas para los futuros contratos de deuda soberana.
El objetivo explícito de estas reformas fue impedir que se vuelva a repetir la historia del litigio que enfrenta la Argentina contra los fondos buitre, con la interpretación del «pari passu» del juez neoyorkino Thomas Griesa.
Esta asociación de entidades financieras está compuesta por 460 miembros localizados en 53 países, entre los que se encuentran inversores y entidades bancarias, cuya sede está en Suiza y cuenta con oficina en París y Hong Kong.
Esta votación entre bancos, que puntualmente incluyó una reformulación de cláusulas de las mayorías y de la interpretación concreta del ‘pari passu’, sí fue alentada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, según reconoció la ONG Jubileo USA.
La nueva definición del ‘pari passu’ es totalmente opuesta a la formulada por el juez Griesa, busca neutralizar su efecto para futuras reestructuraciones de deuda e incluso va en contra de los inversores más especulativos, como es el caso del magnate Paul Singer, titular de NML Elliot.
Sostiene además que el «emisor no tendría obligación de igualar o pagar a prorrata en cualquier momento, respecto de cualquier otra deuda externa, y en particular no tendrá la obligación de pagar otra deuda externa al mismo tiempo o ser una condición para pagar vencimientos».
Estas normas son voluntarias, pero al ser acordadas por acreedores y en beneficio de los países, se descuenta que serán utilizadas en los futuros contratos de deuda, para frenar la embestida de los fondos buitre.
«La interpretación de la cláusula del ‘pari passu’ en el litigio de Argentina causó una considerable incertidumbre en el futuro de la reestructuración de deuda», dijo el consejero general de ICMA, Lelan Goss, dando cuenta del temor futuro impacto del fallo de Griesa.
Por ello, «la nueva provisión de pari passu de ICMA detalla claramente el alcance de su aplicación, reduciendo así el riesgo de que la misma sea una base para interrumpir futuras reestructuraciones y elevando la preocupación con la equidad entre acreedores», concluyó Goss.
telam.com
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